REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA SALA DE JUICIO - JUEZA UNIPERSONAL No.2 EXPEDIENTE: No. 12520 CAUSA: DIVORCIO 185 - A. PARTES: FRANCISCO ANTONIO URDANETA GUERRERO Y YOGIRZA BEATRIZ SERRANO GUERRERO Abogado Asistente: ARGENIS ALVARADO OJEDA PARTE NARRATIVA Comparecen por ante este Tribunal de Protección de los niños, niñas y adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha catorce (14) de agosto de dos mil siete (2007), los ciudadanos FRANCISCO ANTONIO URDANETA GUERRERO Y YOGIRZA BEATRIZ SERRANO GUERRERO, venezolanos, mayores de edad, cónyuges, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-10.833.533 y V-81.267.246 respectivamente, domiciliados en el Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, legalmente asistidos en este acto por el abogado en ejercicio ARGENIS ALVARADO OJEDA, inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 20.361, de este domicilio, quienes solicitaron se declare disuelto el matrimonio civil que los vincula, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 185-A del Código Civil, alegando estar separado de hecho por mas de cinco (05) años. Narran los solicitantes que contrajeron Matrimonio Civil por ante el Prefecto y secretario respectivamente del Municipio Chiquinquirá, Distrito Maracaibo (hoy, Parroquia Chiquinquirá, Municipio Maracaibo) del Estado Anzoátegui, en fecha veintidós (22) de septiembre de un mil novecientos ochenta y nueve (1.989), según se evidencia de la copia certificada del acta de matrimonio Nº 1161, que desde septiembre de dos mil uno (2001), se separaron de hecho y hasta la fecha no ha existido reconciliación; que durante su unión matrimonial procrearon dos (02) hijas, que llevan por nombres SARAI BEATRIZ Y ANAIS BELEN URDANETA SERRANO de catorce (14) y trece (13) años de edad respectivamente. Recibida la anterior solicitud del órgano distribuidor, este Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia la admitió cuanto ha lugar en derecho el día veintitrés (23) de abril de dos mil ocho (2008), de conformidad con lo establecido en el primer parágrafo del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y ordenó la citación del Fiscal del Ministerio Público Especializado, una vez cumplido este acto de citación, el Fiscal expuso en fecha doce (12) de junio de dos mil ocho (2.008), lo siguiente: “Por cuanto en el presente proceso se han llenado todos los extremos previstos en el artículo 185 – A del Código Civil vigente, la suscrita muy respetuosamente en representación del Ministerio Público, manifiesta su OPINIÓN FAVORABLE a los fines de que este tribunal a su digno cargo declare el divorcio entre los ciudadanos FRANCISCO ANTONIO URDANETA GUERRERO Y YOGIRZA BEATRIZ SERRANO GUERRERO. PARTE MOTIVA ÚNICO Analizadas las declaraciones de los cónyuges y las documentales consignadas, es decir el acta de matrimonio, la partida de nacimiento de las hijas procreadas en dicha unión, copias fotostáticas de las cédulas de identidad de los solicitantes, observa éste Juzgador que ambos cónyuges admiten estar separados de hecho desde hace más de cinco (05) años, circunstancia que constituye el supuesto tipificado en el artículo 185-A del Código Civil, el cual establece: “Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por mas de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común...”. Por otra parte no existió dentro del proceso objeción por parte del Ministerio Público con respecto a lo solicitado, ni existe en actas evidencia alguna que pudiese hacer concluir en la falsedad de los hechos expuestos por los cónyuges, por lo cual se consideran verificados los extremos requeridos para que se declare disuelto el vínculo matrimonial, es decir, la existencia de la separación de hecho por más de cinco (05) años y la aquiescencia de ambos cónyuges, y por ello la solicitud planteada debe ser proveída de conformidad, a tenor de lo dispuesto en la mencionada norma sustantiva. Así se declara. En cuanto a la patria potestad y la responsabilidad de crianza de las hijas procreadas dentro del matrimonio será ejercida conjuntamente por ambos progenitores, la custodia será ejercida por la progenitora. En cuanto al régimen de convivencia familiar, el progenitor podrá visitar a sus hijas cuantas veces lo desee. Las vacaciones escolares, carnavales, semana santa y navidad, serán compartidas y alternadas por ambos progenitores previo acuerdo, especialmente sábados y domingos. Advierte este sentenciador que el artículo 386 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, textualmente expresa lo siguiente. “La convivencia familiar puede comprender no sólo el acceso a la residencia del niño, niña o adolescente, sino también la posibilidad de conducirlo a un lugar distinto al de su residencia, si se autorizare especialmente para ello al interesado o interesada en la convivencia familiar. Asimismo, pueden comprender cualquier otra forma de contacto entre el niño, niña o adolescente y la persona a quien se le acuerda la convivencia familiar, tales como: comunicaciones telefónicas, telegráficas, epistolares y computarizadas”. En lo referente a la Obligación de Manutención, estudios, vestido, medicamentos y todo lo que fuese necesario para el bienestar de las niñas serán compartidas por ambos progenitores. Asimismo, el progenitor se compromete a suministrarle a las niñas una pensión alimentaria por la cantidad de CUATROCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 400,00) mensuales, así como el progenitor se compromete a entregar una cantidad adicional en época escolar y navidad. Así se declara. En este orden de ideas, de conformidad con lo establecido en el artículo 351 y en el articulo 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que consagra el Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente, por cuanto se evidencia, que tanto la Convivencia Familiar como la Obligación de Manutención fijada por las partes de mutuo acuerdo, es acorde a cada una de las necesidades y de los derechos de las adolescentes de autos, entre ellos el derecho a un nivel de vida adecuado, el cual comprende entre otras cosas; alimentación, vestido y vivienda, derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con los padres, derecho a la salud, derecho a la integridad física, mental y espiritual, en consecuencia el Tribunal acoge lo acordado por las partes. Así se declara. PARTE DISPOSITIVA DECISIÓN Por los fundamentos expuestos, este Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio - Jueza Unipersonal Nº 2, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: a) CON LUGAR la solicitud de Divorcio basada en el artículo 185-A del Código Civil, formulada por los ciudadanos FRANCISCO ANTONIO URDANETA GUERRERO Y YOGIRZA BEATRIZ SERRANO GUERRERO, ya identificados. b) DISUELTO EL VINCULO MATRIMONIAL que contrajeron ante el Prefecto y secretario respectivamente del Municipio Chiquinquirá, Distrito Maracaibo (hoy, Parroquia Chiquinquirá, Municipio Maracaibo) del Estado Anzoátegui, en fecha veintidós (22) de septiembre de un mil novecientos ochenta y nueve (1.989), según se evidencia de la copia certificada del acta de matrimonio Nº 1161, expedida por la misma. No hay condenatoria de costas debido a la naturaleza del proceso. Publíquese. Regístrese. Déjese copia certificada por secretaria de conformidad con el artículo 248 eiusdem. Dada, firmada y sellada en la Sala 2 del Despacho del Tribunal de Protección de los niños, niñas y adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los veintiséis (26) días del mes de Junio de dos mil ocho (2.008) Años 198º de la Independencia y 149º de la Federación. La Jueza Unipersonal Nº 2, Dra. Inés Hernández Piña La Secretaria, Abog. Militza Martínez Portillo En la misma fecha, siendo las 9:25am, previo anuncio de ley a las puertas del despacho, se dictó y publicó la anterior sentencia definitiva bajo el Nº 533. La Secretaria. Exp. 12520 IHP/cre.