TSJ Regiones - Decisión

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS OBJETO DE LA
INVESTIGACIÓN

El día 05 de enero del año 2008, en horas de la mañana el ciudadano JOSE GREGORIO COLMENARES CARMONA se encontraba en el Sector 18 de Octubre, Av. 4, con Calle C, específicamente diagonal a Frenos Medina, en casa de un familiar de nombre JORGE LOZANO, reparando su vehículo TIPO MOTO, con las siguientes características MARCA NEW JAGUAR, MODELO UNICO 125, TIPO PASEO, COLOR ROJO, PLACAS DBH-253, AÑO 2007, SERIAL DE CARROCERIA Nº LDXPCKL0371A10035, cuando se disponía a salir en el mencionado vehículo se acerco un sujeto, manifestándole que le entregara la MOTO, el ciudadano JOSE GREGORIO COLMENARES CARMONA se resistía a entregarle el vehículo preguntándole el porque se la tenia que entregar, entonces como el sujeto vio que el ciudadano JOSE GREGORIO COLMENARES CARMONA se resistía a entregarle el vehículo lo empezó a golpear por el cuerpo, intentando ahorcarlo, el ciudadano JOSE GREGORIO COLMENARES CARMONA no pudo defenderse ya que tenia una lesión en la mano izquierda a consecuencia de un accidente laboral, el sujeto insistía en despojarlo del vehículo, y aprovechándose de la lesión que presentaba el ciudadano JOSE GREGORIO COLMENARES CARMONA logro despojarlo del vehículo TIPO MOTO, con las siguientes características MARCA NEW JAGUAR, MODELO UNICO 125, TIPO PASEO, COLOR ROJO, PLACAS DBH-253, AÑO 2007, SERIAL DE CARROCERIA Nº LDXPCKL0371A10035, y salio huyendo montado en la misma, el ciudadano JOSE GREGORIO COLMENARES CARMONA se traslado hasta el Comando Motorizado de la Policía Regional del Estado Zulia con la finalidad de solicitar apoyo policial y lograr la búsqueda del ciudadano en posesión del vehículo. En efecto, según el acta policial de fecha 05 de enero de 2008 emanada del Departamento Policial Coquivacoa de la Policía Regional del Estado Zulia, suscrita por el Funcionario Oficial Mayor (PIR) DIN SALAS credencial 1643 se deja constancia de que dicho funcionario se encontraba de servicio ordinario como supervisor de patrullaje, a bordo de la Unidad Policial PR-709, cuando recibió reporte de Comando Motorizado para que se trasladara al Sector 18 de Octubre, Av. 4, específicamente diagonal a Frenos Medina, por cuanto en dicho lugar un sujeto había despojado de un vehículo TIPO MOTO, a un ciudadano, al llegar al mencionado lugar, el funcionario logro entrevistarse con un ciudadano que logro identificarse como JOSE GREGORIO COLMENARES CARMONA, titular de la cedula de identidad Nº 7.978.025, quien manifestó que un sujeto con las siguientes características piel morena clara, estatura alta, contextura obesa, lo intercepto y bajo amenaza de muerte lo despojo de su moto MARCA NEW JAGUAR, MODELO UNICO 125, TIPO PASEO, COLOR ROJO, el funcionario actuante le manifestó al ciudadano denunciante que se embarcara en la Unidad Policial para ubicar al sujeto, por lo que efectuaron un recorrido por el Sector y cuando se desplazaban por la prolongación 2 a la altura de la Av. 5, específicamente frente a la Estación de Servicio “El Trébol”, visualizo a un sujeto con las mismas características descritas por la victima, y en ese momento fue señalado por el ciudadano JOSE GREGORIO COLMENARES CARMONA como el sujeto que lo despojo de su vehículo Clase MOTO, por lo que se procedió a darle la voz de alto, deteniéndose a varios metros, realizándose la inspección corporal de conformidad con lo establecido en el articulo 205 del Código Orgánico Procesal Penal no encontrándose nada de interés criminalistico, de igual forma se realizo una inspección de vehículo que conducía quedando identificada como MARCA NEW JAGUAR, MODELO UNICO 125, TIPO PASEO, COLOR ROJO, CON PINTURA EN EL TANQUE DETERIORADA, siendo este el vehículo que minutos antes había sido despojado a la victima por el sujeto que la conducía, razón por la cual se practico la detención policial del sujeto por encontrarse incurso en la comisión del delito de ROBO GENERICO, previsto y sancionado en el articulo 455 del Código Penal, quedando identificado como JESUS ENRIQUE CASTRO HERNANDEZ, cedula de identidad V.- 16.118.965. El sujeto aprehendido fue puesto a disposición del Ministerio Publico, y presentado el día seis (06) de enero de 2008, por la Fiscalia Séptima del Ministerio Publico del Estado Zulia, por ante el Tribunal Quinto de Control del Estado Zulia, el cual decreto contra el imputado JESUS ENRIQUE CASTRO HERNANDEZ, venezolano, natural de Maracaibo, Estado Zulia, fecha de Nacimiento 15-02-1982, de 25 años de edad, Cedula de Identidad Nº V.- 16.118.965, MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, por el Juzgado Quinto de Control del Estado Zulia en fecha 06 de enero de 2008, de conformidad con el articulo 256 ordinales 3, 4, y 6 del Código Orgánico Procesal Penal, mediante decisión nº 015-08 de la misma fecha, y causa Nº 5C-7659-07.
