Expediente No. 32.632 Motivo: Cobro de Bolívares (Intimación) Sentencia Nº. 443. jarm REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Cabimas.- RESUELVE: PARTE DEMANDANTE: FRANCISCO JUNIOR DUARTE SALAZAR, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V.-4.712.348, domiciliado en la Ciudad y Municipio Autónomo Cabimas del Estado Zulia. PARTE DEMANDADA: JOSE EDUARDO DIAZ MENDOZA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V.-4.332.165, domiciliado en el Municipio Lagunillas del Estado Zulia. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Abogado en ejercicio JIMMY CASTELLANOS, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 87.844.- I Consta en autos que mediante escrito de fecha doce (12) de junio de 2006, el profesional del derecho JIMMY CASTELLANOS, obrando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano FRANCISCO JUNIOR DUARTE SALAZAR, demanda por COBRO DE BOLIVARES (INTIMACIÓN) al ciudadano JOSE EDUARDO DIAZ MENDOZA, antes identificados.- Por auto de fecha diecinueve (19) de junio de 2006, este Tribunal admitió cuanto ha lugar en derecho la presente demanda, ordenando intimar a la parte demandada, para que compareciera dentro de los diez (10) días hábiles de despacho siguientes a que conste en actas su intimación, más un día de término de distancia, a fin de que cancele o formule oposición; asimismo y mediante nota de secretaría se dejó constancia que no se libran los recaudos de intimación hasta tanto la parte actora consigne las copias respectivas.- En fecha dieciocho (18) de septiembre de 2006, la parte actora consignó las copias simples respectivas, a los fines de librarse los recaudos de intimación a la parte demandada; siendo librados los mismos, en fecha veinte (20) de septiembre de 2006.- Mediante diligencia de fecha veinticinco (25) de septiembre de 2006, la parte actora indicó la dirección de la parte demandada y dejó constancia de haber proveído al Alguacil de este Tribunal, de los medios de transporte para que realice la intimación de la parte demandada.- En fecha dos (02) de mayo de 2007, el Alguacil de este Tribunal expuso que en fechas 26 de septiembre y 31 de octubre de 2006, 10 de enero y 23 de marzo del año 2007, se trasladó a la dirección suministrada por la parte actora y en la misma no se encontraba nadie, por lo tanto, consignó los recaudos de intimación correspondientes.- Por auto de fecha veinticinco (25) de julio de 2007, y a petición de la parte actora se ordenó la intimación de la parte demandada por medio de carteles, los cuales fueron librados en esa misma fecha.- Ahora bien, de una exhaustiva revisión a las actas procesales y de conformidad con el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, es necesario para este Tribunal hacer las siguientes consideraciones con relación a la perención de la instancia, de la siguiente manera: Para el Dr. RICARDO ENRIQUE LA ROCHE en su obra Código de Procedimiento Civil, Tomo II, (Pág. 328 y 329), define la perención como: "Perención (de perimire, destruir) de la instancia es la extinción del proceso que se produce por su paralización de un año, en el que no se realiza acto de impulso procesal alguno. La perención es el correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención prolongada del proceso. Toda paralización contiene el germen de la extinción de la instancia, que puede llegar o no a producirse según se den o no las condiciones legales que la determinan." En este Sentido el Dr. A. Rengel-Romberg, en su obra Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II Teoría General del Proceso, (Pág.379), establece los caracteres de la Perención de la siguiente forma: “La perención procede contra la Nación, los Estados y las Municipalidades, los establecimientos públicos, los menores y cualquier otra persona que no tenga la libre administración de sus bienes, salvo recurso contra sus representantes (Art. 268 C.P.C)…. La perención se verifica de derecho, esto es, se produce ope legis, al vencimiento del plazo de un año de inactividad, y no desde el día en que es declarada por el juez. De modo que esta declaración del juez, no tiene efecto constitutivo, sino declarativo, que se retrotrae al momento en que el plazo de la perención quedó cumplido y no se admiten sanatorias de la perención por actos cumplidos por una parte después del vencimiento del plazo (Art.269 C.P.C). La perención no es renunciable por las partes……- La perención puede declararse de oficio por el juez. Por el carácter irrenunciable que tiene, el juez puede declararla de oficio sin esperar petición de parte para su declaración. La perención puede interrumpirse. Así la inactividad prolongada por un año opera la perención, la actividad procesal durante el curso del lapso de perención, la interrumpe…”.- Es importante para esta Juzgadora destacar también el contenido del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que a continuación se transcribe: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. También se extingue la instancia: 1° Transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado. 2° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado. 3° Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que a ley les impone para proseguirla”. (Subrayado del Tribunal). De la misma manera nuestra Doctrina tiene definido, que son tres las condiciones indispensables para que un proceso se extinga con perfección: A) El supuesto básico de la existencia de una instancia; B) La inactividad procesal y C) El transcurso de un plazo señalado por la Ley. La misma Doctrina Casacionista de la antigua Corte Suprema de Justicia plasmó: “En este orden de ideas, puede decirse que el proceso esta constituido por el