Este Tribunal en fecha Cinco (05) de Febrero del año 2007, le dio entrada a la solicitud presentada por los ciudadanos: CRISTO RAMÓN MORILLO HERNÁNDEZ y SUGEY MARÍA ÁLVAREZ MARVAL, venezolanos, mayores de edad, cónyuges, titulares de la Cédulas de Identidad Números V.12.863.182 y V.-14.236.527, respectivamente, domiciliados en el Municipio Lagunillas del Estado Zulia, asistidos por la Abogada en ejercicio MARIELYS ORTIZ, inscrita en el inpreabogado No. 114.941, para exponer: “…En fecha Dos (02) de Septiembre de Mil Novecientos Noventa y Siete (1997), contrajimos Matrimonio Civil por ante la Jefatura Civil y el Secretario de la Parroquia Punta Gorda del Municipio Cabimas del Estado Zulia, todo lo cual consta en Acta de Matrimonio que acompañamos al presente escrito, marcada con la letra “A”. De la referida unión matrimonial procreamos Dos (02) hijos de nombres (CUYOS NOMBRES SE OMITEN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE), menores de edad, lo cual se evidencia en partidas de nacimiento que igualmente anexamos al presente escrito marcadas con las letras “B” y “C”, una vez contraído el matrimonio, establecimos nuestro domicilio conyugal en la avenida Intercomunal, Sector Punta Gorda, casa S/N, Municipio Cabimas del Estado Zulia, siendo ese su último domicilio conyugal, en donde convivimos en completa armonía, felicidad y socorro mutuo, cumpliendo cada uno a cabalidad los deberes que nos imponía el vínculo matrimonial, armonía que duró hasta el 30 de Noviembre de 2001, fecha en la cual nuestras relaciones se rompieron, terminando así con nuestra convivencia, sin que hasta la fecha hayamos restablecido la misma, manteniendo así, una ruptura prologada de la vida en común, motivado a ello y en vista que no hay disposición de ninguno de nosotros de llegar a una reconciliación, hemos decidido solicitar, como en efecto formalmente solicitamos la disolución del vínculo matrimonial que nos une, basándonos en el artículo 185-A del Código Civil Venezolano Vigente, pues nuestra separación se ha prolongado por más de cinco (05) años…”. (Sic). Admitida la solicitud, se ordenó la Notificación de la Fiscal del Ministerio Público. Por auto de fecha Veintitrés (23) de Febrero de 2.007, se agregó Boleta de Notificación del Fiscal del Ministerio Público, debidamente firmada, en esta misma fecha diligenció la Fiscal 36º del Ministerio Público, mediante el cual expuso que en la solicitud no se agregó la partida de nacimiento de la niña (CUYO NOMBRE SE OMITE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE), la cual resulta imprescindible en la presente causa. Por auto de fecha Veintiséis (26) de Abril de 2.007, se agrega el escrito presentado por la Fiscal 36º del Ministerio Público, este Tribunal insta a la parte solicitante a consignar copia certificada de la partida de nacimiento de la niña (CUYOS NOMBRES SE OMITEN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE). Y siendo la oportunidad correspondiente pasa a decidir en los siguientes términos: El Tribunal observa: El artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, cuyo contenido establece: “Los actos procésales se realizaran en la forma prevista en este Código y en las leyes especiales. Cuando la Ley no señale la forma para la realización de algún acto, serán admitidas todas aquellas que el Juez considere idóneas para lograr los fines del mismo”. El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil regula la Perención de la Instancia y establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. También se extinguirá la Instancia: 1°. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiere cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado. 2°. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no Hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado. 3°. Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla.” Por otra parte, esta Juzgadora deja sentado y advierte del contenido del artículo 246 de la Ley en comento que establece sanciones para el abandono o mala fe en tramites judiciales, el cual no tiene mayores interpretaciones, sino aquellas que se desprenden de su propio contenido y de la intención del legislador: “Quien injustificadamente abandone un trámite judicial que hubiere instado y que involucre a un niño o adolescente, será sancionado con multa de uno (1) a tres (3) meses de ingreso. Parágrafo Primero: En la misma sanción incurre quién de mala fe haya instado, desistido o entorpecido el referido trámite. Parágrafo Segundo: Si se trata de un abogado, según la gravedad de la infracción se podrá suspender del ejercicio de la profesión hasta seis meses.” Ahora bien, de la revisión efectuada al presente expediente, se observa que la parte actora desde el día Cinco (05) de Febrero del año 2007, se le dio entrada, desde esa fecha no realizaron ningún acto de procedimiento en esta causa, debiendo sujetarse al cumplimiento de las normas previstas en el Código de Procedimiento Civil relativas a los actos de impulso procesal en cuanto que la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, dispone en su artículo 680 -sobre los procesos en curso- Disposiciones Transitorias y Finales, en su último aparte “ ...Los recursos ya interpuestos, la evacuación de pruebas ya admitidas, así como los términos o lapsos que hayan comenzado a correr se regirán por las disposiciones anteriores”. Asimismo establece en su artículo 451 “Se aplicará las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y del Código Civil en cuanto no se opongan a las aquí previstas.” Y por cuanto esta Ley no dispone de un procedimiento autónomo para ser aplicado, sino que debemos remitirnos a las normas generales de procedimiento contenidas en el citado Código y siendo la perención verificada de derecho de orden público y su declaratoria puede hacerse de oficio, en consecuencia se declara Extinguida la presente causa. Y ASI SE DECIDE.