Exp. 31.873 ALIMENTOS SENT. Nº 457 Sr.- REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, CON SEDE EN CABIMAS. PARTE DEMANDANTE: YUDITZA DEL CARMEN GONZÁLEZ COLINA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 12.327.708, domiciliada en el Municipio Simón Bolívar del Estado Zulia. PARTE DEMANDADA: HÉCTOR RAFAEL SOLORZANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 7.865.108, con domicilio en el Municipio Cabimas del Estado Zulia MOTIVO: ALIMENTOS. ADMISIÓN: Veintiocho (28) de Septiembre de 2005. APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: MILAGROS RUIZ y BETZAIDA NATHALI RÍOS MANSILLA, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nos 52.401 y 85.339, respectivamente. I RELACIÓN DE LAS ACTAS: Ante este Juzgado, acudió la ciudadana YUDITZA DEL CARMEN GONZÁLEZ, asistida por la abogada en ejercicio MILAGROS RUIZ, presentó formal demanda de Alimentos, contra el ciudadano HÉCTOR RAFAEL SOLORZANO CUEVA, ya identificado, alegando en el libelo: “…En fecha Veintinueve (29) de Julio de 1.995, contraje matrimonio civil con el ciudadano HECTOR RAFAEL SOLORZANO CUEVA… por ante la Prefectura del Municipio Cabimas del Estado Zulia…Ahora bien ciudadana Juez, desde algún tiempo mi cónyuge, no cumple con la obligación alimentaría que establece el Artículo 139 del CÓDIGO CIVIL VENEZOLANO, por lo que yo asumo los gastos que como cónyuge me corresponden, agotando todos mis recursos económicos de los cuales disponía, teniendo que recurrir al auxilio de familiares y amigos para que me ayuden con mi manutención, hasta el punto de empeñar mis prendas personales para poder cubrir mis gastos de manutención y los de mi hogar, en vista de la negativa por parte de mi cónyuge a cumplir con sus obligaciones a pesar de contar con una estabilidad laboral en la Empresa P.D.V.S.A., para la cual laboral desde hace muchos años… Para satisfacer mis necesidades actuales, de ropa, alimento, calzado y gastos imprevistos, todos estos gastos, ascienden a la cantidad SETECIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 700.000, 00) mensuales... Por las razones ya expuestas y fundamentales en las disposiciones antes indicadas en el CÓDIGO CIVIL VENEZOLANO, es por hoy que vengo a demandar como en efecto demando al prenombrado ciudadano HÉCTOR RAFAEL SOLORZANO CUEVA, plenamente identificado para que convenga, o en su defecto sea obligado por este Tribunal a suministrarme los medios necesarios para subsistencia ….”. En fecha veintiocho (28) de Septiembre de 2005, el Tribunal admite cuanto ha lugar en derecho la presente demanda, y emplaza al ciudadano Héctor Rafael Solórzano Cueva, a fin de que comparezca por ante este despacho en el segundo día hábil de despacho siguientes, después de constar en actas su citación, a los fines de contestar la demanda. Mediante diligencia de fecha ocho (089 de Noviembre del año 2005, la parte actora debidamente asistida de abogada, consignó los fotostatos respectivos, a los fines de gestionar la citación del demandado, asimismo otorgo Poder Apud Acta a las Abogadas en ejercicios MILAGROS RUIZ y BETZAIDA RÍOS. Por diligencia de fecha veintinueve (29) de Marzo del año 2006, el ciudadano HÉCTOR SOLORZANO, asistido por la Abogada en ejercicio DIANORA BORREGALES, se dio por, notificado, emplazada, para todos los actos del proceso. Posteriormente en fecha tres (03) de Abril del año 2006, el ciudadano HÉCTOR SOLORZANO, asistido por la Abogada en ejercicio DIANORA BORREGALES, presentó escrito dando contestación a la demanda, de la siguiente manera: “…niego, rechazo y contradigo la demanda que ha incoado en mi contra la ciudadana que ha incoado en mi contra la ciudadana YUDITZA DEL CARMEN GONZÁLEZ, (identificada en autos) ya que los hechos narrados son falsos.