TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

En virtud de la distribución de Ley, corresponde conocer a este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, del recurso de apelación interpuesto por la ciudadana ELIA ROSA ROJAS DE LABARCA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 5.169.295, por intermedio de su apoderado judicial HENRY SOCORRO VALBUENA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 16.889, contra sentencia interlocutoria proferida por el JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA en fecha 7 de diciembre de 2001, con ocasión al juicio que por TACHA DE DOCUMENTO siguen las sociedades mercantiles INVERSIONES VILLA DELICIAS C.A., y D’ CANDIDO & COMPAÑÍA S.A., ambas inscritas por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, la primera en fecha 1 de julio de 1992, bajo el N° 5, tomo 13A y la segunda en fecha 18 de junio de 1981, bajo el N° 81, tomo 17A respectivamente, en contra de la recurrente ELIA ROSA ROJAS DE LABARCA antes identificada, y los ciudadanos JOSE TRINIDAD LABARCA y JOSE ASCENSION AMESTY, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. 120.911 y 114.022 respectivamente, resolución ésta mediante la cual el Juzgado a-quo negó la Medida Innominada de paralización de obra en construcción, sobre el inmueble objeto del contrato cuya tacha se demanda.

Apelada dicha resolución y oído en un solo efecto el recurso interpuesto, este Tribunal, vistos los informes de la codemandada-recurrente, sin observaciones, procede a dictar sentencia previa realización de las siguientes consideraciones:

PRIMERO
DE LA COMPETENCIA

Este Tribunal resulta competente para conocer de la decisión del presente recurso de apelación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 295 del Código de Procedimiento Civil, por ser este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, Tribunal de Alzada competente al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma localidad y Circunscripción Judicial. Y ASÍ SE DECLARA.

SEGUNDO
DE LA DECISIÓN APELADA

La decisión apelada se contrae a sentencia interlocutoria de fecha 7 de diciembre de 2001, mediante la cual el Juzgado a-quo negó la solicitud de medida innominada efectuada por la codemandada en la presente causa, ELIA ROSA ROSALES DE LABARCA, consistente en la paralización de la obra en construcción, sobre el inmueble objeto del contrato cuya veracidad se debate, fundamentando su decisión en los siguientes términos:

