REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA JUZGADO SEGUNDO EN FUNCIONES DE JUICIO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE Maracaibo, 07 de Octubre de 2.008 198º y 149º CAUSA N° 2U-269-08 Visto el escrito interpuesto por la Defensora Pública Especializada Abg. SORAYA COLINA, en representación del adolescente NOMBRE OMITIDO. ARTICULO 545 LOPNNA, mediante el cual solicita la sustitución de la Medida Cautelar prevista en el artículo 582, literal “g” de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por la Medida establecida en el literal “A” del artículo 582 Eiusdem, por imposible cumplimiento. Este Tribunal antes de decidir hace las siguientes consideraciones: En fecha 02 de octubre de los corrientes, éste Tribunal realizó de oficio la revisión de la Medida Cautelar impuesta al adolescente, siendo ésta la prevista en el artículo 581 de la Ley Especial, por proceder en derecho su decaimiento tal como lo expresa el referido artículo; no obstante se tomó en consideración ciertas circunstancias para imponer una medida proporcional al hecho cometido, considerando éste jurisdicente que la medida cautelar mas adecuada es la prevista en el artículo 582, en su literal “G”, Ejusdem, exigiéndosele al adolescente la presentación de dos personas que fungieran como fiadores y que devengaran en sueldo 40 unidades tributarias. Según el punto sub examine, este órgano jurisdiccional pasa a realizar el Examen y Revisión de la Medida Cautelar, de conformidad con el contenido del artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable por remisión expresa del artículo 537 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, por considerar que es un derecho que le asiste al adolescente de autos y en consecuencia, verificado lo expuesto por la Defensa Técnica en su petitum, la cual infiere que a su defendido se le imposibilita la presentación de dos fiadores ante el Tribunal por carecer de recursos económicos, observa quien aquí decide, que a las actas que rielan a la Causa, no consta informe alguno suscrito por la Trabajadora Social del Centro donde se encuentra recluido el adolescente, que el mismo pertenece a un estrato social bajo, imposibilitándosele de algún modo la localización de personas que puedan fungir como garantía para el proceso. En virtud de lo antes expuesto éste decisor puede evidenciar, que las circunstancias que motivaron el decreto de la Medida Cautelar prevista en nuestra Ley Especial, no han variado hasta la presente fecha, pues no contamos con prueba alguna que demuestre lo contrario. De igual modo éste jurisdicente toma en consideración el presunto delito cometido, verificando que el mismo es de los previstos en el artículo 628 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; siendo éste un delito que merece excepcionalmente privación de libertad, por tanto, al emitirse un pronunciamiento se debe tomar en consideración el principio de proporcionalidad y otras circuntancias que rodean el hecho. De igual manera verificado que es procedente lo solicitado por la Defensa Técnica que sea revisada la Medida impuesta y se tomen en cuenta sus planteamientos antes señalados, por ser éste un derecho inminente que le concierne al adolescente, este decisor procede a revisar la Medida antes referida y observa que de la anterior fundamentación legal se desprende, que es menester asegurar que el adolescente esté a disposición del Tribunal en la oportunidad fijada para la celebración del Juicio Oral, Privado y Mixto donde el Juez debe tomar en cuenta para el decreto de la medida el “fomus bonis iuris y el periculum in mora”. El primero se refiere al buen derecho que emana de los elementos indiciarios que presenta el Ministerio Público y que le indican al juez que existe presunción razonable acerca de la comisión de un hecho tipificado como delito y que existen indicios que apuntan presumiblemente la participación del adolescente en el hecho. Y en relación al segundo supuesto, relativo el periculum in mora debe extraerlo el Juez de las circunstancias particulares del adolescente, indicadores de que pueda evadir su responsabilidad, por la magnitud del daño causado. En virtud de lo antes expuesto, se revisa la Medida Cautelar, prevista en el artículo 582, literal “G” de la Ley Especial, y en su defecto ACUERDA MODIFICARLA, quedando de la siguiente manera: se le exige al adolescente la presentación de dos (2) fiadores que devenguen cada uno 30 unidades tributarias, todo ello con fundamento en las previsiones establecidas en el artículo 264 del Código Adjetivo Penal. Y ASÍ SE DECIDE.-. DISPOSITIVA Este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DE LA SECCION PENAL DE RESPONSABILIDAD DEL ADOLESCENTE DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Garantísta del Debido Proceso y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley RESUELVE: PRIMERO: REVISA LA MEDIDA CAUTELAR, tal y como lo solicitó la Defensa Pública Especializada, prevista en el artículo 582 literal “G” de la Ley Especial, por ser ajustado a derecho, todo ello con fundamento en las pautas establecidas en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal . SEGUNDO: MODIFICA LA MEDIDA CAUTELAR antes referida, a favor del adolescente NOMBRE OMITIDO. ARTICULO 545 LOPNNA, plenamente identificado en las actas procesales, traduciéndose a la presentación de dos (2) fiadores que devenguen cada uno en sueldo 30 unidades tributarias. TERCERO: Se acuerda notificar a la Fiscalía del Ministerio Público y a la Defensa Pública Especializada de lo aquí expresado. LA JUEZA PROFESIONAL Dra. LEANY BELLERA SANCHEZ LA SECRETARIA ABG. ARACELY ARRIETA BLANCO La presente decisión quedó registrada bajo el N: 27-08. LA SECRETARIA ABG. ARACELY ARRIETA BLANCO LEBS/.- Causa N° 2U-269-08