REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
SALA DE JUICIO-JUEZ UNIPERSONAL No.2
EXPEDIENTE: No. 12099
CAUSA: DIVORCIO 185 - A.
PARTES: MARIA DE LA TRINIDAD SANCHEZ DE ORTIZ Y RUBEN ARTURO ORTIZ ZACCARO
Abogado Asistente: MONICA CHACON CALDERON
PARTE NARRATIVA
Comparecen por ante este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha dieciocho (18) de Febrero dos mil ocho (2.008), los ciudadanos MARIA DE LA TRINIDAD SANCHEZ DE ORTIZ Y RUBEN ARTURO ORTIZ ZACCARO, venezolanos, mayores de edad, cónyuges, titulares de las cédulas de identidad Nos. V- 4.761.997 y V- 5.798.007 respectivamente, domiciliados en esta Ciudad Municipio Autónomo de Maracaibo del Estado Zulia, legalmente asistidos en este acto por la abogada en ejercicio MONICA CHACON CALDERON, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 74.620, de este domicilio, quien solicito se declare disuelto el matrimonio civil que los vincula, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 185-A del Código Civil, alegando estar separado de hecho por mas de cinco (05) años.
Narran los solicitantes que contrajeron Matrimonio Civil por ante el Jefe Civil y el Secretario del Municipio Cacique Mara del Distrito Maracaibo( hoy Parroquia Cacique Mara del Municipio Maracaibo), Estado Zulia en fecha dos (02) de Agosto de mil novecientos setenta y cinco (1.975), según se evidencia de la copia certificada del acta de matrimonio Nº 830; que desde el mes de Enero de dos mil tres (2.003), se separaron de hecho y hasta la fecha no ha existido reconciliación; que durante su unión matrimonial procrearon tres (03) hijos.
Recibida la anterior solicitud del órgano distribuidor, este Tribunal de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia la admitió cuanto ha lugar en derecho el veinte (20) de Febrero de dos mil ocho (2.008), de conformidad con lo establecido en el primer parágrafo del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes y ordenó la citación del Fiscal del Ministerio Público Especializado. Una vez cumplido este acto de citación, el Fiscal expuso en fecha veintisiete (27) de Marzo de dos mil ocho (2.008), lo siguiente: “Por cuanto en el presente proceso se han llenado todos los extremos previstos en el artículo 185 – A del Código Civil vigente, la suscrita muy respetuosamente en representación del Ministerio Público, manifiesta su OPINIÓN FAVORABLE a los fines de que este tribunal a su digno cargo declare el divorcio entre los ciudadanos MARIA DE LA TRINIDAD SANCHEZ DE ORTIZ Y RUBEN ARTURO ORTIZ ZACCARO”.
PARTE MOTIVA
ÚNICO
Analizadas las declaraciones de los cónyuges y las documentales consignadas, es decir el acta de matrimonio, la partida de nacimiento de los hijos procreados en dicha unión, copias fotostáticas de las cédulas de identidad de los solicitantes, observa éste Juzgador que ambos cónyuges admiten estar separados de hecho desde hace más de cinco (05) años, circunstancia que constituye el supuesto tipificado en el artículo 185-A del Código Civil, el cual establece:
“Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por mas de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común...”.
Por otra parte no existió dentro del proceso objeción por parte del Ministerio Público con respecto a lo solicitado, ni existe en actas evidencia alguna que pudiese hacer concluir en la falsedad de los hechos expuestos por los cónyuges, por lo cual se consideran verificados los extremos requeridos para que se declare disuelto el vínculo matrimonial, es decir, la existencia de la separación de hecho por más de cinco (05) años y la aquiescencia de ambos cónyuges, y por ello la solicitud planteada debe ser proveída de conformidad, a tenor de lo dispuesto en la mencionada norma sustantiva. Así se declara.
Asimismo, de conformidad con el artículo 80 de la Ley de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, en lo que respecta al derecho de los niños, niñas y adolescentes a opinar y a ser oído en todo proceso administrativo o jurídico a fin de que expongan sobre solicitado, este Tribunal ordenó la comparecencia del adolescente RAUL ARTURO ORTIZ SANCHEZ, de quince (15) años de edad, quien expuso en fecha veintisiete (27) de Febrero de dos mil ocho (2.008) que vivía con sus padres, y que quiere seguir viviendo con ellos.
