REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGION OCCIDENTAL Con sede en Maracaibo.- Expediente N° 8415 Ocurre ante este Despacho el ciudadano CHRISTOPHER BOVE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 8.700.090, domiciliado en Ciudad Ojeda, Municipio Lagunillas del Estado Zulia, con el carácter de Presidente de la sociedad mercantil BOVE PEREZ COMPAÑÍA ANONIMA (BOPECA), inscrita por ante el Registro Mercantil Segunda de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 19 de Mayo de 1999, bajo el No. 53, Tomo 4-A, asistido por la abogada en ejercicio ZULAY NODA, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 53.711; e interpone Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, contra la Providencia Administrativa No. 014-04 proferida de fecha 06 de Febrero de 2006, por la Inspectoría del Trabajo del Estado Zulia, con sede en Cabimas; impugnación que hace por las razones de ilegalidad e inconstitucionalidad. Presentada la demanda el día 14 de Marzo de 2006, dándosele entrada en fecha 16 de Marzo de 2006; siendo admitido en fecha 11 de Enero de 2006; en fecha 01 de Marzo de 2007, se ordenó expedir las copias certificadas solicitadas, siendo entregadas en fecha 06 de Marzo de 2007; quedando paralizado desde el día 11 de Marzo de 2007, donde se admitió la presente causa.- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Con estos antecedentes este Superior Órgano pasa a decidir bajo las siguientes consideraciones: Examinadas las actas procesales, observa este Tribunal que el proceso estuvo paralizado desde el día 11 de Marzo de 2007 hasta la presente fecha, sin que las partes hayan efectuado ningún acto de procedimiento que impulsara la relación jurídica procesal con el fin de alcanzar el acto jurisdiccional por excelencia, que es la sentencia definitiva como medio normal de terminación del proceso. Antes de pronunciarse el Tribunal esclarece lo siguiente: el día 20 de mayo de 2004 entró en vigencia la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.942. En este sentido, establece el artículo 19 aparte 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo Justicia que, “La instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un (01) año, antes de la presentación de los informes. Dicho Término empezara a contarse a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto procesal. Transcurrido dicho lapso, el Tribunal Supremo de Justicia deberá declarar consumada la perención de oficio o a instancia de parte, la cual deberá ser notificada a las partes mediante un cartel publicado en un diario de circulación nacional. Luego de transcurrido un lapso de quince (15) días continuos se declarara la perención de la instancia”. Pero a su vez, también se subsume este asunto en el acápite del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que dispone: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”. Cabe destacar la importancia que ha establecido y reiterado tanto en la doctrina como en la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil como de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, bajo la institución de la perención en el sentido de que no todo acto de procedimiento impide la consumación de la perención, ya que sólo puede considerarse como acto interruptivo válido y eficaz a tales efectos, el que suponga – sin lugar a dudas – la intención de la parte en impulsar el proceso. Esto ha quedado de manifiesto al determinar que actuaciones de mero trámite como las solicitudes de copias simples o certificadas, cómputos de lapsos, la consignación de escritos que no expresen con claridad una petición que inste al órgano jurisdiccional a la continuación del proceso, en modo alguno constituyen manifestaciones capaces de interrumpir la perención. Según estas normas, el proceso ha perimido y se ha extinguido la instancia, lo que impide el libre acceso a la Jurisdicción y a la Tutela Judicial efectiva, habida cuenta que la parte recurrente abandonó la actividad procesal y con ello hizo cesar el conflicto de intereses. En consecuencia, al producirse el abandono de la instancia por la parte actora, en virtud de haber transcurrido el lapso previsto en el indicado artículo 19 aparte 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, debe forzosamente este Órgano Jurisdicente declarar la Perención de la Instancia. ASÍ SE DECLARA