TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA CON SEDE EN MARACAIBO
Treinta y uno (31) de marzo de dos mil ocho (2008)
197º y 149º

EXPEDIENTE ACTUAL Nro. VH02-L-1993-000001

EXPEDIENTE ANTIGUO N°: 7.955

PARTE DEMANDANTE: CLEDY JOSEFINA TOVAR PARTIDAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de Identidad Nro. V- 5.695.991, domiciliada en la ciudad de Punto Fijo del Estado Falcón.

APODERADO JUDICIAL: MARCELINA ARGUELLES, abogada en ejercicio, inscrito en el Colegio de Previsión Social del Abogado bajo el Nro.34.988, domiciliada en la ciudad de Punto Fijo del Estado Falcón.
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PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil MARAVEN, S.A., domiciliada en Caracas, Filial de Petróleos de Venezuela, S.A., debidamente inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Mirando, en fecha 22 de Diciembre de 1.975, bajo el numero: 58, Tomo 11-A.

APODERADA JUDICIAL: MARINES CASA DE MAROSO, abogada en ejercicio, y domiciliada en la Ciudad de Maracaibo, Estado Zulia.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.

PRELIMINARES
En fecha 25 de octubre de 1993, la profesional del derecho MARCELINA ARGUELLES, en nombre y representación de la ciudadana CLEDY JOSEFINA TOVAR PARTIDAS, presentó formal demanda ante el extinto Juzgado Primero de Primera Instancia del trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en contra de la Sociedad Mercantil MARAVEN S.A., en base al cobro de Prestaciones Sociales, el 15 de noviembre del mismo año, correspondiéndole en Distribución el Tribunal Segundo de Primera Instancia del Trabajo de esta misma Circunscripción Judicial, lo recibe y acuerda darle entrada.
En julio de 2003 con motivo de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, fue suprimido el Juzgado Segundo de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, y creado el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, quien se abocó a conocer del asunto por corresponderle su conocimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la mentada ley adjetiva del trabajo.
En virtud del gran volumen de causas existentes en los Tribunales, antes referidos, en octubre de 2006 fueron creados los Tribunales Cuarto y Quinto para el Régimen Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, realizándose una redistribución pública de causas correspondiéndole la causa 7955 a este Tribunal, quien se abocó a conocer del presente asunto, y en enero del presente año se realizo la re-denominación del Circuito Laboral de Maracaibo, el cual paso a ser Tribunal Octavo de Primera Instancia de Juicio para el nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Circuito Judicial del Trabajo del Estado Zulia con sede en Maracaibo.
En atención a lo antes señalado, procede este Tribunal Octavo de Primera Instancia de Juicio para el nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Circuito Judicial del Trabajo del Estado Zulia con sede en Maracaibo, de seguidas a dictar su fallo, sintetizando previamente los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir los actos del proceso que constan en autos, por establecerlo así el Artículo 243, Ordinal 3º del Código de Procedimiento Civil.