- No es cierto que desde hace varios meses haya dejo de cumplir con mis obligaciones de cónyuges como lo establece en el libelo de la demanda, la ciudadana YUDITZA DEL CARMEN GONZÁLEZ, y tampoco es cierto ciudadana Juez que mi cónyuge haya tenido que recurrir al auxilio de sus familiares para cubrir sus gastos personales y de manutención, y tampoco que es cierto, que haya tenido que empeñar sus prendas, por cuanto no posee ninguna de valor que ameriten su empeño; todo esto es falso ya que siempre he venido cumpliendo con mi obligación, aun cuando a la referida ciudadana le parezca poca cantidad le he aportado, situación que se presento debido a que la misma, me había embargado injustamente desde hace aproximadamente 2 años por Pensión de Alimentos para mis menores hijas según expediente Nº 2944, Sala de Juicio Nº 2 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente con sede en Cabimas.- Quiero hacer de sus conocimiento Ciudadana Juez que siempre he sido un esposo responsable y fiel cumplidor de mis deberes para con mi cónyuge YUDITZA DEL CARMEN GONZÁLEZ, ya que la referida ciudadana posee todos los beneficios que otorga la Empresa PDVSA para la cual laboro, como lo son habitación, servicios médicos,. Lo que acontece Ciudadana Juez, es que desde hace un tiempo para acá nuestros relaciones se volvieron tan hostil hasta tal punto que le solicite el divorcio porque ya no deseo seguir viviendo con ella, por supuesto ella no esta de acuerdo con mi decisión y por eso decide embargarme, en todas partes habla mal de mi ella no quiere divorciarse, no quiere entender que cuando entre una pareja existen marcadas diferencias, es preferible separarse, pero ella no lo entiende y la forma de perjudicadas son nuestras hijas. De igual manera manifiesto que poseo otra carga familiar como lo son mi padre FRANCISCO SOLORZANO a quien ayudo económicamente, aparte de necesitar para sus gastos propios, informo a este Tribunal que la ciudadana YUDITZA DEL CARMEN GONZÁLEZ, es una mujer joven, profesional, además de su conocimiento que en los actuales momentos trabaja para la Empresa DIRECTV.- ….”. Vencido los lapsos procesales pertinentes, el Tribunal pasa a pronunciarse en esta causa, con arreglo a las siguientes consideraciones: II CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Ahora bien, como obligación alimentaría debemos entender, el deber que tiene una persona, establecido en ley, de suministrar a otra los recursos que esta necesite para subsistir. El Autor Raúl Sojo Blanco, en su obra “Apuntes de Derecho de Familia y Sucesiones” expone: “…es el derecho y correlativa obligación legal que tiene por objeto proporcionar a una persona necesitada por parte de su pariente los medios necesarios para su manutención y sobrevivencia (…), tiene pues origen, este derecho de alimentos, en el vinculo de solidaridad que une a los miembros del grupo familiar. De allí que en mucho casos, va mas allá de la simple satisfacción de las necesidades biológicas de la subsistencia para preocuparse igualmente por el cuidado de la persona, no en el sentido de guarda que implica la patria potestad o la tutela, sino en el caso mas amplio de asistencia y ayuda física y moral.” Al respecto, el artículo 294 del Código Civil Venezolano consagra: “La prestación de alimentos presupone la imposibilidad de proporcionárselos el que los exige, y presupone así mismo, recursos suficientes de parte de aquel a quien se piden, debiendo tenerse en consideración, al estimar la imposibilidad, la edad, condición de la persona y demás circunstancias. Para fijar lo alimentos se atenderá a la necesidad del que los reclama y al patrimonio de quien haya de prestarlos. Si después de hecha la asignación de los alimentos, sobreviene alteración en la condición del que los suministra o del que los recibe, el juez acordará la reducción, cesación o aumento de los mismos según las circunstancias…. Así las cosas tenemos que para que surja la obligación alimentaría deben concurrir tres condiciones o supuestos necesarios, a saber: Que exista una persona incapaz de subvenir por sí sola la satisfacción de sus necesidades vitales, que esta persona necesitada se halle ligada por un vinculo parental a otra a quien la ley imponga la obligación de prestarle alimentos y que el obligado se encuentre en capacidad económicamente de proporcionárselos…” Raúl Sojo Blanco, en la obra ya citada, trae