LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
EL JUZGADO SUPERIOR PRIMERO
EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUIDICIAL DEL ESTADO ZULIA
INTRODUCCIÓN
Conoce este Juzgado Superior Primero de la presente causa en virtud de la distribución que efectuara la Oficina de Recepción y Distribución de documentos en fecha 13 de diciembre de 2007, en virtud de la apelación interpuesta en fecha 05 de diciembre de 2007, por el abogado Carlos Araujo Méndez, titular de la cédula de identidad número 14.927.900, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 103.029, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, actuando como apoderado judicial de la Sociedad de Comercio Mercantil Panamá, Compañía Anónima, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 14 de julio de 1969, bajo el Nº 31, tomo 53-A, cuya última acta de asamblea fue inscrita en el referido registro, en fecha 19 de octubre de 2005, bajo el nº 50, Tomo 153-A-Pro., contra decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 29 de noviembre de 2007, en el juicio de Reinvindicación seguido por la Sociedad de Comercio Mercantil Panamá, Compañía Anónima, antes identificada, en contra del ciudadano Daniel Antonio Godoy Finol, venezolano, mayor de edad, soltero, comerciante, titular de la cédula de identidad número 11.949.556, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia.
Se recibió y se le dio entrada a la presente causa por ante éste Órgano Superior, en fecha 18 de diciembre de 2007, tomándose en consideración que la sentencia apelada tiene el carácter de Interlocutoria.
Consta en actas que en fecha 17de enero de 2008, el abogado José Gregorio Bravo Pérez, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 10.207.926, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 57.133, y domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, actuando como apoderado judicial de la Sociedad de Comercio Mercantil Panamá, Compañía Anónima, antes identificada, desistió del recurso de apelación.
Ahora bien, pasa éste Órgano Superior a decir sobre el desistimiento del recurso de apelación interpuesto por la parte actora dentro del presente proceso, realizando para ello el siguiente análisis:
Establecen los artículos 263 y 265 del Código de Procedimiento Civil, de la República Bolivariana de Venezuela, en relación al desistimiento, lo siguiente:
“Artículo 263: En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El Juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria.
El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aun antes de la homologación del Tribunal”
“Artículo 265: El demandante podrá limitarse a desistir del procedimiento; pero si el desistimiento se efectuare después del acto de contestación de la demanda, no tendrá validez sin el consentimiento de la parte contraria.”
Comentando las anteriores disposiciones, el procesalista ARISTIDES RENGEL ROMBERG en su obra TRATADO DE DERECHO PROCESAL CIVIL VENEZOLANO. Volumen II. Editorial Ex Libris. Caracas 1991, págs. 329, 330 y 331, expone:
“El desistimiento es la declaración unilateral de voluntad del actor por la cual éste renuncia o abandona la pretensión que ha hecho valer en la demanda, sin necesidad de consentimiento de la parte contraria,
En esta definición se destaca:
a) El desistimiento es un acto del actor y, concretamente, una declaración, de voluntad, negocio jurídico unilateral que lo vincula irrevocablemente, en cuanto el efecto jurídico deseado se produce necesariamente conforme a la declaración emitida.
b) El contenido de la declaración de voluntad del actor, es la renuncia o abandono de la pretensión que ha hecho valer en la demanda.
La renuncia a la pretensión, lleva implícita la renuncia al derecho pues como se ha visto (supra: n. 161), en toda pretensión hay una afirmación, por lo cual el sujeto se afirma titular de un interés jurídico frente al demandado; afirmación que se concreta en la alegación de un derecho subjetivo, el cual se dice violado, o amenazado, o en estado de incertidumbre. Pero como el objeto del proceso es la pretensión y no propiamente el derecho, se sigue por la finalidad auto-compositiva del desistimiento, debe entenderse que la renuncia está dirigida a la pretensión que es el objeto del proceso y no al derecho, que sólo está implícito en ella”.
“El desistimiento de la pretensión no requiere el consentimiento de la parte contraria; lo que significa que ésta queda sujeta a los efectos de la declaración del actor, la cual se configura así como un derecho potestativo, esto es, como el poder de un sujeto, de producir mediante una manifestación de voluntad, un efecto jurídico en el cual tiene interés, y esto frente a una persona, o varias, que no están obligadas a ninguna prestación, sino que están sujetas a aquella, de manera que no pueden sustraerse el efecto jurídico (producido supra: n. 22)”. (Negritas del Tribunal).