DE LAS PRETENSIONES Y DEFENSAS DE LAS PARTES
En virtud de lo expuesto, pasa este Juzgador a conocer de la presente pretensión por Indemnizaciones derivadas de la enfermedad profesional, a cuyo efecto observa:
Alega la parte accionante en su escrito libelar que comenzó a laboral en la empresa DISTRAL TERMICA C.A. (E.M.A.), desempeñándose como administradora de obras, que o hizo dentro de empresas petroleras, tales como PEQUIVEN S.A., y MARAVEN S.A., que para el momento que terminó la relación laboral, desempeñaba sus funciones dentro de la empresa MARAVEN S.A.
Que comenzó a trabajar a la orden de PEQUIVEN S.A., en los lapsos 05-04-1989 hasta el 30-04-1989 y desde el 28-06-1991 hasta el 31-12-1991, y en la sede de MARAVEN S.A. Punta Cardón en Punto Fijo, desde el 10-01-1992 hasta el 15-12-1992.
Que devengó un salario inicial de Bs. 4.500,00, mensuales, que para el momento que termina la relación laboral devengaba un salario básico mensual de Bs. 29.505,54, mas la cantidad de Bs. 33.000,00, mensuales por conceptos de viáticos; mas la cantidad de Bs. 1.452,50, mensuales por concepto de bono vacacional, mas la cantidad de Bs. 9.135,00, mensuales por concepto de asignación por vehiculo, lo que totaliza la cantidad de Bs. 96.973,22, mensuales, lo que representa un promedio diario de Bs. 3.232,44, aproximadamente.
Que en el último año laborado debía recibir por parte de la empresa DISTRAL TÉRMICA, C.A., la cantidad de Bs.262.681,98, por concepto de utilidades, que equivale a cuatro (4) meses de salario normal.
Que demandó a la empresa DISTRAL TÉRMICA, C.A., en el mes de febrero de 1993, ya que ésta no le canceló al momento de la relación de trabajo, según se desprende de demanda ante este mismo juzgado, signada con el No.7664.
Que múltiples han sido sus gestiones para que la empresa DISTRAL TÉRMICA, C.A., le pague lo que realmente le corresponde por prestaciones sociales y otros conceptos laborales, por lo que en tal sentido queda claramente establecida la responsabilidad solidaria de MARAVEN S.A., según las cláusulas Nos. 03 y 24 del Contrato Colectivo Petrolero, en concordancia con los artículos 54, 55, 56 y 398 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Que siendo que la demandada es contratista de las empresas petroleras se le debe cancelar los siguientes conceptos: a) Por concepto en retardo en el Pago de las Prestaciones Sociales, la cantidad de salario básico por cada día de retardo en el pago de dichas prestaciones. Establecido en el pago en el paguen la Cláusula No. 114, en tercer aparte del Contrato Colectivo Petrolero, por concepto de preaviso 30 días de salario normal, establecido en la cláusula No. 124 en la nota de minuta No. 4 del Contrato del Contrato Colectivo Petrolero, b) Por Concepto de Preaviso 30 días a salario normal. Establecido en la Cláusula No. 124 en la nota de minuta No. 4, del Contrato Colectivo Petrolero; c) Por concepto de antigüedad 180 días al salario normal, establecidos en los literales A), B), C), y del numeral 1°, cláusula No. 4; y 120 días a salario normal; incluyendo establecido en el articulo 146 de la Ley Orgánica del Trabajo; d) por concepto de cesantía, 75 días de salario normal, establecido en el numeral 1°, literal d) de la cláusula No. 22, 23 y 24 del Contrato Colectivo Petrolero, por concepto de vacaciones fraccionadas, debe pagarse a razón de dos días y medios de salario normal por cada mes completo de servicio prestado, establecido en la cláusula 27 del Contrato Colectivo Petrolero, suscrito por la empresa MARAVEN, S.A.; f) Por concepto de Bono Vacacional Fraccionado siete días y medio, establecido en el articulo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo; g) Por Concepto de diferencia de utilidades 120 días, según costumbre en las compañías petroleras, en concordancia con el articulo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo ; h) Por concepto de Pago de los Intereses de las Prestaciones Sociales, debe pagarse el porcentaje la cantidad que fije el Banco Central de Venezuela para el pago d dichas prestaciones, que por concepto de honorarios profesionales debe pagarse un 30% del total a cobrar.
Que debe pagarse las siguientes cantidades: Por Concepto de retardo en el pago Bs.298.006,56; por concepto de Preaviso Bs.73.092,90; por concepto de antigüedad Bs. 826.449,65; por concepto de Cesantía Bs.182.732,25; por concepto de vacaciones fraccionadas Bs. 67.001,83, por concepto de bono vacacional Bs. 17.859,03, por concepto de diferencia de utilidades Bs. 102.128,98; por concepto de diferencia represtaciones Bs. 21927,87; Por concepto de honorarios profesionales; para un sub-total de Bs. 2.284.768,68.
Que por todo lo antes expuesto demanda a la Sociedad Mercantil MARAVEN S.A., como responsable solidaria para que convenga en pagarle con en caso contrario sea condenada por este Tribunal.
Por su parte la demandada por intermedio de su apoderada judicial, en fecha 03-03-95, interpuso escrito de contestación a la demanda, en los términos siguientes:
Opuso la falta de cualidad e interés de MARAVEN S.A., para sostener el presente juicio.
Que MARAVEN S.A., niega la existencia de contrato alguno con la empresa DISTRAL TÉRMICA, C.A., durante el tiempo que supuesta y pretendidamente la actora mantuvo una relación laboral con la citada compañía.
Por otra parte, en el supuesto negado que la sociedad mercantil DISTRAL TÉRMICA, C.A., en alguna oportunidad haya trabajado como contratista, este hecho no supone la existencia de inherencia y conexidad que la Ley Orgánica del Trabajo exige para que proceda la solidaridad.
Que la empresa DISTRAL TÉRMICA, C.A., es la única responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laborales en el caso que haya existido una relación de trabajo entre ella y la accionante.
