TSJ Regiones - Decisión

Exp. 02660

República Bolivariana de Venezuela
En su nombre:
JUZGADO OCTAVO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Expediente: 02660.
Motivo: Desalojo (Arrendamiento).
Demandante: PABLO BENITO REVEROL, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-12.515.325, domiciliado en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia.
Apoderados Judiciales de la Accionante: CARLOS ENRIQUE INCIARTE RÍOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-15.464.560, Abogado en ejercicio inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 83.281, y del mismo domicilio que el anterior.
Demandado: JOSÉ UBALDO ACOSTA GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-13.931.613, igualmente domiciliado en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia.
Abogada Asistente del Accionado: LIGIA DE JESÚS GONZÁLEZ, venezolana, mayor de edad, Abogada en ejercicio inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 73.911 y de este mismo domicilio.

Consta de las actas procesales que integran la anatomía de este expediente N° 02660 que este Juzgado, en fecha diecinueve (19) de noviembre de dos mil siete (2007), le dio curso de ley a la presente causa y ordenó emplazar al demandado de autos, JOSÉ UBALDO ACOSTA GONZÁLEZ, a fin de que compareciera a darle contestación a la demanda en el segundo día de Despacho siguiente a la constancia en actas de la última formalidad cumplida, relativa al acto de su comunicación procesal (citación), dentro de las horas destinadas a despachar; esto es, de ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.) a tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.).
Seguidamente, en fecha veintisiete (27) de noviembre de ese mismo año, el demandante de autos, ciudadano PABLO BENITO REVEROL, confirió poder apud acta al profesional del Derecho CARLOS ENRIQUE INCIARTE RÍOS, plenamente identificado en líneas pretéritas.

Librados como fueron los recaudos citatorios respectivos y proporcionados los medios y recursos necesarios exigidos por la Ley, en fecha tres (03) de diciembre de dos mil siete (2007), el Alguacil del Despacho consignó los mismos el día veinticuatro (24) de enero de dos mil ocho (2008), ante la imposibilidad de practicar la citación personal del demandado de autos.

Ahora bien, en fecha nueve (09) de enero de dos mil ocho (2008), el Tribunal decretó medida de secuestro sobre el inmueble objeto de la demanda.

Librado el despacho comisorio respectivo, relacionado con la medida cautelar solicitada por la parte actora y siendo que el día doce (12) de febrero del mencionado año el Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada, San Francisco, Mara, Páez y Almirante Padilla de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia se trasladó, constituyó y notificó al demandado de autos, ciudadano JOSÉ UBALDO ACOSTA GONZÁLEZ, tanto del presente juicio como de la medida decretada en su contra, con lo cual se produjo la citación tácita o presunta a que se contrae el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, en su aparte único, quedando citado para todos y cada uno de los actos en este proceso

Pues bien, como en materia inquilinaria, se aplica el juicio breve, tal y como está previsto en los Artículos 881 de la Ley Adjetiva Civil y 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, y en el lapso establecido en el Artículo 883 del Código de Procedimiento Civil, la parte demandada no compareció a dar contestación a la demanda incoada en su contra, lo que da aplicabilidad a la llamada CONFESIÓN FICTA, prevista y sancionada en el Artículo 362, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 887 del citado cuerpo legal.

Abierto el juicio a pruebas, sólo la parte actora promovió las que corren insertas a los folios Nos. 13 y 14, con sus respectivos vueltos, que integran este Expediente, las cuales serán analizadas en su debida oportunidad.

Siendo el momento procesal para dictar sentencia en el presente juicio, este jurisdicente pasa a decidir la misma, previas las siguientes consideraciones:

PRIMERO

Pruebas de las partes
Pruebas del demandante
Planteado lo anterior, este Justiciable, a tenor de lo dispuesto en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, en debida concatenación con el artículo 1.354 del Código Civil y a tenor del Principio de Exhaustividad y Autosuficiencia del Fallo, el Tribunal pasa a analizar las pruebas de las partes.

