TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, CON SEDE EN CABIMAS.

ASUNTO: VP21-L-2007- 000712.

Parte Actora: HELIMENAS FERNANDO BAEZ MORONTA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro V- 7.978.127, domiciliado en el Municipio Autónomo Cabimas del Estado Zulia.

Apoderada Judicial
De la parte actora.- ADRIANA PAOLA URDANETA MORALES, abogada en ejercicio, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 91.250.

Parte Demandada: VICMAR TOURS, CA con domicilio en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia.

Apoderados Judiciales
de la parte demandada: No se constituyó apoderado judicial alguno.

Motivo: Cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales.

SENTENCIA DEFINITIVA: ADMISIÓN DE HECHOS.

Comienza el presente juicio mediante demanda interpuesta por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), de este Circuito Judicial en fecha 25 de Octubre de 2007, de donde se desprende como parte actora el ciudadano HELIMENAS FERNANDO BAEZ MORONTA, en contra de la sociedad mercantil VICMAR TOURS, CA, por motivo de Cobro de Prestaciones Sociales y otros conceptos Laborales.

Se procedió a la redistribución automática de las causas mediante el Sistema
Juris 2000 perteneciente a este Circuito Judicial Laboral, y a la realización del sorteo público en la Sala de este Juzgado, para la apertura de la Audiencia Preliminar, correspondiéndole el conocimiento de la presente causa al Juez que con tal carácter suscribe el presente fallo.

Sustanciada y tramitada conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, llegado el día para la celebración de la apertura de la Audiencia Preliminar en fecha catorce (14) de enero de 2008, se realizó el correspondiente anuncio público en la sala de este Juzgado, observándose la comparecencia de la parte demandante por medio de su apoderado judicial, mas no así la parte demandada, sociedad mercantil VICMAR TOURS, CA.

De igual forma, tal y como quedó asentado en forma previa por éste sentenciador, se dejó constancia de la incomparecencia de la demandada ni por sí ni por medio de Apoderado Judicial alguno, lo cual se traduce en la presunción como cierto de los hechos alegados por la parte actora. Todo ello en virtud de que la asistencia a la Audiencia Preliminar es obligatoria para las partes por que el proceso oral tiene que desarrollarse con la presencia de los interesados, sea que acudan personalmente o por medio de apoderados judiciales, tal como lo contemplan las normas adjetivas laborales, en aras de fortalecer los principios de la oralidad e inmediación procesal.

En cumplimiento al mandato dispuesto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, éste Tribunal de Instancia procede en derecho a producir su pronunciamiento mediante el presente fallo. En este sentido, se observa de los alegatos expuestos en el escrito libelar presentado por el ciudadano HELIMENAS FERNANDO BAEZ MORONTA, en contra de la sociedad mercantil VICMAR TOURS, CA, por motivo de cobro de Cobro de Prestaciones Sociales y otros conceptos Laborales, que invoca y suministra información, que se traducen en datos, conceptos y cantidades vinculados con la relación de trabajo admitida por la parte demandada.

En este caso bajo estudio se observa del Acta levantada por éste Tribunal en fecha 14 de enero de 2008, con ocasión de celebrarse la Audiencia Preliminar primitiva en el caso de marras, que la parte demandada al inicio de la misma no compareció ni por sí ni por medio de apoderado judicial alguno, en consecuencia, se presumen como ciertos los hechos alegados por el demandante, de conformidad con la normativa adjetiva laboral, correspondiéndole a este Juzgador verificar si la
reclamación es contraria a derecho o vulnera normas de orden público, por cuanto no le es permitido a este Juzgador, otorgar mecánicamente todos los conceptos reclamados, sin antes verificar su conformidad con la ley. Con respecto a este punto en particular se ha pronunciado el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, en sentencia de fecha 22 de Abril de 2005, caso (Isabel Bravo de Bracho Vs. Unidad Educativa La Llovisna), y sentencia de fecha 25 de enero de 2007, No 15, con ponencia del Magistrado Luis Franceschi, entre otras.