(…Omissis…)
“Si bien es cierto que las partes en el procedimiento cautelar pueden concurrir de modo diverso que en el principal, puesto que el demandado podría ser el ejecutante, debe recordarse que las medidas cautelares que solicita el demandado están destinadas a asegurar el cobro de los costos procesales –si presta caución suficiente de las previstas en el artículo 590 del Código de Procedimiento Civil- pues no tiene pretensión planteada que pueda ser objeto de aseguramiento por una medida cautelar.
En efecto, es noción básica que las medidas cautelares sirven de instrumento a la sentencia definitiva que eventualmente admita la pretensión. De allí que se afirme que su característica fundamental es la instrumentalidad, pues aseguran la ejecución del fallo o incluso en alguno caso adelantan de modo provisional sus efectos.
Por tal motivo, a quien puede concedérsele una providencia cautelar es a quien tiene planteada en forma una pretensión, y excepcionalmente al demandado -se reitera- para asegurar el cobro de los gastos judiciales que pueden ejecutarse de inmediato, en caso de que la sentencia desestime la demanda propuesta en su contra.
En el caso de autos la única pretensión deducida en actas es la Tacha (sic) de Falsedad (sic) de un Documento (sic) registrado, mediante demanda planteada por INVERSIONES VILLA DELICIAS, C.A., y DE CANDIDO & COMPAÑÍA, (sic) y en consecuencia, no tiene cualidad la codemandada ELIA ROSA ROJAS ROSALES DE LABARCA para solicitar la medida innominada que nos ocupa. Así se declara.-
• Por otra parte, como derivación de la Instrumentalidad (sic) de las medidas cautelares, debe existir homogeneidad entre la medida cautelar decretada y la sentencia definitiva, en el sentido de que aquella sirva efectivamente para asegurar la ejecución del fallo. No puede dictarse una medida preventiva que conceda algo que no pueda conceder la sentencia de mérito, o que conceda una tutela distinta o incompatible con el fallo definitivo. Debe existir congruencia entre ambas decisiones, pues de lo contrario la medida estaría rebasando su carácter instrumental, con lo cual el Juez se estaría excediendo en el uso de las facultades que excepcionalmente se le conceden para pronunciarse provisionalmente, antes de que exista sentencia definitivamente firma que determine a cual de las partes le asiste la razón.
(…Omissis…)
En el caso de autos existe planteada una pretensión declarativa, es decir, la parte actora pretende que la sentencia de mérito declare Falso (sic) un documento registrado. No se discute en este caso quien tiene la posesión -o quien debe tenerla- del inmueble sobre el que versa el documento impugnado. No podrá este Tribunal en la sentencia de mérito autorizar la ocupación u ordenar la entrega material de ningún inmueble, pues en caso de considerar procedente la pretensión la ejecución de la sentencia se limitará a ordenar al Registrador Subalterno competente, que estampe la correspondiente nota marginal donde se exprese de modo claro el dispositivo del fallo firme. En caso de declarar sin lugar la demanda, obviamente no habrá más ejecución que aquella por la que se liquiden y cancelen las costas procesales.
(…Omissis…)
En efecto, se solicita como medida cautelar la PARALIZACION de una construcción que afirma la demandada se ejecuta sobre el “inmueble litigioso”, providencia que sólo será viable en el marco de una pretensión de condena, en la que se persigna el cumplimiento coercitivo de una obligación de no hacer, y por lo tanto resulta incongruente con el carácter declarativo de la pretensión planteada en actas y del fallo que la resolverá. (…)
Este motivo reitera la improcedencia de la medida cautelar solicitada y que en esta resolución se analiza.- Así se declara.-
Finalmente, es importante advertir, que la medida cautelar innominada consagrada en el parágrafo primero del Artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, está destinada a evitar que una de las partes el cause un daño irreparable o de difícil reparación al derecho de la otra, entendido por tal derecho, y como consecuencia de la necesaria instrumentalidad de la providencia, aquél que es objeto de litigio y no uno distinto.
(…Omissis…)
En el caso de autos sólo existe como derecho material planteado el postulado por la parte actora, que en caso de ser desechado mantendrá subsistente el de quien aparezca como titular en el documento objeto de impugnación; pero no existe en este especial procedimiento, una pretensión que permita al Tribunal afirmar si es legítima o no la construcción que se hace en el inmueble al que se refiere el documento objeto de litigio. De manera tal que una medida como la solicitada no está destinada a proteger el derecho material cuya tutela se exige en la pretensión, y en consecuencia, por este motivo igualmente es improcedente la medida solicitada.- Así se declara.-”
(…Omissis…)

TERCERO
DE LOS ANTECEDENTES

De un estudio pormenorizado de las actas que conforman el presente expediente, se desprende:

Que el juicio a que se refiere el caso sub-examine se contrae a demanda que por TACHA DE DOCUMENTO incoaran las sociedades de comercio INVERSIONES VILLA DELICIAS, C.A., y D´ CANDIDO & COMPAÑÍA S.A., a demandar por TACHA DE DOCUMENTO a los ciudadanos JOSE TRINIDAD LABARCA, JOSE ASCENSION AMESTY y ELIA ROSA ROJAS DE LABARCA, todos antes identificados, en el cual la representación judicial de la codemandada ELIA ROSA ROJAS DE LABARCA solicitó al Juzgado a-quo, el decreto de la medida preventiva innominada de paralización de la obra que, -según sus argumentos- realizan los demandantes sobre el inmueble sobre el cual versa el contrato objeto del proceso sub litis, ubicado en la avenida Las Delicias, con circunvalación N° 2, sector La Paragua de la parroquia Juana de Ávila del municipio Maracaibo del estado Zulia, solicitud ésta que el Juzgado de la causa negó por los fundamentos ut-supra explanados, en virtud de lo cual, la representación judicial de la parte accionante, apeló en fecha 28 de enero de 2002 de la decisión dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el día 7 de diciembre de 2001, ordenándose oír la misma en el solo efecto devolutivo, en fecha 31 de enero de 2002 por el Tribunal a-quo, y en virtud de la distribución de Ley, correspondió conocer a este Juzgado Superior, dándosele entrada a los efectos del cumplimiento del trámite legal correspondiente.
CUARTO
DE LOS INFORMES Y LAS OBSERVACIONES
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil, y en la oportunidad legal establecida en dicha norma adjetiva civil para la presentación de los informes, por ante ésta Superioridad, sólo la parte codemandada-recurrente, por intermedio de su apoderado judicial HENRY SOCORRO VALBUENA, presentó los suyos, alegando la procedencia de la medida solicitada, aun cuando la naturaleza de la acción que se ventila sea mero declarativa, refiriendo determinado criterio jurisprudencial en tal sentido, y asimismo solicitó a este Tribunal Superior su traslado al inmueble objeto de su solicitud, a los fines de la verificación de la existencia de una obra en construcción sobre el mismo.
En la ocasión preceptuada por la Ley para la presentación de las observaciones, éste Tribunal Superior deja constancia que las mismas no fueron consignadas.

CUARTO
DE LAS CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

De la revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente expediente que en original fue remitido a esta Superioridad, y en atención al análisis cognoscitivo del caso facti especie, se desprende que el objeto de conocimiento en esta segunda instancia, se contrae a sentencia interlocutoria proferida por el Tribunal a quo en fecha 7 de diciembre de 2001, mediante la cual se negó la medida preventiva innominada solicitada por la parte codemandada, consistente en la paralización de determinada obra en construcción, sobre el inmueble objeto del contrato cuya tacha por falsedad se demanda.
Del mismo modo infiere este oficio jurisdiccional, que la apelación interpuesta por la parte demandante, deviene de su disconformidad con el criterio esbozado por el Juzgado a-quo, por cuanto -en su opinión- son procedentes las medidas preventivas innominadas cuando se ventilan acciones mero declarativas de derechos.
Quedando así delimitado el thema decidendum objeto del conocimiento por este Jurisdicente, se hace imperativo esbozar ciertos lineamientos a los fines de inteligenciar con precisión metodológica, la decisión a ser proferida en esta instancia.

Así, las medidas cautelares o preventivas, tienen su fundamento en el poder cautelar general del Juez, el cual se concibe, como una institución propiamente asegurativa, en el sentido de que está preordenada a la preservación del fallo definitivo del juicio principal y por ello mismo puede concebirse como una verdadera garantía procesal de las partes en un litigio. Esto lo distingue del poder genérico de prevención, cuya finalidad está preordenada a fines superiores, tales como la familia, el patrimonio conyugal, los niños y adolescentes, entre otros.

En sí, el poder cautelar general, es una función otorgada a los órganos jurisdiccionales en el proceso, mediante el cual, las partes, con vista a la situación fáctica concreta, pueden solicitar y el Juez de la causa acordar, las medidas asegurativas necesarias para evitar una situación de riesgo manifiesto, o cuando una de las partes requiera de la actuación judicial para evitar la continuidad de un daño, pudiendo las partes suplir el silencio de la Ley en cuanto al contenido de la providencia y el Juez evaluar la pertinencia o adecuación de las mismas.

La finalidad de estas medidas cautelares, según Couture, “es la de restablecer la significación económica del litigio con el objeto de asegurar la eficacia de la sentencia y cumplir con un orden preventivo: evitar la especulación con la malicia”, mientras que Calamandrei sostiene que la medida “es una anticipación provisoria de los efectos de la garantía jurisdiccional vista su instrumentalidad o preordenación”.