conceptos referidos a estas condiciones señalando como persona necesitada: “… El mismo articulo 294 del Código Civil establece que para estimar la imposibilidad de quien reclama alimentos, debe tomarse en consideración su edad, condición y demás circunstancias; con lo que el legislador está consagrando la relatividad de esta situación de hecho (…) es, pues, el estado de necesidad, una cuestión que corresponde al juez apreciar, conforme a las pruebas aportadas y teniendo en cuenta siempre las circunstancias de cada caso en particular…” Siguiendo con el autor citado: “… Que el obligado se encuentre en capacidad económicamente de proporcionárselos (…) en este sentido el articulo 294 del Código Civil habla de la imposibilidad de proporcionárselos el que los exige y recursos suficientes de parte de aquel a quien se piden “, y a continuación señala que para fijar los alimentos se atenderá a la necesidad del que los reclama y a la fortuna de quien haya de prestarlos”(…) esta capacidad económica no puede medirse de idéntica manera para todas las persona, por lo que, tal como ocurre con el estado de necesidad, corresponderá su apreciación al Juez Civil , quien atenderá no sólo a los ingresos que puede tener el obligado, sino igualmente a sus necesidades vitales y de las personas que de él dependen…” Así las cosas, tenemos que para que surja la obligación alimentaría deben concurrir tres condiciones o presupuestos necesarios, a saber: 1.- Que exista una persona incapaz de subvenir por si sola la satisfacción de sus necesidades vitales.- 2.- Que esta persona necesitada se halle ligada por un vínculo parental a otras a quién la Ley imponga la obligación de prestarle alimentos. 3.- Que la obligada se encuentre en capacidad económicamente de proporcionárselos.- De tal manera, el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil dispone lo siguiente: “Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación.” De actas se observa, que el actor en el escrito libelar, solicita expresamente: “…Por las razones expuestas y fundamentándome en las disposiciones antes indicadas en el CÓDIGO CIVIL VENEZOLANO, es por lo que vengo a demandar como en efecto demando al prenombrado ciudadano HÉCTOR RAFAEL SOLORZANO CUEVA,… para que convenga , o en su defecto sea obligado por este Tribunal a suministrarme los medios necesarios para subsistencia …”. Ahora bien en razón del contenido del articulo 506 del Código de Procedimiento Civil corresponde a esta juzgadora quien se encuentra obligada en base a los artículos 12 y 509 del Código de Procedimiento Civil, tener como norte de sus actos la verdad, analizar todas las pruebas que se hayan producido en forma exhaustiva: “Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación. Los hechos notorios no son objeto de prueba”. (Negrilla y subrayado del Tribunal). Tenemos entonces, en base a la anterior norma, la noción de carga de la prueba que por la misma esencia del proceso civil, es el principio en base al cual sobre las partes recae la carga de aportar los hechos al proceso, es decir la realización de las afirmaciones constitutivas de los supuestos fácticos de las normas cuyas consecuencias se piden. De igual manera se puntualiza, que de conformidad con el Código de Procedimiento Civil, esta sentenciadora según disposición del artículo 509, tiene como obligación lo siguiente: “Los jueces deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aún aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cuál sea el criterio del Juez respecto de ella”. Lo anterior apareja que la ley impone al Juez el deber de sentenciar conforme a lo alegado y probado por las partes y le prohíbe actuar de oficio, a menos que la misma ley lo autorice y le impide sacar elementos de convicción fuera del proceso. Así las cosas, se evidencia de actas que la parte actora en el escrito libelar produjo los siguientes instrumentos: 1.- Justificativo de Testigos, evacuado por ante la Notaria Publica Segunda de Ciudad Ojeda del Municipio Lagunillas del Estado Zulia, en fecha 22/09/2005.- 2.