TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
EN SEDE CONSTITUCIONAL

Ocurren por ante este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, los ciudadanos HUMBERTO JESÚS ZINGG MACHADO (antes conocido como HUMBERTO JESÚS QUINTERO MACHADO) y MARÍA CORINA GUZMÁN RODRÍGUEZ, por intermedio de su apoderada legal ciudadana FLOR MARÍA QUINTERO MACHADO, hoy conocida como FLOR MARÍA ZINGG MACHADO, asistida por el abogado en ejercicio DOUGLAS ESCOLA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 116.452, en Amparo Constitucional contra el JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, actualmente Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, en ocasión al juicio de EJECUCIÓN DE HIPOTECA propuesto por la sociedad mercantil BANCO MERCANTIL, C.A., BANCO UNIVERSAL contra los ciudadanos HUMBERTO JESÚS QUINTERO MACHADO, HUMBERTO DE JESÚS QUINTERO, MARÍA CORINA GUZMÁN RODRÍGUEZ y LOLA JUDITH MACHADO de QUINTERO.

En fecha 22 de noviembre de 2007, este Tribunal Constitucional admitió la singularizada querella constitucional, y asimismo, se declaró procedente la medida cautelar solicitada por los accionantes, constituida por la abstención de registro del acta de remate judicial del inmueble ubicado en la avenida 2C, número 63-33, parcelamiento La Carolina de la parroquia Coquivacoa del municipio Maracaibo del estado Zulia, por lo que se ordenó oficiar al Registrador de la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a los fines de ejecutar la misma. En atención al procedimiento establecido sobre la materia, se ordenó, la correspondiente notificación al Fiscal del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, y al Juez a cargo del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, parte presuntamente agraviante, y asimismo, a la parte demandante en el juicio primigenio en el cual fue incoada la presente acción de amparo constitucional, sociedad mercantil BANCO MERCANTIL, C.A., BANCO UNIVERSAL y la parte codemandada, ciudadanos HUMBERTO DE JESÚS QUINTERO, y LOLA JUDITH MACHADO de QUINTERO, luego de lo cual, se procedería a fijar fecha y hora para la realización de la audiencia constitucional, pública y oral.

Mediante diligencia de fecha 06 de diciembre de 2007, el Alguacil Natural de este Juzgado Superior actuando en Sede Constitucional, consignó la notificación del Fiscal del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, y posteriormente consignó la boleta de notificación de la Juez a cargo del Juzgado presuntamente agraviante, en fecha 12 de diciembre del mismo año, notificaciones éstas cuyo impulso correspondía a este oficio jurisdiccional, siendo que, en fecha 31 de enero de 2008, y en atención a los principios de celeridad e informalidad que nutren el presente procedimiento de amparo constitucional, el singularizado funcionario judicial procedió a notificar personalmente al representante judicial de la parte demandante en el juicio primigenio de la presente acción BANCO MERCANTIL C.A., BANCO UNIVERSAL, en el recinto del Tribunal, sin mediar impulso procesal de la parte en este sentido, derivado de lo cual, sólo se requería la notificación de los ciudadanos HUMBERTO DE JESÚS QUINTERO, y LOLA JUDITH MACHADO de QUINTERO, para la fijación de la audiencia de Ley.

Así las cosas, y en atención de haberse constatado la falta de interactuación e impulso procesal por parte de la accionante una vez admitida la presente acción, y hasta la presente fecha; éste Juzgado Superior, en sede constitucional, procede a emitir pronunciamiento en los siguientes términos:
PRIMERO
DE LA COMPETENCIA

El Tribunal hace constar su competencia, por cuanto le corresponde por Ley a este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, como órgano jurisdiccional superior de los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial, el conocimiento de los amparos constitucionales que se intenten contra estos y que se encuentren relacionados con la materia de su competencia, conforme lo establece el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con la doctrina jurisprudencial constitucional, de carácter vinculante, que regula la materia. Y ASÍ SE DECLARA.

