JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA REGIÓN OCCIDENTAL, con sede en Maracaibo.
Expediente: 11.525
En fecha 23 de marzo de 2007 acudió ante este despacho el abogado en ejercicio GRACIANO BRIÑEZ, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad No. 4.516.557, domiciliado en el Municipio Maracaibo del estado Zulia, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos VENIDLA MARTÍNEZ ROQUE, OCTAVIA ESPERANZA BENITE GIL, BEATRIZ LUGO GUERRERO, MARÍA CRISTINA CUETO GALINDO, GLISBETH MÁRQUEZ BOHÓRQUEZ, MARÍA TABORDA DE IBARRA, NILDA CHIRINOS SUÁREZ, EDIOVER BALZÁN FRANCO, EDITSA DÍAZ BRITO, EGDYS PULGAR DE CUEVAS, OLEIDA VILLALOBOS MORILLO, MILITZA TIBISAY CARDOZO, ALVIS SELENIO CHOURIO, OSCAR JOSÉ TERÁN AGUILAR, ELIMEYT DEL VALLE CHACÍN, FLOR MARÍA RINCÓN SIERRA, JANETH FUENMAYOR GARCÍA, EURYS ROMERO GUTIÉRREZ, NELY JOSEFINA VÁSQUEZ DÍAZ, MARITZA ALTUVE DE ZAMBRANO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nº 5.721.388, 5.781.908, 5.808.949, 5.815.867, 5.827.713, 7.639.854, 7.668.240, 7.687.479, 7.692.578, 7.736.376, 7.741.399, 7.780.497, 7.801.862, 7.806.140, 7.819.672, 7.725.940, 7.838.995, 7.856.142, 7.860.515 y 7.862.070 respectivamente, e igualmente actuando en su condición de apoderado judicial de la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES ENCARGADOS DE LA DOCENCIA DEL ESTADO ZULIA; representación que se evidencia en instrumento poder autenticado por ante la Notaría Pública Décima Primera de Maracaibo, el día 22 de junio de 2006, anotado bajo el Nº 85, Tomo 73 y de poder otorgado en la Notaría Pública Séptima de Maracaibo el día 25 de agosto de 2004, anotado bajo el Nº 49, Tomo 77; e interpuso la presente demanda por Cobro de Prestaciones Sociales en contra del Estado Zulia, por órgano de la Gobernación del Estado.
En fecha 30 de marzo de 2007 se le dio entrada a la demanda y el día 10 de abril del mismo año se admitió cuanto ha lugar en derecho, ordenando la citación del Procurador del Estado Zulia y la notificación del Gobernador del Estado.
En fecha 16 de abril de 2007 el apoderado actor consignó copia fotostática del libelo y emolumentos para que se practicara la citación de la parte querellada.
Seguidamente, el día 08 de junio de 2007 el Secretario del Tribunal dejó constancia en las actas de haber librado los oficios Nº 1369-07 y 1370-07 dirigido al Procurador y al Gobernador del Estado Zulia respectivamente, los cuales fueron entregados al Alguacil.
El 30 de julio de 2007 el Alguacil del Tribunal dejó constancia en actas de haber practicado la citación y la notificación ordenadas por el Tribunal.
En fecha 30 de septiembre de 2007 el abogado ANDRÉS EDUARDO QUIJADA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 104.422, actuando en su condición de abogado sustituto del Procurador del estado Zulia, consignó escrito en el cual solicitó la notificación de la Procuradora General de la República, de conformidad con lo previsto en los artículos 79 y 80 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en concordancia con el artículo 33 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público.
En fecha 01 de octubre de 2007 se recibió y agregó alas actas escrito de contestación a la querella interpuesta.
En fecha 22 de noviembre de 2007 el Tribunal dictó sendo auto en el cual dejó constancia que la causa se encontraba paralizada y en consecuencia, ordenó notificar a las partes haciéndoles saber que en el quinto día de despacho siguiente a la constancia en actas de su notificación se celebraría la audiencia preliminar. En la misma fecha se libró boleta de notificación dirigida al apoderado actor y los oficios de notificación Nº 2660-07 y 2661-07 dirigidos al Gobernador y al Procurador del estado Zulia y se le entregaron al Alguacil del Tribunal.
En fecha 26 de noviembre de 2008 compareció la abogada YAXIA CAROLINA ROSENDO MONTERO, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 105.479, actuando en su condición de abogada sustituta del Procurador del Estado Zulia, según poder autenticado por ante la Notaría Pública Novena de Maracaibo el día 06 de noviembre de 2006, anotado bajo el Nº 03, Tomo 166 de los libros de autenticaciones y diligenció, solicitando la perención de la instancia por haber quedado inactiva la causa por más de un (1) año, de conformidad con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
Para resolver lo conducente ésta Juzgadora observa lo siguiente:
El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece en su acápite que: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”.
Cabe destacar la importancia que ha establecido tanto la doctrina como la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil y la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en reiteradas oportunidades sobre la institución de la perención, en el sentido de que “no todo acto de procedimiento impide la consumación de la perención, ya que sólo puede considerarse como acto interruptivo válido y eficaz a tales efectos, el que suponga – sin lugar a dudas – la intención de la parte en impulsar el proceso. Esto ha quedado de manifiesto al determinar que actuaciones de mero trámite como las solicitudes de copias simples o certificadas, cómputos de lapsos, la consignación de escritos que no expresen con claridad una petición que inste al órgano jurisdiccional a la continuación del proceso, en modo alguno constituyen manifestaciones capaces de interrumpir la perención.”
