Tribunal Penal de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta
La Asunción, 6 de Abril de 2009
198º y 150º
ASUNTO PRINCIPAL : OP01-P-2007-001468
ASUNTO : OP01-P-2007-001468
Visto el escrito presentado por la DRA. YANETTE FIGUEROA ADRIAN, actuando con el carácter acreditado en autos, contentiva de solicitud fijación de una Medida de Cautelar Sustitutiva de Libertad, a favor del ACUSADO DE AUTOS: CARLOS AUGUSTO GARCIA CAZORLA, venezolano, natural de Porlamar, estado Nueva Esparta, nacido en fecha 18 de junio de 1984, de 22 años de edad, de oficio mesonero, domiciliado en la urbanización Villa Rosa, Sector H, Vereda 86, casa N° 37-22, estado Nueva Esparta, este Tribunal para decidir OBSERVA:
En fecha treinta (30) de abril de dos mil siete (2007), compareció el Fiscal Quinto del Ministerio Público, DRA. MARITERESA DIAZ DIAZ, por ante el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 02 de éste Estado, con la finalidad presentar al ciudadano: CARLOS AUGUSTO GARCIA CAZORLA, en calidad de detenidos, por la comisión del delito de ROBO PROPIO, previsto y sancionado en el artículo 455 del Código Penal, en contra de quien el Tribunal de Guardia, ya señalado, en la audiencia oral de presentación, Decretó La Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del referido imputado, al considerar que se encontraban llenos los extremos del Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, en sus tres ordinales, dado los requisitos establecidos en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, se decretó la detención Flagrante, y en consecuencia, se acordó proseguir el procedimiento especial de Flagrancia, de conformidad con el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, remitiendo las actuaciones al Tribual de Juicio correspondiente, tal comos evidencia del auto de privación que corre a los folios 14 y 15 de la presente causa.
Recibidas las actuaciones, en el Tribunal de Juicio N° 02 de este Circuito Judicial Penal, se realizó el trámite legal correspondiente.
En fecha OCHO (08) DE MAYO DE DOS MIL SIETE (2007), el representante del Ministerio Público, presentó acto conclusivo, consistente en ACUSACION FISCAL, en contra del acusado CARLOS AUGUSTO GARCIA CAZORLA, ya identificado, por la comisión del delito de ROBO, previsto y sancionado en el artículo 455 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano Oscar Enrique Acuña Machado.
La defensa en su escrito que corre a los autos que conforman la presente causa, considera que la medida de privación judicial preventiva de libertad, vulnera principio básicos de nuestro sistema procesal garantista y referidos principalmente a la Presunción de Inocencia y Afirmación de la Libertad contenidos en los artículos 8 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal y que ampara a todo ciudadano sometido a proceso o investigado por la comisión de un hecho punible, hasta tanto una decisión de un órgano jurisdiccional declare formalmente su culpabilidad y se imponga entonces su restricción como pena, no encontrando justificación alguna la imposición de una sanción anticipada sin juicio previo. Considera igualmente la defensa que no se encuentran llenos los requisitos establecidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal., que hacen procedente el Decreto de privación judicial preventiva de libertad, no existe una presunción de peligro de fuga, ya que mi defendido es venezolano y reside con todo su grupo familiar en Porlamar, en razón de todo ello solicita una medida menos gravosa, de las establecidas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.
Considera esta juzgadora que uno de los derechos fundamentales de todo ciudadano, es la libertad personal, establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero, en esa misma normativa constitucional se observa dentro de esa dinámica, de manera excepcional, en los casos en que ha de producirse la detención y como quiera que también en el texto se establece el juzgamiento en libertad, el esquema legal ha de perfilar esa directriz, de tal modo que una persona detenida para que pueda recuperar su libertad, es necesario que desaparezcan las circunstancias especiales que dieron lugar a la detención, tales como lo son la proporcionalidad y necesidad, para que se pueda mantener o no la medida reclusoria.
