TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Expediente No. _________
Recibida la anterior demanda junto con sus anexos, proveniente de la Oficina General de Recepción y Distribución de Documentos del Poder Judicial y constante de dieciocho (18) folios útiles, se le da entrada. Fórmese expediente y numérese.
Comparece la ciudadana ANA DURÁN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 5.052.971, domiciliada en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, debidamente asistida por el profesional del derecho, ciudadano JULIO CÉSAR NÚÑEZ, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 26.067, accionando contra la ciudadana ANA ILSE JIMÉNEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 25.276.494, de este mismo domicilio.
Del escrito libelar se evidencia que se trata de una acción de RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO y COBRO DE PENSIONES ARRENDATICIAS, que debe llevarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, por los trámites del procedimiento breve, previsto en el Libro IV, Título XII del Código de Procedimiento Civil, independientemente de su cuantía.
Establecerá este Tribunal su competencia para el conocimiento de la presente acción, en el entendido de que el principio del juez natural tiene una prevalente importancia en el tratamiento adjetivo de los juicios adversivos como el de autos, por lo cual cumple el Tribunal un rol fundamental al establecer su habilidad objetiva para la tramitación de esta demanda, en orden a lo cual destaca que tradicionalmente son tres los atributos que determinan el fuero competencial de un Órgano Jurisdiccional, a saber: la materia, el territorio y la cuantía.
Interés especial revela el último de los atributos citados, toda vez que la determinación del valor de la demanda representa un elemento que por imperio de la ley civil adjetiva debe constar en el escrito libelar. Así, el artículo 29 del Código de Procedimiento Civil prescribe: “La competencia por el valor de la demanda se rige por las disposiciones de este Código y por la Ley orgánica del Poder Judicial”.
Al tiempo, dispone el artículo 30 ejusdem: “El valor de la causa a los fines de la competencia se determina en base a la demanda, según las reglas siguientes”. (Destacado del Juzgado).
De seguidas formula el legislador una serie de normas que fungen como parámetros para la apreciación en dinero de la impetración del actor.
Como se nota, la necesidad de estimar el valor de la demanda no surge de manera fortuita, sino que es uno de los factores que permiten asignar el conocimiento de una causa a uno u otro operador de justicia, entre otras cosas.
Ahora bien, a pesar de que el artículo 33 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, consagra la independencia de la cuantía para determinar la aplicación del procedimiento breve, para lo que sí interesa la cuantía en ese procedimiento que se pretende iniciar, es para determinar la competencia atribuible o no a este Órgano. A tales efectos, observa este Tribunal que si bien la demanda no fue expresa e inequívocamente estimada, cabe aplicar lo dispuesto en el artículo 36 del Código de Procedimiento Civil, según el cual en las demandas como la de autos, sobre validez o continuación de un arrendamiento, el valor se determinará acumulando las pensiones sobre las cuales se litigue y sus accesorios. Aplicado al caso concreto, de escrito libelar se extrae que pretende la actora el pago de los meses de Febrero y Marzo de 2009, y del contrato se observa que cada una de ellas asciende a la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 4.500,00), por lo cual la cuantía de esta demanda se corresponde con las sumas dinerarias cobradas, es decir, NUEVE MIL BOLÍVARES (Bs. 9.000,00), a partir de la cual se establecerá la competencia para conocer y así se declara.
Los criterios para determinar el Tribunal competente fueron regulados por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, mediante Resolución No. 2009-0006, del día dieciocho (18) de Marzo de 2009, publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.152, de fecha dos (2) de Abril de 2009, a partir de cuya publicación la referida resolución cobró vigencia; en esa oportunidad, consideró el Tribunal en Pleno:
Que los Juzgados de Primera Instancia con competencia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito en la República están experimentando un exceso de trabajo como consecuencia, entre otros aspectos, de la falta de revisión y ajuste de la competencia por la cuantía desde hace muchos años;
Que los Juzgados de Municipio, cuya cantidad se incrementó con ocasión de la supresión de los Juzgados de Parroquia, conocen de un número de asuntos que se han reducido considerablemente, evidenciándose en la actualidad un claro desequilibrio de la actividad jurisdiccional que desarrollan respecto a los Juzgados de Primera Instancia.
Que el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los tribunales de jurisdicción ordinaria tendrán competencia en todas las materias, a menos que le Ley disponga otra cosa, siendo tribunales de jurisdicción ordinaria, conforme al artículo 61 eiusdem, las Cortes de Apelaciones, los Tribunales Superiores, los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Municipio.
E, inter alia, que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, en sus ordinales 10 y 11, cuyas funciones ejerce el Tribunal Supremo de Justicia según sentencia Nº 1586 del 12 de junio del 2003, emanada de la Sala Constitucional, dado que el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reserva al Tribunal Supremo de Justicia, la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, siendo de su competencia crear circuitos judiciales, tribunales ordinarios y especiales; suprimir los ya existentes cuando así se requiera, especializar o no su competencia y convertir los tribunales unipersonales en colegiados; así como, establecer y modificar la competencia de los tribunales en razón del territorio y de la cuantía, y la modificación de las cuantías previstas, en el Código de Procedimiento Civil.
Con apoyo en las anteriores precisiones, estableció la referida Resolución Nº 2009-0006, en su artículo 1, disposiciones del siguiente tenor:
“Artículo 1. Se modifican a nivel nacional, las competencias de los Juzgados para conocer de los asuntos en materia Civil, Mercantil y Tránsito, de la siguiente manera:

a) Los Juzgados de Municipio, categoría C en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía no exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).

b) Los Juzgados de Primera Instancia, categoría B en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía exceda las tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).

A los efectos de la determinación de la competencia por la cuantía, en todos los asuntos contenciosos cuyo valor sea apreciable en dinero, conste o no el valor de la demanda, los justiciables deberán expresar, además de las sumas en bolívares conforme al Código de Procedimiento Civil y demás leyes que regulen la materia, su equivalente en unidades tributarias (U.T.) al momento de la interposición del asunto.”

La mencionada norma resulta aplicable ratione tempore al caso bajo estudio, cuya demanda fue propuesta el día tres (3) de Abril de 2009, ante la Oficina General de Recepción y Distribución de Documentos del Poder Judicial del Estado Zulia, para ser distribuida – como en efecto lo fue – a uno de los Juzgados de Primera Instancia, momento en el cual adquirió plena vigencia la resolución invocada.
De este modo, colige el Tribunal que siendo la cuantía de la presente demanda la suma de NUEVE MIL BOLÍVARES (Bs. 9.000,00), la misma debió ser indicada por la parte actora en su cifra equivalente a unidades tributarias, tal y como lo impone la parte in fine del artículo 1 de la tantas veces referida Resolución Nº 2009-0006. Sin embargo, en aprecio a los principios de economía y celeridad procesal, dispensa este Tribunal de exigir esa carga, no porque pueda desaplicar el fallo, sino por que en el caso particular se observa que la simple progresión aritmética que se haga, que el valor de este juicio obliga a declinar la demanda, por cuanto no alcanza las tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.), pues a penas llega a las ciento sesenta y tres unidades tributarias (163 U.T.) tomando en cuenta que cada unidad tributaria equivale en estos momentos a CINCUENTA Y CINCO BOLÍVARES (Bs. 55,00 X 1 U.T.).
Consecuencia de lo anterior, es que la presente demanda debe ser conocida por los Tribunales de Categoría C en el escalafón judicial, es decir, los Juzgados de Municipio, ya que se trata de un asunto contencioso cuya cuantía no excede de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.), siendo consecuencialmente foráneo a la actividad de este Tribunal, la sustanciación de la presente acción y así se decide.
Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: LA INCOMPETENCIA de este Tribunal para conocer de la acción de RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO y COBRO DE PENSIONES ARRENDATICIAS, incoada por la ciudadana ANA DURÁN, asistida por el profesional del derecho, ciudadano JULIO CÉSAR NÚÑEZ, contra la ciudadana ANA ILSE JIMÉNEZ, todos ya identificados.
SEGUNDO: SE DECLINA la competencia al Juzgado de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, al cual corresponda por distribución.
TERCERO: No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de esta decisión.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE. Déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, sellada y firmada en la sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los ( ) días del mes de Abril del año dos mil nueve (2009). Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.-
La Juez,
(Fdo.)
Dra. Eileen Lorena Urdaneta Núñez.
La Secretaria,
(Fdo.)
Abg. Militza Hernández Cubillán.
En la misma fecha, siendo las ___________, se dictó y publicó la resolución que antecede, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, quedando anotada bajo el No. ________, en el libro correspondiente.- La Secretaria, (fdo.). Quien suscribe, la Secretaria de este Juzgado, Abg. Militza Hernández Cubillán, hace constar que la presente copia es fiel y exacta de su original, correspondiente al fallo dictado en el Expediente No. ________, lo Certifico en Maracaibo a los __________ ( ) días del mes de Abril de 2009.
ELUN/yrgf/ramg