En su escrito libelar, el demandante de autos consignó los siguientes documentos:

1.- El Contrato de Arrendamiento celebrado entre las partes intervinientes en este proceso, autenticado por ante la Oficina Notarial Séptima del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en fecha veintiocho (28) de Junio de dos mil cuatro (2004), anotado bajo el N° 08, Tomo 60 de los libros respectivos, en cuya cláusula segunda se establece el tiempo de duración del mismo, instrumento este que no fue impugnado ni tachado por la parte accionada; por lo tanto, el Tribunal lo estima en todo su valor probatorio, lo aprecia y valora. Así se declara.-

2.- Consignó, igualmente, dos (2) estados de cuenta de movimientos bancarios emitidos por la entidad bancaria BANESCO BANCO UNIVERSAL S.A.C.A., perteneciente a la cuenta corriente 134-0086-5-0-0862016874 a nombre del ciudadano PABLO BENITO REVEROL, parte actora en este juicio, utilizada para los depósitos de las cuotas de arrendamiento, que abarcan el periodo comprendido que va del 04/05/2007 al 13/09/2007, ambas fechas inclusive, las cuales no fueron impugnadas, desconocidas ni tachadas de falso por el demandado, razón por la cual este Sentenciador las valora, así se decide.-

Pues bien, al no ser enervadas, desvirtuadas ni tachadas en ningún momento por la parte demandada las mismas le merecen a este Juzgador pleno valor probatorio, ello a tenor de lo dispuesto en los artículos 1.357 y 1.383 de la Ley Sustantiva Civil.

Pruebas del demandado

Por el contrario, de las actas procesales que integran la anatomía de este Expediente, se evidencia que el accionado no promovió ni evacuó prueba alguna que lo favoreciera en el lapso legal respectivo contemplado en el artículo 889 de la Ley Adjetiva Civil.

SEGUNDO

CONFESIÓN FICTA

Ha sostenido nuestro Máximo Tribunal que:

“...De conformidad con el único aparte de la norma transcrita, siempre que resulte de autos que la parte o su apoderado, antes de la citación, ha realizado alguna diligencia en el proceso, o haya estado presente en un acto del mismo, se entenderá citada, desde entonces, para la contestación de la demanda, sin más formalidades. Pues, se estima, y así lo dispone la exposición de motivos del Código de Procedimiento Civil, que en tales hipótesis, es contrario a la economía procesal y a la celeridad de juicio, realizar todos los trámites de una citación ordinaria, cuando hay certeza y consta en autos que la parte está enterada de la demanda, por haber actuado en el proceso o estado en algún acto del mismo.” (Subrayado del Tribunal). (Sentencia de la Sala de Casación Civil del 30 de Noviembre de 2000, con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, en el Juicio de Martha Leslie Armijo de Osorio contra Rosa Nakarid Osorio Zambrano y otros, en el Expediente Nº 00-015, Sentencia Nº 410).

En efecto, este Juzgador considera que la intención del Legislador, cuando instituyó el Principio de la Citación Tácita en el Artículo 216 del Código de Procedimiento Civil, fue la de poner en conocimiento al demandado del juicio que se sigue en su contra, ya sea porque conste en autos que la parte o su apoderado, antes de la citación, han realizado alguna diligencia en el proceso o han estado presentes en un acto del mismo, resaltando así por encima de tanto formalismo, los Principios de Economía y Celeridad procesales que deben prevalecer en el juicio. (Subrayado del Tribunal).-

Ahora bien, en el presente caso se observa que en fecha doce (12) de febrero de dos mil ocho (2008), el Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada, San Francisco, Mara, Páez y Almirante Padilla de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, se trasladó y constituyó en la dirección donde se encuentra ubicado el inmueble objeto de la presente demanda y presente el ciudadano, JOSÉ UBALDO ACOSTA GONZÁLEZ, en su carácter de demandado, fue notificado tanto del objeto de su traslado como del proceso seguido en su contra, con lo cual se produjo la citación tácita o presunta a que se contrae el Artículo 216 del Código Adjetivo vigente. Y ASÍ SE DECIDE.

Segundo:

Observa el Tribunal que las resultas de la comisión conferida, fueron agregadas a las actas procesales el día veinte (20) de febrero de dos mil ocho (2008) y, del mismo modo, observa este jurisdicente que la parte accionada no compareció por sí ni por medio de apoderado judicial, a dar contestación a la demanda en la oportunidad legal correspondiente, que lo fue el veinticinco (25) de febrero de dos mil ocho (2008), lo que da aplicabilidad a la Confesión Ficta establecida en el Artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, el cual expresamente dispone que:

“...Si el demandado no diera contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este código se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante si nada probare que lo favorezca...”

Exige la norma citada tres requisitos acumulativos y su verificación conduce a que sea en la sentencia definitiva, y no antes, cuando se declare que el demandado ha quedado confeso.

Estos son los siguientes:

1°.- Que el demandado no conteste la demanda.
2°.- Que la petición del demandante no sea contraria a Derecho.
3°.- Que el demandado, en el término respectivo, nada probare que lo favorezca.

