TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Circuito Judicial Penal del Estado Zulia
Juzgado Primero de Control, Sección de Adolescentes
Extensión Cabimas

Cabimas, 10 de Diciembre de 2008
198º y 149º

ASUNTO PRINCIPAL : VP11-D-2008-000138
ASUNTO : VP11-D-2008-000138

JUEZ: ABG. DORIS CRISEL FERMÍN RAMÍREZ
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABOG. MARÍA TERESA ALCALÁ RHODE. FISCAL 38° DEL MINISTERIO PÚBLICO CON COMPETENCIA PARA EL SISTEMA PENAL DE RESPONSABILIDAD DE ADOLESCENTES.
REPRESENTANTE DE LA DEFENSA: ABG. MAGALI PÉREZ AUVERT. DEFENSORA PÚBLICA PENAL PRIMERA CON COMPETENCIA PARA EL SISTEMA PENAL DE RESPONSABILIDAD DE ADOLESCENTES.
IMPUTADO: Adolescente IDENTIFICACIÓN SE OMITE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 545 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, venezolano, de diecisiete (17) años de edad, titular de la Cédula de Identidad número V- (SE OMITE) , hijo de los ciudadanos (SE OMITEN), domiciliado en (SE OMITE) jurisdicción del municipio Cabimas estado Zulia.
DELITO: ROBO AGRAVADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 458, en concordancia con el artículo 80, último aparte del CÓDIGO PENAL.
VICTIMA: Ciudadana LILIA ROSA LÓPEZ HENRÍQUEZ
SECRETARIA (S): ABG. YALETZA CAROLINA ÁLVAREZ HERNÁNDEZ

En fecha, diez (10) de diciembre de 2008, tuvo lugar la celebración de audiencia oral en la cual fueron resueltas las peticiones efectuadas por la Abogada MAGALI PÉREZ AUVERT, Defensora Pública Penal Primera, en su condición de Defensora del adolescente (SE OMITE), venezolano, de diecisiete (17) años de edad, titular de la Cédula de Identidad número V-(SE OMITE), hijo de los ciudadanos (SE OMITEN), domiciliado (SE OMITE) en jurisdicción del municipio Cabimas estado Zulia, estando relacionadas tales peticiones con el examen y revisión de la medida cautelar impuesta en su oportunidad al imputado con base en el artículo 582, literal “c” de la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, por una parte, y por la otra, con la fijación de un plazo prudencial para la conclusión de la investigación que se desarrolla en cuanto al prenombrado joven. En tal sentido, como quiera que este Tribunal acordó emitir auto fundado a través del cual se expresen las razones y motivaciones que dieron lugar a las decisiones adoptadas en dicha audiencia, el mismo se pronuncia en los términos que a continuación se indican:

PRIMERO
Con relación a la fijación de un plazo prudencial para la conclusión de la investigación.

Dentro de las garantías consagradas a favor del imputado inmerso en el proceso penal, se encuentra la previsión contenida en el artículo 313 del CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, instrumento jurídico aplicable a esta materia especial por remisión del artículo 537 de la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, referida a la duración de la investigación, y sobre el particular, dicha norma dispone: “pasados seis meses desde la individualización del imputado, éste podrá requerir al juez de Control la fijación de un plazo prudencial, no menor de treinta días ni mayor de ciento veinte días, para la conclusión de la investigación”.

Por manera que, tal requerimiento se traduce en un derecho del imputado, quien una vez individualizado, no puede estar sometido a una investigación indeterminada en el tiempo; razón por la cual, en protección de los derechos que le asisten, se prevé la fijación por parte del Juez de Control de un lapso preciso para que el Ministerio Público concluya su actividad investigativa.