SEGUNDO
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Efectuada como fue la labor cognoscitiva y de apreciación del caso sub iudice, así como de las actas del expediente de autos, se constata que admitida la presente acción en fecha 22 de noviembre de 2007, no se ha verificado la interactuación de la parte querellante en amparo, a los fines de impulsar la notificación ordenada de los ciudadanos HUMBERTO DE JESÚS QUINTERO, y LOLA JUDITH MACHADO de QUINTERO, partes codemandadas en el juicio primigenio objeto de la presente acción, con el objeto de proceder a la fijación de la audiencia constitucional, oral y pública, resaltando el hecho que la parte demandante del referido proceso primigenio, se encuentra notificada de la presente acción de amparo constitucional, por la actuación oficiosa de este Juzgado Superior, actuando en Sede Constitucional, por medio de su Alguacil Natural, de conformidad con los principios que rigen el proceso in examine, establecidos en el artículo 27 de la Consitución de la República Bolivariana de Venezuela y la doctrina jurisprudencial constitucional, que regula la materia, así como también el juez a cargo del Tribunal presuntamente agraviante, y la representación del Ministerio Público.

Con el objeto de inteligenciar metodológicamente la decisión a ser proferida, cabe traer a colación decisión Nº 982, de fecha 6 de junio de 2001, proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, caso: J. V. Arenas en amparo, expediente Nº 00-0562, con la ponencia del Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz, la cual es del tenor siguiente:

(...Omissis...)
“..Según estatuye el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil...el Juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión. Sin embargo, según reconoce la misma norma, la causa puede quedar paralizada, sin actividad, de forma tal que hace cesar la permanencia a derecho de las partes.
Tal inactividad, en el marco del proceso breve, sumario y eficaz del amparo, permite presumir que las partes han perdido interés en que se protejan sus derechos fundamentales por esta vía, lo que produce un decaimiento del interés procesal en que se administre la justicia acelerada y preferente (ex artículo 13 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales) que proporciona el amparo constitucional.
En efecto, el interés procesal es la posición del actor frente a la jurisdicción para obtener de ella la satisfacción de su necesidad de tutela; éste interés subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso.
La falta inicial de esta “necesidad de tutela” (interés procesal) impide el juicio sobre el mérito de la pretensión del actor y por ello se sanciona con la declaratoria de inadmisibilidad de la pretensión,...” (...Omissis...).
“...la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso... También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.
Finalmente puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia.” (...Omissis...). “En la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono de trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia.” (..Omissis...). “En criterio de la Sala, el abandono de trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías y Constitucionales puede asumirse –entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional- una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora. Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos –el abandono, precisamente- de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esa causa y a éste medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución; por otra parte, y desde otro punto de vista, el principio de la tutela judicial efectiva no ampara la desidia o la inactividad procesal de las partes.” (...Omissis...).
“...el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma, y por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquella situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales.” (...Omissis...).
“..., a pesar de que el dictado de la providencia que libró la orden de notificación coloca el peso de la reanudación del procedimiento en cabeza del Tribunal, esta circunstancia no releva al actor, supuestamente urgido de la tutela constitucional, de su carga de tomar conocimiento de la causa y de actuar en el procedimiento a través del cual pretendía, ante la falta de idoneidad de las vías ordinarias de protección constitucional, el restablecimiento urgente de una determinada situación jurídica todavía reparable. En este sentido, tal conducta del presunto agraviado, conduce a presumir que el interés procesal respecto de éste medio particular de protección de los derechos fundamentales decayó y que la inactividad no debe premiarse manteniendo vivo un proceso especial en el cual las partes no manifiestan interés. (Cfr. s. SC. Nº 363, 16-05-00)”. (...Omissis...).
“De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión, o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y con ello, la extinción de la instancia. Así se declara. (...Omissis...)” (Negrillas de este Jurisdicente Superior).

Decisión ésta que ha sido confirmada de forma reiterada y constituye el criterio imperante por la doctrina constitucional de nuestro Máximo Órgano Administrador de Justicia, la cual dado su carácter vinculante, debe impretermitiblemente ser acogida por éste Jurisdicente Superior. Y ASÍ SE DETERMINA.

En efecto, el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece textualmente:

“Quedan excluidas del procedimiento constitucional del amparo todas las formas de arreglo entre las partes, sin perjuicio de que el agraviado pueda, en cualquier estado y grado de la causa, desistir de la acción interpuesta, salvo que se trate de un derecho de inminente orden público o que pueda afectar las buenas costumbres.
El desistimiento malicioso o el abandono del trámite por el agraviado será sancionado por el Juez de la causa o por el Superior, según el caso, con multa de Dos Mil Bolívares (Bs. 2.000,oo) a Cinco Mil Bolívares (Bs. 5.000,oo).” (Negrillas de este Tribunal Superior).

