TSJ Regiones - Decisión

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA
TRIBUNAL DE CONTROL Nº 02
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA
LA ASUNCIÓN
La Asunción, 17 de abril de 2008.
197º y 148º

Visto el escrito presentado por las Dras. BRENDA MARIA ALVIAREZ PAREDES Y NANCY ARISMENDI BONILLO, actuando en carácter de fiscal Quinto y Cuarto (E) del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, , siendo, y recibido por este despacho en el día de hoy, en horas de la mañana, por medio del cual solicitan se ratifique la ORDEN DE APREHENSION por vía de excepción, en contra del ciudadano HIDALGO ANTONIO TINEO SUBERO, venezolano, natural de Porlamar, Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta, de 29 años de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 13.670.725, residenciado en la calle 14, casa Nº 07, Sector Conuco de Vicuña, Juan Griego, Estado Nueva Esparta, por la presunta comisión de los delitos de PECULADO DE USO, previsto y sancionado en el artículo 54 de la Ley Contra la Corrupción, TRAFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 31 de la ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en concordancia con la ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 405 en concordancia con el artículo 407 numeral 2° del Código Penal, en perjuicio en perjuicio del ciudadano Javier Rafael del Pino y HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACION, previsto y sancionado en el artículo 405 en concordancia con el artículo 407 numeral 2°, en relación con el 80 y 82 todos del Código Penal, en perjuicio del ciudadano Wolfan Quijada. Todo de conformidad con lo establecido en el último aparte del Artículo del Código Orgánico Procesal Penal. Para decidir el tribunal hace las siguientes observaciones:
El Fiscal Cuarta del Ministerio Público, Dra. Nancy Arismendi Bonillo, mediante llamada telefónica realizada a este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 2, quien se encuentra de guardia, siendo las 4: 35 horas de la mañana del día de diecisiete 16 de abril de 2008, solicitó una orden de aprehensión en contra del ciudadano HIDALGO ANTONIO TINEO SUBERO, ampliamente identificado en autos, alegando esa representación Fiscal que existe suficientes elementos de convicción para estimar que el referido ciudadano es el autor de los hechos imputados, por cuanto merece pena privativa de libertad y cuya acción no se encuentra evidentemente prescrita, ya que los delitos imputado al referido ciudadano, son los delitos de PECULADO DE USO, previsto y sancionado en el artículo 54 de la Ley Contra la Corrupción, TRAFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 31 de la ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en concordancia con la ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 405 en concordancia con el artículo 407 numeral 2° del Código Penal, en perjuicio en perjuicio del ciudadano Javier Rafael del Pino y HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACION, previsto y sancionado en el artículo 405 en concordancia con el artículo 407 numeral 2°, en relación con el 80 y 82 todos del Código Penal, en perjuicio del ciudadano Wolfan Quijada. Este Tribunal de conformidad con lo establecido en el Artículo 250 en su último aparte del Código Orgánico Procesal Penal, ordena la Orden de Aprehensión, solicitada en contra del ciudadano HIDALGO ANTONIO TINEO SUBERO, manifestándole al Ministerio Público que debe presentar al juez los fundamentos o elementos de convicción fehacientes, que tuvo en cuenta para solicitar la medida.
El día 16 de abril de 2008, siendo las 8:00 horas de la noche, se recibe en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial Penal, escrito procedente de la Fiscalía del Ministerio Público de esta Circunscripción, donde fundamenta la solicitud realizada por esa fiscalía por vía telefónica.
La presente averiguación penal guarda relación con el expediente número 17.F4-0164-08, iniciado el 13 de marzo de 2008, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 285, ordinal 3° de la Constitución Bolivariana de Venezuela, 283 y 300 del Código Orgánico Procesal penal, el cual se instruye por ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, por la presunta comisión de delitos Contra las Personas y Contra la Colectividad.
