REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA Expediente No.44.057 Motivo: Solicitud de Medida Preventiva de Embargo y de Secuestro Visto el pedimento cautelar formulado en el libelo de la demanda, y el anterior escrito de medidas presentado por el abogado en ejercicio EUGENIO ACOSTA URDANETA, inscrito en el INPREABOGADO bajo el No.29.164, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora en el presente proceso, ciudadana MARÍA ANGELINA PÉREZ VÁSQUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No.15.193.862, y domiciliada en el Municipio Maracaibo, del Estado Zulia, en el juicio que por DIVORCIO ORDINARIO, sigue en contra del ciudadano JUAN PABLO DURÁN PORTILLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No.15.009.156 del mismo domicilio, se le da entrada y el curso de Ley. Fórmese pieza de medida por separado y numérese. El Tribunal para resolver observa: Solicitó la representación judicial de la parte actora, antes identificada, que de conformidad con lo establecido en el ordinal 3° del Artículo 191 del Código Civil, se decrete medida preventiva de embargo sobre el cincuenta por ciento (50%) de las prestaciones sociales que le corresponden al demandado, antes identificado en la empresa SCHLUMBERGER DE VENEZUELA, S.A., y asimismo, medida preventiva de secuestro sobre el bien mueble que describe plenamente en su solicitud. Ahora bien y con relación al primer pedimento, este Órgano Jurisdiccional, en virtud de la potestad cautelar que le confiere el ordinal 3° del Artículo 191 del Código Civil, decreta MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO sobre el cincuenta por ciento (50%) de las cantidades de dinero que por concepto de prestaciones sociales le correspondan al demandado, ciudadano JUAN PABLO DURÁN PORTILLO, antes identificado, en su condición de trabajador al servicio de la empresa SCHLUMBERGER VENEZUELA, S.A., las cuales deben ser remitidas en cheque de gerencia a la orden de este Tribunal. Para la ejecución de la medida decretada se comisiona suficientemente al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Cabimas, Santa Rita, Simón Bolívar, Lagunillas, Valmore Rodríguez, Miranda y Baralt de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia que corresponda conocer por distribución. En lo que respecta al segundo petitorio, establece el Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente: “Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.” (Énfasis del Tribunal). Asimismo, consagra el ordinal 3° del Artículo 599 del Código Adjetivo Civil, lo siguiente: Se decretará el secuestro… 3°) “De los bienes de la comunidad conyugal, o en su defecto del cónyuge administrador, que sean suficientes para cubrir aquéllos, cuando el cónyuge administrador malgaste los bienes de la comunidad…” Si se realiza un análisis de las disposiciones ut supra transcritas, puede evidenciarse que el legislador exigió el cumplimiento de ciertas condiciones o requisitos para la procedibilidad de las medidas cautelares, en ese sentido, nos encontramos con la presunción grave del derecho que se reclama, definido por el Dr. Rafael Ortíz Ortíz, como “la apariencia de certeza o de credibilidad del derecho invocado por parte del sujeto que solicita la medida…” (fumus bonis iuris), y como segundo requisito se exige la presunción grave de que quede ilusoria la ejecución del fallo, inmerso además en el aludido ordinal, e igualmente desarrollado por el mismo autor, como “la probabilidad potencial de peligro de que el contenido del dispositivo sentencial pueda quedar disminuida en su ámbito patrimonial o extrapatrimonial, o de que una de las partes pueda causar un daño en los derechos de la otra, debido al retardo de los procesos jurisdiccionales, aunado a otras circunstancias provenientes de las partes con la lamentable consecuencia de quedar ineficaz la majestad de la justicia en su aspecto práctico” (fumus periculum in mora), por lo que, la demostración de los mismos en forma concurrente para el decreto de determinadas medidas cautelares, constituye una verdadera carga procesal para el solicitante de las mismas, y asimismo, porque en el presente caso la prueba de uno conlleva necesariamente a la del otro; cuestión esta, con la que no se cumple en la solicitud de medida cautelar del caso bajo estudio, ya que de las actas que componen el presente juicio, no existe prueba alguna que pueda crear a este Juzgado convicción del cumplimiento de tales requisitos, motivo por el cual resulta forzoso para esta Jurisdiscente Negar el pedimento formulado, en la parte dispositiva de esta resolución. Por los fundamentos expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PROCEDENTE, la medida preventiva de embargo solicitada. SEGUNDO: IMPROCEDENTE, la medida preventiva de secuestro requerida. No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la decisión. Publíquese, Y Regístrese. Déjese copia certificada por Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil, y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los ( ) días del mes de Abril de dos mil nueve (2009). Años 198° de la Independencia y 150° de la Federación.- La Juez, La Secretaria, Dra. Eileen Lorena Urdaneta Núñez Abog. Militza Hernández Cubillán En la misma fecha, siendo las , se dictó y publicó la resolución que antecede, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, quedando anotada bajo el No. , en el libró correspondiente. La Secretaria, Abog. Militza Hernández Cubillán ELUN/vb