TSJ Regiones - Decisión

Tribunal Superior Primero del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia
Maracaibo, ocho (08) de mayo de dos mil ocho (2008)
197º y 149º

ASUNTO: VC01-R-2003-000111

PARTE DEMANDANTE: LUIS GUILLERMO HERNANDEZ ROJAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 1.662.141.
APODERADO JUDICIAL
DE LA PARTE DEMANDANTE: MIGUE BERNAL GUERRERO, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 83.449.

PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil POLIOLEFINAS INTERNACIONALES C.A (POLINTER) debidamente inscrita en por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el 28 de Septiembre de 1998, bajo el No. 62, tomo 53-A.

APODERADOS JUDICIALES
DE LA PARTE DEMANDADA: ALBERTO RODRIGUEZ, HALIM MOUCHARRAFIECH y VICTOR GONZÁLEZ URDANETA, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 23.529, 14.695 y 83.389, respectivamente.
PARTE RECURRENTE EN
APELACIÓN: PARTE DEMANDANTE

MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES

Han subido a esta alzada las siguientes actuaciones, en virtud del recurso de apelación ejercido por la parte demandante contra la sentencia dictada por el extinto Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha tres (3) de junio de 2003, la cual declaró SIN LUGAR, la demanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, incoada por el ciudadano LUIS GUILLERMO HERNANDEZ ROJAS en contra de POLIOLEFINAS INTERNACIONALES C.A (POLINTER).

Antes de entrar a analizar la procedencia o no del recurso, esta Superioridad, procede a estudiar la cronología de los actos procesales ejecutados en la segunda instancia con relación al presente asunto, a los fines de declarar o no la perención de la instancia:

1. La parte demandante ejerció recurso de apelación el día 17 de junio de 2003, en contra de la sentencia dictada por el extinto Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia de fecha 03 de junio de 2003, la cual fue oída en ambos efecto en fecha 01/07/2003. (folio 789)
2. El presente asunto se dio por recibido por el extinto Juzgado Superior del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el 02 de septiembre de 2003, seguidamente en fecha 08 de septiembre de 2003 se fijó de conformidad con el criterio jurisprudencial emitido por la Extinta Corte Suprema de Justicia de fecha 01 de julio de 1998, un lapso probatorio de ocho (08) días de Despacho para promover y evacuar las pruebas, vencido el mismo, las partes presentarán informe al vigésimo (20°) día de Despacho, luego las observaciones dentro de los ocho (08) días siguientes y luego sentenciar en el lapso establecido por el máximo Tribunal. (folio 792)
3. El día 23 de septiembre de 2003, la Dra. Imelda Rincón Ocando en su condición de Juez Superior del Transito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, se inhibe de conocer de la presente causa por cuanto su cónyuge Alirio Oliveros labora para la empresa demandada en el cargo de Administrador de Relaciones Laborales desde hace más de quince (15) años; por tal circunstancia se convoca al segundo suplente de ese Tribunal, abogado Julio César Álvarez. (folio 796)
4. El 23 de enero de 2004, luego de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, la Coordinación Judicial distribuyó el presente asunto quedando asignado al Juzgado Superior Segundo de este Circuito. Dicho acto estuvo certificado por el Coordinador Judicial y la Coordinadora de Secretaria. (folio 799)
5. El día 14 de septiembre de 2004 la representación judicial de la parte demandante solicita se nombre un juez itinerante para que sentencie la presente causa. (folio 801)
6. Luego el día 20 de septiembre de 2004 el Juez Miguel Uribe Henríquez en su condición de Juez titular del Juzgado Superior Segundo para el Nuevo Régimen y el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia se inhibe de conocer la presente decisión por encontrarse inmerso en la causal de inhibición prevista en el ordinal 5 del artículo 31 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, toda vez que dictó sentencia en el caso de marras en fecha 03 de junio de 2003 como Juez Titular del extinto Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
Por ello, y en vista que la Dra. Imelda Rincón Ocando se inhibió de conocer de la presente causa, se ordenó oficiar a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia para el nombramiento de un Juez Accidental, que conozca de la presente causa. (folios 802 y 803)
7. En fechas 04 de abril de 2006 y 31 de enero de 2007, la representación judicial de la parte actora solicitó se oficie nuevamente a la comisión judicial del Tribunal Supremo de Justicia a fin de que nombre un Juez Accidental para que conozca de la presente causa y dicte así sentencia definitiva. (folios 805 y 806)
8. De seguidas, y en atención a tal pedimento el Juzgado Superior Segundo del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 07 de febrero de 2007 ordena se abra la pieza separada signada bajo el No. VC01-X-2007-000004 a fin de que sea resuelta la inhibición planteada y proceda la remisión al Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia tomado en cuenta la designación de la Juez Jacquelinne Silva Fernández, a los fines de que sea resuelta la inhibición planteada y en definitiva proceda a sentenciar la causa, y por ello una vez que sea resulta lo anterior se deje sin efecto la solicitud de un nombramiento de un juez accidental. (Del folio 809 al folio 811).
9. Luego se recibió por la Dra. Jacqueline Silva Fernández en su condición de Juez Superior Primero del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 01 de marzo de 2007 la inhibición planteada por la Juez del Tribunal Superior Segundo del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia signada bajo el No. VC01-X-2007-000004, la cual fue resuelta en fecha 06 de marzo de 2007 declarando así con lugar la inhibición planteada en el juicio que por diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales sigue el ciudadano Luis Hernández contra la sociedad mercantil Poliolefinas Internacionales C.A (POLINTER).