En cuanto a su procedencia, ésta se encuentra determinada por los requisitos establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, que son los siguientes:1) El riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, es decir, el periculum in mora, que se manifiesta por la infructuosidad o la tardanza en la emisión de la providencia principal, según enseña PIERO CALAMANDREI. 2) La existencia de un medio probatorio que constituya presunción grave del derecho que se reclama o fumus boni iuris, y del riesgo definido en el requisito anterior.

En este sentido, el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil establece que:
“Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”.
(Negrillas de este Tribunal Superior)

Así pues, en interpretación del artículo ut supra citado, se dispone que, se decretarán por el Juez medidas precautelativas, asegurativas o provisionales, sólo cuando:

a) Exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (Periculum in mora).
La doctrina imperante, viene afirmando que tal requerimiento se fundamenta en la posibilidad procesal de alegar el temor producto de la demora que podría surgir de la duración del proceso, o mejor dicho, el peligro de insatisfacción, que no podría ser solventado en la sentencia definitiva, y sobre la base de un interés actual, se pretende mediante el decreto de estas medidas el aseguramiento o garantía de la ejecución.

En ese sentido, el autor Eduardo Nestor De Lazzari en su obra “MEDIDAS CAUTELARES”, Librería Editora Platense, S.R.L., La Plata, 1995, págs. 30 y 31, expone:
(…Omissis…)
“La doctrina coincide en señalar que el dictado de la medida cautelar responde a la necesidad de evitar aquellas circunstancias que en todo o en parte impiden o hacen más difícil o gravosa la consecución del bien pretendido, o en cuya virtud el daño temido se transforma en daño efectivo. Pero tales acontecimientos, si se registraran efectivamente ocasionarían directamente la frustración. Por lo tanto es lícito obviar la espera y dispensar de la certidumbre absoluta acerca de que la actuación normal del derecho llegará tarde. Basta con la sola posibilidad de que ello ocurra, con el alea de sufrir el perjuicio. Alcanza con el temor del daño, pues ello configura un interés jurídico que justifica el adelanto jurisdiccional.
Este legítimo interés en obrar proviene del estado de peligro en el cual se encuentra el derecho principal. Como expresa RAMÍREZ, la morosidad judicial, la falta de aptitud del proceso ordinario para crear sin retardo una providencia definitiva, es el fundamento del peligro en la demora”.
(…Omissis…)
(Negrillas de este Tribunal Superior).

En cuanto al criterio sentado por el Máximo Tribunal de la República, su Sala de Casación Social, en sentencia N° 521, de fecha 4 de junio de 2004, expediente N° 03-0561, con ponencia de la Conjuez Dra. Nora Vásquez de Escobar, ha expresado que:
(...Omissis...)
“Sobre este punto la Sala de Casación Social de este Alto Tribunal en decisión de fecha 19 de septiembre de 2001, haciendo referencia a la jurisprudencia pacífica y reiterada de este Tribunal Supremo de Justicia señaló:
“(...Omissis...) En cuanto al periculum in mora, ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.
(Sentencia Nº 00636 del 17-4-2001. Sala Político Administrativa, Tribunal Supremo de Justicia).
(Negrillas de esta Sala)”
(...Omissis...)

Ahora bien, en lo que concierne a la probanza de este requisito de procedibilidad de las medidas cautelares, Román Duque Corredor, en su compendio de “APUNTACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO CIVIL ORDINARIO”, tomo II, Ediciones Fundación Projusticia, Caracas, 1999, págs. 158, 159 y 161, refiere que:

(...Omissis...)
“Igualmente, ha de demostrar el solicitante en forma presuntiva la existencia del riesgo manifiesto, es decir, ostensible, de que quede ilusoria la ejecución del fallo, que se le denomina “fumus periculum in mora” (humo u olor de peligro por el retardo). La demostración de estos extremos ha de hacerla el interesado a través de un medio de prueba que constituya presunción grave de ambas circunstancias. Sin embargo, efectuada esa doble prueba presuntiva, corresponde al Juez apreciar si en verdad existe o no ese riesgo, ya que el texto mencionado del artículo 585, determina que sólo las podrá decretar cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución de la sentencia. La providencia cautelar, en consecuencia, que dicta el Juez, por su urgencia, consiste en un “mero juicio de posibilidades sobre el derecho sustancial de que se pretende titular el sujeto peticionante”. Ahora bien, si al Juez le compete apreciar tal probabilidad o posibilidad, la carga de la comprobación de ambos extremos es del solicitante de la medida. (...Omissis...)
Respecto del requisito del peligro por el retardo, la tardanza procesal no es necesario demostrarla porque es obvio y notorio que existe un tiempo considerable que va desde la presentación de la demanda hasta que la sentencia que se dicte quede definitivamente firme. Mientras que las circunstancias de hecho que ciertamente justifiquen la medida preventiva para evitar un perjuicio al derecho reclamado, cuya existencia se presume, sí deben evidenciarse, también presuntivamente.”
(...Omissis...)
(Negrillas de este Tribunal Superior)

b) Cuando se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama (Fumus boni iuris).
Este presupuesto requiere prueba del derecho que se reclame, la cual debe acompañarse como base del pedimento, si no constare ya del propio expediente, pero no vale cualquier clase de prueba; no exige la Ley que sea plena, pero sí que constituya a lo menos presunción grave de aquél derecho. La presunción, según ha sido definida universalmente por la legislación, la doctrina y la jurisprudencia, es la consecuencia que la Ley o el Juez deducen de un hecho conocido para llegar a otro desconocido.

Nuestro Código de Procedimiento Civil, al calificar la presunción, la reviste de mucha entidad e importancia probatoria, por eso la exige grave. Al señalar la Ley Adjetiva que la presunción debe ser grave, quiso sin duda, referirse a la presuntio violenta, que es un indicio calificado, el cual hace muy verosímil el hecho que se trata de deducir o inducir, la Ley ha querido, pues, que entre el hecho que se trata de demostrar o deducir y, el demostrado exista “un enlace preciso y directo conforme a las reglas del criterio humano”.

La gravedad de la presunción al ser materia mejor sentible que definible y en consecuencia corresponde a la soberana apreciación del Juzgador, origina que la misma tenga tal grado de probabilidad que lleve al animus del Juez suficiente certeza como para obligarle a creer, que para el momento está probado el derecho que se reclama en el proceso.

Dentro del mismo orden ideas, el ya referido autor Eduardo Nestor De Lazzari en su obra “MEDIDAS CAUTELARES”, Librería Editora Platense, S.R.L., La Plata, 1995, págs. 23 y 24, reseña:

(…Omissis…)
“A. Verosimilitud del Derecho (...)
Sin embargo, el estado de peligro no permite aguardar, y por lo tanto se hace necesario analizar provisoriamente la procedencia de la pretensión, para conceder los medios que eviten la frustración de la futura sentencia si a primera vista resultase audible. Surge así el concepto de verosimilitud del derecho, comúnmente identificado con la expresión latina fumus bonis juris (humo de buen derecho). Doctrinariamente es un lugar común señalar que en esta materia no se requiere la prueba terminante y plena del derecho invocado, sino que resulta suficiente su acreditación prima facie. Se trata de verosímil presunción mediante un conocimiento sumario, de que lo que dice es probable, o que la demanda aparece como destinada al éxito.”
(…Omissis…)

Ahora bien, el anteriormente citado artículo 588 del Código de Procedimiento Civil preceptúa, que el Juez, tomando base en las exigencias de estas condiciones procesales, podrá decretar las medidas preventivas de embargo de bienes muebles, o bien de secuestro de bienes determinados, o la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, por lo que cabe considerar este Tribunal de Alzada que la discrecionalidad otorgada al Juez, no es absoluta sino debidamente regulada y dirigida dentro de los límites fundamentales establecidos en la propia Ley, acogiéndose además el criterio doctrinal referido a que cuando están dados los requisitos y debidamente probados por la parte solicitante, el Juez no es libre de “querer” o “no querer”, ya que por dispositivo legal está obligado a tomar decisión, en beneficio de una adecuada administración de justicia tuitiva cautelar, conforme lo establece de manera expresa la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil.

