REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA DEMANDANTE: JOSE ANTONIO RAMIREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 7.810.236.- DEMANDADOS: YOVANIS ALBERTO SILVA BRAVO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 7.695.252.- MOTIVO: RESOLUCION DE CONTRATO FECHA DE ENTRADA: 09 DE MARZO DE 2008.- SENTENCIA: INTERLOCUTORIA. Por libelo de demanda el ciudadano JOSE ANTONIO RAMIREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 7.810.236, asistido por el abogado en ejercicio LEANDRO LABRADOR, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 56.946, ocurrió para demandar por RESOLUCION DE CONTRATO, al ciudadano YOVANIS ALBERTO SILVA BRAVO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad No. 7.695.252.- Alegando que en el mes octubre de 2002, se celebro un contrato de arrendamiento verbal con la ciudadana ESPERANZA DE JESUS RAMIREZ, sobre un inmueble propiedad de la sucesión de MARIA RAMIREZ, que en un principió se estableció en CIENTO TREINTA MIL BOLIVARES (Bs. 130.000,00), luego fue aumentado a la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 150.000,00), para luego establecerse en la cantidad TRESCIENTOS VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 320.000,00) equivalente hoy día a TRESCIENTOS VEINTE BOLIVARES FUERTES (Bs. 320,00), cancelados hasta el mes de Diciembre de 2005, dejando de cancelar 24 meses desde marzo de 2006 hasta el mes de febrero de 2008.- Por todo lo antes expuestos, es por lo que ocurrió para demandar al ciudadano YOVANIS ALBERTO SILVA BRAVO, antes identificado, por RESOLUCION DE CONTRATO, tomando como base legal las disposiciones de los artículos 33 y 34 literal a de la Ley de Arrendamiento Inmobiliarios; y los artículos 599 ordinal 7, 881 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.- Por auto de fecha 07 de Marzo de 2008, el Tribunal admitió cuanto ha lugar en derecho la demanda y ordenó la citación del ciudadano YOVANIS ALBERTO SILVA BRAVO.- Para decidir este Tribunal observa: La Perención de la Instancia está regulada de conformidad con lo establecido el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención. También se extingue la instancia: 1) Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado… ”. Revisadas las presentes actuaciones se determina que desde el día 07 de Marzo de 2008, fecha en la cual se admitió la demanda, y hasta la presente fecha, transcurrió más de un mes de inactividad de las partes, sin que el proceso se hubiese impulsado; y efectivamente no consta que la parte demandante haya realizado acto alguno capaz de impulsar la presente causa para que practicar la intimación de la demandada, más bien abandona el iter procesal y no realiza ningún acto que pueda considerarse como indispensable para la secuencia orgánica de la carga procesal; todo ello se evidencia de las mismas actas, lo que a juicio de este Juzgador trae como consecuencia la perención de la instancia en este proceso, por mandato expreso de lo establecido en el artículo 267 del mencionado Código de Procedimiento Civil ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil. A mayor abundamiento considera este Juzgador necesario traer a colación la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil de fecha 06 de Julio de 2004, con ponencia del magistrado Carlos Oberto Vélez, la cual establece: (…Omissis…) “Como se observa, el legislador impone una dura sanción a la negligencia de las partes, lo cual evidentemente redunda en agilizar los procesos, puesto que obliga a los litigantes a impulsarlos bajo la amenaza de la perención, evitando así en gran medida, las paralizaciones de las causas por largos períodos, tal y como ocurría anteriormente. Ahora bien, dada la severidad del castigo, este Supremo Tribunal ha considerado de aplicación e interpretación restrictiva, las normas relativas a la perención y bajo estos lineamientos ha establecido, mediante su doctrina, que por cuanto la ley habla de las obligaciones que debe cumplir el demandante, basta que éste ejecute alguna de ellas a los efectos de la practica de la citación, para evitar que se produzca la perención…que si es procedente la perención de la instancia en todos aquellos procedimientos informados por el principio de la gratuidad, ya que las obligaciones a que se refiere el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, ordinal 1° destinadas al logro de la citación, no son solamente de orden económico…Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta.- Así se establece. (Sentencia No. RC-00537 de la Sala de Casación Civil del 6 de julio de 2004, con ponencia del magistrado Carlos Oberto Vélez, en el juicio de José Ramón Barco Vásquez contra Seguros Caracas Liberty Mutual, expediente No. 01436). En consecuencia de acuerdo a la normativa y a la jurisprudencia anteriormente señalada lo procedente es declarar PERIMIDA la presente causa.-ASI SE DECIDE.- Por los fundamentos antes expuestos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA PERIMIDA LA INSTANCIA, en el juicio antes mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil. De conformidad con lo establecido en el artículo 283 ejusdem, no hay condenatoria en costas. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.- Déjese copia certificada por Secretaría, de conformidad con lo establecido en el |Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, sellada y firmada en la Sala del Despacho del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los dieciséis (16) días del mes de Abril de Dos Mil Ocho (2.008).- Años: 197° de la Independencia y 149º de la Federación.- EL JUEZ PROVISORIO, DR. CARLOS RAFAEL FRÍAS LA SECRETARIA, MARIA ROSA ARRIETA FINOL En la misma fecha, siendo las once y treinta de la mañana, se dictó y publicó el fallo que antecede.- LA SECRETARIA, MARIA ROSA ARRIETA FINOL CRF/jspl.-