Ahora bien, en el presente asunto, cabe destacar esta Alzada que para determinar si resulta aplicable al presente caso la perención, se verificaran las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, relativa a la perención establecida en el artículo 201 eiusdem, motivo por el cual esta Alzada tomará en cuenta los actos de paralización verificados en el presente asunto posterior a la de entrada en vigencia de la Ley Adjetiva Laboral, en el Estado Zulia, específicamente en la Ciudad de Maracaibo, es decir, el 08-12-2003, (Confrontar sentencia de fecha: 14-02-2006, Número 291, Cruz Álvarez contra Agencia Aduanal Centro Occidental SCS,TSJ).

En este sentido, observa este Tribunal que la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, ha interpretado que el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, consagra dos supuestos en los cuales opera la perención de la instancia, a saber:

1. En la hipótesis que antes de comenzar el lapso para sentenciar, las partes no realizan ningún acto de procedimiento durante un año.

2. En aquel otro, en que después de vista la causa -esto es, encontrándose el proceso en etapa de sentencia-, no hay actividad de parte o del juez, durante el período de un año.

Se consagran, por tanto, explica la Sala de Casación Social, dos supuestos, que se diferencian en virtud del sujeto cuya actuación en el proceso impide que opere la perención, al darle el impulso necesario para su continuación y, ha advertido la Sala, que el lapso de perención previsto en el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se inicia el día siguiente de aquél en que se realiza el último acto de procedimiento de las partes o del juez, dependiendo del caso.

Dicha doctrina de la Sala de Casación Social se encuentra contenida en Sentencia Nº 1800 del 13 de diciembre de 2005, que a su vez ratifica las decisiones Nº 825 del 28-07-2005, Nº 118 del 15-03-2005, Nº 106 del 03-03-2005, Nº 75 del 01-03-2005, Nº 05 del 03-02-2005, Nº 1184 del 12 de julio de 2006, entre otras, donde se armoniza el contenido y alcance del artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, con los postulados constitucionales imperantes.

El procesalista Ricardo Henríquez La Roche explica que un proceso puede extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes y en tal sentido define la institución procesal de la perención de la instancia, del latín perimire, destruir, como la extinción del proceso que se produce por su paralización durante un año, en el que no se realiza acto de impulso procesal alguno, y lo plantea como un correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención prolongada del proceso.

El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos, según apunta Henríquez La Roche, de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso, lo que llama elemento subjetivo, y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios, por lo que la perención constituye una institución práctica sancionatoria de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia.

El artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, señala expresamente lo siguiente:

Artículo 201. “Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (01) año, sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causas en donde haya transcurrido mas de un (01) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el Juez, éste último deberá declarar la perención.”

Así las cosas y en virtud del principio de irretroactividad de la Ley, la perención de la instancia establecida en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es aplicable, en el Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia (Maracaibo), desde el 15 de octubre de 2003, fecha en que entró en vigencia la misma, y la sanción por inactividad lo es a partir del 15 de octubre de 2004 cuando esta cumplió un (1) año de vigencia y para aquellas causas que así lo ameriten, conforme al criterio establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 14 de febrero de 2006 (Caso Cruz Álvarez / Agencia Aduanal Centro Occidental, C. A. – A. C. O. C. A.).

El Juzgado Cuarto Superior del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo del Área Metropolita de Caracas (13.02.2007), ha resumido la doctrina de la Sala Constitucional y de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia sobre perención de la instancia, vinculante para los Jueces de la República, conforme a los artículos 335 de la Constitución y 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en los siguientes aspectos:

“De la doctrina de la Sala Constitucional y de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, antes referida, vinculante para los Jueces de la República, conforme a los artículos 335 de la Constitución y 177 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se desprende lo siguiente: 1) Para que exista una paralización de la causa capaz de producir perención, se requiere que ni las partes, ni el Tribunal actúen en las oportunidades señaladas por la ley para ello; 2) No corre la perención de la instancia cuando se encuentra pendiente una decisión del Tribunal por estimar que se esta en el supuesto de inactividad del Juez a que se refiere el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil; 3) Según el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ocurre perención por el transcurrir de un (1) año sin haberse ejecutado algún acto de procedimiento por las partes, así como también en todas aquellas causas en donde haya trascurrido dicho lapso después de vista la misma, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el Juez; 4) La actividad puede orientarse a la solicitud del expediente en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos o en el archivo del Juzgado depositario del mismo; 5) Según la Sala Social, en los casos que están en estado de sentencia, el avocamiento (sic) del Juez Superior, donde además ordena la notificación de las partes, constituye una importante actuación que impide la perención; 6) Según sentencia de fecha posterior la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, estableció que el auto de abocamiento y orden de notificación de las partes para proceder a dictar sentencia dentro de los 60 días siguientes a la práctica de la última de éstas, cuando esta actuación no haya sido instada por alguna de las partes involucradas en el litigio, ni impulsada con posterioridad por éstas, no constituye una actuación idónea para “…interrumpir la perención por inactividad de la parte, en los términos del artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo…”; y 7) el impulso de las notificaciones ordenadas por el Juez de la causa es una carga de la parte interesada

En fecha 30 de mayo de 2007, la Sala de Casación Social estableció además lo siguiente:

“ …desde su entrada en vigencia, la nueva norma -artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo- comenzó a tener aplicación inmediata, con la particularidad de que este dispositivo de una manera distinta al Código de Procedimiento Civil, patentó la perención de la instancia no sólo por el transcurrir de un (1) año sin haberse ejecutado algún acto de procedimiento por las partes, sino también en todas aquellas causas en donde haya trascurrido dicho lapso después de vista la misma “(...) sin que hubiere actividad alguna por las partes o el Juez”.

“Ahora con vista a que la parte formalizante alega, que el único que podía impulsar el proceso o moverlo lo era el Juez emitiendo sentencia, invocando entonces la falta de aplicación del artículo 197, ordinal 4° de la ley adjetiva laboral, es por ello, que resulta importante indicar que vía jurisprudencial se ha explicado que la premisa alertada debe armonizarse con la interpretación que esta Sala propende acerca del alcance y contenido del artículo 201 referido, fundada en la potencial enervación a la falta de impulso procesal en la fase de sentencia, acorde con la exteriorización de un hecho u acto (inclusive extra-procesal) que evidencie de manera inequívoca el interés de cualesquiera de las partes en preservar la acción”.

En fecha 13 de junio de 2007, la Sala de Casación Social estableció lo siguiente:

“Ahora bien, de la narración de las actuaciones procesales realizada precedentemente, se evidencia que, ciertamente, estando en estado de sentencia, transcurrió más de un año sin impulso procesal por las partes, razón suficiente para declarar la perención de la instancia, como lo hizo el Juzgado de alzada”.

Ahora bien, se evidencia que desde el 06 de marzo de 2007 al 08 de mayo de 2008, transcurrieron más de un (1) año, dos (02) meses y dos (02) días, sin que se haya producido ningún acto de procedimiento de las partes en la presente causa ni ninguna actuación de carácter jurisdiccional, de allí que no ha ocurrido ninguna actuación procesal que impida la perención estando la causa para dictar sentencia, es decir, el día 07 marzo de 2008, se materializó el supuesto de hecho contenido en el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en consecuencia, operó la perención de la instancia. Así se decide.

DISPOSITIVO

Por lo expuesto, este JUZGADO SUPERIOR PRIMERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, administrando justicia por autoridad de la ley, declara:

1) PERIMIDA LA INSTANCIA en relación al recurso de apelación interpuesto por la parte demandante recurrente en contra de la sentencia dictada por el extinto Tribunal Segundo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 03 de junio de 2003, en el juicio que por diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales incoara el ciudadano LUIS HERNANDEZ contra la sociedad mercantil POLIOLEFINAS INTERNACIONALES C.A (POLINTER).

2) NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS PROCESALES dada la naturaleza del presente fallo.

Se ordena expedir copia certificada de esta Sentencia por Secretaría a los fines previstos en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.384 del Código Civil y Ordinales 3ero y 9º del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, REMITASE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.

Dada, sellada y firmada en la sala de Despacho del SUPERIOR PRIMERO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, a los ocho (08) días del mes de mayo de dos mil ocho (2008). AÑOS: 197° de la Independencia y 149° de la Federación.
JUEZ SUPERIOR,

LIDSAY MEDINA PORRAS.
LA SECRETARIA

MARIA LAURA CORONA VARGAS

En la misma fecha, se dictó y publicó el fallo que antecede, siendo las once y ocho minutos de la mañana (11:08, a.m), quedando anotada en el SISTEMA IURIS 2000 bajo el No. PJ014208000091
LA SECRETARIA

MARIA LAURA CORONA VARGAS

LMP/MC/aec
VC01-R-2003-000111