Acude por ante este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sede en Cabimas, el ciudadano RICHARD JOSÉ MORILLO QUINTERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-14.090.311 y domiciliado en Tía Juana, Municipio Simón Bolívar del Estado Zulia, asistido por el Abogado en ejercicio NILFRED DURAN, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 47.880, para exponer: “…En fecha 15 de Marzo del año Dos mil (15-03-2000); mantuve relación concubinaria con la ciudadana JUANA JOSEFINA MACHADO RAGA, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad No. V-8.701.726, y de esta relación concubinaria procreamos un niño que lleva por nombre (CUYO NOMBRE SE OMITE EN RAZÓN DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE), de Seis (06) años de edad, según se desprende de acta de nacimiento que en Copia Certificada anexo marcada con la letra “A”. Es el caso que desde Junio del año 2003, decidimos separarnos, ya que fue imposible seguir manteniendo nuestra relación concubinaria y aunque siempre he cumplido con mi obligación de prestarle alimentos a mi menor hijo, me veo en la necesidad de ofrecer en este acto, pasarle a través de este Tribunal la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 150.000,00) quincenales, esto es con el fin de evitar una reclamación alimentaría en mi contra, no pudiendo pasarle mas por cuanto tengo que mantener los gastos de otro hogar, mas mi legítima esposa se encuentra embarazada, es estudiante, mas la ayuda que le paso a mis padres, además de cancelar esa suma de dinero, ofrezco comprarle vestuario necesario para todo el año, mas los gastos de navidad y fin de año, gastos derivados de la salud, como son asistencia médica, hospitalización y medicina igualmente ofrezco cancelar los gastos escolares, tales como uniformes, útiles escolares y demás. También me comprometo a aumentar dicha pensión porcentualmente de acuerdo al sueldo actual neto quincenal a cobrar, es de CUATROCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA BOLÍVARES (Bs. 410.280,00) mensuales, tal como en evidencia en la copia de recibo de pago anexo a la presente marcado con la letra “B”. Pido que las cantidades de dinero aquí ofrecidas sean depositadas en una Cuenta Bancaria que autorice este Tribunal...” (Sic). Presentada la solicitud, correspondiéndole por distribución conocer de la presente causa a este Tribunal, por lo que en fecha Siete (07) de Junio del año 2.007 se le da entrada, ordenándose lo conducente entre ellos la citación del demandado y la notificación del Fiscal 36° del Ministerio Público del Estado Zulia. Por auto de fecha Veintidós (22) de Junio del año 2.007, se agregó Boleta de Notificación del Fiscal del Ministerio Público, debidamente firmada. Y siendo la oportunidad correspondiente pasa a decidir en los siguientes términos: El Tribunal observa: El artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, cuyo contenido establece: “Los actos procésales se realizaran en la forma prevista en este Código y en las leyes especiales. Cuando la Ley no señale la forma para la realización de algún acto, serán admitidas todas aquellas que el Juez considere idóneas para lograr los fines del mismo”. El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil regula la Perención de la Instancia y establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. También se extinguirá la Instancia: 1°. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiere cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado. 2°. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no Hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado. 3°. Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla.” Por otra parte, este Juzgador deja sentado y advierte del contenido del artículo 246 de la Ley en comento que establece sanciones para el abandono o mala fe en tramites judiciales, el cual no tiene mayores interpretaciones, sino aquellas que se desprenden de su propio contenido y de la intención del legislador: “Quien injustificadamente abandone un trámite judicial que hubiere instado y que involucre a un niño o adolescente, será sancionado con multa de uno (1) a tres (3) meses de ingreso. Parágrafo Primero: En la misma sanción incurre quién de mala fe haya instado, desistido o entorpecido el referido trámite. Parágrafo Segundo: Si se trata de un abogado, según la gravedad de la infracción se podrá suspender del ejercicio de la profesión hasta seis meses.” Ahora bien, de la revisión efectuada al presente expediente, se observa que la parte actora desde el día Siete (07) de Junio del año 2.007, se le dio entrada, se evidencia del estudio de las actas que desde esa fecha la parte demandante no ha realizado ningún acto de procedimiento en esta causa, debiendo sujetarse al cumplimiento de las normas previstas en el Código de Procedimiento Civil relativas a los actos de impulso procesal en cuanto que la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, dispone en su artículo 680 -sobre los procesos en curso- Disposiciones Transitorias y Finales, en su último aparte “ ...Los recursos ya interpuestos, la evacuación de pruebas ya admitidas, así como los términos o lapsos que hayan comenzado a correr se regirán por las disposiciones anteriores”. Asimismo establece en su artículo 451 “Se aplicará las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y del Código Civil en cuanto no se opongan a las aquí previstas.” Y por cuanto esta Ley no dispone de un procedimiento autónomo para ser aplicado, sino que debemos remitirnos a las normas generales de procedimiento contenidas en el citado Código y siendo la perención verificada de derecho de orden público y su declaratoria puede hacerse de oficio, en consecuencia se declara Extinguida la presente causa. Y ASI SE DECIDE.