"Se inicio el presente procedimiento por Convenio suscrito por ante la Defensoría Municipal de Protección del Niño y del Adolescente del Municipio Cabimas del Estado Zulia, por las ciudadanas DORIS YARITZA DUNO y ERYLYN DEL CARMEN MOYA, venezolanas, mayores de edad, solteras, titulares de la cédula de identidad número Nos. V-12.468.498 y V-11.453.368, respectivamente, ambas domiciliadas en el Municipio Cabimas del Estado Zulia quienes llegaron a un acuerdo relacionado con el RÉGIMEN DE CONVIVENCIA FAMILIAR, a favor de la niña: (CUYO NOMBRE SE OMITE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE), de Cinco (05) años de edad, respectivamente, quien está bajo la Responsabilidad de Crianza de la prima hermana del progenitor…” (Sic). Presentada la demanda, correspondió por distribución conocer de la presente causa a este Tribunal, por lo que en fecha Veintiuno (21) de Septiembre del año 2.005, se admitió la demanda ordenándose la notificación de la Fiscal del Ministerio Público Por auto de fecha Cuatro (04) de Octubre del año 2.005, se agregó Boleta de Notificación del Fiscal del Ministerio Público, debidamente firmada. Por auto de fecha Trece (13) de Octubre del año 2.005, este Tribunal a los fines de proveer lo que fuere conducente acuerda oficiar a las ciudadanas DORIS YARITZA DUNO y ERYLYN DEL CARMEN MOYA JIMÉNEZ, para que comparezcan por ante la Sala de este Tribunal, a los fines de sostener entrevista con la Juez. Por auto de fecha Trece (13) de Octubre de 2.005, se agregó escrito presentada por la Fiscal 36º del Ministerio Público, mediante el cual expuso que se ordene la comparecencia de las partes a los fines de que aclaren los términos del acuerdo. Por auto de fecha Catorce (14) de Noviembre de 2.006, se agrega el escrito suscrito por la Fiscal 36º del Ministerio Público, este Tribunal provee de conformidad a lo solicitado en consecuencia, ordena instar a las ciudadanas DORIS YARITZA DUNO y ERYLYN DEL CARMEN MOYA JIMÉNEZ, a los fines de que establezca claramente los términos del acuerdo del Régimen de Convivencia Familiar a favor de la niña: (CUYO NOMBRE SE OMITE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE). Y siendo la oportunidad correspondiente pasa a decidir en los siguientes términos: El Tribunal observa: El artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, cuyo contenido establece: “Los actos procésales se realizaran en la forma prevista en este Código y en las leyes especiales. Cuando la Ley no señale la forma para la realización de algún acto, serán admitidas todas aquellas que el Juez considere idóneas para lograr los fines del mismo”. El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil regula la Perención de la Instancia y establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. También se extinguirá la Instancia: 1°. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiere cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado. 2°. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no Hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado. 3°. Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla.” Por otra parte, este Juzgador deja sentado y advierte del contenido del artículo 246 de la Ley en comento que establece sanciones para el abandono o mala fe en tramites judiciales, el cual no tiene mayores interpretaciones, sino aquellas que se desprenden de su propio contenido y de la intención del legislador: “Quien injustificadamente abandone un trámite judicial que hubiere instado y que involucre a un niño o adolescente, será sancionado con multa de uno (1) a tres (3) meses de ingreso. Parágrafo Primero: En la misma sanción incurre quién de mala fe haya instado, desistido o entorpecido el referido trámite. Parágrafo Segundo: Si se trata de un abogado, según la gravedad de la infracción se podrá suspender del ejercicio de la profesión hasta seis meses.” Ahora bien, de la revisión efectuada al presente expediente, se observa que la parte actora desde el día Veintiuno (21) de Septiembre del año 2.005, se agrego el oficio del Instituto Nacional del Menor (INAN), se evidencia del estudio de las actas que desde esa fecha la parte demandante no ha realizado ningún acto de procedimiento en esta causa, debiendo sujetarse al cumplimiento de las normas previstas en el Código de Procedimiento Civil relativas a los actos de impulso procesal en cuanto que la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, dispone en su artículo 680 -sobre los procesos en curso- Disposiciones Transitorias y Finales, en su último aparte “ ...Los recursos ya interpuestos, la evacuación de pruebas ya admitidas, así como los términos o lapsos que hayan comenzado a correr se regirán por las disposiciones anteriores”. Asimismo establece en su artículo 451 “Se aplicará las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y del Código Civil en cuanto no se opongan a las aquí previstas.” Y por cuanto esta Ley no dispone de un procedimiento autónomo para ser aplicado, sino que debemos remitirnos a las normas generales de procedimiento contenidas en el citado Código y siendo la perención verificada de derecho de orden público y su declaratoria puede hacerse de oficio, en consecuencia se declara Extinguida la presente causa. Y ASI SE DECIDE.