De igual forma el maestro Humberto Cuenca en su obra Derecho Procesal Civil, al estudiar el acto procesal o de procedimiento en relación al tema de la perención de la instancia, de manera eficaz dejó sentado que:
“No todos los actos ejecutados por los órganos jurisdiccionales, las partes o los terceros, tienen carácter procesal. La distinción es importante por sus efectos (…omisis).
(…) No son actos procesales los preparativos para introducir la demanda, como la solicitud de la copia certificada de un documento, tampoco la actividad de hecho desempeñada durante el proceso, como el retiro de un documento presentado, ni aquellas actividades de derecho sustantivo realizadas en el curso del proceso, como el pago de honorarios, de emolumentos judiciales, etc. Pero estas mismas actividades de mero hecho pueden revestir carácter procesal cuando tienden al impulso de la causa. Desde este punto de vista, el acto procesal tiene la misma finalidad del proceso en general: ascender, marchar hacia delante. Por tanto, no es acto procesal aquel que mantiene la relación en un mismo estado, que la estanca o la detiene, sin ponerla a marchar (…)”
En apoyo a la conclusión precedente resulta pertinente la cita de la sentencia Nº 1.153 de fecha 8 de junio de 2006, dictada por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, en la demanda de nulidad planteada por Andrés Velásquez y Andrés Emilio Delmont Mauri, en la que se lee:
“(…) En efecto, es jurisprudencia de esta Sala la improcedencia de la perención de la instancia en las causas en las que se ha dicho “vistos” –como lo es la presente-, pero sí se ha admitido la posibilidad de extinción de la acción por pérdida del interés. Así, se ha dejado sentado que el interés no sólo es esencial para la interposición de una demanda, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, por lo que resulta inútil y gravosa la continuación de un juicio en el que no exista interesado (…)”
De manera que la parte querellante debe manifestar su interés en que la causa continúe y no abandonar el impulso del trámite correspondiente. La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 19 de julio de 2006, Nº 01812 (caso: S.C. Cabrera Pérez & Asociados en apelación) con ponencia de la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, señaló que la extinción de la instancia no atiende a que hubiere sido o no admitida la demanda, sino a la paralización de la causa por más de un año, con independencia del estado en que se encuentre. Destacó la citada decisión que la perención de la instancia opera de pleno derecho, lo cual significa que basta el transcurso del tiempo previsto por la norma para que opere la extinción, sin que fuere menester el cumplimiento de formalidades adicionales.
Examinadas las actas procesales, observa este Tribunal que desde el día 22 de noviembre de 2007, oportunidad en la cual el Tribunal advirtió la paralización de la causa y ordenó la notificación de los sujetos procesales, transcurrieron un (1) año y doce (12) días, por lo que en este ámbito se observa que el proceso estuvo paralizado sin que el recurrente haya efectuado ningún acto de procedimiento que impulsara la relación jurídica procesal con el fin de alcanzar el acto jurisdiccional por excelencia, que es la sentencia definitiva como medio normal de terminación del proceso.
De lo anterior se sigue que el proceso ha perimido de pleno derecho y se ha extinguido la instancia por caducidad procesal, lo que impide el libre acceso a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva; habida cuenta que la parte recurrente abandonó la actividad procesal y con ello hizo cesar el conflicto de intereses, al haber transcurrido el lapso previsto en el indicado artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.
DISPOSITIVO:
Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN OCCIDENTAL, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: CONSUMADA LA PERENCIÓN, y en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA en el presente recurso de nulidad interpuesto por el abogado en ejercicio GRACIANO BRIÑEZ, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos VENIDLA MARTÍNEZ ROQUE, OCTAVIA ESPERANZA BENITE GIL, BEATRIZ LUGO GUERRERO, MARÍA CRISTINA CUETO GALINDO, GLISBETH MÁRQUEZ BOHÓRQUEZ, MARÍA TABORDA DE IBARRA, NILDA CHIRINOS SUÁREZ, EDIOVER BALZÁN FRANCO, EDITSA DÍAZ BRITO, EGDYS PULGAR DE CUEVAS, OLEIDA VILLALOBOS MORILLO, MILITZA TIBISAY CARDOZO, ALVIS SELENIO CHOURIO, OSCAR JOSÉ TERÁN AGUILAR, ELIMEYT DEL VALLE CHACÍN, FLOR MARÍA RINCÓN SIERRA, JANETH FUENMAYOR GARCÍA, EURYS ROMERO GUTIÉRREZ, NELY JOSEFINA VÁSQUEZ DÍAZ, MARITZA ALTUVE DE ZAMBRANO, e igualmente actuando en su condición de apoderado judicial de la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES ENCARGADOS DE LA DOCENCIA DEL ESTADO ZULIA, en contra del Estado Zulia, por órgano de la Gobernación del Estado.
El Tribunal no hace especial pronunciamiento en costas en virtud de la naturaleza del presente fallo, de conformidad con lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE. Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines legales previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN OCCIDENTAL, en Maracaibo, a los cinco (05) días del mes de diciembre de Dos Mil Ocho (2.008). Años: 198° de la Independencia y 149° de la Federación.
LA JUEZA,
DRA. GLORIA URDANETA DE MONTANARI.
EL SECRETARIO TEMPORAL,
ABOG. ALBERTO MÁRQUEZ.
En la misma fecha y siendo las nueve y quince minutos de la mañana (09:15 a.m.) se publicó el anterior fallo con el Nº 425.
EL SECRETARIO TEMPORAL,
ABOG. ALBERTO MÁRQUEZ.
GUM/AM.
Exp. Nº 11.525.
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