En cuanto a la patria potestad del adolescente procreado dentro del matrimonio será ejercida conjuntamente por ambos progenitores, al igual que la responsabilidad de crianza y la custodia será ejercida por su padre. En cuanto a la convivencia familiar, la progenitora podrá visitar a su hijo todos los días, mientras que no interfiera en el desarrollo normal de sus actividades escolares; en cuanto a las festividades correspondientes a los días de carnaval, semana santa, vacaciones del mes de Agosto, navidad y año nuevo, serán alternados por ambos progenitores de mutuo acuerdo. Advierte este sentenciador que el artículo 386 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, textualmente expresa lo siguiente. “La convivencia familiar pueden comprender no sólo el acceso a la residencia del niño, niña o adolescente, sino también la posibilidad de conducirlo a un lugar distinto al de su residencia, si se autorizare especialmente para ello al interesado en la convivencia familiar. Asimismo, pueden comprender cualquier otra forma de contacto entre el niño o adolescente y la persona a quien se le acuerda la visitas tales como: comunicaciones telefónicas, telegráficas, epistolares y computarizadas”. En lo referente a la Obligación de Manutención, la progenitora se compromete a suministrarle a su hijo la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES FUERTE (Bs.F.250) mensuales que serán depositados por la progenitora en la Cuenta de Ahorro N° 01160101480189580500 del Banco Occidental de Descuento a nombre del progenitor del adolescente; cada progenitor aportara el 50% de todo lo relacionado con gastos de vestidos, consultas médicas, medicinas, alimentos, útiles escolares y cualquier otro requerimiento que fuere necesario para la satisfacción de las necesidades primordiales del adolescente; la progenitora le cederá a su hijo el 15% del monto de sus prestaciones sociales si dejara de prestar servicios por cualquier motivo para el Ministerio del Poder Popular para la Educación, antes de que el adolescente cumpla la mayoría de edad.
En este orden de ideas, de conformidad con lo establecido en el artículo 351 y en el articulo 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que consagra el Interés Superior del Niño, por cuanto se evidencia, que tanto la convivencia familiar como la obligación de manutención fijada por las partes de mutuo acuerdo, es acorde a cada una de las necesidades y de los derechos de las adolescentes y del niño de autos, entre ellos el derecho a un nivel de vida adecuado, el cual comprende entre otras cosas; alimentación, vestido y vivienda, derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con los padres, derecho a la salud, derecho a la integridad física, mental y espiritual, en consecuencia el Tribunal acoge lo acordado por las partes.
PARTE DISPOSITIVA
DECISIÓN
Por los fundamentos expuestos, este Tribunal de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio-Juez Unipersonal Nº 2, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
a) CON LUGAR la solicitud de Divorcio basada en el artículo 185-A del Código Civil, formulada por los ciudadanos MARIA DE LA TRINIDAD SANCHEZ DE ORTIZ Y RUBEN ARTURO ORTIZ ZACCARO, ya identificados.
b) DISUELTO EL VINCULO MATRIMONIAL que contrajeron ante el Jefe Civil y Secretario del Municipio Cacique Mara del Distrito Maracaibo( hoy Parroquia Cacique Mara del Municipio Maracaibo), Estado Zulia en fecha dos (02) de Agosto de mil novecientos setenta y cinco (1.975), según se evidencia de la copia certificada del acta de matrimonio Nº 830, expedida por la misma.
No hay condenatoria de costas debido a la naturaleza del proceso.-
Publíquese. Regístrese. Déjese copia certificada por secretaria de conformidad con el artículo 248 eiusdem.
Dada, firmada y sellada en la Sala 2 del Despacho del Tribunal de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los tres (03) días del mes de Abril de dos mil ocho (2.008) Años 197º de la Independencia y 149º de la Federación.
La Juez Unipersonal Nº 2,
Dra. Inés Hernández Piña
La Secretaria,
Abog. Militza Martínez Portillo
En la misma fecha, siendo las 9:20am, previo anuncio de ley a las puertas del despacho, se dictó y publicó la anterior sentencia definitiva bajo el Nº 213. La Secretaria.
Exp. 12099
IHP/ ag*
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