Todo procedimiento legal impone o reclama a cada una de las partes intervinientes de la relación procesal, una serie de actuaciones denominadas por la doctrina, cargas procesales que se deben cumplir para no sufrir las consecuencias establecidas en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En este sentido, resulta conveniente destacar el contenido de las siguientes normas de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo:

Artículo 128: “El demandado deberá comparecer a la hora que fije el Tribunal, personalmente o por medio del apoderado, a fin de que tenga lugar la audiencia preliminar al décimo día hábil siguiente, posterior a la constancia en autos de su notificación o de la última de ellas, en caso de que fueren ellas, en caso de que fueren varios los demandados”.

Artículo 129: “La audiencia preliminar será en forma oral, privada y presidida personalmente por el Juez de sustanciación, mediación y ejecución, con la asistencia obligatoria de las partes o sus apoderados. En la misma no se admitirá la oposición de cuestiones previas”.

Parágrafo Único: Cuando el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución esté en presencia de un litisconsorcio activo o pasivo, nombrara una representación no mayor de tres (3) personas por cada parte, a los fines de mediar y conciliar las posiciones de las mismas.

Artículo 131: “Si el demandado no compareciera a la audiencia preliminar se presumirá la admisión de los hechos alegados por el demandante y el Tribunal sentenciara en forma oral…”.

En el área específica de la contumacia del demandado al Inicio de la Audiencia Preliminar, surte la consecuencia jurídica de presumirse los hechos alegados por el demandante y el Tribunal deberá forzosamente sentenciar la causa conforme a dicha admisión, (Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Social, sentencia de fecha 15 de Octubre de 2004, con ponencia del magistrado Alfonso Valbuena, en el caso conocido como FENSA COCA-COLA), siempre y cuando no sea contraria a derecho ni al orden público la petición de la parte accionante, y a tal efecto, se observa que la acción interpuesta por la trabajadora demandante, como lo es el cobro de Diferencias de Prestaciones Sociales y otros conceptos Laborales, se encuentra tutelado en los artículos 87, 89 y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como también en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Trabajo.

También es importante señalar que, en lo que respecta a derechos humanos, el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, convertido en normativa interna por ser suscrito por Venezuela, en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como el Protocolo de San Salvador, y aprobado por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, mediante Ley Aprobatoria, publicada en la Gaceta Oficial No. 38.192, de fecha 23 de Mayo de 2.005, tutela dentro de sus normas, específicamente en su artículo 6 lo referente a la protección al derecho del trabajo.

Ahora bien, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución tiene la inquebrantable misión de formarse convicción con relación a la legalidad de la acción y consecuencialmente la pertinencia jurídica de la pretensión, aprovechándose de las actas procesales y del cúmulo probatorio incorporado a las mismas, apoyado en la Sentencia de fecha 17 de Febrero de 2.004 del Tribunal Supremo de Justicia (Sala de Casación Social Caso Arnaldo Salazar Vs. Publicidad Vepaco, C.A.).

Es por lo que este Juzgador, del examen realizado a los autos evidencia que quedaron firmes los siguientes hechos alegados por la parte actora. Su prestación de servicio para la sociedad mercantil VICMAR TOURS, CA, desde el 15 de febrero de 2.007 realizando funciones de conductor, finalizando la relación laboral el 15 de octubre de 2007 fecha en la cual la parte actora fue despedido de sus labores habituales, alcanzando un tiempo de servicio de 8 meses.

Así pues, haciendo un análisis del caso se evidencia de las actas procesales, que la parte demandante trajo a las mismas un conjunto de pretensiones
en base a un salario normal y un salario integral. Ahora bien del estudio de las actas y revisión numérica de los cálculos se establecieron los salarios en Bs. 41.333,33, el salario normal diario y Bs. 43.858,1 el salario integral, el cual se conformo con la alícuota de utilidades de Bs. 1.722,22, y la alícuota del bono vacacional de Bs. 802,55. Determinados los salarios, de seguida se realizan los cálculos con la finalidad de verificar los conceptos y pasivos laborales que le pudieran corresponder al demandante:

1.-) PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD: De conformidad con el artículo 108, Parágrafo Primero, literal “b” de la Ley Orgánica del Trabajo, le corresponden al demandante la cantidad de 45 días de salario integral con fundamento en los criterios de la doctrina y la jurisprudencia patria, sin embrago, se observa que la reclamación fue presentada en salario normal, por lo tanto 45 días multiplicados por el salario normal diario de Bs. 41.333,33, se obtiene un resultado de UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS DE BOLÍVAR ( Bs. 1.859.999,85), o su equivalente en Bolívares Fuertes de MIL OCHOCIENTOS SESENTA BOLÍVARES FUERTES (Bs.F. 1.860,00). ASÍ SE DECIDE.

