REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO QUINTO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 198° y 149° PARTE DEMANDANTE: Ciudadana MIREYA DEL CARMEN DIAZ PEÑA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 3.112.842 y de este domicilio. ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE ACTORA: Ciudadano PEDRO MARÍA DÍAZ LOZADA, abogado, inscrito en el Inpre-Abogado bajo el No. 58.099, domiciliado en la Ciudad de Mérida, Estado Mérida, aquí de tránsito. PARTE DEMANDADA: Ciudadana HAIDEE HIDALGO DE ROMERO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 4.532.635, de este domicilio. MOTIVO: ESTIMACIÓN E INTIMACION DE HONORARIOS PROFESIONALES JUDICIALES EXPEDIENTE: No. 0648 -I- NARRATIVA Se inicia la presente causa mediante libelo de demanda presentada por ante este Tribunal en fecha 26 de junio de 2003, por haber sido vencida la parte demandada en la incidencia de oposición de embargo declarada con lugar a favor de la intimante, en ocasión al juicio principal que por intimación mercantil fue interpuesto por la ciudadana HAIDEE HIDALGO DE ROMERO en contra de la Asociación Civil ORGANIZACIÓN MÉDICO-EDUCATIVA FAMILIAR (OMEFA) y en contra del ciudadano GONZALO ARTURO GUZMAN PEÑA. Admitida como fue la demanda en fecha 26 de junio de 2003, por el procedimiento especial en virtud de la materia, el Tribunal ordenó emplazar a la parte intimada para que dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a su intimación pagase o se acogiera a la retasa. En fecha 23 de julio de 2003, el Alguacil informó al Tribunal que no pudo localizar a la parte demandada, motivo por la cual consignó los recaudos de citación. En fecha 13 de agosto de 2003, la apoderada judicial de la parte actora solicitó la citación cartelaría de la intimada y en esa misma fecha el Tribunal ordenó librar cartel de intimación a la parte demandada, de conformidad con lo establecido en el artículo 650 del Código de Procedimiento Civil, el cual fue retirado por la parte actora en fecha 14 de agosto de 2003. En fecha 03 de septiembre de 2003, el secretario natural del Tribunal, dejó constancia en las actas procesales que fijó el cartel de intimación en el domicilio de la demandada. En esta misma fecha, quien suscribe el fallo, se avoca al conocimiento de la presente causa, sin que conste en autos ninguna otra actuación. -II- MOTIVACIÓN PARA DECIDIR Ahora bien, en virtud de lo antes transcrito, este Tribunal previamente estima realizar las siguientes consideraciones de orden fáctico y jurídico: Observa este Tribunal que en la presente causa desde el 03 de septiembre de 2003, fecha esta en que el secretario natural dejó constancia que fijó el cartel de intimación en el domicilio de la parte demandada, hasta la presente fecha, no se ha ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, a fin de que la causa continuará su curso legal, evidenciándose así la falta de interés del demandante en el perfeccionamiento de la relación jurídica procesal, y en virtud que ha transcurrido más de un (1) año, es forzoso para este Despacho concluir que, en el caso de autos ha operado la perención que hace referencia el encabezado del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone: Artículo 267: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”. Asimismo, establece el Artículo 269 eiusdem, lo siguiente: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.” En este sentido, ha sido criterio reiterado por la Jurisprudencia que, no todo acto de procedimiento de parte, impide la consumación de la perención, sino aquél que contenga implícita la intención de impulsar el proceso. Así por ejemplo, tanto la Sala de Casación Civil como la Sala Político – Administrativa, han establecido de forma reiterada que la solicitud de copias certificadas o la consignación de escritos, en modo alguno constituyen manifestaciones de la intención de la parte en dar continuación al proceso y, por tanto, esos actos no son capaces de interrumpir la perención. Cabe destacar que, el fin público de todo proceso como la calificación de normas de orden público, constituyen la más sana garantía que los juicios no pueden eternizarse a voluntad de las partes o del Juez, debiendo concluir bien sea en forma “normal” (con la sentencia) o de manera “anormal”. Esas formas “anormales” de terminación son: Las llamadas formas de autocomposición procesal, encontrándose