- Estado de Cuenta, emanado de la entidad Bancaria Banco Occidental de Descuento, de la Cuenta de Ahorro la cual pertenece al ciudadano HÉCTOR SOLÓRZANO.- 3.- Recibo de las Joyería Platino signados con los Nos. 31494, 19607, 19051, 32509, 0892 y 063, respectivamente.- Al respecto este Juzgadora le es necesario acotar lo siguiente, según el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, establece que: “Los documentos privados emanados de terceros que no son partes en el juicio ni causantes de las mismas, deberán ser ratificadas por el tercero mediante la prueba testimonial” De la norma anteriormente plasmada, se puede decir que es una norma que regula el establecimiento de un documento privado cuando este lo suscribe un tercero que no es parte en el juicio no causante de estas, por lo que se requiere para su regular promoción que el mismo sea ratificado por su firmante mediante una declaración, en forma análoga a un testimonio y con la posibilidad de que la parte promovente formule sus preguntas y el adversario repregunte, a fin de controlar la veracidad de la misma. Ahora bien, de una análisis de las actas se evidencia que una vez agotado el lapso para la contestación de la demanda la cual se da a lugar en fecha tres (03) de Abril del año 2006, se constata que transcurrido como fue el dicho lapso, le dio comienzo a la etapa probatoria donde las partes en esta oportunidad procesal no promovieron ni evacuaron pruebas. De tal manera, establecida como fue la conducta asumida por cada una de las partes en el juicio que nos ocupa; cabe destacar que ninguna de las partes, dirigió su carga probatoria a hacer la contraprueba de los hechos alegados, y en tal sentido, considera necesario este Juzgadora aplicar el Principio Dispositivo y de Congruencia debido a que el Juez debe juzgar según lo alegado y probado por las partes, pues lo que no consta en el proceso no existe en el mundo jurídico, asimismo el Articulo 12 del Código de Procedimiento Civil, establece que: “Los jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procuraran conocer en los limites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de no alegados ni probados. El juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común máximas de experiencia” Aunado a lo anteriormente expresado, es menester para esta Juzgadora traer a colación el criterio del Tribunal Supremo de Justicia en donde se ha pronunciado expresa y precisamente sobre la diligencia que debe tenerse en la evacuación de las pruebas y al efecto la Sala Constitucional de nuestro máximo Tribunal, en sentencia de fecha 04 de mayo de 2.007, estableció: “…En efecto, de acuerdo con lo que dispone el articulo 399 eiusdem, si las partes tienen derecho a que se proceda a la evacuación de las pruebas por ellas promovidas, aún sin providencia de admisión cuando no ha habido oposición a las mismas, juzga esta Sala que con mayor razón les asiste tal derecho cuando sus probanzas con “dadas por admitidas “ conforme a los artículos precedentes, tal como ocurrió en el juicio de desalojo que motivó la interposición de la acción de amparo, derecho este que no hizo valer el hoy accionante, quien asumió una posición totalmente pasiva al no requerirle al Tribunal de la causa que dispusiese lo conducente para la evacuación de las pruebas que había promovido..” En el mismo orden de ideas, son las partes en el proceso quienes solo tienen la carga de la afirmación, esto es, la carga de alegar o excepcionar los hechos en que fundamentan su pretensión o excepción, y siendo que en virtud de no haber las partes realizado actos a fin de la demostración de los hechos controvertidos; y transcurridos todos y cada unos de los lapsos de Ley, necesarios para que se dicte la correspondiente decisión y en las actas no consta en el termino establecido por el artículo 889 ejusdem, y por cuanto la parte actora no dio cumplimiento a lo establecido en el Articulo 431 ejusdem, el cual se considera como requisito de impretermitible cumplimiento para su valoración y correspondía al promovente desplegar su actividad probatoria, sobre los