2.-) VACACIONES Y BONO VACACIONAL FRACCIONADOS: tal como lo establece el artículo 225 de la Ley Orgánica del Trabajo, le corresponden a la parte demandante por el por el período laborado de 8 meses, el fraccionamiento de 14,66 días multiplicados por el salario normal diario de Bs. 41.333,33, resulta la cantidad de SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS BOLÍVARES CON SESENTA Y UN CENTIMOS DE BOLÍVAR (Bs. 605.946,61), o su equivalente en Bolívares Fuertes de SEISCIENTOS CINCO BOLÍVARES FUERTES CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS DE BOLÍVAR (Bs.F 605,95). ASÍ SE DECIDE.

3.-) UTILIDADES FRACCIONADAS: Regulado por la Ley Orgánica del Trabajo, en su artículo 174, tomando en consideración la admisión tacita en la cual incurrió la parte demandada derivado de su comportamiento procesal al no acudir a la apertura de la audiencia preliminar, resulta un fraccionamiento de 20 días que multiplicados por el salario normal diario de Bs. 41.333,33, alcanza la cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS BOLÍVARES CON SEIS CENTIMOS DE BOLÍVAR (Bs. 826.666,6), o su equivalente en Bolívares Fuertes de OCHOCIENTOS VEINTISEIS BOLÍVARES FUERTES CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS DE BOLÍVAR (Bs.F 826,67). ASÍ SE DECIDE.

4.-) INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE PREAVISO: lo recoge la ley sustantiva laboral en su artículo 125, literal “b”, como producto del despido injustificado efectuado en contra del reclamante, el cual fue admitido por la parte actora como penalización legal por no acudir al llamamiento judicial, de tal manera que le corresponden, 30 días multiplicados por el salario integral diario de Bs. 43.858,1, obteniéndose la cantidad de UN MILLON TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES BOLÍVARES (Bs. 1.315.743,00), o su equivalente en Bolívares Fuertes de MIL TRESCIENTOS QUINCE BOLÍVARES FUERTES CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS DE BOLÍVAR (Bs.F 1.315,74). ASÍ SE DECIDE.

5.-) INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO: lo recoge la ley sustantiva laboral en su artículo 125, numeral “2”, como producto del despido injustificado efectuado en contra del reclamante, el cual fue admitido por la parte actora como penalización legal por no acudir al llamamiento judicial, de tal manera que le corresponden, 30 días multiplicados por el salario integral diario de Bs. 43.858,1, obteniéndose la cantidad de UN MILLON TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES BOLÍVARES (Bs. 1.315.743,00), o su equivalente en Bolívares Fuertes de MIL TRESCIENTOS QUINCE BOLÍVARES FUERTES CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS DE BOLÍVAR (Bs.F 1.315,74). ASÍ SE DECIDE.

6.-) PARO FORZOSO: En cuanto a la reclamación realizada por el demandante en este particular, es importante señalar que la Ley del Seguro Social, no le confiere el derecho al trabajador de solicitar el reembolso de las cantidades de dinero deducidas de su salario por parte del patrono para dar cumplimiento a las obligaciones legales con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, aun cuando el patrono no haya cumplido finalmente con dichas obligaciones, deberá instaurarse el procedimiento administrativo correspondiente según la Ley aplicable. En ese sentido se pronuncio el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social en varias oportunidades, entre otras, sentencia de fecha 5 de junio de 2007, No 1.185 con ponencia del Magistrado Omar Mora Díaz, caso Adenis de Jesús Hernández contra Construcciones Petroleras, CA y otra. ASÍ SE DECIDE.