Sobre la aplicación de la citada disposición legal se han planteado algunas posiciones doctrinarias compartidas por quien decide, asociadas con los principios que sirven se base al proceso penal venezolano y la necesidad de armonizar éstos con las pautas para su desarrollo; así pues, Vecchionacce, F. (2002) sostiene que “la realización de un proceso penal moderno está ligada necesariamente a que su duración, si bien puede no estar predeterminada de manera rígida, se desenvuelva sobre la base de un límite racional en el tiempo que se expresa en la idea sencilla de la brevedad...” y luego afirma el autor, “entendemos por “plazo razonable” el que resulta de sumar todos los lapsos que la ley previamente ha establecido dentro de las diversas fases del proceso para el cumplimiento de todos los actos y propósitos que ella prevé... será “razonable” en la medida en que se conjugue su extensión con los derechos y garantías de la persona, y desde luego, en tanto devenga un plazo justo en función de sus fines”.
(Obra: Duración de la investigación y extinción de la acción penal, en La segunda reforma al COPP. Quintas Jornadas de Derecho Procesal Penal. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, Venezuela.)

Ahora bien, a los fines de resolver con base a lo pedido, se celebró la audiencia oral convocada por este Juzgado, en la cual se escuchó el requerimiento formulado verbalmente por la Abogada MAGALI PÉREZ AUVERT, actuando en su condición de Defensora Pública Penal Primera, encontrándose presente el adolescente (SE OMITE), ratificando la aludida Defensora la solicitud presentada en su oportunidad, tendente a la fijación de un plazo prudencial para la conclusión de la investigación, en base a las disposiciones legales invocadas; e igualmente, se atendió a lo expresado por la Abogada MARÍA TERESA ALCALÁ, Fiscal 38° del Ministerio Público, quien requirió el lapso de cuarenta y cinco (45) días para dar por concluida la actividad de investigación que dará lugar a la presentación del acto conclusivo que estime pertinente el despacho a su cargo, alegando la necesidad de efectuar entrevistas pendientes; y en tal sentido se evidencia que el tiempo requerido se encuentra dentro de los parámetros temporales previstos por el legislador para la fijación del plazo prudencial conforme a la discrecionalidad y prudente arbitrio del juzgador.

En consecuencia, atendiendo al contenido del artículo 313 del CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, considerando que en el caso en estudio han transcurrido mas de seis (06) meses desde el inicio del proceso investigativo, tomando en cuenta la solicitud planteada por la Defensa, el plazo requerido por el Ministerio Público y la naturaleza de las diligencias aún pendientes, siendo estas unas entrevistas, se declara Con Lugar el pedimento formulado por la Defensa por ser procedente en Derecho, estableciendo el lapso de cuarenta (40) días, en base al requerimiento efectuado por el despacho fiscal a los fines ya indicados. Y ASÍ SE DECLARA.

SEGUNDO
Con relación al examen y revisión de la medida cautelar impuesta conforme al literal “c”, artículo 582 de la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

El artículo 264 del CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, instrumento jurídico aplicable a esta materia especial por remisión del artículo 537 de la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES consagra:

Artículo 264. Examen y Revisión.
“El imputado podría solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso, el Juez de Control deberá examinar la necesidad de mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas”.

La anterior disposición legal se traduce en una de las garantías con las que cuenta el imputado dentro del proceso penal, en atención a los principios que informan el régimen de las medidas de coerción personal, contenidos en los artículos 243 y siguientes del mencionado Código.

De igual modo, en doctrina se han emitido opiniones relativas a la disposición legal contenida en el citado artículo 264, y en tal sentido, Saín, José T. (2003) afirma que “Esta norma comprende la regla rebus sic stantibus, referida a que las medidas de coerción personal han de conservarse vigentes durante el curso del proceso siempre que se mantengan invariables las condiciones que justificaron su decreto, por lo que, si han variado las circunstancias que tuvieron que ver con su adopción … esta medida cautelar … será modificada o sustituida, independientemente del tiempo y de su provisionalidad” (Obra: La libertad en el proceso penal venezolano, en Temas Actuales de Derecho Procesal Penal. Sextas Jornadas de Derecho Procesal Penal. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, Venezuela).