Niega, rechaza y contradice que la empresa MARAVEN S.A., sea solidaria de las obligaciones que la Ley Orgánica del Trabajo le impone a DISTRAL TÉRMICA, C.A., y que sea inherente o conexa con sus actividades.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del documento constitutivo de DISTRAL TÉRMICA, C.A., inscrito por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de fecha 03 de agosto de 1981, bajo el No.1, Tomo 34-A, el objeto social es “fabricar, construir, montar y vender generadores de vapor para plantas termoeléctricas, generadores de vapor acuotubulares tipo industrial del tipo paquete, calderas de inyección de vapor a pozos petroleros, calentadores de agua de alimentación y condensadores para plantas termoeléctricas, calentadores de petróleo crudo y otro equipos de línea y de proceso de refinería, explotación petrolera, y el mantenimiento y reparación de embarcaciones.
Que el objeto social de MARAVEN S.A., es extraer y comercializar el petróleo y sus derivados.
Que tal y como lo expresa el Dr. Rafael Alfonso Guzmán, en su obra “Estudio Analítico de la Ley del Trabajo”, Tomo I, página 157, para descubrir el exacto sentido de las expresiones “inherencia” y “conexidad” es preciso atender a la vinculación que pueda existir entre el objeto jurídico de la actividad del contratante y el objeto jurídico de la actividad del contratista, más que la relación aparente entre las obras y servicios aisladamente considerados.
Que en ese sentido no existe inherencia, ni conexidad alguna entre dichas actividades, y en razón que la pretensión de la actora se basa solamente en esta circunstancia, como quiera que los objetos sociales de ambas compañías son evidentemente distintos, debe desecharse la demanda.
Que en el caso que sea desechado la defensa de falta de cualidad, procede a contestar el fondo de la demanda en los términos siguientes:
Que MARAVEN S.A., sostiene que la accionante nunca fue su trabajadora, y por ello carece de conocimiento que en fecha 05 de enero de 1988, CLEDY JOSEFINA TOBAR ingresara a prestar sus servicios para la empresa DISTRAL TÉRMICA, C.A., desempeñándose como administradora de obras, así como también niega, rechaza y contradice que laborara hasta el 15-12-1992.
Niega, rechaza y contradice que durante el periodo que la demandada alega trabajaba para la sociedad mercantil DISTRAL TÉRMICA, C.A., trabajara dentro de la sede de MARAVEN, S.A., como contratista.
Niega, rechaza y contradice por desconocer las supuestas condiciones de trabajo que la accionante devengó un salario inicial de Bs. 4.500,00, mensuales, y que para el momento que termina la relación laboral devengaba un salario básico mensual de Bs. 29.505,54, mas la cantidad de Bs. 33.000,00, mensuales por conceptos de viáticos; mas la cantidad de Bs. 1.452,50, mensuales por concepto de bono vacacional, mas la cantidad de Bs. 9.135,00, mensuales por concepto de asignación por vehiculo, lo que totaliza la cantidad de Bs. 96.973,22, mensuales, lo que representa un promedio diario de Bs. 3.232,44, aproximadamente.
Niega, rechaza y contradice por desconocerlo que en el último año laborado debía recibir por parte de la empresa DISTRAL TÉRMICA, C.A., la cantidad de Bs.262.681,98, por concepto de utilidades, que equivale a cuatro (4) meses de salario normal.
Niega, rechaza y contradice por desconocerlo que haya demandado a la empresa DISTRAL TÉRMICA, C.A., en el mes de febrero de 1993, por que ésta no le canceló al momento de la relación de trabajo.
Niega, rechaza y contradice que deban cancelar los siguientes conceptos: a) Por concepto en retardo en el Pago de las Prestaciones Sociales, la cantidad de salario básico por cada día de retardo en el pago de dichas prestaciones. Establecido en el pago en el paguen la Cláusula No. 114, en tercer aparte del Contrato Colectivo Petrolero, por concepto de preaviso 30 días de salario normal, establecido en la cláusula No. 124 en la nota de minuta No. 4 del Contrato del Contrato Colectivo Petrolero, b) Por Concepto de Preaviso 30 días a salario normal. Establecido en la Cláusula No. 124 en la nota de minuta No. 4, del Contrato Colectivo Petrolero; c) Por concepto de antigüedad 180 días al salario normal, establecidos en los literales A), B), C), y del numeral 1°, cláusula No. 4; y 120 días a salario normal; incluyendo establecido en el articulo 146 de la Ley Orgánica del Trabajo; d) por concepto de cesantía, 75 días de salario normal, establecido en el numeral 1°, literal d) de la cláusula No. 22, 23 y 24 del Contrato Colectivo Petrolero, por concepto de vacaciones fraccionadas, debe pagarse a razón de dos días y medios de salario normal por cada mes completo de servicio prestado, establecido en la cláusula 27 del Contrato Colectivo Petrolero, suscrito por la empresa MARAVEN, S.A.; f) Por concepto de Bono Vacacional Fraccionado siete días y medio, establecido en el articulo 223 de la Ley Orgánica del Trabajo; g) Por Concepto de diferencia de utilidades 120 días, según costumbre en las compañías petroleras, en concordancia con el articulo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo ; h) Por concepto de Pago de los Intereses de las Prestaciones Sociales, debe pagarse el porcentaje la cantidad que fije el Banco Central de Venezuela para el pago d dichas prestaciones, que por concepto de honorarios profesionales debe pagarse un 30% del total a cobrar.
Niega, rechaza y contradice que deba pagarle las siguientes cantidades: Por Concepto de retardo en el pago Bs.298.006,56; por concepto de Preaviso Bs.73.092,90; por concepto de antigüedad Bs. 826.449,65; por concepto de Cesantía Bs.182.732,25; por concepto de vacaciones fraccionadas Bs. 67.001,83, por concepto de bono vacacional Bs. 17.859,03, por concepto de diferencia de utilidades Bs. 102.128,98; por concepto de diferencia represtaciones Bs. 21927,87; Por concepto de honorarios profesionales; para un sub-total de Bs. 2.284.768,68.
Que por todo lo antes expuesto solicita sea declarada improcedente la demanda efectuada a la empresa MARAVEN S.A..

