TSJ Regiones - Decisión

República Bolivariana de Venezuela
En su Nombre
Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Extensión Cabimas
Sala de Juicio. Juez Unipersonal Nº 1

EXP. No. 1U-8858-09
MOTIVO: DIVORCIO ORDINARIO
DEMANDANTE: RONALDY JOSE RUBIO HERRERA
DEMANDANDO: ERIKA YESLANI SAEZ CUICAS

PARTE NARRATIVA
Consta en los autos juicio de DIVORCIO ORDINARIO, seguido por el ciudadano RONALDY JOSE RUBIO HERRERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°. 8.695.190, domiciliado en el Municipio Lagunillas del estado Zulia, asistido por la abogada en ejercicio YAISI PIÑERUA, inscrita en el inpreabogado bajo el N°. 99.844, en contra de la ciudadana ERIKA YESLANI SAEZ CUICAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 11.254.108, y de igual domicilio.
En fecha 22 de julio de 2009, se admitió la presente demanda de DIVORCIO ORDINARIO, cuanto ha lugar en derecho.
En fecha 31 de julio de 2009, se agrega a las actas boleta de notificación de la Fiscal Trigésima Sexta del Ministerio Público.
El día 29 de julio de 2009, el ciudadano RONALDY JOSE RUBIO HERRERA, otorgó poder apud acta a las abogadas en ejercicio YAISI FABIOLA PIÑERUA y JAZMIN RICHARD DE BORGES, inscritas en el inpreabogado bajo los N° 99.844 y 46.535.
En fecha 25 de noviembre de 2009, mediante escrito la ciudadana ERIKA YESLANI SAEZ CUICAS, asistida por la abogada en ejercicio ABIR HAYA EL ATRACHE EL ATRACHE, INPRE. 120.810, solicitó se decrete MEDIDA PREVENTIVA DE EMBRAGO sobre:
1) El Cincuenta Por Ciento (50%) de las Prestaciones Sociales, Fideicomiso, Caja de Ahorros y cualquier otra cantidad que le pueda corresponder al ciudadano RONALDY JOSE RUBIO HERRERA, titular de la cedula de identidad No. N°. 8.695.190, en caso de que cese la relación laboral con la empresa PDVSA, S.A.
2) El Treinta Por Ciento del Sueldo o Salario, Utilidades, y Bono Vacacional como Pensión Alimentaria a favor de la referida ciudadana.
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 191 ordinal 3º del Código Civil, a los fines de evitar la dilapidación, disposición u ocultamiento fraudulentos de bienes por parte del ciudadano RONALDY JOSE RUBIO HERRERA, identificado anteriormente, solicitó muy respetuosamente de este Tribunal DECRETE MEDIDAS PREVENTIVAS DE EMBARGO.
Con esos antecedentes, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir con las siguientes consideraciones:
PARTE MOTIVA
ÚNICO
Examinadas las actas procesales. Observa este Juez Unipersonal que en el juicio de Divorcio Ordinario la parte demandante ha solicitado Medidas Preventivas, consistentes sobre el Cincuenta Por Ciento sobre: Prestaciones Sociales, Fideicomiso, Caja de Ahorros y Sueldo o Salario, Utilidades, y Bono Vacacional. Las medidas preventivas, según ha señalado la doctrina, son disposiciones de precaución adoptadas por el Juez, a instancia o solicitud de parte, con la finalidad de asegurar los bienes litigiosos y evitar la insolvencia del obligado o demandado antes de la sentencia, y están establecidas en el articulo 466 de la Ley Orgánica para la protección del Niño y del Adolescente, en concordancia con el articulo 585 del Código de Procedimiento Civil. La aspiración de las partes en un proceso consiste en la realización material del Derecho, sobre todo cuando se busca una sentencia de condena.
Examinadas las actas procesales y visto el escrito que antecede, este Tribunal resuelve en relación a las medidas de embargo solicitadas sobre el cincuenta por ciento (50%) de las cantidades de dinero por concepto de Sueldo o Salario, que no es competente para pronunciarse sobre el decreto de las mismas, e insta a la parte gestionar dicho pedimento por el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en consecuencia a lo expuesto, se niega el pedimento solicitado.

