TSJ Regiones - Decisión

Tribunal Penal de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta
La Asunción, 27 de Abril de 2009
199º y 150º

ASUNTO PRINCIPAL : OP01-P-2007-004905
ASUNTO : OP01-P-2007-004905

Visto el escrito presentado por la DRA. MARIA DE LOS ANGELES TOMEDES, actuando con el carácter acreditado en autos, contentiva de solicitud de una Medida de Cautelar Sustitutiva de Libertad, a favor del acusado de auto: ANGEL JOSE VILLARROEL, venezolano, natural de Chacachacare, estado Nueva Esparta, nacido en fecha 05 de marzo de 1978, de 39 años de edad, de oficio guachimán, titular de la Cédula de Identidad N° V- 16.335.239, residenciado en la Calle Juan Ramón, casa s/n, de bloques sin frisar, cerca de Dipesca, Municipio Tubores del estado Nueva Esparta, este Tribunal para decidir OBSERVA:

En fecha ONCE (11) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL SIETE (2007), compareció el Fiscal Noveno del Ministerio Público, DR. LUIS FERNANDO PALMARES, por ante el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 03 de éste Estado, con la finalidad presentar al ciudadano: ANGEL JOSE VILLARROEL, en calidad de detenidos, por la comisión del delito de ABUSO SEXUAL A NIÑOS, previsto y sancionado en el artículo 259 primer aparte de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en contra de quien el Tribunal de Guardia, ya señalado, en la audiencia oral de presentación, Decretó La Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del referido imputado, al considerar que se encontraban llenos los extremos del Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, en sus tres ordinales, y en consecuencia, se acordó proseguir el procedimiento por la vía ordinaria, de conformidad con el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal.
En fecha ONCE (11) DE DICIEMBRE DE DOS MIL SIETE (2007), el Ministerio Público, presentó formal acusación en contra del acusado ANGEL JOSE VILLARROEL, ya identificado, por el delito de ABUSO SEXUAL A NIÑO, previsto y sancionado en el artículo 259 primer aparte de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, vigente para la fecha en que se cometió el hecho pueble, por lo que en fecha diecisiete (17) de abril de dos mil ocho (2008), se celebró la audiencia preliminar, mediante la cual se ordenó el pase a juicio de las actuaciones, de conformidad con el artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal.

Recibidas las actuaciones, en el Tribunal de Juicio N° 03 de este Circuito Judicial Penal, se realizó el trámite legal correspondiente.

La defensa en su escrito que corre a los autos que conforman la presente causa, alega que la medida de privación judicial preventiva de libertad, es una medida excepcional, por cuanto la libertad es la regla, de acuerdo al contenido de los artículos 8 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto no se encuentran acreditados concurrentemente todos los supuestos de procedencia que contempla el Artículo 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, referidos tanto al peligro de fuga como el de obstaculización de la investigación. Expresa igualmente la defensa que el Ministerio Público acusa a su defendido por el delito de ABUSO SEXAUAL A NIÑOS, previsto y sancionado en el artículo 259 de Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, el cual establece una pena de uno (01) a tres (03) años de prisión, por lo que a criterio de la defensa sería merecedor de una medida cautelar sustitutiva de libertad de las previstas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.

Considera esta juzgadora que uno de los derechos fundamentales de todo ciudadano, es la libertad personal, establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero, en esa misma normativa constitucional se observa dentro de esa dinámica, de manera excepcional, en los casos en que ha de producirse la detención y como quiera que también en el texto se establece el juzgamiento en libertad, el esquema legal ha de perfilar esa directriz, de tal modo que una persona detenida para que pueda recuperar su libertad, es necesario que desaparezcan las circunstancias especiales que dieron lugar a la detención, tales como lo son la proporcionalidad y necesidad, para que se pueda mantener o no la medida reclusoria.

El Código Orgánico Procesal Penal, aun cuando su tendencia es favorecer la regla de la libertad, sin embargo, establece dos (02) medidas para garantizar el enjuiciamiento, tales como la Privación Judicial Preventiva de libertad y las medidas sustitutivas que van desde un arresto domiciliario hasta la prohibición de comunicación con personas, pero particularmente en nuestra Ley Adjetiva Penal, se establecen cuatro cánones que son considerados por la doctrina como principios fundamentales para interpretar estas medidas, los cuales son: El juzgamiento en libertad, La proporcionalidad de la medida a imponer, la cual siempre tiene que mirar al tipo de delito y la pena aplicable, La transitoriedad de la medida a imponer, y las limitaciones que impiden declarar la detención preventiva ante situaciones como la enfermedad grave, el embarazo en su ultimo lapso y la situación de lactancia, casos en los cuales deben dictarse obligatoriamente medidas sustitutivas.