PUNTO PREVIO FALTA DE CUALIDAD
Antes de pasar este Tribunal Octavo de Primera Instancia de Juicio para el Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Circuito Judicial del Trabajo del Estado Zulia con sede en Maracaibo, el fondo de la controversia se hace necesario en primer término, pronunciarse sobre la falta de cualidad denunciada por la parte demandada, MARAVEN S.A.
La cualidad o legimatio ad causam es condición especial para el ejercicio del derecho de acción y se puede entender siguiendo al maestro Luís Loreto, como la “… relación de identidad lógica entre la persona del actor, concretamente considerada, y la persona abstracta a quien la ley concede la acción a la persona contra quien ser concede y contra quien se ejercita de tal manera …” (Ensayos jurídicos, “Contribución al Estudio de la Excepción de Inadmisibilidad por Falta de Cualidad”, Fundación Roberto Goldschmidt. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1987, p.183.)
El procesalista Humberto Cuenca en su obra Derecho Procesal Civil, explica que cuando la relación jurídica se integra con varios demandados surge el litisconsorcio, señalando que las partes en el proceso generalmente son singulares, un actor y un demandado, pero el principio de economía de los juicios, que tiende a impedir la proliferación de controversias separadas y el riesgo de que se dicten sentencias contrarias o contrarias, exige convocar a todos los litigantes interesados para que resuelvan en un solo juicio los problemas vinculados a una misma cuestión jurídicas, siendo que en el caso de los sujetos procesales se agrupen en la posición de actores, se llama litisconsorcio activo y cuando varias personas se reúnen en la posición de demandado se forja el litiscorsorcio pasivo, y se puede señalar que el litiscorsorcio se configura cuando existe un grupo de demandantes que actúan contra un sujeto (litiscorsorcio activo) o cuando un sujeto acciona contra varias personas (litis consorcio pasivo), bajo los supuestos del artículo 146 del Código de Procedimiento Civil.
De igual forma, el ilustre procesalista Piero Calamandrei nos ha señalado:

"En el litisconsorcio necesario, a la pluralidad de partes no corresponde una pluralidad de causas: la relación sustancial controvertida es sólo una, y una sola la acción (...). En todos estos casos, en que la legitimación compete conjuntamente y no separadamente a varias personas, el litisconsorcio de ellas es necesario: ‘si la decisión no puede pronunciársela más que en relación a varias partes, éstas deben accionar o ser demandadas en el mismo proceso’ (...). En los ejemplos hasta ahora citados, la necesidad del litisconsorcio está expresamente establecida por la ley; pero puede haber casos de litisconsorcio necesario, aun en defecto de disposición explícita de ley, siempre que la acción (constitutiva) tienda a la mutación de un estado o relación jurídica destinada a operar frente a varios sujetos, todos los cuales, a fin de que la mutación pueda producirse válidamente, deben ser llamados en causa (...)" (Obra citada. Derecho Procesal Civil II. Instituciones del Derecho Procesal Civil Vol. II)

Ante tales circunstancias observa este Sentenciador que el hecho que dio origen al derecho del demandante es un relación de trabajo que mantuvo –a su decir- con la sociedad mercantil DISTRAL TÉRMICA, C.A., teniendo la patronal en cualquier caso legitimación pasiva para actuar en juicio, por lo que se puede traer sola a juicio y para el caso que el trabajador quiera hacer uso de la solidaridad legal por inherencia y conexidad, a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica del Trabajo, debe traer a la patronal y a la solidaria ambas a juicio por constituir ambas un litisconsorcio pasivo necesario.
En efecto, en el supuesto que un trabajador quiera hacer uso de la solidaridad legal por inherencia o conexidad, a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica del Trabajo, debe llamar a juicio a la solidaria para que ejerza su derecho a la defensa, ya que no se puede ser condenado en juicio sin ser oído.
Y ello es así, ya que la aplicabilidad o no de cualesquiera régimen contractual o legal que rija la relación de trabajo, no está supeditado a que se traiga a juicio en su conjunto, a los deudores o garantes solidarios que la Ley o el contrato establezca, ya que en todo caso responde ante el trabajador su patrono, entendiendo como tal a la persona natural o jurídica que en nombre propio, ya sea por cuenta propia o ajena, tiene a su cargo una empresa, establecimiento, explotación o faena, de cualquier naturaleza o importancia, que ocupe trabajadores, sea cual fuere su numero (artículo 49 de la Ley Orgánica del Trabajo).
Diferente es el caso, cuando el trabajador pretende para el cobro de lo que le corresponda por la relación de trabajo, hacer uso de la solidaridad legal prevista en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Trabajo, y demande solamente al obligado solidario que no es su patrono, entonces si estaríamos en presencia de un litis consorcio pasivo necesario, que nace para evitar fraudes y violaciones constitucionales, ya que el solidario -se repite- no es el patrono, no sabe como se ha desarrollado la relación de trabajo (tiempo de servicio, disfrute de vacaciones, pago de conceptos e indemnizaciones, etc,) y no tiene en su poder las pruebas del pago de obligaciones, permitir esto, sería crear un estado de indefensión a la patronal que no fue llamada a juicio, y que en última instancia debe responder, repitiendo el pago efectuado por el solidario. ASÍ SE ESTABLECE.-
En este sentido se ha pronunciado la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No.56, de fecha 05 de abril de 2001, cuando señala:
“En el caso de autos, planteada así la acción, es decir, al haberse demandado al beneficiario del servicio, en calidad de persona solidaria de las obligaciones legales que tiene el patrono con su trabajador, opera la llamada figura del litis consorcio pasivo necesario, en razón de que existe una relación sustancial, con varias partes pasivas que deben ser llamadas a juicio para que puedan defender en forma conjunta sus intereses, así como para poder traer al proceso elementos de utilidad a los efectos de la referida defensa; lo contrario, es decir, citar solamente al obligado solidario, conlleva una violación del derecho a la defensa del patrono del trabajador, toda vez que al no ser llamado a juicio, se le impide demostrar si éste ha cumplido con su obligación legal o si por el contrario ha incumplido con la misma…”