En sintonía con los anteriores lineamientos, expresa el Dr. Rafael Ortiz-Ortiz, en su obra “EL PODER CAUTELAR GENERAL Y LAS MEDIDAS INNOMINADAS”, Paredes Editores, págs. 823 y 824, Caracas, 1997, en referencia a la discrecionalidad dirigida al Juez, lo siguiente:

(…Omissis…)
“Este ha sido uno de los aspectos peor entendidos por los Tribunales del País, y es –a nuestro modo de ver- la columna vertebral de una adecuada administración de justicia cautelar. Ciertamente que cuando la Ley dice que el Tribunal o Juez “puede o podrá”, podría inferirse que lo faculta a obrar según su prudente arbitrio, tal y como lo establece el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil.”
(...Omissis...)
“De todo ello podemos precisar que el grado de discrecionalidad establecido para éstas medidas no es una discrecionalidad pura sino una discrecionalidad dirigida; es decir el legislador ha establecido unos límites precisos dentro de los cuales el Juez puede actuar. Así, el legislador ha establecido los requisitos de admisibilidad, oportunidad para la oposición, apelación, casación, etc., de modo que la discrecionalidad sólo actúa en cuanto al contenido de la medida.”
(...Omissis...)
“La discrecionalidad no implica que el Juez puede actuar de oficio, sino sólo evaluar la pertinencia, extensión y adecuación de la medida solicitada y el derecho de la parte que se dice amenazada de lesión o de daño; debe evaluar también si la lesión o el daño que se teme reviste la suficiente entidad como para requerir la medida.”
(...Omissis...)
(Negrillas de este Tribunal Superior)

Ahora bien, cuando se solicita una medida preventiva innominada o atípica, deben acreditarse, además de los requisitos antes esbozados, la demostración de existir un peligro inminente de que alguna de las partes pueda causarle un grave perjuicio a la otra o periculum in damni, tal como lo dispone el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, el cual se cita en forma parcial a continuación:

“En conformidad con el Artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:
1º El embargo de bienes muebles;
2º El secuestro de bienes determinados;
3º La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.
Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y el resultado de las medidas que hubiere decretado.
Parágrafo Primero: Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el Artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión.
(…Omissis…)
(Negrillas de este Tribunal Superior)

Del artículo precitado se desprende que las medidas cautelares innominadas requieren para su procedencia de la comprobación en actas del: a) periculum in mora; b) fumus bonis iuris y c) periculum in damni, y al respecto resulta oportuno traer a colación sentencia proferida por la extinta Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, en fecha 4 de junio de 1997, juicio Reinca, C.A. Vs. Angel Carrillo Lugo, Exp. N° 95-0569, N° 0125, con ponencia del Magistrado Dr. Alirio Abreu Burelli, reiterada entre otras, en sentencia N° 0772 de fecha 10 de octubre de 2006 por la Sala de Casación Civil del actual Tribunal Supremo de Justicia, en el juicio Corporación Alondad, C.A., Vs. Corporación Migaboss, C.A. y otro, Exp. N° 06-0296, bajo la ponencia de la Magistrado Dra. Isbelia Pérez Velásquez, la cual es del siguiente tenor:

(…Omissis…)
“De la aplicación de ambas disposiciones legales (Art. 588 Parágrafo 1° y 585) se observa la existencia de tres requisitos de procedencia de las medidas preventivas establecidas en el parágrafo primero del Art. 585, a saber: 1) La existencia de un fundado temor de que una de las partes en el curso del proceso, pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra; 2) Presunción grave del derecho que se reclama –fumus boni iuris-; 3) Presunción grave del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución de fallo –periculum in mora-. Estos son los tres aspectos que debe examinar el juez para decidir sobre la procedencia de la medida cautelar que la doctrina ha denominado “medida innominada”, por ser diferente a las medidas preventivas típicas de embargo, secuestro de bienes determinados y prohibición de enajenar y gravar.”
(…Omissis…)

