REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL PRIMERO DE CONTROL SECCIÓN ADOLESCENTES. EXTENSIÓN CABIMAS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Circuito Judicial Penal del Estado Zulia Juzgado Primero de Control, Sección de Adolescentes Extensión Cabimas Cabimas, 10 de Octubre de 2008 198º y 149º ASUNTO PRINCIPAL : VP11-D-2007-000198 ASUNTO : VP11-D-2007-000198 JUEZ: ABG. DORIS CRISEL FERMÍN RAMÍREZ REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABOG. ANTONIO RAMÍN ROSALES MALDONADO. FISCAL 38° DEL MINISTERIO PÚBLICO (E) CON COMPETENCIA PARA EL SISTEMA PENAL DE RESPONSABILIDAD DE ADOLESCENTES. REPRESENTANTE DE LA DEFENSA (PRIVADA): ABG. LEONARDO JOSÉ PALENCIA TORO, titular de la Cédula de Identidad número V-7.869.861, inscrito en el Inpreabogado con matrícula número 66.760, con domicilio procesal ubicado en el Sector Tierra Negra, Calle El Milagro, casa N.174 (frente a la Plaza), en jurisdicción del Municipio Cabimas, Estado Zulia. IMPUTADO: Adolescente IDENTIFICACIÓN SE OMITE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 545 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, venezolano, de diecisiete (17) años de edad, titular de la Cédula de Identidad número V- (SE OMITE) , nacido en fecha 09/11/1990, hijo de los ciudadanos (SE OMITEN), domiciliado en (SE OMITE) jurisdicción del municipio Lagunillas, Estado Zulia. DELITO: ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal. VICTIMAS: Ciudadanas ODALIS BERNAL y THAIS RAMÍREZ ALARCÓN. SECRETARIA (S): ABG. YALETZA CAROLINA ÁLVAREZ HERNÁNDEZ En esta misma fecha, diez (10) de octubre de 2008, tuvo lugar la celebración de audiencia oral en virtud de la solicitud de prórroga presentada por la Fiscalía 38° del Ministerio Público, con ocasión a la investigación que desarrolla ese despacho relativa al adolescente IDENTIFICACIÓN SE OMITE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 545 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, venezolano, de diecisiete (17) años de edad, titular de la Cédula de Identidad número V-(SE OMITE), nacido en fecha 09/11/1990, hijo de los ciudadanos (SE OMITEN) domiciliado en (SE OMITE), jurisdicción del municipio Lagunillas, Estado Zulia, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del CÓDIGO PENAL, cometido en perjuicio de las ciudadanas ODALIS BERNAL y THAYS RAMÍREZ, y como quiera que, en dicho acto se acordó emitir un pronunciamiento fundado acerca de la decisión adoptada por este Tribunal, el mismo se dicta en los términos que a continuación se indican: PRIMERO El artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, instrumento jurídico aplicable a esta materia por remisión del artículo 537 de la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, consagra lo atinente a la prórroga que puede ser solicitada por el Ministerio Público, una vez vencido el plazo prudencial que haya determinado el órgano jurisdiccional para la conclusión de la investigación conforme a lo establecido en el mencionado estatuto procesal; y en tal sentido se establece: Artículo 314. Prórroga “Vencido el plazo fijado de conformidad con el artículo anterior, el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga. Vencida ésta dentro de los treinta días siguientes, deberá presentar la acusación o el sobreseimiento…” Por manera que, dicha norma se traduce en una garantía hacia el imputado en cuanto a la finalización de la fase preparatoria o de investigación mediante la presentación del acto conclusivo que estime pertinente el Ministerio Público al término de su actividad investigativa. SEGUNDO En tal sentido, la doctrina nacional ha expresado algunas opiniones, compartidas por esta juzgadora, que atienden a la necesidad de que el órgano de control, actuando en base al contenido del artículo 282 del CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL y en resguardo de los derechos del imputado dentro del proceso penal, establezca límites temporales precisos a la actividad de investigación; sobre el particular Vecchionacce, F. (2002) sostiene que: "la necesidad de la investigación como etapa procesal y como exigencia fundamental para la obtención de la verdad y la aplicación de la ley en la búsqueda de la justicia, revelan que ella como realidad jurídica debe limitarse a sí misma, no tan solo en cuanto su objeto sino también en cuanto al tiempo que deba durar". (Obra: Duración de la investigación y extinción de la acción penal, en La Segunda reforma al COPP. Quintas Jornadas de Derecho Procesal Penal. