TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA

JUZGADO DÉCIMO DE CONTROL

MARACAIBO, 11 DE JUNIO DE 2008
198° Y 149°

CAUSA N° 12C-9246-07.- DECISIÓN N° 4482-08.-

Revisadas como han sido las actas que conforman la presente causa se observa que en fecha 24-03-07, este Tribunal realizo ACTO DE AUDIENCIA DE PRESENTACION, al imputado JOSE MARTIN RIVERA MOLINA, por la comisión del delito de USO DE DOCUMENTO FALSO, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO; decretando en esta misma fecha, según decisión N° 1284-07, una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, de conformidad con los ordinales 3° y 4°, del articulo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por otra parte, en fecha 18-02-08, se recibe escrito de solicitud de la defensa del imputado antes mencionada, la Abog. LUCY BLANCO, Defensora Publica adscrita a la Unidad de Defensa Publica del Estado Zulia, donde solicita que en virtud de que la Representación Fiscal no ha presentado hasta los momentos Escrito de Acusación, se sirva oficiar a la Representación Fiscal, para que el mismo presente la Conclusión de la Fase de Investigación, tal como lo establece el articulo 313 del Código Orgánico Procesal Penal; donde el 20-02 de los corrientes, se notificaron a todas las partes intervenientes en la presente causa, para efectuarse el Acto de Audiencia Oral, de conformidad al articulo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, para el día 17-03-2008 a las 9:30 am.

Ahora bien, en fecha 17-03-2008 a las 9:30 am. fijado como se encontraba dicho Acto de Audiencia Oral, no se llevó a efecto el mismo, vista la incomparecencia del imputado de autos JOSE MARTIN RIVERA MOLINA, y fue diferida la misma y fijada nuevamente para el día 25-06-2008 a las 9:30 am.

Luego de revisados los libros de este Tribunal y observando la dirección que el imputado JOSE MARTIN RIVERA MOLINA, consigno a este Juzgado de Control el día del Acto de Presentación, el funcionario alguacil de este Circuito Judicial Penal, al trasladarse a dicha dirección a efecto de notificar al imputado prenombrado, para la nueva fecha que se había fijado el Acto de Audiencia Oral; señala que la misma no fue posible localizar debido a que el parqueadero los Robles que el mencionó en la dirección consignada, carece de datos, dejando constancia el funcionario que se entrevistó con varios moradores del sector pero no obtuvo éxito en la localización de dicho imputado.

Asimismo, constatándose del Libro de Control de Presentaciones de Imputados llevado por este Tribunal; el cual le correspondió el libro N° 9, pagina 137 del mismo, se verificó que el procesado no ha cumplido con su obligación, sin que conste justificación alguna para ello. Tal conducta del imputado resulta inadecuada, lo que hace suponer que no dará cumplimiento a los actos del proceso, surgiendo para este Órgano Jurisdiccional el deber jurídico de adoptar las medidas que garanticen la continuidad del proceso.

En efecto, el artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal establece:

“La medida cautelar acordada al imputado será revocada por el juez de control, de oficio o previa solicitud del ministerio Público, o de la víctima que se haya constituido en querellante en los siguientes casos:
1. Cuando el imputado apareciere fuera del lugar donde debe permanecer;
2. Cuando no comparezca injustificadamente ante la autoridad judicial o del Ministerio Público que lo cite.
3. Cuando incumpla sin motivo justificado, UNA cualquiera de las presentaciones a las que está obligado.”

Por su parte el artículo 251 del actual COPP, al definir el peligro de fuga ordenando tomar en cuenta para ello el arraigo del imputado determinado por su domicilio o residencia habitual, su comportamiento dentro del proceso, entre otros aspectos, señala que se tendrá en cuenta especialmente, las siguientes circunstancias:
(…) 4. El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal:…”

Al precisar que, de acuerdo a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la facultad de revisión y aun de revocación de las medidas cautelares corresponde al juez que esté conociendo de la causa, aun cuando previamente hubiese acordado una medida cautelar cuando variaren las circunstancias que determinaron su imposición, debe destacarse igualmente que el fin del proceso es la búsqueda de la verdad y la realización de la justicia por las vías jurídicas, determinando la inocencia del imputado en un debate oral y público con plena garantía del principio del debido proceso y por ende, del derecho a la defensa y del contradictorio como atributos de aquel; o que haga factible la materialización del poder punitivo del Estado y de la reparación del daño a la víctima, todo lo cual exige el sometimiento del justiciable al proceso, voluntaria o coactivamente.