III

FUNDAMENTO DE HECHO Y DE DERECHO

ESTE TRIBUNAL QUINTO EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, actuando en forma Unipersonal para resolver hace las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: La institución de la Admisión de los hechos fue instituida en el sistema acusatorio en el Código Orgánico Procesal Penal, para permitir a las partes en el proceso penal, suprimir el debate en el juicio Oral por razones de Economía procesal, cuando el acusado admita la comisión del delito imputado por el Fiscal del Ministerio Público en la acusación.
Cabe destacar, que autores como Pérez S, Eric (2001) han inferido que el procedimiento por Admisión de los Hechos, presenta dos (2) garantías fundamentales 1) Que exista una acusación formal que fije los hechos imputados y que la admisión se produzca de viva voz ante el juez….2) y que el imputado admita los hechos de la acusación de forma pura y simple sin pretensiones de otra solución procesal que no sea su condena con la rebajas mencionadas en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal”.
Asimismo, Sala de Casación Penal ha sostenido, en ponencia del Magistrado Julio Elías Mayaudón que: “La admisión de los hechos si se aplica correctamente puede ser un instituto muy eficaz para poner fin a un gran número de proceso, en los cuales por reconocer el acusado los hechos que se le imputan, resultaría inútil u ocioso, además de oneroso para el Estado, continuar con un proceso penal que puede definirse allí mismo. Pero si, por el contrario su utilización o aplicación se hace en forma errada alterando su fin o naturaleza, bien sea por el juez, el ministerio público, o cualquier otra de las partes, más bien va a surgir como un instrumento para desviar la justicia y hasta para crear un estado de impunidad que constituye el principal reclamo a la justicia penal en los actuales momentos”. Por otra parte, la Magistrada Rosa Blanca Mármol, ha indicado que la “admisión de los hechos supone una renuncia voluntaria al derecho de un juicio, principio garantizado no solo por el Código Orgánico Procesal Penal sino por instrumento internacionales ratificados por la República; al mismo tiempo tal admisión de los hechos, evita al Estado el desarrollo de un proceso judicial que siempre resultará costoso..”. De igual manera, el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.
En este orden de idea, cabe destacar que es criterio de la sala 2 de la Corte de apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, de acuerdo a la sentencia de fecha 09 de mayo de 2002, con ponencia de la Dra. Irasema Vilchez de Quintero en relación al artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal que: “Este tribunal colegiado aún cuando los recurrentes no fundamentan el porque de su afirmación de que existe inobservancia o errónea aplicación del artículo 376 del Código Orgánico procesal Penal, sin embargo entra a su consideración por considerar que el interés de todo imputado al admitir los hechos es que se le imponga de inmediato la pena con rebaja prevista en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal penal y evitarse de esta manera gran parte del juicio …de manera pues que entender de manera literal que el juez no puede imponer una pena inferior al limite mínimo de aquella que establece la Ley para el delito correspondiente, sería quitar sentido al principio que informa la institución de la admisión de los hechos pues ella, quedaría desaplicada para aquellos casos en los cuales al acusado le fuera aplicables alguna de las atenuantes genéricas previstas en el Artículo 74 del Código Penal. Así pregunta la Sala, por ejemplo: ¿Qué sentido tendría para un menor de 21 años y mayor de 18 años admitir los hechos cuando la pena podría resultar la misma? Ante tal situación la Sala es del criterio que debe entenderse la limitación referida en el último aparte del artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal para aquellos casos en los cuales ya se haya individualizado la pena, pues de lo contrario se vulnera el derecho a la igualdad establecido en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela pues menoscabaría el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertad de toda persona…”.
