Conoció por distribución este Juzgado Segundo de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de la demanda por Cobro de Bolívares por Intimación, intentada por los ciudadanos ROBINSON GREGORIO SALCEDO BRICEÑO y VÍCTOR JOSÉ BRACHO, Abogados en ejercicio, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números 10.403.882 y 7.970.864 e inscritos en el Inpreabogado con los números 53.025 y 53.691 respectivamente, ambos de este domicilio, actuando en este acto con el carácter de Endosatarios en Procuración de la Asociación Civil CENTRO ALTERNATIVO DE DESARROLLO INTEGRAL (CENADI), inscrita en el Registro Subalterno del Segundo Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en fecha treinta (30) de Enero de 2003, anotada con el número 19, Tomo 4, y de este domicilio, representada por su Presidente, ciudadano DAVID ALONSO CASTILLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 7.770.233 y de este mismo domicilio, en contra de los ciudadanos JAIME ENRIQUE ARELLANO y YANETH GARCÍA, venezolano el primero, extranjera la segunda, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números 11.876.826 y 83.460.315 respectivamente y domiciliados en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia. I ANTECEDENTES A esta demanda se le dio entrada en este Juzgado el día seis (06) de Agosto de 2008, ordenándose la citación de la parte demandada. II DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA Ahora bien, esta Juzgadora observa que en sentencia de fecha seis (06) de julio de 2004, de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Velez, se estableció el criterio de aplicabilidad del artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial de la siguiente manera: “Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación.” Del criterio antes expuesto, se desprende que es una obligación de la parte demandante, consignar los emolumentos necesarios para la practica de la citación personal de la parte demandada, dentro de los treinta (30) días siguientes a la admisión de la demanda, siendo que el incumplimiento de esta carga procesal acarrearía la perención de la instancia, de conformidad con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que dispone: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes… (omissis) También se extinguirá la instancia: 1.- Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.” En la presente causa, se observa que después de la fecha de admisión de la demanda, transcurrieron más de treinta (30) días sin que la parte demandante haya aportado los recursos necesarios para lograr la práctica de la citación, obviando la carga procesal establecida en la Ley y en el criterio jurisprudencial de aplicación inmediata anteriormente expuesto, por lo que esta Juzgadora considera que se han consumado los extremos necesarios para que se verifique la Perención de la Instancia en el presente proceso. ASÍ SE DECLARA. III DECISIÓN Por los fundamentos de hecho y de derecho expuestos este JUZGADO SEGUNDO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, actuando de conformidad con lo establecido en el artículo 242 del Código de Procedimiento Civil, procede a declarar Perimida la Instancia en la presente demanda por Cobro de Bolívares por Intimación, intentada por los ciudadanos ROBINSON GREGORIO SALCEDO BRICEÑO y VÍCTOR JOSÉ BRACHO, Endosatarios en Procuración de la Asociación Civil CENTRO ALTERNATIVO DE DESARROLLO INTEGRAL (CENADI), en contra de los ciudadanos JAIME ENRIQUE ARELLANO y YANETH GARCÍA, todos identificados en la parte narrativa del presente fallo. Se revoca la medida de embargo provisional, decretada en fecha treinta (30) de septiembre de 2008. No hay condenatoria en costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Se hace constar que los Abogados en ejercicio ROBINSON GREGORIO SALCEDO BRICEÑO y VÍCTOR JOSÉ BRACHO, actuaron con el carácter de Endosatarios en Procuración de la ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO ALTERNATIVO DE DESARROLLO INTEGRAL (CENADI). Déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Segundo de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los veinte (20) días del mes de abril de 2009. PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. LA JUEZA ADRIANA MARCANO MONTERO EL SECRETARIO Abog. ANDRÉS VIRLA VILLALOBOS En la misma fecha, siendo las once y treinta y cinco minutos de la mañana (11:35 a.m.), se publicó la anterior sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva. EL SECRETARIO Abog. ANDRÉS VIRLA VILLALOBOS