dentro de estas la institución de la perención de la instancia, la cual no es otra cosa que, la extinción del proceso, extinción derivada de la inercia, de la inactividad procesal de las partes durante el plazo o término previsto en la Ley, para que dicho efecto se produzca. Dicha institución se caracteriza por su naturaleza de orden público, de conformidad con lo previsto en el Artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, es facultad del Juez declarar de oficio la perención, por estar el interés del Estado en su función jurisdiccional representativa del interés colectivo por encima del interés particular, de quienes desean la continuación de un proceso perimido. Es a través del proceso que se ejerce el poder de acción y se deduce la pretensión, la cual, consiste en la reclamación frente a otro u otros sujetos de un determinado bien de vida. En este sentido, como en el proceso se deduce la pretensión, la cual está dirigida a un sujeto distinto de aquél que la deduce, para que esa pretensión pueda ser satisfecha es indispensable que se entable la relación jurídica procesal, lo cual se logra a través de la citación del demandado. La citación del demandado constituye una carga para el actor, que consiste en el llamamiento que hace el Juez que conoce de la causa para que, el accionado comparezca ante él. Son actos que el demandante debe realizar por su propio interés, pues, mediante su perfeccionamiento se logra la constitución de la relación jurídica procesal, la cual se hace necesaria para que el órgano jurisdiccional pueda decidir el conflicto de interés que se le ha planteado y satisfacer así la pretensión que ha sido deducida por medio de la sentencia válidamente dictada. Es por ello que, los actos que debe efectuar el actor, tendientes a que el órgano jurisdiccional pueda citar al demandado no son deberes u obligaciones procesales, sino que constituyen cargas procesales. Aceptar lo contrario conllevaría, tácitamente, a la aceptación que no existe interés en la propia pretensión deducida o en convenir acerca de que pueden deducirse pretensiones carentes de fundamentación, lo cual desnaturaliza el proceso. En tanto y en cuanto la demanda debidamente admitida es el acto que da inicio al proceso, que ella contiene la pretensión cuya satisfacción pide el actor al órgano jurisdiccional, y siendo que de conformidad con el Artículo 215 del Código de Procedimiento Civil, la citación es una formalidad necesaria para la validez del juicio y que el establecimiento de la relación jurídico procesal surge como una consecuencia de la realización de ese acto, el impulso para lograr la citación el cual no se reduce simplemente al pago del arancel, es una carga que en definitiva le corresponde al actor, que es la persona que sostiene el interés primario en que se trabe la litis para así ver satisfecha su pretensión. Realizadas como han sido tales consideraciones, es forzoso para esta Juzgadora concluir que, el supuesto de hecho establecido en el encabezado del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra verificado en el presente caso, por cuanto se aprecia que ante la existencia del proceso, correspondía a la parte interesada impulsar el procedimiento para que el mismo continuará y se cumplieran las distintas etapas del juicio, y el primero de ellos consistía en cumplir con las cargas procesales tendientes a lograr la citación de la parte demandada y en virtud que, desde el 03 de septiembre de 2003, hasta la presente fecha, ha transcurrido holgadamente el tiempo que establece la ley, sin que en la presente causa se haya ejecutado ningún acto de procedimiento entre las partes, es por lo que se considera perimida la instancia, y así se declara. Por los razonamientos de hecho y los fundamentos de derecho antes expuestos, este Juzgado Quinto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 267 en concordancia con lo establecido en el Artículo 269 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Quinto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. En Maracaibo, a los quince (15) días del mes de diciembre de dos mil ocho (2008). Años 198° de la Independencia y 149° de la Federación. LA JUEZ TITULAR, XIOMARA REYES LA SECRETARIA SUPLENTE, NERYS LEON D. En esta misma fecha, se registró y publicó la anterior decisión, siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.). LA SECRETARIA SUPLENTE.