No obstante, el artículo 257 de la constitución indica: “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación uniformidad y eficacia de los tramites y adoptarán un procedimiento breve, oral y publico No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”. Por lo que este tribunal considera procedente declararse competente para conocer del procedimiento por admisión d e los hechos ya que el mismo constituye una institución jurídica que debe ser ejercida durante la fase intermedia en la celebración de la audiencia preliminar. De la misma, forma y en virtud de los derechos que le asisten a todo acusado de garantizarles el debido proceso de conformidad con lo previsto en el artículo 49 primer párrafo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 1 del Código Orgánico Procesal penal en el Titulo Preliminar de los Principios y Garantías Procesales señala: el juicio previo y debido proceso y de lo dispuesto en el artículo 2 de la Carta Magna que consagra la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico y en razón de los principios de conservación de la competencia y la Unidad del Proceso consagrados en los artículos 68 y 73 del Código Orgánico procesal Penal, por tratarse de materia de orden público que debe ser resulta por el Juzgado que conoce de la causa, en virtud, de que solo puede aplicarse este procedimiento especial previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando el consentimiento del imputado haya sido prestado con toda libertad estableciendo como beneficio para el mismo por la aceptación de este procedimiento de una rebaja en la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad, atendidas todas las circunstancias y tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado, por lo que este juzgado preside del análisis de las pruebas presentadas por la representación fiscal, ya que el acusado ha manifestado de manera espontánea que admite todos los hechos imputados al inicio del debate sin objeción alguna por parte del representante fiscal. En el caso que nos ocupa, por el delito de Homicidio el cual lo ha definido la doctrina como:
El homicidio sin lugar a dudas es el homicidio más grave de los delitos. Contemplado en todas las legislaciones, constituye la más grave ofensa a la sociedad, ya que la vida humana es el bien tutelado de mayor jerarquía. Cuando se diferencian los delitos de daño de los de peligro, se hace referencia a la afectación que sufre el bien jurídico tutelado (daño) o al riesgo en que se puso este (peligro). En algunos casos, el objeto jurídico es dañado como consecuencia de la conducta típica del sujeto activo, ésta afectación destruye o menoscaba el bien tutelado, y por lo tanto el reproche penal es de mayor intensidad. En otros casos, la conducta del agente no llega a dañar el bien jurídico tutelado, sino que lo pone en peligro o riesgo de ser dañado, esto es, se presenta la posibilidad de que afecte sin que esto llegue a ocurrir; así pese a no haber daño, la ley considera necesaria una sanción, pues el sujeto activo denota peligrosidad y el pasivo se ve ante el posible riesgo de ser afectado en el bien jurídico de que se trata.
En este orden de ideas, los delitos de daño contra la vida son aquellos que afectan directamente el bien jurídico tutelado, que es la vida humana. Esto es, la conducta del agente extingue la vida. De hecho tales delitos son los más graves de cuantos existen en cualquier legislación penal, ya que, una vez extinguida la vida, carece de sentido y lógica, tutelar otros bienes. El delito de homicidio en el derecho moderno consiste en la privación antijurídica de la vida de un ser humano cualquiera que sea su edad, sexo, raza o condiciones sociales. Se le considera como la infracción más grave porque, como afirma Manzini, "La vida humana es un bien de interés eminentemente social, público, y porque la esencia, la fuerza y la actividad del estado reside primordialmente en la población, formada por la unión de todos; la muerte violenta infringida injustamente a una unidad de esta suma, produce un daño público que debe ser reprimido y prevenido, aparte del mal individual en sí mismo, como hecho social dañoso". La tutela penal radica en la protección por interés social de la vida de los individuos que componen la población. Pero si actualmente se protege la existencia de todos los individuos, no siempre el delito ha tenido el mismo alcance: recuérdese la impunidad de que gozaban en épocas pretéritas los padres de familia, los amos y los ciudadanos que mataban a sus hijos, a sus esclavos o a los extranjeros enemigos del estado, en sus respectivos casos. En el homicidio, la consumación ocurre inmediatamente de privar de la vida a una persona, no antes no después, aunque lleguen a existir lesiones graves o mortales, pero mientras no se cause la muerte, no se configura el delito de homicidio, por ello la cesación de la vida, determina el momento consumativo. Además en nuestra legislación, que regulan el hecho de un hombre al privar de la vida a otro, encuadrándolo en el homicidio, que en el caso que nos ocupa se trata de un Homicidio Intencional, previsto y sancionado en el Artículo 405, del Código Penal.