Ahora bien al analizar los fundamentos que la defensa explana en su escrito, este Tribunal considera lo siguientes:

Dentro de las funciones que tiene la Juez de Control, así como el juez de juicio, en el proceso penal, una vez que el Ministerio Público presenta a un detenido, por la comisión de un hecho punible, es evaluar si concurren o no, la existencia de los tres (03) presupuestos o requisitos, exigidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es la demostración de la existencia de un hecho concreto con importancia penal, efectivamente realizado, atribuible al imputado, en razón a que existen elementos suficientes de convicción y que además no existan el riesgo procesal en razón de la posibilidad de la fuga, tal como lo establece el artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, que trae una serie de indicadores o indicios que hace que tales situaciones o de peligro, tanto de carácter objetivo (relativas al hecho que se investiga) como subjetivos (relacionadas con el imputado), de las cuales se pueda inferir el riesgo de que se vea frustrada la justicia.

Ahora bien, conforma a los elementos que se encuentran agregados a los autos, resulta improcedente en el presente caso, sustituir la medida de privación preventiva de libertad, por una menos gravosa, dado que NO HAN VARIADO LAS CIRCUNSTANCIAS BAJO LAS CUALES SE FUNDAMENTO EL DECRETO DE PRIVACION JUDICIAL, por cuanto el delito por el cual el Ministerio Público presentó al acusado y le fue decretado el medida de coerción personal es el mismo delito por el cual acusó a través del acto conclusivo, haciendo la salvedad en la audiencia preliminar, que el delito había sido cometido bajo el imperio de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, vigente hasta el día 10 de diciembre de 2007, por lo que la entidad del delito no hubo variación alguna, sino la circunstancia referida por el Ministerio Público, era encuadrar el hecho punible dentro del precepto jurídico aplicable, con base al tiempo de la comisión, es decir, bajo el imperio de la ley anterior que debe de aplicarse por ser la ley vigente para fecha de la comisión del mismo, y en consecuencia, considera este Tribunal que existe peligro de fuga y por la pena que podría llegar a imponerse, todo de conformidad con los ordinales 2° y 3° artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por lo anteriormente expuesto, se considera que la privación de libertad es la única medida cautelar suficiente, en este caso, para asegurar la finalidad del proceso, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 243, en su único aparte, del mencionado Código Orgánico Procesal Penal.

En conclusión, considera quien aquí decide, después de haber realizado un análisis y estudio de las actuaciones que conforman el presente expediente, que surge la necesidad de asegurar la presencia procesal del imputado, a los fines de cumplir los objetivos del proceso penal, como los es la realización de la justicia y la búsqueda de la verdad, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, en el presente proceso, y en consecuencia, se aprecia que se mantienen inmutables los elementos que dieron lugar a la Privación Judicial Preventiva de Libertad de los acusados arriba mencionados, al considerar que se cometió un hecho punible, como lo es el delito de ABUSO SEXUAL A NIÑOS, previsto y sancionado en el artículo 259, primer aparte de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, que prevé una pena de cinco (05) a diez (10) años, y no como lo señala la defensa de uno (01) a tres (03) años de prision, que se desprende de las actas que presentó el fiscal del Ministerio Público, y en consecuencia NIEGA sustituir dicha medida por una menos gravosa, ya que no se encuentran dadas las circunstancias para su sustitución. Y ASÍ SE DECLARA.

DISPOSITIVA

Por todo lo anteriormente expuesto, ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO Nº 03 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, acuerda MANTENER LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra del acusado ANGEL JOSE VILLARROEL, venezolano, natural de Chacachacare, estado Nueva Esparta, nacido en fecha 05 de marzo de 1978, de 39 años de edad, de oficio guachimán, titular de la Cédula de Identidad N° V- 16.335.239, residenciado en la Calle Juan Ramón, casa s/n, de bloques sin frisar, cerca de Dipesca, Municipio Tubores del estado Nueva Esparta, y en consecuencia NIEGA SUSTITUIR DICHA MEDIDA POR UNA MENOS GRAVOSA, de conformidad con los Artículo 250 y 251 ordinal 2° y 3°, en relación con el Artículo 264, todos del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes del presente auto e impóngase al acusado de la decisión dictada.
LA JUEZA DE JUICIO Nº 03

DRA. MARIA CAROLINA ZAMBRANO HURTADO
LA SECRETARIA

Abog. JEIXY FANEITE SALAZAR