TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Exp. 38.965
Se inició el presente proceso por COBRO DE BOLÍVARES (VÍA INTIMACIÓN), instaurado por el ciudadano JACOB GUDIÑO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 2.618.686, domiciliado en el Municipio Machiques de Perijá del Estado Zulia, debidamente representado por la profesional del derecho, ciudadana CECILIA SANTOS DE GALET, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nro. 83.208, contra la Sociedad Mercantil TRANSPORTE Y COMERCIALIZADORA DE GANADO COMPAÑÍA ANÓNIMA (TRAGOGA), inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 22 de Abril de 1993, anotada bajo el Nº 06, Tomo 2-A, con domicilio en el Municipio Machiques de Perijá del Estado Zulia, representada por el ciudadano ROMILIO SEGUNDO TROCONIS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 7.630.054, en su condición de Presidente y del mismo domicilio.
La demanda fue admitida en fecha 28 de Mayo de 2003, acordándose en el referido auto la intimación de la Sociedad Mercantil TRANSPORTE Y COMERCIALIZADORA DE GANADO COMPAÑÍA ANÓNIMA (TRAGOGA), en la persona de su Presidente ciudadano ROMILIO SEGUNDO TROCONIS, anteriormente identificado, para que compareciera ante este Tribunal dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a la constancia en actas de su intimación, dentro de las horas para despachar, a fin de que pagara a la parte demandante las siguientes cantidades: A) La suma de TRECE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL BOLÍVARES (Bs. 13.169.000,oo), por concepto de capital adeudado; B) La cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA y OCHO BOLÍVARES (Bs. 149.978,oo) por concepto de intereses moratorios calculados por el Tribunal al 12% anual; C) La cantidad de TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 3.329.745,oo) por concepto de Honorarios Profesionales calculados por este Tribunal al (20%) por ciento del valor de la demanda; y D) La cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE BOLÍVARES (665.949,oo) por concepto de costas calculadas prudencialmente por el Tribunal al cinco por ciento (5%) del valor de la demanda; haciendo todo el total de la suma intimada de DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS BOLÍVARES (Bs. 17.314.672,oo), apercibido de ejecución y que dentro del término indicado debería pagar o formular oposición, y que no habiéndose operado esto, se procedería a la ejecución forzosa, en razón de la medida solicitada; de igual forma, se ordenó librar recaudos de intimación y despacho de comisión.
Es el caso, que hasta la presente fecha han transcurrido más de seis (06) años, sin ningún acto de procedimiento de la parte actora capaz de impulsar la intimación de la parte demandada en el proceso.
Ahora bien, éste Órgano Jurisdiccional observa que el procedimiento a realizar era el siguiente: librado los recaudos de intimación, hecho esto, la parte actora tenía que impulsar la intimación, consignando mediante diligencia las copias fotostáticas para la elaboración de los recaudos, indicar la dirección de la demandada y entregar al alguacil los emolumento o gastos de traslado para que materializara la intimación en el domicilio del demandado y de no ser posible, exigir la exposición del funcionario para luego solicitar la intimación cartelaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 650 del Código de Procedimiento Civil; pues la ley le impone al actor la secuencia orgánica de los actos, es decir, la carga de ir sucesivamente cumpliendo con todos y cada uno de ellos ante la amenaza sancionatoria de que, si no se realiza un acto exigido para la continuidad del proceso, operaría la perención.
Es el caso, que de actas no emerge ninguna evidencia del cumplimiento de tal obligación de la parte actora, pues ésta nunca gestionó la intimación, verificándose entonces, que desde el día 28 de Mayo de 2003, es decir, desde que se admitió la demanda, hasta la presente fecha, no ha existido la intención de disminuir los efectos jurídicos de la perención por vía de la activación del procedimiento, realizando algún acto que lleve implícito la intención de impulsarlo, quedando por demás delatado su desinterés en el juicio, en consecuencia, se ha producido el efecto previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, como es la extinción de la instancia, por el transcurso del tiempo sin impulso de las partes.
La perención de la instancia se verifica ope legis al vencerse el año de inactividad procesal atribuible a las partes. Cuando el Juez la declara, se entiende que los efectos de la perención van a operar desde que se cumplió el año de paralización,
esto es, se retrotrae al momento en que el plazo de la perención quedó cumplido, los efectos de los actos procesales realizados por las partes, después de cumplido el año que dispone la ley de ninguna manera va a significar convalidación o subsanación de la perención.
La norma contempla que el Juez puede declarar de oficio la perención, ello quiere decir, que es una facultad que la ley le otorga al Juzgador quien puede o no hacer uso de ella.
Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el referido artículo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 269 ejusdem, DECLARA PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente proceso que por COBRO DE BOLÍVARES (VÍA INTIMACIÓN), instauró el ciudadano JACOB GUDIÑO, contra la Sociedad Mercantil TRANSPORTE Y COMERCIALIZADORA DE GANADO COMPAÑÍA ANÓNIMA (TRAGOGA), ya identificados en la parte narrativa de este fallo.
No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la decisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
REGÍSTRESE y PUBLÍQUESE. Déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la ley Orgánica del Poder Judicial.

Dada, sellada y firmada, en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia,
en Maracaibo, a los cuatro (04) días del mes de Agosto del año dos mil nueve (2009). Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación.
La Juez,(fdo)
Dra. Eileen Lorena Urdaneta Núñez
La Secretaria, (fdo)

Abg. Militza Hernández Cubillán.
En la misma fecha siendo las ______________________, se dictó y publicó el fallo que antecede, previo cumplimiento de las formalidades de Ley, quedando anotada bajo el No. ______ del Libro de Sentencias respectivo.
La Secretaria, (fdo)
Abg. Militza Hernández Cubillán.
Jpar

Quien suscribe, la Secretaria de este Juzgado, Abg. Militza Hernández Cubillán, hace constar que la presente copia es fiel y exacta de su original, correspondiente al fallo dictado en el Expediente No. 38.965. Lo Certifico en Maracaibo a los cuatro (04 ) días del mes de Julio de 2009.
La Secretaria,

Abg. Militza Hernández Cubillán.

ELUN/Jpar.-