REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA CIRUCNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA,
Con sede en Maracaibo.

Expediente N° 11.452

MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL.
PARTE RECURRENTE: El ciudadano ANGEL LEONEL ALARCON, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-4.143.036, domiciliado en el Municipio San Francisco del Estado Zulia, asistido por el Abogado en ejercicio Jorge Luís Trujillo, y domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia.
PARTE RECURRIDO: La ciudadano DORIS LOZANO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-8.817.855, residenciada en la Urbanización Soler Calle 205, # 47B-52, lote 3 de la Parroquia José Domingo Rus (Antes Los Cortijos), donde funciona MERCAL “Alimentos de Dios”, en el Municipio San Francisco del Estado Zulia.

En fecha 16 de marzo de 2007, acudió ante la sala de este Juzgado el ciudadano Ángel Leonel Alarcon, asistido por el abogado Jorge Luís Trujillo, ambos antes identificados, e interpuso la Acción de Amparo Constitucional incoada en contra de la ciudadana Doris Lozano, antes identificada.
En fecha 20 de marzo de 2007, se le dio entrada y se formo expediente, asignándose bajo el N° 11.452.
En fecha 09 de abril de 2007, este Juzgado mediante auto motivado ordenó notificar a la parte actora a fin de que procediera a subsanar los errores u omisiones presentes en el libelo de la acción, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

I
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:
Explanado lo anterior, el Tribunal observa, que la última actuación procesal impulsada por las partes y realizada por el Juzgado en el presente expediente data del día 09 de abril de 2007, cuando este Despacho le ordenó a la parte accionante la subsanación del libelo..
Al respecto, considera pertinente citar el criterio emitido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 982, de fecha 06 de junio de 2001, Expediente N° 00-0562, caso José Vicente Arenas, el que estableció:

“(...) En criterio de la Sala, el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constituciones puede asumirse -entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional- una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora.
(…)
Si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales.
(…)
La Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia. Así se declara”.

Efectivamente, en la doctrina transcrita se establece que los que soliciten la tutela de sus derechos fundamentales, deben mantener a lo largo del proceso el interés en la obtención de la tutela urgente y preferente que consiste en el medio constitucional del amparo, y ello se demuestra mediante la presentación de escritos o diligencias en los que tal interés quede de manifiesto.
Por tanto, visto que en el expediente que ocupa se ha verificado la pérdida del interés de la parte actora, ello en virtud de que el presente caso se encuentra paralizado desde el día 09 de abril de 2007, transcurriendo así más de seis (06) meses, sin que la parte actora haya realizado ningún acto que demostrara su interés en continuar con el presente proceso considera necesario esta Juzgadora declarar el ABANDONO DEL TRÁMITE y con ello la Extinción de la Instancia, en la presente acción de Amparo Constitucional. ASÍ SE DECIDE.-

II
DISPOSITIVO:

Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: el ABANDONO DEL TRAMITE de conformidad con el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; por la pérdida del interés en la presente Acción de Amparo Constitucional incoada por el ciudadano ÁNGEL LEONEL ALARCON, contra la ciudadana DORIS LOZANO.
El Tribunal no hace especial pronunciamiento en costas en virtud de la naturaleza del presente fallo.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE. Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines legales previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los veintisiete (27) días del mes de abril de Dos Mil nueve (2009). Años: 199° de la Independencia y 150° de la Federación.
LA JUEZA TITULAR,

DRA. GLORIA URDANETA DE MONTANARI.
LA SECRETARIA,

ABOG. DAYANA PERDOMO SIERRA.



En la misma fecha y siendo la una y treinta minutos de la mañana (01:30 p.m.) se publicó el anterior fallo y se registro bajo el Nº 178 en el Libro de Sentencias Interlocutorias llevados por este Juzgado. Y en la misma se archivó el expediente.

LA SECRETARIA,

ABOG. DAYANA PERDOMO SIERRA.








Exp. N° 11.452
GUdeM/DPS/*.-