TSJ Regiones - Decisión

EXP-7197 SENT-9871

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEXTO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
198° y 149°
Se inició el presente juicio con demanda que por COBRO DE BOLÍVARES (ACCIDENTE DE TRÁNSITO), intentó la ciudadana LUCY BELL CARRIZO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-9.757.843, domiciliada en el Municipio Autónomo San Francisco del Estado Zulia, asistido para este acto por el Abogado en ejercicio YGMER JOSÉ DÍAZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el No.40.686; contra los ciudadanos JOSÉ GARCÍA Y FRANCISCO MONTIEL, titulares de las cédulas de identidad Nos.V-7.832.952 y V-5.840.127 respectivamente y domiciliados en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, por un accidente que se dio entre el vehículo Marca: DAEWOO; Modelo: ESPERO 2.0; Año:1998; Placa: SAH 98P; Tipo: SEDAN; Color: VERDE; Uso: PARTICULAR; Serial de carrocería: KLAJF19W1WB190481; propiedad de la parte actora según documento autenticado por ante la Notaría Pública Décima Primera del Municipio Maracibo del Estado Zulia, de fecha 02 de abril de 2008, anotado bajo el No.53, tomo 35 y el vehículo tipo SEDAN; Marca: DODGE; modelo: BRISA; Placa KBC-96U; Uso: TAXI; Año:2003; Serial de la carrocería: 8X1VF21LP3Y700418, color: PLATA; cuyo conductor era el ciudadano JOSÉ GARCÍA y cuyo propietario es el ciudadano FRANCISCO MONTIEL y para que pague la cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS BOLÍVARES FUERTES (BsF.6.800,00) que determinó por concepto de los daños materiales causados al vehículo de su propiedad y a su patrimonio, más las costas y costos del proceso que deberan ser calculados, así como también la indexación del monto reclamado desde la fecha de la presente demanda hasta el momento del pago efectivo o que se obliguen por este Tribunal.
Dicha demanda fue distribuida por la Oficina de de Recepción y Distribución de Documentos, en fecha 23-05-2008, correspondiéndole el conocimiento de la causa al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo civil, Mercantil y del Tránsito, que la admitió en fecha 26-05-2008 declinando la competencia de la misma por considerarse incompetente en razón de la cuantía y se declaró competente a un Juzgado de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco del Estado Zulia. Asimismo se ordenó su remisión a la oficina de Recepción y Distribución de documentos y esta la recibió en fecha 06-06-2008 correspondiéndole el conocimiento de la causa a este Juzgado Sexto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco, que la admitió en fecha 09-06-2008, aprehendiendo el conocimiento de la causa e instando a las partes a darle impulso procesal.
Ahora bien, siendo la oportunidad legal para dictar sentencia, el Tribunal lo hace previa a las consideraciones siguientes: Establece el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en su ordinal 1º "Toda instancia se extingue por el Transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la Instancia:
1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de Admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea Practicada la citación del demandado..." (Destacado del Tribunal).
La norma citada hace referencia a las obligaciones impuestas por la Ley de Arancel judicial, en su artículo 2º, la cual se refiere a sumas de dinero para pagar transporte, hospedaje y manutención, conceptos éstos que no vulneran la gratuidad de la justicia consagrada en la vigente Constitución Nacional.

Por otra parte, y a propósito de las obligaciones impuestas al demandante, se observa que el Artículo 26 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela ha consagrado la gratuidad de los procedimientos judiciales, motivo por el cual no existe un impedimento de origen económico por el cual la parte actora no pueda impulsar la causa. No obstante quedan salvados los pagos destinados a satisfacer las necesidades de transporte manutención y hospedaje de los funcionarios y auxiliares que deban practicar diligencias fuera de las instalaciones del Tribunal para lograr la citación del demandado.
En el mismo orden de ideas, en reciente sentencia dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha seis (6) del mes de julio de dos mil cuatro, se estableció criterio referente a la aplicación de la perención breve previsto en el primer ordinal del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil la cual se encontraba en desuso, basando su decisión entre otras razones en que la falta de interés procesal, genera la pérdida de la instancia, la cual debe ser sancionada con su perención. Señala el fallo in commento que: “…el legislador impone una dura sanción a la negligencia de las partes lo cual evidentemente redunda en agilizar los procesos, puesto que obliga a los litigantes a impulsarlos bajo la amenaza de la perención, evitando así en gran medida, las paralizaciones de las causas por largos períodos, tal y como ocurría anteriormente. Ahora bien, dada la severidad del castigo, este Supremo Tribunal ha considerado de aplicación e interpretación restrictiva, las normas relativas a la perención y bajo estos lineamientos ha establecido, mediante su doctrina, que por cuanto la ley habla de las obligaciones que debe cumplir el demandante, basta que éste ejecute alguna de ellas a los efectos de la práctica de la citación, para evitar que se produzca la perención…”. (Destacado de la Sala).
El expresado fallo establece como conclusión sobre el carácter fáctico de la previsión establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil el hecho que “…no debe entenderse que la citación debe ser practicada dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda o de su reforma. No. Por el contrario, lo que debe cumplirse dentro de ese lapso de 30 días, son las obligaciones previstas en la Ley destinadas a lograr la citación, importando poco que ésta se practique efectivamente después de esos 30 días”. (Subrayado de la Sala).
La perención es un modo de extinguir la relación procesal, al transcurrir un cierto período en estado de inactividad. La perención de la instancia no extingue la pretensión, pero deja sin efecto el proceso con todas sus consecuencias.
La perención de la instancia se verifica ope legis al transcurrir el tiempo necesario para que aplique según sea el caso. Cuando el juez la declara, se entiende que los efectos de la perención en esta causa, operarán desde que se introdujo la demanda.
La norma contempla que el juez puede declarar de oficio la perención, ello quiere decir que es una facultad que la ley le otorga al juzgador quien puede o no hacer uso de ellas.
Al mismo tiempo, se verifica que la presente causa fue admitida por este órgano jurisdiccional después de la publicación de la sentencia a la cual se ha hecho referencia, la cual estableció: “Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta”. En aplicación de la norma establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, concatenado con lo establecido en el fallo de la Sala Civil, el Tribunal observa que desde el día 09 de junio de 2008, fecha de la última actuación, hasta el día de hoy ha transcurrido más de treinta días, lapso que supera al establecido por la Ley, para que el demandante realizara las actividades necesarias para el impulso de la citación, acto necesario para la continuación del proceso.

DECISIÓN

Por los fundamentos antes expuestos este Juzgado Sexto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara de oficio PERIMIDA LA INSTANCIA, en el presente juicio seguido por la ciudadana LUCY BELL CARRIZO contra JOSÉ GARCÍA Y FRANCISCO MONTIEL, antes identificados. Y ASÍ SE RESUELVE.-
Como abogado asistente de la parte actora actuó el ciudadano YGMER JOSÉ DÍAZ..
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE
No hay Condenatoria en costas dado el carácter de este fallo.
Expídase copia certificada por Secretaria y archívese en el Tribunal de conformidad con lo establecido en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la sala de este Despacho, a los dieciocho (16) días del mes de julio del año dos mil ocho (2008). Años: 198° de la Independencia y 149° de la Federación.

Abog. HELEN NAVA DE URDANETA. M.S.c
JUEZA TITULAR

EL SECRETARIO
Abog. REINALDO RONDON

Siendo las once y quince minutos de la mañana (11:15 a.m.), se dictó y se publicó el fallo que antecede bajo el No.9871

EL SECRETARIO