Expediente N° 1562 JUZGADO SÉPTIMO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 198° y 149° Demandante: NELLY HERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad N° 8.507.029, domiciliada en Caracas Distrito Capital. Demandada: JOSÉ ABREU, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad N° 5.819.279, domiciliado en esta ciudad de Maracaibo del Estado Zulia. En el juicio que por DESALOJO que tiene incoado la ciudadana NELLY HERNÁNDEZ, antes identificada, representada por la profesional del derecho ANDREA COROMOTO DAVILA RUIZ, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad N° 18.312.599, inscrita en el Inpreabogado bajo la matrícula 133.019, la demanda fue presentada ante la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia; correspondiéndole por distribución el conocimiento de dicha causa a este órgano jurisdiccional, el cual la recibió en fecha tres (03) de noviembre de 2008, y en fecha seis (06) de noviembre de dos mil ocho (2008), dictó auto por medio del cual se ordena numerarla y anotarla en el libro de entrada y salida de causas. El Tribunal, ve la necesidad de realizar un análisis jurídico sobre la competencia de este órgano jurisdiccional para seguir conociendo del asunto sometido a su jurisdicción en virtud de la garantía constitucional “de la tutela judicial efectiva”, prevista y sancionada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y toda vez que la incompetencia del Juzgado en los casos de orden público, violenta las garantías constitucionales del debido proceso y del derecho a ser juzgado por el Juez natural, tal como lo establece el artículo 49 del mismo cuerpo normativo. En tal sentido, prevé el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo siguiente: La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República y por autoridad de la Ley. Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias. (El subrayado es de la jurisdicción). Este ejercicio de la función jurisdiccional se ve limitado por la extensión de territorio, por la especialidad de los asuntos que puedan conocer los jueces y además deben estar divididos en categorías o grados, es lo que se conoce en la doctrina como competencia horizontal, material y vertical. De manera que, surge la potestad de administrar justicia sobre la base de tres principales criterios: a) el territorio, b) la materia y c) la cuantía; esta última en aquellos casos en que se trate de causas apreciables en dinero, todo lo cual tiene su fundamento legal en los artículos 38 al 60, ambos inclusive, del Código de Procedimiento Civil. Dispone el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil: Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa. Del auto del Tribunal que niegue la admisión de la demanda, se oirá apelación inmediatamente, en ambos efectos. Por su parte, expresa el artículo 38 eiusdem: Cuando el valor de la cosa demandada no conste, pero sea apreciable en dinero, el demandante la estimará. (…) Así mismo el artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece lo siguiente: Los jueces de municipio actuarán como jueces unipersonales. Los juzgados de municipio serán ordinarios y especializados en ejecución de medidas. Los juzgados ordinarios tienen competencia para: 1º Conocer en primera instancia de las causas civiles y mercantiles cuyo interés, calculado según las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, no exceda de cinco millones de bolívares. (…) Aplicando las disposiciones transcritas tenemos que la profesional del derecho ANDREA COROMOTO DAVILA RUIZ, inscrita en el Inpreabogado bajo la matrícula 133.019, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana NELLY HERNÁNDEZ, plenamente identificada en actas, no señaló la estimación de la demanda, y siendo esta una obligación del demandante ya que permite, limitar el cobro de honorarios profesionales y la determinación de la competencia del órgano jurisdiccional que resolverá el fondo de la controversia, y siendo este un requisito de impretermitible cumplimiento, para que la acción y pretensión pueda tramitarse y sustanciarse conforme a lo previsto y sancionado por el Código de Procedimiento Civil. Así se decide. En apoyo al criterio que se sustenta, se permite este juzgador traer a colación parte interesante del fallo dictado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Dr. Antonio Ramírez Jiménez, de fecha 02 de noviembre de 2001 en el juicio seguido por el ciudadano Julio Cesar Cuesta Eisler contra Cesar José Salomón Vásquez, estableció lo siguiente: De otra parte, debe dejar sentado este jurisdicente que tal pronunciamiento no constituye haber emitido opinión sobre el fondo del derecho de cuya tutela jurisdiccional se ha solicitado, sino que se circunscribe, a decir del insigne maestro y procesalista Dr. RICARDO HENRÍQUEZ LA ROCHE, a la idoneidad del procedimiento respecto a la pretensión que se hace valer, antes que a la procedencia de la misma, pues no se ha prejuzgado lo principal del pleito, por lo que el rechazo a la admisión de ella (Léase: demanda) tiene carácter meramente procesal (impertinencia del procedimiento elegido) y no implica decisión alguna de fondo sobre la pretensión deducida. En consecuencia, la demandante debe estimar su pretensión acorde con los elementos jurídicos de trascendencia que se requieren para explicar suficientemente la acción, de modo que el demandado conozca del actor el monto por el cual se le demanda y ante que órgano jurisdiccional deberá tramitarse la misma. En razón de los argumentos explanados, es obvio que la demanda no puede ser admitida, ya que la parte actora no señalo con precisión la estimación de su pretensión.- Así se declara.- DISPOSITIVO Por los fundamentos antes expuestos, este Juzgado Séptimo de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, declara INADMISIBLE la demanda, intentada por la ciudadana NELLY HERNÁNDEZ, contra el ciudadano JOSÉ ABREU, por DESALOJO. No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza del fallo. Se deja constancia expresa que la parte actora ciudadana NELLY HERNÁNDEZ, antes identificada, estuvo representada por la profesional del derecho ANDREA COROMOTO DAVILA RUIZ, inscrita en el Inpreabogado bajo la matrícula 133.019; y la parte demandada no tiene apoderado judicial legalmente constituido en actas. PUBLIQUESE y REGISTRESE. Déjese copia certificada por secretaría del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO SÉPTIMO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo a los trece (13) días del mes de noviembre del año dos mil ocho (2008).- Años: 198° de la Independencia y 149° de la Federación. EL JUEZ, Abog. WILLIAM CORONADO GONZÁLEZ LA SECRETARIA TEMPORAL, Abog. CAROLINA VALBUENA FINOL En la misma fecha y previo el anuncio de ley dado por el Alguacil de este Tribunal a las puertas del Despacho, y siendo la una hora y treinta minutos de la tarde (01:30 p.m.), se dictó y publicó el fallo que antecede; quedando registrada bajo el Nº 94-2008. LA SECRETARIA TEMPORAL, WCG/agra.