Por las razones antes expuestas este Tribunal de Quinto de Control en virtud de los principios de Claridad Procesal, economía procesal y del inviolabilidad del Proceso procede a resolver de la manera siguiente: PRIMERO: ADMITE PARCIALMENTE la Acusación interpuesta por la Fiscalia primera del Ministerio Público, Representado en este acto por el DR. CARLOS ALBERTO GUTIEREZ PEREZ, en contra del imputado; JESUS ENRIQUEZ CASTRO HERNANDEZ por la comisión del delito de ROBO PROPIO FUSTRADO, en virtud de que el Ministerio Publico en el desarrollo de la audiencia hizo cambio del delito de ROBO GENERICO. Previsto y sancionado en el articulo 455 del Código Penal, por la figura de ROBO PROPIO FUSTRADO, es decir por un delito imperfecto, previsto y sancionado en el articulo 455 en concordancia con el articulo 80 ambos del Código Penal. En tal sentido esta juzgadora le pregunta al imputado de autos JESUS ENRIQUEZ CASTRO HERNANDEZ, una vez explicado detalladamente las formulas alternativas de persecución del proceso, como lo es el principio de oportunidad, el acuerdo reparatorio y la admisión de los hechos y los efectos juridicos de cada una de las instituciones, y en el caso que nos ocupa la institución de la admisión de los hechos, de conformidad con lo establecido en el artìculo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, se le pregunta ¿Admite Usted los Hechos imputados por el Ministerio Publico, como lo es el delito de ROBO PROPIO FUSTRADO, previsto y sancionado en el articulo 455 en concordancia con el articulo 80 segundo aparte ambos del Código Penal, cometido en perjuicio de JOSE GREGORIO COLMENARES CARMONA ASI SE DECIDE.- SEGUNDO: Admite todas y cada una de las pruebas ofrecidas por la referida Fiscalia primera (01) del Ministerio Público, por considerar que las mismas son Útiles, necesarias y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de la verdad, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 300 ordinal 9º del Código Orgánico Procesal Penal. TERCERO: Vista la declaración del Acusado en este acto acompañado por su Abogado Defensora, relativa a que ADMITE LOS HECHOS POR LOS CUALES LO ACUSA LA FISCALIA PRIMERA DEL MINISTERIO PUBLICO, procede este juzgado a aplicar el procedimiento por la admisión de los hechos y en tal sentido se impone la sanción correspondiente. Así puede observarse el Ministerio Publico acusa al ciudadano: JESUS ENRIQUEZ CASTRO HERNANDEZ por el delitos de ROBO PROPIO FUSTRADO, previsto y sancionado en el artículo 455 en concordancia con el articulo 80 segundo aparte ambos del Código Penal, cometido en perjuicio del ciudadano JOSE GREGORIO COLMENARES CARMONA. En consecuencia este tribunal aplica el procedimiento por admisión de los hechos, de conformidad con lo establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal.
Esta Juzgadora impone la pena a cumplir por el delito de ROBO PROPIO FUSTRADO previsto y sancionada en el articulo 455 en concordancia con el articulo 80 segundo aparte ambos del Código Penal, el cual señala una pena de seis (06) a doce (12) Años de Presidio, que suma un total de dieciocho (18) años y cuyo termino medio es de nueve (09) Años, ahora bien, como el delito acusado es en grado de frustración de conformidad con lo establecido en el articulo 80 del Código Penal, la pena es la mitad nueve (09) años, es decir, de cuatro (04) años y seis (06) meses, esta juzgadora declara con lugar lo solicitado por la defensa con relacion a la atenuante establecida en el articulo 74 ordinal 4, para que se tome en consideración, esta juzgadora le rebaja por la atenuante antes señalada un (01) año, que imputado a los cuatro (04) años y seis (06) meses, nos queda tres (03) años y seis (06) meses y por cuanto se observa, que el acusado JESUS ENRIQUEZ CASTRO HERNANDEZ, manifestó en la audiencia admitir los hechos y su responsabilidad en el delito acusado por el Ministerio Publico, se aplica la institución del Procedimiento por Admisión de Hechos, de conformidad con lo establecido en el articulo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, esta juzgadora procede aplicar la rebaja de la pena correspondiente al delito desde un tercio (1/3) a la mitad (1/2) de la pena y en el caso que nos ocupa, por cuanto medio violencia por ser un delito puro ofensivo se rebaja solamente un tercio (1/3), es decir, de un (01) año, que rebajado a los tres (03) años y seis (06) meses, nos queda una pena A CUMPLIR LA PENA DEFINITIVA DE DOS (02) AÑOS Y SEIS (06) MESES DE PRISION, mas las penas accesorias establecidas en los artículos 13 y 34 del Código Penal. Y ASI SE DECIDE. CUARTO: Se Ordena Mantener la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, que le fuera decretado al imputado de autos, hasta tanto el Juez de Ejecución que le corresponda conocer decida sobre las formulas alternativas de cumplimiento de pena, de conformidad con lo establecido en los artículo 501 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASI SE DECIDE.-