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, Venezuela). TERCERO En el caso en estudio, atendiendo a la naturaleza de lo solicitado y para modo de resolver lo pertinente, debe tenerse en cuenta el tiempo de investigación transcurrido desde la individualización del imputado en la presente causa, así como también el plazo prudencial acordado en su oportunidad, el cual fue de cincuenta (50) días; igualmente, ha de considerarse lo indicado por el Abogado ANTONIO RAMÓN ROSALES MALDONADO, Fiscal 38° del Ministerio Público (Encargado) quien en la audiencia oral celebrada ratificó el contenido del escrito presentado en su oportunidad, y solicitó treinta (30) días de prórroga para dar por terminada la actividad a su cargo, expresando que aun faltan diligencias, particularmente la realización de varias entrevistas fundamentales para la investigación; siendo también escuchada la opinión del Abogado LEONARDO JOSÉ PALENCIA TORO, Defensor del adolescente (SE OMITE) quien manifestó estar conforme con lo pedido. En consecuencia, tomando en cuenta el tiempo de prórroga solicitado y observándose las diligencias cuya practica aún está pendiente, resulta ajustado a Derecho decretar el lapso requerido, siendo procedente la petición de prórroga formulada por el Ministerio Público debido a su presentación en tiempo hábil, declarándose Con Lugar; en razón de lo cual, se fija el lapso treinta (30) días de prórroga requerido por el despacho fiscal. Y ASÍ SE DECLARA. DECISIÓN Por las razones antes expuestas, actuando de conformidad con lo previsto en el artículo 555 de la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, en concordancia con el artículo 314 del CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, instrumento jurídico aplicable a esta materia especial por remisión del artículo 537 de dicha Ley, este JUZGADO PRIMERO DE CONTROL, SECCIÓN DE ADOLESCENTES, DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, EXTENSIÓN CABIMAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, RESUELVE: I.- SE DECLARA CON LUGAR la petición formulada por la Fiscalía 38° del Ministerio Público, toda vez que la misma se ajusta a las previsiones legales pautadas en el artículo 314 del CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL; II.- SE CONCEDE EL PLAZO DE TREINTA (30) DÍAS DE PRÓRROGA A LA FISCALÍA 38° DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA DAR POR TERMINADA LA INVESTIGACIÓN QUE DESARROLLA CON RELACIÓN AL ADOLESCENTE IDENTIFICACIÓN SE OMITE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 545 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, venezolano, de diecisiete (17) años de edad, titular de la Cédula de Identidad número V-(SE OMITE), nacido en fecha 09/11/1990, hijo de los ciudadanos (SE OMITEN), domiciliado en (SE OMITE), jurisdicción del municipio Lagunillas, Estado Zulia, en relación al delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del CÓDIGO PENAL, en perjuicio de las ciudadanas ODALIS BERNAL y THAYS RAMÍREZ, los cuales comenzarán a contarse a partir del 11/10/2008, día siguiente a la decisión emitida en la audiencia oral celebrada; y III.- Remitir las presentes actuaciones a la Fiscalía 38° del Ministerio Público, cumplidos como hayan sido los trámites correspondientes, para que sean agregadas a la causa penal respectiva. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA. LA JUEZA DE CONTROL, ABOG. DORIS CRISEL FERMÍN RAMÍREZ LA SECRETARIA (S), ABOG. YALETZA CAROLINA ÁLVAREZ HERNÁNDEZ En la misma fecha se publicó la presente decisión, asentándose en el Libro de Registro de Resoluciones Interlocutorias bajo el número 257-2008, y se dejó copia certificada de la misma en el Juzgado. LA SECRETARIA (S), ABOG. YALETZA CAROLINA ÁLVAREZ HERNÁNDEZ