Resulta igualmente oportuno traer a colación lo expuesto por el autor Freddy Zambrano, en su obra “El Procedimiento de Amparo Constitucional” Tercera Edición, Caracas 2007, págs. 412 y 413, en los siguientes términos:

(…Omissis…)
“La Sala Constitucional, con sobrada razón, ha estimado que la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales por más de seis meses, entraña el consentimiento tácito de la misma; y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener la protección acelerada y preferente de la vía del amparo constitucional, por lo que resulta lógico que, el hecho de soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite. (…).”
(…Omissis…)
Es pertinente aclarar que el abandono del trámite no implica cosa juzgada en materia de amparo constitucional,…”
(…Omissis…)

Habida cuenta, tomando base en los precedentes fácticos, y fundamentalmente en los presupuestos de derecho y criterios jurisprudenciales antes transcritos, este Jurisdicente actuando en sede constitucional, estima que la aludida falta absoluta de actividad procesal, por parte de la accionante de autos, durante un período de seis (6) meses, evidenciada en la etapa de admisión del presente procedimiento, puesto que el mismo fue admitido en fecha 22 de noviembre de 2007, siendo la presente fecha 23 de mayo de 2008, supone el decaimiento del interés procesal de los accionantes HUMBERTO JESÚS ZINGG MACHADO (antes conocido como HUMBERTO JESÚS QUINTERO MACHADO) y MARÍA CORINA GUZMÁN RODRÍGUEZ, en la interposición de su acción de amparo constitucional, situación la cual configura el abandono del trámite, establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y la consecuente perención del procedimiento sub iudice. Y ASÍ SE DECLARA.

Derivado de lo expuesto, y producto del abandono del trámite evidenciado precedentemente, este Sentenciador Superior estima ajustado en derecho, concluir en la declaratoria de PERENCIÓN del presente procedimiento, así como se precisa SUSPENDER la medida cautelar innominada de abstención de registro del acta de remate judicial del inmueble ubicado en la avenida 2C, número 63-33, parcelamiento La Carolina de la parroquia Coquivacoa del municipio Maracaibo del estado Zulia; dictada en fecha 22 de noviembre de 2007, por lo que se ordena oficiar al Registrador de la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a los fines legales consecuenciales, imponiéndose asimismo a la parte accionante la multa de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,oo), todo ello de conformidad con lo estatuido en la parte in fine del artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Y ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVO

Por los fundamentos expuestos este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en la Querella de Amparo Constitucional incoada por los ciudadanos HUMBERTO JESÚS ZINGG MACHADO (antes conocido como HUMBERTO JESÚS QUINTERO MACHADO) y MARÍA CORINA GUZMÁN RODRÍGUEZ, por intermedio de su apoderada legal ciudadana FLOR MARÍA QUINTERO MACHADO, hoy conocida como FLOR MARÍA ZINGG MACHADO, contra el JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, declara:

PRIMERO: PERIMIDO por abandono del trámite, el presente procedimiento de amparo constitucional, admitido por este órgano jurisdiccional en fecha 22 de noviembre de 2007.

SEGUNDO: SE SUSPENDE la medida cautelar innominada dictada en la presente causa, en fecha 22 de noviembre de 2007, de conformidad con los términos expuestos en la parte motiva del presente fallo.

TERCERO: SE CONDENA a los accionantes, ciudadanos HUMBERTO JESÚS ZINGG MACHADO (antes conocido como HUMBERTO JESÚS QUINTERO MACHADO) y MARÍA CORINA GUZMÁN RODRÍGUEZ al pago de una multa por la cantidad de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000, oo), pagaderos a favor de la Tesorería Nacional en las Oficinas del Banco Central de Venezuela.

No hay condenatoria en costas dada la naturaleza de la decisión.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE. A los fines previstos por el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, expídase por Secretaría copia certificada y déjese en este Tribunal.

Ofíciese al Registrador Subalterno del Primer Circuito de Registro de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los veintitrés (23) días del mes de mayo de dos mil ocho (2008). Años: 198º de la Independencia y 149º de la Federación.
EL JUEZ SUPERIOR TITULAR,

DR. EDISON EDGAR VILLALOBOS ACOSTA
LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

T.S.U. ILIANA CARDOZO HERNÁNDEZ

En la misma fecha, siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), hora de despacho, se dictó y publicó el anterior fallo, previo el anuncio de Ley dado a las puertas del despacho por el Alguacil, se expidió la copia certificada ordenada y se archivó en el copiador de sentencias.
LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

T.S.U. ILIANA CARDOZO HERNÁNDEZ

EVA/agp/dcb