Las medidas preventivas, según ha señalado la doctrina, son disposiciones de precaución adoptadas por el Juez, a instancia o solicitud de parte, con la finalidad de asegurar los bienes litigiosos y evitar la insolvencia del obligado o demandado antes de la sentencia, y están establecidas en el articulo 466 de la Ley Orgánica para la protección del Niño y del Adolescente, en concordancia con el articulo 585 del Código de Procedimiento Civil. La aspiración de las partes en un proceso consiste en la realización material del Derecho, sobre todo cuando se busca una sentencia de condena.
Estas medidas corresponden al tipo de procedimiento cautelares, siendo su características.
• Jurisdiccionalidad. Vale decir, que solo tiene competencia para acordar el mismo órgano ordinario a quien corresponde el conocimiento del proceso principal, del cual es conexo.
• Periculum in mora. Esto es, que precisamente debe alegarse el temor de un daño jurídico posible, inminente o inmediato, o evitar notorios perjuicios que una demandado de mala fe pueda causar, con consecuencias directas en el proceso principal.
• Provisoriedad. Que la medida cautelar sólo pueda durar mientras subsista el peligro y se pone en resguardo del riesgo invocado y que se trata de impedir, de aquí se tiene que deberá alzarse la medida decretada, en cualquier estado del juicio, si el demandado prestare caución o garantía suficiente.
• Sumariedad. Lo que vale tanto como que la prueba que debe producirse a tales efectos no debe ser precisamente tanto como plena bastando un examen superficial de los presupuestos procesales, dentro de su índole general de urgente, sin prejuzgar en absoluto del fondo del proceso principal.
• Instrumentalidad. O subordinación al proceso principal.
• Se tramitarán y deciden por cuaderno separado
Estas Constituyen una incidencia dentro del proceso, esto quiere decir que al instaurarse una demanda se da inicio al proceso el cual por medio del procedimiento respectivo dará lugar a la solución del conflicto de intereses, a través de una sentencia; sin embargo, en dicho proceso pueden surgir incidencias para cuya solución se requiera dentro del proceso principal, un procedimiento especifico y determinado. Tal es el caso de las medidas preventivas que al surgir como una incidencia se desarrollan con un procedimiento específico determinado de la Ley.
Las Medidas Preventivas constituyen decisiones judiciales, siendo del criterio de este Juez unipersonal que el decreto donde se acuerda la medida preventiva decretada de conformidad con lo previsto en la legislación venezolana, constituye una sentencia Interlocutoria, y la decisión que resuelve la oposición, constituye una sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva, siendo esta última apelable.
Sobre este criterio, la Sala de Casación Social del máximo Tribunal de Justicia, se ha pronunciado, en sentencia de fecha 22 de marzo de 2000, donde se estableció el siguiente criterio:
“Las sentencias sobre medidas preventivas son decisiones interlocutorias que tiene claramente fuerza de sentencia definitivas en cuanto al fundamento que resuelven, como la evidencia la circunstancia que las incidencias deben ser tramitadas en cuadernos separados y con cierta autonomía, pues las decisiones que allí se dictan no influyen en la cuestión de fondo y la definitiva no está en capacidad de reparar el gravamen causado con estas incidencias; por tanto es procedente la admisibilidad inmediata del recurso de casación para la sentencias que decidan en forma definitiva las medidas preventivas, acordándolas revocándolas o suspendiéndolas y pongan fin a la incidencia cautelar”.

En este sentido, el artículo 156 del Código Civil establece en su numeral 2°.
“Son bienes de la comunidad: 2° Los obtenidos por la industria, profesión, oficio, sueldo o trabajo de alguno de los cónyuges”.

