TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Maturín de Primera Instancia Penal en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas
Maturín, 7 de Enero de 2008
197º y 148º

ASUNTO PRINCIPAL : NP01-P-2006-000964
ASUNTO : NP01-P-2006-000964

Visto el escrito presentado por el Abogado TANIA SALAZAR, actuando en su carácter de Defensor Público décimo de los ciudadanos YOSMER VILLARROEL Y JUAN CARLOS PEREZ, acusados en el asunto signado con la nomenclatura NP01-P-2006-000964, seguida por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO DE VEHICULO AUTOMOTOR- , mediante el cual solicita la revisión de la medida judicial de privación preventiva de libertad que actualmente sufren sus representados, de conformidad con los artículos 264 del Código Orgánico Procesal Penal, y sustituirla por una menos gravosa de las cautelares que bien podría ser alguna de las que establece el artículo 256 en sus diferentes ordinales ejusdem, este Tribunal para decidir previamente hace las siguientes consideraciones:

UNICO

El Texto Adjetivo Penal establece en el artículo 264 lo siguiente: “El imputado podrá solicitar la Revocación o Sustitución de la Medida Judicial de Privación Preventiva de Libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las Medidas Cautelares cada Tres (03) Meses, y cuando lo estime prudente las Sustituirá por otras Menos Gravosas…”

De la norma parcialmente transcrita se observa, por una parte, el derecho que tiene todo imputado de solicitar la revisión de la medida de privación judicial preventiva de libertad, y por la otra la obligación del tribunal de revisarla cada tres meses. Ahora bien, no señala dicha norma cuales son los supuestos de la revisión, por lo que a criterio del juez que aquí decide, los supuestos de la misma deben obedecer a un cambio o modificación de las circunstancias que dieron lugar a la medida de coerción decretada por el Juez.

Así las cosas, es conveniente precisar, que la revisión de autos a sido formulada ante este tribunal de juicio, donde el pronunciamiento que se haga al respecto, debe evitar aquél que pudiere tocar el fondo del asunto, y por ende la emisión de un pronunciamiento anticipado sin haber una sentencia definitiva. En efecto, en la presente causa no se ha dictado sentencia definitiva, por lo que la revisión debe ir encaminada a supuestos donde se considere que la privación judicial preventiva de libertad ya no es necesaria, por la garantía de la ausencia del peligro de fuga y no por ninguna otra razón o motivo, ya que se emitiría opinión anticipada, lo cual no ocurriría si la revisión fuese solicitada ante un juez de control, porque éste no es el que decide en audiencia oral y pública.

Ahora bien, el motivo o el fundamento esgrimido por el solicitante para que este Tribunal de juicio cambie la medida de privación judicial preventiva de libertad por una menos gravosa, lo constituye la circunstancia según la cual lo manifiesta la defensa, como es el hecho que la regla es la libertad y la excepción es la privación de libertad, aunado a ello argumenta su solicitud en el principio de la presunción de inocencia que acompaña a todo individuo hasta que no exista una sentencia definitivamente firme, y otros alegatos similares lo cuales no puede entrar a analizar esta Juzgadora, en este momento ya que de hacerlo estaría revisando una decisión de un Tribunal de su misma Jerarquía, aunado que se estaría pronunciando sobre el fondo del asunto sometido a su conocimiento, lo cual es a todas luces es improcedente y solo podría hacerse por vía de apelación; y por la otra la no existencia del peligro de fuga y de la obstaculización de la búsqueda de la verdad.

En la presente causa la Juez Quinto de Control del Circuito Judicial Penal de este Estado, en audiencia preliminar de fecha 13-11-2006, admitió totalmente la acusación Fiscal contra los ciudadanos YOSMER ALEXANDER VILLARROEL por la presunta comisión de los delitos de APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTE DEL ROBO y RESITENCIA A LA AUTORIDAD y JUAN CARLOS PEREZ por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTO, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, en perjuicio del ciudadano OMAR BOUTTO, por lo cual ordenó la Apertura A Juicio, y acordó mantener la medida de privación judicial decretada contra los mismos en su oportunidad legal, la cual fundamentó, como lo señala en dicha audiencia preliminar, dentro de los supuestos de la magnitud del daño causado y el peligro de fuga, derivado en la posible pena a llegar a imponer por el delito en cuestión, por considerar que no habían variado las circunstancias que dieron origen a la privación judicial.

Como se podrá apreciar, el fundamento establecido por el referido tribunal Quinto de Control para considerar el peligro de fuga, fue la pena que pudiera llegarse a imponer por el delito en cuestión, apreciándose que la pena por el delito que se atribuye no ha variado para la presente fecha, pues el legislador no la ha modificado ni ha establecido una más benigna, por lo que a juicio de este tribunal, la medida de privación judicial preventiva de libertad se hace necesaria y debe mantenerse para el cumplimiento del proceso.

El artículo 243 del Código Orgánico Procesal Penal establece “ Toda persona a quien se impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código” De la norma anteriormente transcrita se infiere, que la medida de privación judicial preventiva de libertad es una medida excepcional, que procede cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez de cada caso, pero en el caso de marra, esa excepcionalidad fue de la que hizo uso el Juez de Control, al acordarla. Esa excepción a la regla, del estado de libertad durante el proceso establecida en la ley, tiene además base constitucional; en efecto, del artículo 44 ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se colige, que toda persona tiene como garantía ser juzgada en libertad, pero continúa señalando la norma: “excepto por las razones determinadas en la ley”.

Las razones establecidas en la ley para que a manera excepcional se decrete la privación judicial preventiva de libertad, precisamente lo constituyen, los supuestos previstos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal penal, de los cuales la pena que pudiera llegarse a imponer por el delito en cuestión constituye uno de los fundamentos del peligro de fuga y fue el señalado por el Juez de Control al decretar la medida, de tal modo, que no se trata de los supuestos señalados por la defensa, como es el hecho de que el acusado tiene residencia fija en este Estado, se compromete a no obstaculizar el proceso, a no cometer nuevos delitos y someterse a las condiciones del proceso, sino, la pena que por ese hecho pudiera llegarse a imponer señalado por el juez de control y compartido por este tribunal de juicio, y siendo que no han variado para la presente fecha esas circunstancia, por lo que se hace necesario el mantenimiento de la medida.

Del principio de Presunción de inocencia establecido en el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, y 49 ordinal 2° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como también en la convención sobre los derechos humanos o Pacto de San José de Costa Rica, y el pacto de los Derechos Civiles y Políticos, deriva el principio también legal y constitucional de la libertad durante el proceso, pero que se ve limitado por las mismas normas que lo consagran, puesto que se faculta al juez para decretar la privación de libertad a manera excepcional cuando se dan los supuestos de ley, como ha ocurrido en la presente causa, por existir una presunción razonada de peligro de fuga, por la pena que pudiera llegarse a imponer por el hecho punible en cuestión.

DECISION.

Por todas las consideraciones antes expuestas este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara SIN LUGAR la sustitución de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad decretada por el Juez de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas, solicitada por la defensa de los acusados ciudadanos YOSMER ALEXANDER VILLARROEL por la presunta comisión de los delitos de APROVECHAMIENTO DE VEHICULO PROVENIENTE DEL ROBO y RESITENCIA A LA AUTORIDAD y JUAN CARLOS PEREZ por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTO, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, en perjuicio del ciudadano OMAR BOUTTO. Así se decide. Notifíquese a las partes de esta decisión.
LA JUEZA (T)

Abg. RAQUEL GARCIA BELLORIN.

LA SECRETARIA

Abg. MARIA G. BRITO.