TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Décimo Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia
Maracaibo, Lunes Díez (10) de Agosto de Dos Mil Nueve (2009)
199º y 150º

ASUNTO: VP01-L-2008-000848

PARTE DEMANDANTE: RAFAEL ARAUJO Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-13.627.203, domiciliado en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia

APODERADOS DE LA
PARTE DEMANDANTE: ASISTIDO POR LA ABOGADA ZULEY COLINA Venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-7.809.878, Abogada en ejercicio e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 47.472 domiciliada en esta Ciudad de Maracaibo Estado, Zulia.

PARTE DEMANDADA: SOCIEDAD MERCANTIL CORPORACIÓN ESP VENEZUELA, C.A. Inscrita por ante Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 3 de Noviembre de 1.994, bajo el N°52, Tomo 179-A-SGDO
APODERADO DE LAS
PARTES DEMANDADAS: DIEGO PARDI ARCONADA Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V- 12.694.462, Abogado en ejercicio Inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 74.591, domiciliado en la Ciudad Maracaibo, Estado Zulia.

MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES

SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA:
HOMOLOGACIÓN DE TRANSACCIÓN LABORAL
En el juicio que por Prestaciones Sociales tienen intentado el ciudadano RAFAEL ARAUJO, en fase de SUSTANCIACIÓN, contra la SOCIEDAD MERCANTIL CORPORACIÓN ESP VENZUELA C.A,, suficientemente identificada en actas; comparecieron ambas partes por ante este Tribunal en fecha Cinco (5) de Agosto de 2.009, debidamente asistido el primero de los nombrados por la Abogada ZULEY COLINA y representada la segunda de las nombradas por su APODERADO JUDICIAL Abogado DIEGO PARDI ARCONADA ambos identificados en el escrito de TRANSACCIÓN, tal y como consta en actas; en cumplimiento con lo dispuesto en el parágrafo único del Artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y el Artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; con la firme intención de transigieron sobre la reclamación laboral planteada, formulando ambas partes una relación circunstanciada de los hechos que lo motivan y de los derechos en el comprendidos; donde con el objeto de evitar los gastos y costos que pudieran generarse para las partes y en aras de evitar también el transcurso del tiempo que implica un proceso de ésta naturaleza difícil y costoso; y constatada la existencia de derechos reclamados, litigiosos y contradictorios, susceptibles de ser objeto de TRANSACCIÓN; es por lo que, de mutuo y común acuerdo, a los fines de precaver una eventual ejecución de sentencia o cualquier otro acto que tenga fuerza como tal, convinieron en celebrar la presente TRANSACCIÓN, otorgándose recíprocas concesiones sobre la controversia planteada; dejando expresa constancia que con el pago acordado por la demandada antes identificada, no implica ni obligación, ni el reconocimiento de derecho alguno de los conceptos reclamados, y que con el mismo y por medio de ese negocio jurídico de parte de la demandada antes identificada, quedan satisfechas todas y cada una de las diferencias y reclamos existentes entre las partes, acuerdo este regulado en los términos y condiciones convenidos por ambas partes; ofreciendo LA DEMANDADA a través de su APODERADO JUDICIAL pagar la cantidad de QUINCE MIL BOLIVARES FUERTES (BsF=15.000), los cuales les serán cancelados en la forma y tiempo que acordaron las partes en el escrito de TRANSACCION; manifestando libre de constreñimiento apremio y coacción EL DEMANDANTE estar de acuerdo con dicha cantidad recibida por vía transaccional; que corresponde a la cancelación total y definitiva de las acreencias laborales y que nada se les queda a deber. Ahora bien, este Juzgador para resolver sobre su HOMOLOGACIÓN lo hace previo a las siguientes consideraciones:

Establece el Artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

“El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La Ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de ésta obligación del Estado se establecen los siguientes principios:
1) Ninguna Ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias.
2) Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisit0os que establezca la Ley.
3.- Cuando hubiere dudas a cerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad.
4.- Toda medida o acto del patrono o patrona contrario a esta Constitución es nulo y no genera efecto alguno.
5.- Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra condición.
6.- Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo integral. El estado los o las protegerá contra cualquier explotación económica y social.

Del mismo modo la Ley Orgánica del Trabajo en su Artículo 3° consagra:

“En ningún caso serán irrenunciables las normas y disposiciones que favorezcan a los trabajadores.
Parágrafo único: La irrenunciabilidad no excluye la posibilidad de conciliación o transacción siempre que se haga por escrito y contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ellas comprendidos. La transacción celebrada por ante el funcionario competente del trabajo tendrá efecto de cosa juzgada”.

Igualmente el Artículo 9 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, dispone:

“Principio de Irrenunciabilidad (Transacción Laboral). El principio de irrenunciabilidad de los derechos que favorezcan al trabajador en los términos del Artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, no impedirá la celebración de transacciones, siempre que versen sobre derechos litigiosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ellas comprendidos.
En consecuencia, no será estimada como transacción la simple relación de derechos, aun cuando el trabajador hubiere declarado su conformidad con lo pactado. En este supuesto, el trabajador conservará íntegramente las acciones para exigirle cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación de trabajo.