En tal sentido resulta determinante para la adopción de las medidas que garanticen esos objetivos, considerar no sólo la entidad del delito y del daño causado, sino también la conducta del imputado dentro del proceso, reveladora de su intención de someterse o no a él, tal como lo prescribe el numeral 4 del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Pernal, al definir los elementos constitutivos de la presunción de fuga; circunstancia que no depende de una consideración individual o acumulativa de los supuestos contemplados en la norma, sino determinable en cada caso, ya que la constatación de un solo incumplimiento debe considerarse una forma de conducta impropia del acusado dentro del proceso, asimilable al peligro de fuga, siendo procedente la revocación de la cautelar concedida, y su aprehensión inmediata. Y ASI SE ESTABLECE.

De los hechos expuestos anteriormente narrados y las actuaciones que conforman la presente causa, se consideran llenos los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, y constatado el incumplimiento injustificado de las obligaciones impuestas al procesado, resulta obvio que tales medidas cautelares deben revisarse y aun revocarse, ya que se configura una presunción razonable de que el imputado no dará cumplimiento a los actos del proceso, siendo procedente su detención inmediata, conforme a lo ordenado por el artículo 262 del vigente Código Adjetivo Penal, para lo cual se acuerda librar la respectiva ORDEN DE APREHENSIÓN. Y ASÍ SE DECIDE.
Por todas las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este JUZGADO DUODECIMO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos:

PRIMERO: Conforme a lo señalado en el numeral 3 del artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal vigente, en concordancia con el numeral 4 del artículo 251 ejusdem, que trata sobre el peligro de fuga por el comportamiento del procesado, REVOCA LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA prevista en el numeral 3 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, acordadas en fecha en fecha 24-03-07 por este Juzgado al procesado, y al considerar llenos los requisitos exigidos por el artículo 250 ejusdem, decreta en su lugar MEDIDA PRIVATIVA JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD en contra del ciudadano JOSE MARTIN RIVERA MOLINA, Colombiano, natural de Sabana Larga Atlanti, actualmente de 23 años de edad, Titular de la Cedula de Identidad de la Ciudadanía Colombiana N° 8.649.250, nacido el 26-11-1983, de profesión u oficio Obrero, hijo de CLER MOLINA Y DE JOSE MARTIN RIVERA, y residenciado en Carrera 19, 1013, Barrio Campo Bolívar, Departamento del Atlántico, Sabana Larga, Colombia y en Maracaibo vive en el Sector Háticos por arriba detrás del Terminal de Pasajeros, Casa N° 28, frente al parqueadero los robles; ordenando su inmediata detención e ingreso al “Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas El Marite” de esta ciudad, donde quedará a la orden de este Tribunal, para la reanudación del proceso que se le sigue, por el delito de USO DE DOCUMENTO FALSO, previsto y sancionado en el Artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, todo de conformidad con el Ordinal 1º del artículo 44 de la Constitución Nacional, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal vigente y los artículos 251.4 y 262 numerales 2 y 3 ejusdem.

SEGUNDO: Líbrese lo conducente al Director del Centro de Arresto y Detenciones Preventivas El Marite, y remítase anexa ORDEN DE APREHENSIÓN, en cuanto sea detenido del imputado, para que sea impuesto de la causa de su detención, de la autoridad que la ha dispuesto, y a la orden de quién estará, conforme al artículo 255 del Código adjetivo penal, debiendo observarse en dichas diligencias las formalidades y principios establecidos en el artículo 117 del supra citado Código; debiendo el referido funcionario informar a este Tribunal, a la brevedad posible, del cumplimiento de lo ordenado.

Regístrese, publíquese y notifíquese.
Cúmplase.

FREDDY HUERTA RODRIGUEZ
JUEZ DUODECIMO DE CONTROL.
ABOG. ANA SANCHEZ MEDINA
LA SECRETARIA

En la misma fecha se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° 4482-08, y se oficio bajo el Nos. 2676-08.-

LA SECRETARIA,
CAUSA N° 12C-9246-07.-
FH/Jennifer.-