7.-) BENEFICIO ALIMENTARIO: de lo que se evidencia de la petición realizada por la parte demandante, se entiende que durante toda la relación laboral que duró 8 meses, no le fue otorgado dicho beneficio, por lo tanto si consideramos 22 días de jornada laboral por los 8 meses de servicios, resultan 176 días que al multiplicarse por Bs. 8.400, como valor porcentual de la unidad tributaria para la época, obtenemos finalmente UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO
MIL CUATROCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 1.478.400,00), o su equivalente en Bolívares Fuertes MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO BOLÍVARES FUERTES CON CUARENTA CENTIMO DE BOLÍVAR (Bs.F. 1.478,40). ASÍ SE DECIDE.

Luego de verificado los conceptos a otorgar se concluye que el pago de las Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales correspondientes al peticionante ciudadano HELIMENAS FERNANDO BAEZ MORONTA es por la cantidad total de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON SEIS CENTIMOS DE BOLÍVAR ( Bs. 7.402.499,06) lo que equivale EN BOLIVARES FUERTES a SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS BOLÍVARES CON CINCUENTA CENTIMOS DE BOLÍVAR (Bs.F. 7.402,50), que es la cantidad que se ordena cancelar al demandante por parte de la sociedad mercantil VICMAR TOURS, CA. ASÍ SE DECIDE.

En cuanto a la corrección monetaria y los intereses moratorios solicitados, solo procederá en el caso de que la parte demandada no diere cumplimiento voluntario a lo aquí decidido, en ese sentido deberá cumplir con la corrección monetaria y los intereses moratorios establecidos en el Artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la cual será calculada por el Banco Central de Venezuela, desde la fecha del decreto de ejecución, hasta la efectiva materialización de esta, es decir, hasta el efectivo pago de la deuda, la corrección monetaria tomando en consideración el Índice de precios al Consumidor del Área Metropolitana de Caracas, y para los intereses de mora, según la tasa del artículo 108 literal “c” de la Ley Orgánica del Trabajo. ASÍ SE DECIDE.-

PARTE DISPOSITIVA

Por los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, CON SEDE EN CABIMAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por Cobro de Prestaciones Sociales y otros conceptos Laborales interpuesta por el ciudadano HELIMENAS FERNANDO BAEZ MORONTA, en contra de la sociedad mercantil VICMAR TOURS, CA por motivo de cobro de Cobro de Prestaciones Sociales y otros conceptos Laborales.

SEGUNDO: Se declara procedente el pago por Cobro de Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales al ciudadano SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NEVE BOLÍVARES CON SEIS CENTIMOS DE BOLÍVAR ( Bs. 7.402.499,06) lo que equivale EN BOLIVARES FUERTES a SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS BOLÍVARES CON CINCUENTA CENTIMOS DE BOLÍVAR (Bs.F. 7.402,50), arrojados de los cálculos efectuados y revisados por este Juzgador, contra la sociedad mercantil VICMAR TOURS, CA.

TERCERO: En caso del incumplimiento voluntario de la Sentencia declarada definitivamente firme, la demandada perdidosa deberá cancelar la corrección monetaria y los intereses moratorios a que hace referencia el Artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo calculados por el Banco Central de Venezuela, desde el decreto de ejecución hasta la efectiva materialización del mismo, tal como se expresa en la motiva del presente fallo.

CUARTO: No se condena en costas a la parte demandada por cuanto no fue vencida totalmente en la presente reclamación todo de conformidad con lo contemplado en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Se ordena expedir copia certificada de esta Sentencia por Secretaria a los fines previstos en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.384 del Código Civil y Numerales 3 y 9 del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.

Dada, sellada y firmada en la sala de Despacho del JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. Cabimas, 21 de enero de dos mil ocho (2.008).

Abg. LEONARDO BAUZA ACOSTA.
JUEZ

Abg .JANETH ARNÍAS.
SECRETARIA

NOTA: En esta misma fecha siendo las 10:10 a.m. Se dictó y publicó la anterior Sentencia Definitiva.

Abg. JANETH ARNÍAS
SECRETARIA.

LBA/JA.