El Código Orgánico Procesal Penal, aun cuando su tendencia es favorecer la regla de la libertad, sin embargo, establece dos (02) medidas para garantizar el enjuiciamiento, tales como la Privación Judicial Preventiva de libertad y las medidas sustitutivas que van desde un arresto domiciliario hasta la prohibición de comunicación con personas, pero particularmente en nuestra Ley Adjetiva Penal, se establecen cuatro cánones que son considerados por la doctrina como principios fundamentales para interpretar estas medidas, los cuales son: El juzgamiento en libertad, La proporcionalidad de la medida a imponer, la cual siempre tiene que mirar al tipo de delito y la pena aplicable, La transitoriedad de la medida a imponer, y las limitaciones que impiden declarar la detención preventiva ante situaciones como la enfermedad grave, el embarazo en su ultimo lapso y la situación de lactancia, casos en los cuales deben dictarse obligatoriamente medidas sustitutivas.
Ahora bien al analizar los fundamentos que la defensa explana en su escrito, este Tribunal considera lo siguientes:
Dentro de las funciones que tiene la Juez de Control, así como el juez de juicio, en el proceso penal, una vez que el Ministerio Público presenta a un detenido, por la comisión de un hecho punible, es evaluar si concurren o no, la existencia de los tres (03) presupuestos o requisitos, exigidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es la demostración de la existencia de un hecho concreto con importancia penal, efectivamente realizado, atribuible al imputado, en razón a que existen elementos suficientes de convicción y que además no existan el riesgo procesal en razón de la posibilidad de la fuga, tal como lo establece el artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, que trae una serie de indicadores o indicios que hace que tales situaciones o de peligro, tanto de carácter objetivo (relativas al hecho que se investiga) como subjetivos (relacionadas con el imputado), de las cuales se pueda inferir el riesgo de que se vea frustrada la justicia.
Ahora bien, conforma a los elementos que se encuentran agregados a los autos, resulta improcedente en el presente caso, sustituir la medida de privación preventiva de libertad, por una menos gravosa, dado que NO HAN VARIADO LAS CIRCUNSTANCIAS BAJO LAS CUALES SE FUNDAMENTO EL DECRETO DE PRIVACION JUDICIAL, y en consecuencia, considera este Tribunal que existe peligro de fuga y por la pena que podría llegar a imponerse, todo de conformidad con los ordinales 2° y 3° artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal.
Por lo anteriormente expuesto, se considera que la privación de libertad es la única medida cautelar suficiente, en este caso, para asegurar la finalidad del proceso, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 243, en su único aparte, del mencionado Código Orgánico Procesal Penal.
En conclusión, considera quien aquí decide, después de haber realizado un análisis y estudio de las actuaciones que conforman el presente expediente, que surge la necesidad de asegurar la presencia procesal del imputado, a los fines de cumplir los objetivos del proceso penal, como los es la realización de la justicia y la búsqueda de la verdad, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, en el presente proceso, y en consecuencia, se aprecia que se mantienen inmutables los elementos que dieron lugar a la Privación Judicial Preventiva de Libertad de los acusados arriba mencionados, al considerar que se cometió un hecho punible, como lo es el delito de ROBO, previsto y sancionado en el artículo 455 del Código Penal, que se desprende de las actas que presentó el fiscal del Ministerio Público, y en consecuencia NIEGA sustituir dicha medida por una menos gravosa, ya que no se encuentran dadas las circunstancias para su sustitución. Y ASÍ SE DECLARA.
DISPOSITIVA
Por todo lo anteriormente expuesto, ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO Nº 02 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, acuerda MANTENER LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra del acusado CARLOS AUGUSTO GARCIA CAZORLA, venezolano, natural de Porlamar, estado Nueva Esparta, nacido en fecha 18 de junio de 1984, de 22 años de edad, de oficio mesonero, domiciliado en la urbanización Villa Rosa, Sector H, Vereda 86, casa N° 37-22, estado Nueva Esparta, y en consecuencia NIEGA SUSTITUIR DICHA MEDIDA POR UNA MENOS GRAVOSA, de conformidad con los Artículo 250 y 251 ordinal 2° y 3°, en relación con el Artículo 264, todos del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes del presente auto.
LA JUEZA DE JUICIO Nº 02
DRA. MARIA CAROLINA ZAMBRANO HURTADO
LA SECRETARIA
Abog. LUISANDRA CAZORLA
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