El artículo 148 del Código Civil establece:
“Entre marido y mujer, si no hubiera convención en contrario, son comunes, de por mitad, las ganancias o beneficios que se obtengan durante el matrimonio”.

El artículo 191 del Código Civil establece:
“Ordenar que se haga inventario de los bienes comunes y dictar cualquiera otras medidas que estime conducentes para evitar la dilapidación, disposición u ocultamiento fraudulento de dichos bienes”.

Al respecto el Código Civil define como Bienes Comunes: 1.- Los frutos naturales y civiles de los bienes propios y también los obtenidos de los bienes comunes; 2.- Los ingresos percibidos por cualquiera de los cónyuges, provenientes de su profesión, trabajo, industria, jubilación, cesantía, durante la vigencia del matrimonio; 3.- Los ingresos extraordinarios obtenidos en Loterías u otros juegos permitidos por la Ley, 4.- El tesoro descubierto, aunque fuera encontrado en predio de los cónyuges. 5.- Los bienes adquiridos a titulo oneroso, a costa de caudal común, bien se haga la adquisición a nombre de la comunidad o al de uno de los cónyuges. 6.- Las mejoras útiles hechas en bienes propios a costa del caudal común o por la industria del marido o la mujer, 7.- Los edificios construidos en suelo propio de uno de los cónyuges a costa del caudal social.
Por todo lo antes expuesto, este Juez Unipersonal después de analizados los instrumentos probatorios indicados por la parte demandada, y que forman parte de las actas de este expediente, declara procedente, a los fines de asegurar los bienes de la comunidad conyugal a favor de la ciudadana ERIKA YESLANI SAEZ CUICAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 11.254.108, las medidas preventivas solicitadas consistentes en UNICO: El Cincuenta Por Ciento (50%) de las Prestaciones Sociales, Fideicomiso y Caja de Ahorros que le pueda corresponder al ciudadano RONALDY JOSE RUBIO HERRERA, titular de la cedula de identidad No. N°. 8.695.190, en caso de que cese la relación laboral con la empresa PDVSA, S.A. ASÍ SE ESTABLECE.-
PARTE DISPOSITIVA
DECISIÓN
Por los fundamentos antes expuestos, este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Extensión Cabimas, Sala de Juicio, Juez Unipersonal No.1, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Decreta:
UNICO: El Cincuenta Por Ciento (50%) de las Prestaciones Sociales, Fideicomiso y Caja de Ahorros que le pueda corresponder al ciudadano RONALDY JOSE RUBIO HERRERA, titular de la cedula de identidad No. N°. 8.695.190, en caso de que cese la relación laboral con la empresa PDVSA, S.A.
Para la ejecución de las medidas antes mencionadas conforme a lo previsto en el artículo 170 literal “c” de la Ley Orgánica para la protección del Niño y del Adolescente, se comisiona suficientemente al Juzgado Distribuidor Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, San Francisco, Jesús Enrique Lossada, Almirante Padilla, Mara y Páez de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Líbrese despacho de Comisión y Ofíciese.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 1385 del Código Civil, y los numerales 3 y 9 del Articulo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, Sala de Juicio, Despacho del Juez Unipersonal N° 1, en la ciudad de Cabimas, a los siete (07) días del mes de diciembre del año 2009. Año 199° de la Independencia y 150º de la Federación.
El Juez Unipersonal No. 1 Provisorio:
Abg. Carlos Luis Morales García
El Secretario
Abg. Omar Saavedra

En la misma fecha, se publicó el fallo anterior y quedó registrado bajo el No. 1351-09, en el libro de sentencias interlocutorias llevado por este Tribunal y se libro despacho y comisión bajo el No. 2406-09
El Secretario
Abg. Omar Saavedra
Exp. 1U-8858-09
CLMG/mctj