“Se inicio el presente procedimiento por Convenio suscrito por la ciudadana LIVIA LIBERTAD LÓPEZ, Defensora de los Derechos del Niño y del Adolescente del Municipio Lagunillas del Estado Zulia, por los ciudadanos ARELIS DEL ROSARIO SOTO SANCHEZ y PABLO ANTONIO VASQUEZ ARRAEZ, quienes llegaron a un acuerdo de OBLIGACION ALIMENTARIA, a favor de los niños: (CUYOS NOMBRES SE OMITEN A RAZÓN D LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE), de nueve (09) años y siete (07) años de edad, respectivamente, en beneficio e interés único y exclusivo de las niñas antes mencionadas. La Defensoria del Niño y del Adolescente interpuso sus buenos oficios conciliatorios. Presentada la demanda, correspondió por distribución conocer de la presente causa a este Tribunal, por lo que en fecha Veinticinco (25) de Octubre de 2.005, se admitió la demanda ordenándose lo conducente entre ello la notificación de la Fiscal del Ministerio Público. Por auto de fecha Siete (07) de Noviembre de 2.005, se agregó Boleta de Notificación del Fiscal 36º del Ministerio Público, debidamente firmada. Por auto de fecha Nueve (09) de Noviembre de 2.005, se agregó escrito presentado por la Fiscal 36º del Ministerio Público, mediante el cual expuso que no fueron establecidos claramente los términos que regirán el acuerdo suscrito a favor de las hermanas Soto y solicitó al Tribunal ordene la comparecencia de las partes a los fines de que aclaren el convenio. Por auto de fecha Diez (10) de Noviembre de 2.005, este Tribunal provee la diligencia que antecede y ordena lo conducente acuerda instar a las partes a que aclaren los términos del Convenimiento celebrado en fecha 18/10/2005. Y siendo la oportunidad correspondiente pasa a decidir en los siguientes términos: El Tribunal observa: El artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, cuyo contenido establece: “Los actos procésales se realizaran en la forma prevista en este Código y en las leyes especiales. Cuando la Ley no señale la forma para la realización de algún acto, serán admitidas todas aquellas que el Juez considere idóneas para lograr los fines del mismo”. El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil regula la Perención de la Instancia y establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. También se extinguirá la Instancia: 1°. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiere cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado. 2°. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no Hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado. 3°. Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla.” Por otra parte, esta Juzgadora deja sentado y advierte del contenido del artículo 246 de la Ley en comento que establece sanciones para el abandono o mala fe en tramites judiciales, el cual no tiene mayores interpretaciones, sino aquellas que se desprenden de su propio contenido y de la intención del legislador: “Quien injustificadamente abandone un trámite judicial que hubiere instado y que involucre a un niño o adolescente, será sancionado con multa de uno (1) a tres (3) meses de ingreso. Parágrafo Primero: En la misma sanción incurre quién de mala fe haya instado, desistido o entorpecido el referido trámite. Parágrafo Segundo: Si se trata de un abogado, según la gravedad de la infracción se podrá suspender del ejercicio de la profesión hasta seis meses.” Ahora bien, de la revisión efectuada al presente expediente, se observa que la parte actora desde el día Diez (10) de Noviembre de 2.005, fecha en la que se acordó instar a las partes a que aclaren los términos del Convenimiento celebrado, desde esa fecha no realizaron ningún acto de procedimiento en esta causa, debiendo sujetarse al cumplimiento de las normas previstas en el Código de Procedimiento Civil relativas a los actos de impulso procesal en cuanto que la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, dispone en su artículo 680 -sobre los procesos en curso- Disposiciones Transitorias y Finales, en su último aparte “ ...Los recursos ya interpuestos, la evacuación de pruebas ya admitidas, así como los términos o lapsos que hayan comenzado a correr se regirán por las disposiciones anteriores”. Asimismo establece en su artículo 451 “Se aplicará las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y del Código Civil en cuanto no se opongan a las aquí previstas.” Y por cuanto esta Ley no dispone de un procedimiento autónomo para ser aplicado, sino que debemos remitirnos a las normas generales de procedimiento contenidas en el citado Código y siendo la perención verificada de derecho de orden público y su declaratoria puede hacerse de oficio, en consecuencia se declara Extinguida la presente causa. Y ASI SE DECIDE.