Mediante sentencia de fecha 18 de noviembre de 2002, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, señaló lo siguiente:
“…El desistimiento, tal y como lo enseña la doctrina de nuestros procesalistas clásicos (Borjas y Marcano Rodríguez), es un acto jurídico que consiste en el abandono o renuncia positiva y precisa que hace el actor o interesado, de manera directa, ya de la acción que ha intentado, ya del procedimiento incoado para reclamar judicialmente algún derecho, o de un acto aislado de la causa o, en fin, de algún recurso que hubiese interpuesto…”
El Dr. RICARDO HENRÍQUEZ LA ROCHE, en su obra INSTITUCIONES DE DERECHO PROCESAL, p. 340, señala en relación al desistimiento de los recursos lo siguiente:
“En orden al desistimiento de los recursos, tampoco es menester el consentimiento o adhesión de la contraparte no recurrente, pues habiendo obtenido ya la contraparte una sentencia favorable, o en el peor de los casos, una sentencia inhibitoria que no le causa agravio (definitiva de forma), no tiene interés en que el recurso prosiga; y por tanto, el desistimiento no impide que se defina la justicia en el caso, ya por la sentencia de mérito contra la que se alzo el resistente, que pasa a la autoridad de cosa juzgada, ya por la ulterior sentencia que debe dictarse luego de subsanado el vicio esencial denunciado por la sentencia repositoria.”
En consecuencia, visto el desistimiento del recurso de apelación, efectuado por el abogado José Gregorio Bravo Pérez, en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad de Comercio Mercantil Panamá, Compañía Anónima, parte actora en la presente causa, observa ésta Jurisdicente que el mismo, tiene la capacidad expresa requerida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 154 y 264 del Código de Procedimiento Civil, según consta en el documento poder, así como de la carta de autorización suscrita por la representante legal de la referida sociedad, la cual corre inserta al folio veintiocho (28) de las actas procesales del presente expediente.
Ahora bien, si bien es cierto, que por disposición del artículo 265 del Código de Procedimiento Civil, se requiere para la validez del desistimiento efectuado después del acto de contestación de la demanda, el consentimiento de la parte contraria, en el presente caso por tratarse del desistimiento del Recurso de Apelación, no es preciso la adhesión o consentimiento de la contraparte, puesto que con el mismo no se le causa ningún gravamen, razón por la cual, cumpliendo dicho desistimiento con los requisitos legales establecidos para el caso, debe esta Sentenciadora impartirle su aprobación al desistimiento del recurso de apelación, y en consecuencia declarar agotada la cognición de la presente causa por este Tribunal. ASÍ SE DECIDE.-
DISPOSITIVO.
En fuerza de las anteriores consideraciones, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: Se le imparte la Aprobación al Desistimiento del Recurso de Apelación, interpuesto en fecha 05 de diciembre de 2007, por el abogado Carlos Araujo Méndez, actuando como apoderado judicial de la Sociedad de Comercio Mercantil Panamá, Compañía Anónima, contra la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 29 de noviembre de 2007, en el juicio de Reivindicación seguido por la Sociedad de Comercio Mercantil Panamá, Compañía Anónima, en contra del ciudadano Daniel Antonio Godoy Finol, todos anteriormente identificados.
SEGUNDO: Se Agota la Cognición de la presente causa por este Tribunal, razón por la cual se ordena remitir el presente expediente al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
TERCERO: Se condena en costas a la parte apelante, en virtud del desistimiento del recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo 282 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLÍQUESE. REGÍSTRESE y NOTÍFIQUESE. Déjese por Secretaría copia certificada de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, sellada y firmada en la Sala de este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los dieciocho (18) días del mes de febrero de 2008. Años 197º de la independencia y 148º de la Federación.
LA JUEZ PROVISORIA.
Dra. IMELDA RINCÓN OCANDO.
EL SECRETARIO.
Abg. MARCOS FARÍA QUIJANO
En la misma fecha anterior, siendo las tres de la tarde (03:00 p.m.), se dictó y publicó el fallo que antecede.
EL SECRETARIO.
Abg. MARCOS FARÍA QUIJANO
IRO/ MFQ/ eop.-
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