Con fundamento en la referida norma jurídica, la Defensa del adolescente imputado, ratificó verbalmente la petición escrita, requiriendo que fuese revisada la medida de coerción personal decretada al adolescente (SE OMITE), solicitando la modificación del régimen establecido, el cual actualmente se cumple en forma semanal, requiriendo su extensión a cada treinta (30) días. En este sentido, se observó la inconformidad expresada por la representante fiscal frente a lo pedido, toda vez que previa constatación de los asientos registrados en el Libro de Presentaciones llevados por el Juzgado, el cual da cuenta de las fechas en las cuales ha acudido ante este despacho judicial, se verificó que aún cuando inicialmente hubo un cumplimiento con las presentaciones periódicas establecidas, desde el mes de noviembre las mismas no han sido acatadas por el imputado; razón por la cual, solicitó el mantenimiento de la medida de coerción en la misma forma como fue decretada.

En consecuencia, estudiado el contenido de la petición presentada en armonía con el precepto jurídico citado, se considera procedente en Derecho lo pedido por la Defensa, en tanto y en cuanto, está ajustado a los presupuestos normativos contenidos en la indicada disposición legal, declarándose Con Lugar. Ahora bien, considerando que el adolescente imputado no ha dado cumplimiento regular con sus presentaciones semanales ante el Tribunal, toda vez que desde el día 26711/2008 no registró presentaciones, en base a la medida de coerción contenida en el artículo 582, literal “c” de la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, no resulta pertinente la modificación de la misma, debiendo mantenerse en la forma establecida, considerando sin embargo lo expresado por el adolescente (SE OMITE) acerca de su reciente actividad laboral, lo que le imposibilita acudir los días miércoles, indicando que los días lunes de cada semana se encuentra de descanso; motivo por el cual, es procedente modificar lo atinente a sus días de presentación, pudiendo acudir ante el Tribunal los días lunes, u otro día, siempre que lo haga en forma semanal. Y ASÍ SE DECLARA.

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, obrando de conformidad con las funciones establecidas en el artículo 555 de la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, en concordancia con los artículos 264 y 313 del CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, instrumento jurídico aplicable a esta materia especial por remisión del artículo 537 de la mencionada Ley, este JUZGADO PRIMERO DE CONTROL, SECCIÓN DE ADOLESCENTES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, EXTENSIÓN CABIMAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, RESUELVE: I.- SE DECLARAN CON LUGAR las peticiones formuladas por la Defensoría Pública Penal Primera en relación al IDENTIFICACIÓN SE OMITE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 545 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES venezolano, de diecisiete (17) años de edad, titular de la Cédula de Identidad número V- (SE OMITE) , hijo de los ciudadanos (SE OMITE), domiciliado en (SE OMITE) jurisdicción del municipio Cabimas estado Zulia, por estar ajustadas al contenido de los artículos 264 y 313 del CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, respectivamente; II.- SE ESTABLECE EL PLAZO DE CUARENTA DÍAS (40) días a la Fiscalía Trigésimo Octava del Ministerio Público, para que de conclusión a la investigación que desarrolla en el presente asunto penal respecto al adolescente (SE OMITE), antes identificado, contados a partir del once (11) de de 2008, día siguiente al pronunciamiento emitido en la audiencia oral celebrada; III.- SE MANTIENE LA MEDIDA CAUTELAR IMPUESTA AL JOVEN ADOLESCENTE (SE OMITE), prevista en el artículo 582, literal “c” de la LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, mediante sus presentaciones semanales ante el Juzgado, modificándose el día señalado inicialmente, pudiendo cumplirlas los días lunes de cada semana; y IV.- Se ordena remitir las presentes actuaciones a la Fiscalía 38° del Ministerio Público, una vez cumplidos los tramites pertinentes, para que estas sean agregadas a la causa correspondiente, a los fines legales respectivos. Cúmplase.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.

LA JUEZ DE CONTROL,

ABOG. DORIS CRISEL FERMÍN RAMÍREZ
LA SECRETARIA (S),

ABOG. YALETZA CAROLINA ÁLVAREZ HERNÁNDEZ

En la misma fecha se publicó la presente decisión, asentándose en el Libro de Registro de Resoluciones Interlocutorias bajo el número 333-2008, y se dejó copia certificada de la misma en el Juzgado.

LA SECRETARIA,

ABOG. MAURELYS DEL CARMEN VILCHEZ PRIETO