hechos que querían probar, razón por lo cual esta Juzgadora las desecha como prueba. Así se Decide. III CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Así las cosas, entiéndase que el juicio de Alimentos comprende todo aquello que una persona tiene derecho a percibir de otra por ley, por declaración judicial o convenio, para atender a su subsistencia, habitación, vestido, asistencia medica, educación y otros; y como ya se dijo en líneas precedentes, sin embargo, la obligación alimentaría supuestamente no cumplida, debe ser probada igualmente para así los Jueces cumplir con su deber de declarar con lugar la demanda cuando solo exista a su juicio, plena prueba de los hechos alegados en ella. Asimismo, en razón de que la obligación alimentaría es de orden público, entendido este como el conjunto de normas fundamentales de convivencia sobre los que reposan la organización de una colectividad determinada. Y más correctamente resulta de observancia de un conjunto de normas jurídicas, cuyo cumplimiento es indispensable, para preservar el mínimo de condiciones necesarias para una convivencia normal. Estas normas son, precisamente, aquellas que rigen el proceso judicial al que acuden los ciudadanos para lograr la tutela de sus derechos.- Y en virtud de ser este Juzgado el sujeto activo interviniente en la presente relación procesal y con la creación y vigencia la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, donde se eliminan los formalismos, siendo este criterio acogido por la Sala de Casación Civil y por ende por este Tribunal, en razón de que la adaptación de los procedimientos a las previsiones constitucionales deben reinar tanto en el proceso de amparo como en todo proceso jurisdiccional; y siendo el Juez el director del Proceso y el que posee la facultad de no basar la Justicia en formalismos que conduzcan a una errada administración de la misma y lo que es peor, a un desconocimiento del derecho del ciudadano, como lo es en el caso en concreto, esta Juzgadora no habiendo la parte actora demostrado nada que le favoreciera en sus respectivas peticiones alimentarias alegado en el libelo, en virtud de haberse mediado contradicción de la otra parte, y en cumplimiento al deber que tienen todos los jueces de decidir ateniéndose a lo demostrado y probado en autos, de conformidad con lo establecido en el artículo 12, 431, 506 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, considera procedente declarar SIN LUGAR la presente demanda.- ASI SE DECLARA.- DISPOSITIVO Por todo y en base a los fundamentos y razonamientos antes expuestos Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, administrando justicia, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: SIN LUGAR la demanda que por ALIMENTOS sigue YUDITZA DEL CARMEN GONZÁLEZ COLINA, en contra del ciudadano HÉCTOR RAFAEL SOLORZANO CUEVA, antes identificados. De conformidad con lo establecido en el Articulo 274 del Código de Procedimiento Civil se condena a costas a la parte demandante por haber sido vencida en esta instancia. Publíquese, Regístrese y Notifíquese. Déjese por Secretaria copia certificada de este fallo a lo dispuesto en el Articulo 248 del Código de Procedimiento Civil, a los fines del Articulo 1.384 del Código Civil, y el Articulo 72 y numerales 3 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dada firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, a los once (11) días del mes de Abril del año 2008. Años: 197º de la Independencia y 149º de la Federación. LA JUEZ, DRA. MARIA CRISTINA MORALES.- LA SECRETARIA Abog. ANNABEL VARGAS PIRELA En la misma fecha anterior siendo las 1:00pm, previo el anuncio de ley a las puertas del despacho, se dictó y publicó la resolución que antecede, quedando inserta bajo el Nº 457, en el legajo respectivo.- La suscrita Secretaria del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Cabimas, Abog. ANNABEL VARGAS, certifica que las copias que anteceden, es traslado fiel y exacto de su original. Hay sello en tinta del Tribunal. Cabimas, 17 de Abril del año 2008.- La Secretaria.-