desarrollo sucesivo de una serie de actos, de los cuales, los que impulsan el proceso son los que hacen que este avance, marche hacia delante. Esas actividades, que son procesales, las distribuye el legislador en el espacio y el tiempo, en una serie de momentos, situaciones, etapas que atienden a un mismo fin la cosa juzgada…”. De igual forma, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 27 de Febrero de 2003. Exp Nº C-1986-011- Sent. Nº 011, con ponencia del Magistrado Dr. Antonio Ramírez Jiménez, asienta con relación a la Perención de la Instancia lo siguiente: “Ahora bien, otro aspecto de importancia que fue determinado en la jurisprudencia tanto de la Sala de Casación Civil, como de la Sala Político –Administrativa, es que no todo acto de procedimiento de parte impide la consumación de la perención, sino sólo aquél que contenga implícita la intención de impulsar el proceso. Así, por ejemplo, ambas Salas han establecido de forma reiterada que la solicitud de copias certificadas o la consignación de escritos, en modo alguno constituyen manifestaciones de la intención de la parte en dar continuación al proceso, y, por tanto, esos actos no son capaces de interrumpir la perención. Los supuestos anteriores, cabe indicar expresamente, son válidos para todos los juicios, incidencias y recursos que cursen o se tramite ante esta jurisdicción suprema, habida cuenta de que en ella, además del recurso de casación en igual manera se presentan para su conocimiento regulaciones de competencia, recursos de hecho, transacciones, desistimientos y reclamos, y como quiera que, no obstante las previsiones normativas que específicamente traten sobre cada materia en particular, la Sala estima que priva la norma general relativa a la perención en su contenido, alcance y propósito plasmado en la misma cuando determina “Toda instancia se extingue”, siendo así, como ya se indicó, esto justifica el interés del Estado para que en definitiva se cumpla con la función Jurisdiccional…. Es claro, pues, que el ordenamiento jurídico venezolano acoge el sistema italiano respecto de la perención, de conformidad con el cual ésta opera de pleno derecho y, por tanto, se consuma por el sólo transcurso del tiempo previsto en la ley, y una vez declarada surte efectos no desde esa oportunidad, sino a partir del momento en que operó la perención, pronunciamiento este que sólo reafirma un hecho ya cumplido. En consecuencia, una vez consumada y declarada la perención produce efectos desde que éste operó, por lo cual tanto los hechos Jurídicos – transcurso del tiempo sin impulso de las partes- como sus efectos –extinción del proceso - se rigen por las normas procesales vigentes para la época en que éstos se verificaron….” (Subrayado del Tribunal).- Ahora bien, revisadas las actas de la presente causa se observa, que desde el momento en que este Tribunal libró cartel de intimación ordenado en auto de fecha veinticinco (25) de julio de 2007, no consta en actas ninguna actuación o diligencia por parte del demandante, orientada a consignar las publicaciones del cartel de intimación; evidenciándose de éste una posición totalmente pasiva; pues el último acto de procedimiento practicado por la parte actora lo fue en fecha seis (06) de julio de 2007, quien mediante diligencia cursante al folio 36, solicita se libre cartel de intimación, lo cual fue proveído por auto inmediatamente siguiente y cursante al folio 37 del expediente, significa entonces, que desde la fecha en que fue librado el cartel de intimación, esto es, veinticinco (25) de julio de 2007, hasta la presente fecha, ha transcurrido más de un (01) año y nueve (09) meses, sin que la parte actora haya realizado actuación alguna a los fines de impulsar la intimación de la parte demandada; lo que lleva a esta Juzgadora a hacer uso del poder discrecional otorgado por el Legislador en el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, que a la letra dice: “La perención se verificara de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del articulo 267, es apelable libremente”. (Subrayado del Tribunal).- De las actuaciones procesales que constan en autos se evidencia la inactividad prolongada de la parte actora, y habiendo transcurrido más de un (01) año sin que se haya realizado algún acto de procedimiento capaz de interrumpir la perención de la instancia; en consecuencia, en virtud de los razonamientos esbozados es impretermitible para esta Juzgadora declarar PERIMIDA la presente causa. Así se decide.- II DECISION Por los fundamentos expuestos; este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Cabimas, administrando Justicia en NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por Autoridad de la Ley, DECLARA: A) Perimida la Instancia en el Juicio de COBRO DE BOLIVARES (INTIMACIÓN) seguido por el ciudadano FRANCISCO JUNIOR DUARTE SALAZAR, contra el ciudadano JOSE EDUARDO DIAZ MENDOZA, antes identificados.- B) No se hace pronunciamiento sobre las costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. PUBLÍQUESE, INSÉRTESE Y NOTIFÍQUESE Déjese por Secretaria copia certificada de este fallo conforme lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, a los fines del artículo 1.384 del Código Civil, y el artículo 72 numerales 3 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, a los catorce (14) días del mes de abril del año dos mil nueve (2009).- Años: 198º de la Independencia y 150º de la Federación.- LA JUEZ, Dra. MARÍA CRISTINA MORALES. LA SECRETARIA, Abog. ANNABEL VARGAS. En la misma fecha siendo las 9:00 a.m., previo el anuncio de Ley a las puertas del despacho, se dictó y publicó sentencia que precede quedando inserta bajo el Nº.443. La Secretaria.