En virtud de las consideraciones anteriores, siendo que la legitimación pasiva para ser demandado en juicio constituye parte del debido proceso y éste último es de orden público, debe este Sentenciador por la violación del artículo 49 Constitucional y de los artículos 341 y 146 del Código de Procedimiento Civil, con fundamento en su cualidad de rector del proceso según el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, declarar la INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Así se decide.-
Dada la naturaleza de lo decidido, resulta inoficioso el análisis de las probanzas y la procedencia o no de los alegatos de fondo de las partes. ASÍ SE DECIDE.-
A los fines de salvaguardar y preservar los derechos que le corresponden a la República Bolivariana de Venezuela en este proceso, se ordena la notificación al Procurador General de la República conforme lo estatuye el artículo 95 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de la Procuraduría General de la República en concordancia con el artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo suspendiéndola a partir de la publicación de este fallo, hasta tanto conste en las actas del expediente el acuse de recibo de la notificación y el vencimiento del lapso de treinta (30) días al cual se contrae la norma en cuestión. Acompáñese copia certificada de esta sentencia y se autoriza a la ciudadana Maria Virginia Negrón, titular de la cédula de identidad No.16.968.105 a confrontar las copias fotostáticas simples con los originales. ASÍ SE ESTABLECE.
DISPOSITIVO
Por todos los razonamientos antes expuestos, este TRIBUNAL OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA CON SEDE EN MARACAIBO, declara:
PRIMERO: LA FALTA DE CUALIDAD de la demandada MARAVEN, S.A., (hoy PDVSA, PETROLEO Y GAS, S.A.) para sostener la presente causa y en consecuencia se declara INADMISIBLE la demanda efectuada por la ciudadana CLEDY JOSEFINA TOVAR en su contra.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas, de conformidad con el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del trabajo.
TERCERO: Se ordena notificar mediante oficio a la Procuraduría General de la República de las resultas de la presente sentencia anexándose copia certificada de la misma una vez publicada, de conformidad con el artículo 95 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
Publíquese, Regístrese, Ofíciese a la Procuraduría y Déjese copia de la presente decisión.
Dada, sellada y firmada en el Tribunal Octavo de Primera Instancia de Juicio para el Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Circuito Judicial del Trabajo del Estado Zulia con sede en Maracaibo a los Treinta y un (31) días del mes de marzo del año 2008. Años 197° de la Independencia y 149° de la Federación.
El Juez,

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MIGUEL GRATEROL,

La Secretaria,

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MARILU DEVIS
En la misma fecha y previo el anuncio de ley dado por el Alguacil de este Tribunal a las puertas del Despacho, y siendo las tres y cincuenta y dos minutos de la tarde (03:52 p.m.), se dictó y publicó el fallo que antecede; quedando registrada bajo el No. 19 - 2008
La Secretaria,

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MARILÚ DEVIS

Exp.VH02.L-1993-000001
MAG/es.-