Fundamenta el Ministerio Público su pedimento en lo siguiente: “ La presente solicitud que hace el Ministerio Público se fundamente en los hechos que se explanan en el acta policial de fecha 13 de marzo del presente año, donde se deja constancia que siendo aproximadamente las 11:40 horas de la noche, cuando el Funcionario Detective ALBERTO PINO, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Sub- Delegación, Porlamar del Estado Nueva Esparta, recibió llamada telefónica por parte de la sala de Transmisiones del Instituto Neoespartano de Policía (INEPOL) informándole que en las inmediaciones de la Calle Adrián, Población de Juan Griego, vía pública, del Estado Nueva Esparta, se encuentra el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, funcionario activo de esa institución policial, presentando heridas producidas por arma de fuego, desconociendo mas datos al respecto, razón por la cual se trasladó en compañía del Detective OMAR VALERIO, Agente ALAIN COA y médico Forense MIGUEL SANCHEZ, a bordo de la unidades P- 31K y P47-H, hacia la precitada dirección, una vez en el sector arriba indicado fuimos conducidos por una comisión de la policía del estado, a través de un camino asfaltado con signos visibles de no ser transitada por presentar cúmulo de escombros y basura en su trayecto, procedieron la inspeccionar sobre el suelo de asfalto en posición decúbito lateral izquierdo, el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, quien portaba una vestimenta un pantalón de caqui color negro, bota de militar color negro, camisa de caqui color beige, con logo alusivos del Instituto Neoespartano de Policía (INEPOL), dicha vestimenta presenta soluciones de continuidad producidas presuntamente por arrastre, presentando como características y fisonómicas tez morena oscura, contextura robusta de 30 años de edad, aproximadamente, de cabello negro tipo liso, siendo identificado a través de la Cédula de Identidad como JAVIER RAFAEL DELPINO QUIJADA, venezolano de 35 años de edad, quien en vida portaba el número de Cédula de Identidad Nº 11.145.6611, y se desempeñaba como Cabo Segundo Adscrito a INEPOL, Cuerpo de Acciones Especiales, este presentaba múltiples heridas producidas por arma de fuego, en virtud de los hechos antes narrados, procedieron al levantamiento del cadáver con el fin de dejar constancia de cómo fue hallado, para ser trasladado a la morgue del Hospital Dr. Luís Ortega de Porlamar, así mismo fue realizada Inspección Técnica, del sitio del suceso, fue localizada un (01 ) arma de fuego tipo pistola, calibre 09 milímetros, marca Tranfoglio, serial PNE0071, un (01) Chaleco antibala, de color negro sin marca si serial visible, un radio transmisor marca motorota sin seriale4s visibles, un par de esposas, instrumentos estos que constituían presuntamente la dotación del hoy occiso, así mismo fueron colectados dispersas en el lugar donde se suscitaron los hechos diversas conchas, cartuchos percutidos y municiones sin percutir, calibre 09 milímetros y 12, las cuales fueron fijadas fotográficamente “.
Del acervo probatorio fiscal, emergen elementos de convicción para estimar seriamente la posibilidad de que el ciudadano HIDALGO ANTONIO TINEO SUBERO sea autor o participe de los referidos hechos, como son: 1.- Acta de Investigación, levantada por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, de fecha 13 de marzo de 2008; 2.- Acta de Inspección Técnica Nº 612, de fecha 13 de marzo de 2008, efectuada en el sitio del suceso; 3.- Acta de Inspección Técnica Nº 613, de fecha 13 de marzo de 2008, efectuada al cadáver; 4.- Acta de Inspección Técnica Nº 614, de fecha 13 de marzo de 2008, efectuada en el sitio donde fue ubicado el vehículo objeto de este proceso; 5.- Acta de Inspección Técnica Nº 623, de fecha 13 de marzo de 2008, efectuada en el estacionamiento donde se encuentra aparcado el vehículo objeto del presente proceso; 6.- Actas de entrevistas realizadas en las instalaciones del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, a los ciudadanos NANCY DEL VALLE GONZALEZ RAUSEO, NATONIO DE JESUS AVENDAÑO SANCHEZ Y ANGELERYS DEL VALLE MERCHOR ENRIQUEZ; 7.