El primer requisito es muy simple: que el demandado no conteste la demanda en el lapso previsto para ello; en otras palabras, que el demandado no asista dentro del término del emplazamiento, ni por sí ni por medio de apoderado; que al accionado no se le admita la contestación, bien sea porque presente el escrito fuera de las horas de despacho a que se refiere el artículo 194 de la Ley Adjetiva Civil, o en el caso de un litis consorcio facultativo demandado, o bien porque el demandado asista a contestar la demanda, se le reciba la misma, pero que no conteste, y, finalmente, porque su apoderado judicial presente un poder viciado o insuficiente.

El segundo requisito exige al Juez, además del examen de las pruebas que consten en autos, un análisis limitado a determinar si la demanda es contraria a derecho per se, sin plantearse su procedencia, en virtud de las leyes de fondo. La petición es contraria a derecho cuando no existe la acción; cuando la petición no se subsume en el supuesto de hecho de la norma invocada o cuando es contraria al orden público.

El tercer requisito supone que el demandado confeso promueva la contraprueba de los hechos alegados en el libelo de demanda; vale decir, la inexistencia o inexactitud de los hechos explanados en el escrito libelar, pero sin poder probar excepciones perentorias ni hechos nuevos.

Ahora bien, del minucioso estudio de estas actas procesales se infiere que, en el caso sub judice, se han dado todos los presupuestos exigidos en la precitada disposición legal, ya que, además de la inasistencia del demandado al acto de la contestación de la demanda, la petición de la demandante no es contraria a derecho por estar fundada en causal legal, Numeral A del Artículo 34 de la ley especial en materia arrendaticia, así como en el Contrato de arrendamiento autenticado por ante la Oficina Notarial Séptima del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en fecha veintiocho (28) de junio de dos mil cuatro (2004), anotado bajo el N° 08, Tomo 60 de los libros respectivos, rielante a los folios que van desde el Nº cinco (5) al ocho (8) de las actas procesales de este expediente. Por otro lado, el demandado nada alegó ni probó que le favoreciera en el lapso probatorio respectivo, ni acreditó estar solvente con su obligación de pago de los cánones de arrendamientos reclamados.

En razón de los argumentos anteriormente expuestos, es criterio de este jurisdicente que la parte accionada, ya identificada, quedó confesa en este proceso, por lo que la presente demanda debe prosperar en derecho. Y ASÍ SE DECLARA.-

DISPOSITIVO:

Por los fundamentos expuestos y en fuerza de los argumentos vertidos en la motiva de esta decisión, este JUZGADO OCTAVO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley Declara:

PRIMERO: CON LUGAR la acción que por DESALOJO (Arrendamiento) incoara el accionante de autos, ciudadano PABLO BENITO REVEROL, en contra del ciudadano JOSÉ UBALDO ACOSTA GONZÁLEZ, y, en consecuencia, se ordena:
Al prenombrado JOSÉ UBALDO ACOSTA GONZÁLEZ, identificado en actas, hacer entrega al ciudadano PABLO BENITO REVEROL, el inmueble constituido por un apartamento signado con las siglas 2-4 situado en la segunda planta de la Torre Porlamar del Conjunto Residencial Torres del Saladillo, entre calles 93 y 95 con avenidas 12 y 14, jurisdicción de la Parroquia Chiquinquirá, Municipio Maracaibo del Estado Zulia, libre de personas y cosas, en buen estado de conservación y mantenimiento y solvente con todos los servicios públicos.-

SEGUNDO: Se condena al demandado pagar la cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 2.325.000,oo), equivalentes a DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 2.325,oo), por concepto de cánones de arrendamiento causados desde el mes de julio al mes de noviembre del año dos mil siete (2007), ambos inclusive.

TERCERO: Así mismo, se le ordena cancelar la suma de TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 300.000,oo), que equivalen a TRESCIENTOS BOLÍVARES FUERTES (Bs. F. 300,oo), por concepto de tres (3) meses caídos de cuotas de condominio.

CUARTO: Se condena en costas y costos procesales al accionado de autos por haber sido vencido totalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

PUBLÍQUESE. REGÍSTRESE.-

Déjese copia certificada por Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.364 del Código Civil, a los fines del artículo 72, Ordinales 3° y 9° de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del JUZGADO OCTAVO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los diecisiete (17) días del mes de marzo de dos mil ocho (2008). AÑOS: 197° de la Independencia y 149° de la Federación.-
El Juez,
Abog. Iván Pérez Padilla
La Secretaria,
Abog. Angela Azuaje Rosales

En la misma fecha se dictó y publicó el fallo que antecede, siendo las nueve y cuarenta y siete minutos de la mañana (9:47 a.m.).
La Secretaria, Abg. Angela Azuaje Rosales