Artículo 10: Efectos de la transacción laboral. La transacción celebrada por ante el Juez o Inspector del Trabajo competente, debidamente homologada, tendrá efectos de cosa juzgada.
Parágrafo Primero: Cuando la transacción fuere presentada para su homologación, el funcionario competente deberá constatar el cumplimiento de los extremos del artículo anterior y cerciorarse que el trabajador actúa libre de constreñimiento alguno.
Parágrafo Segundo: El Inspector del Trabajo procederá a homologar o rechazar la transacción que le fuera presentada, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes. En el supuesto de negativa, deberá indicar los motivos de la decisión y, si fuere el caso,, precisar los errores u omisiones en que hubieren incurrido los interesados, brindándosele a éstos el lapso de subsanación a que se refiere el artículo 50 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

De lo anteriormente expuesto, éste Tribunal observa que en materia laboral, al ser los derechos debatidos de orden público, es irrenunciable el derecho por parte del trabajador a aquellas normas y disposiciones que lo favorezcan, según lo establece claramente el ya citado Artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, pero dejando ésta misma norma abierta la posibilidad de conciliación convenimiento o transacción, siempre que se haga por escrito y contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ellas comprendidos; es decir que la transacción, convenimiento o conciliación en materia laboral es posible siempre y cuando se respeten aquellos derechos de orden público que protejan al trabajador y tutelados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento.

A tal fin, la Ley establece una serie de requisitos de estricto cumplimiento para la validez de toda transacción, convenimiento o conciliación laboral:
1) Debe versar sobre derechos litigiosos discutidos;
2) Que consten por escrito;
3) Que contengan una relación circunstanciada de los hechos;
4) Cerciorarse que el trabajador actúa libre de constreñimiento alguno.

Estos requisitos fueron concurrentes hasta hace poco, cuando la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 05 de Marzo de 2.004, caso: CESAR AUGUSTO VILLAREAL contra PANAMCO DE VENEZUELA S.A.; con ponencia del Magistrado ALFONSO VALBUENA CORDERO, dejó sentado lo siguiente:

“…Debe señalar ésta Sala que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 3°, Parágrafo Único de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con los Artículos 9° y 10° de su Reglamento, cuando se lleva a cabo una transacción laboral que es, homologada por la autoridad competente del trabajo, vale decir, Juez o Inspector del Trabajo, la misma adquiere la eficacia de cosa juzgada referida en el citado parágrafo único del Artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, porque al ser presentada ante cualquiera de las autoridades del trabajo ya indicadas, éstas verificarán si la misma cumple o no con los requerimientos para que tenga validez y carácter de cosa juzgada.
Si bien es cierto que en el parágrafo primero del Artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo se establece que al serle presentada una transacción al Inspector del Trabajo, éste debe verificar si se cumplen con los requisitos de Ley y constatar que el trabajador actúa libre de constreñimiento, hay que precisar que ni dicha norma ni ninguna otra establece que, como formalidad esencial, que el auto de homologación impartido a la transacción debe contener la indicación expresa de haberse cumplido tal requisito, y el hechos que tal extremo no se indique expresamente en el auto de homologación no permite concluir que el funcionario del trabajo no cumplió con el mismo, menos aun, cuando ni siquiera la parte accionante alega tal circunstancia…”.
En consecuencia, este Juzgador, por cuanto observa que en el presente caso se cumplen los requisitos legales que hacen procedente la homologación de LA TRANSACCIÓN celebrada entre las partes en ésta causa, con miras a poner fin al presente juicio, procede a homologarla.

DISPOSITIVO:

POR LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS, ESTE JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA:

1.- VERIFICADA COMO HAN SIDO LAS FACULATADES OTORGADAS AL APODERADO JUDICIA DE LA PARTE DEMANDADA ENTRE ELLAS, LAS DE CONVENIR Y TRANSIGIR, HOMOLOGA LA PRESENTE TRANSACCIÓN SUSCRITA POR EL DEMANDANTE RAFAEL ARAUJO Y LA DEMANDADA SOCIEDAD MERCANTIL CORPORACIÓN ESP VENEZUELA C.A. ANTES MENCIONADA, POR LO QUE SE LE ATRIBUYE EL CARÁCTER DE COSA JUZGADA, DÁNDOSE POR TERMINADO EL PROCEDIMINETO Y ORDENÁNDOSE SU ARCHIVO.

2.- SE ORDENA EXPEDIR A LAS PARTES COPIAS CERTIFICADAS DEL ESCRITO DE TRASACCIÓN ASÍ COMO DE LA PRESENTE SENTENCIA DE HOMOLOGACIÓN

Dada, firmada y sellada en la Sala de este JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los Díez (10) días del Mes de Agosto del año Dos Mil Nueve (2.009)
EL JUEZ La Secretaria

ABOG. ALFREDO GARCÍA LÓPEZ Aboga. Yasmely Borrego
En la misma fecha, siendo las Cuatro y Díez minutos de la tarde (4:10pm), se dictó y publicó el fallo que antecede.
La Secretaria

Aboga. Yasmely Borrego