Así las cosas, estima este Jurisdicente en atención a los anteriores criterios doctrinales y jurisprudenciales, los cuales comparte totalmente, y siendo condición sine qua non, para decretar la medida innominada requerida, que el solicitante cumpla con los requisitos establecidos en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, a decir, el fumus boni iuris, periculum in mora y periculum in damni, se evidencia del análisis íntegro de las actas que conforman el expediente in examine, que la parte recurrente al momento de solicitar la medida sub litis, no señaló las circunstancias que configuran en el presente caso el peligro en la mora y la presunción del buen derecho, y menos aún, aportó medios de prueba demostrativos de tales extremos, y en relación al periculum in damni, se limitó a señalar que la supuesta construcción realizada por la parte actora sobre el inmueble objeto del contrato cuya declaratoria de falsedad se reclama, le ha originado graves perjuicios a sus presuntos derechos como copropietaria del mismo, sin presentar, medios de pruebas respecto de tal situación, y dado que en todo caso los requisitos de procedencia de la medida solicitada son acumulativos, se considera improcedente la tutela cautelar solicitada. Y ASÍ SE DECLARA.

Consecuencialmente, en atención a los fundamentos expuestos y los criterios doctrinales y jurisprudenciales ut supra citados, aplicados al análisis cognoscitivo del contenido íntegro del caso sub iudice, aunado al examen de los alegatos aportados por la parte demandante-recurrente, todo lo cual llevó a este Juzgador Superior a considerar la improcedencia de la medida preventiva solicitada, en virtud del incumplimiento por parte del solicitante de los requisitos previstos en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, y no conforme a los argumentos esbozados por el Tribunal a-quo, es determinante para este Sentenciador Superior, CONFIRMAR, de acuerdo con los fundamentos esbozados en el presente fallo, la decisión proferida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 7 de diciembre de 2001, y consecuencialmente declarar SIN LUGAR el recurso de apelación incoado por la codemandada-recurrente, y así se plasmará en forma expresa, precisa y positiva en el dispositivo del presente fallo. Y ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVO

Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley en el juicio que por TACHA DE DOCUMENTO siguen las sociedades mercantiles INVERSIONES VILLA DELICIAS C.A., y D’ CANDIDO & COMPAÑÍA, S.A., en contra de los ciudadanos JOSE TRINIDAD LABARCA, JOSE ASCENSION AMESTY y ELIA ROSA ROJAS DE LABARCA, declara:
PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación propuesto por la representación judicial de la parte actora contra sentencia interlocutoria de fecha 7 de diciembre de 2001, proferida por el JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

SEGUNDO: SE CONFIRMA la singularizada decisión de fecha 7 de diciembre de 2001, dictada por el precitado Juzgado de Primera Instancia, que negó la medida preventiva innominada de paralización de obra, solicitada por la parte codemandada en la presente causa, de acuerdo con los fundamentos expuestos en la parte motiva del presente fallo.

Se condena en costas a la parte codemandada-recurrente, por resultar totalmente vencida en esta incidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

A los fines previstos por el articulo 248 del Código de Procedimiento Civil, expídase por Secretaria copia certificada del presente fallo y déjese en este Tribunal.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE.

Dada, firmada y sellada en la Sala de despacho del JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo a los treinta (30) días del mes de abril de dos mil nueve (2009). Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.
EL JUEZ SUPERIOR TITULAR,

Dr. EDISON EDGAR VILLALOBOS ACOSTA
LA SECRETARIA,

ABOG. ANY GAVIDIA PEREIRA.

En la misma fecha, siendo la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde (1:55 p.m.) hora de Despacho, se publicó el presente fallo, se expidió la copia certificada ordenada y se archivó en el copiador de sentencias.
LA SECRETARIA,

ABOG. ANY GAVIDIA PEREIRA

EVA/ag/dcb