- Reconocimiento Médico Legal, practicado al ciudadano Hidalgo Antonio Tineo Subero; 8.- Protocolo de Autopsia practicado al cadáver de JAVIER RAFAEL DELPINO QUIJADA; 9.- Experticia Química practicada al vehículo marca Dodge, modelo Dakota, color Gris, Placas: A58AE46; 10.- Reconocimiento Legal Nº 9700-103-074, de fecha 17 de marzo de 2008; 11.- Reconocimiento Legal y Análisis Hematológico, Nº 9700-073-109, de fecha 18 de marzo de 2008; 12.- Informe Nº 9700-073-108, de fecha 19 de marzo de 2008; 13.- Experticia Química Nº 9700-073-021 de fecha 18 de marzo de 2008; 14.- Reconocimiento Legal, Análisis Hematológico, determinar presencia de Iones Oxidante ( Nitratos y Nitritos) y Origen de Solución de Continuidad, al material suministrado Nº 9700-073-110, de fecha 22 de marzo de 2008; 15.- Resultado del Levantamiento del cadáver de JAVIER RAFAEL DELPINO QUIJADA; 16.- Experticia de Reconocimiento Técnico Nº 9700-073-343, de fecha 31 de marzo de 2008; 17.- Experticia Mecánica y Diseño Nº 9700-073-347, de fecha 31 de marzo de 2008; 18.- Experticia de Reconocimiento Técnico Nº 9700-073-352, de fecha 02 de abril de 2008; 19.- Reconocimiento Legal, Análisis Hematológico, determinar presencia de Iones Oxidante ( Nitratos y Nitritos) y Origen de Solución de Continuidad, al material suministrado Nros. 9700-073-111 y 9700-073-113, de fecha 09de abril de 2008.
Estimando la Fiscalía, que de esas actuaciones surgen elementos de convicción suficientes para estimar que estamos frente a la comisión de un hecho punible perseguible de oficio y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, como son los delitos de PECULADO DE USO, previsto y sancionado en el artículo 54 de la Ley Contra la Corrupción, TRAFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 31 de la ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en concordancia con la ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 405 en concordancia con el artículo 407 numeral 2° del Código Penal, en perjuicio en perjuicio del ciudadano Javier Rafael del Pino y HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACION, previsto y sancionado en el artículo 405 en concordancia con el artículo 407 numeral 2°, en relación con el 80 y 82 todos del Código Penal, en perjuicio del ciudadano Wolfan Quijada; al igual para estimar seriamente la posibilidad de que el ciudadano HIDALGO ANTONIO TINEO SUBERO sea autor o participe de los hechos señalados.
Por tratarse de una solicitud de orden de aprehensión, la misma debe cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal y en tal sentido habiéndose acumulado elementos de convicción para estimar que el ciudadano HIDALGO ANTONIO TINEO SUBERO, supra identificado, es responsable de los delitos PECULADO DE USO, previsto y sancionado en el artículo 54 de la Ley Contra la Corrupción, TRAFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 31 de la ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en concordancia con la ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 405 en concordancia con el artículo 407 numeral 2° del Código Penal, en perjuicio en perjuicio del ciudadano Javier Rafael del Pino y HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACION, previsto y sancionado en el artículo 405 en concordancia con el artículo 407 numeral 2°, en relación con el 80 y 82 todos del Código Penal, en perjuicio del ciudadano Wolfan Quijada, cuyas penas en su límite máximo oscilan entre diez (10) a veinticinco (25) años de prisión, acreditándose circunstancias suficientes que hacen valedero estimar peligro de fuga, dado la magnitud del daño causado y en consecuencia la pena que podría llegar a imponerse al momento de establecerse responsabilidad penal, encontrándose concurrentes los tres elementos fundamentales exigidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, así como la presunción razonable de peligro de fuga establecido en el Parágrafo Primero del artículo 251 Ejusdem, por lo que se considera ajustada a derecho la presente solicitud.
En este mismo orden de ideas, es menester señalar la reciente sentencia dictada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 03 de abril de 2008, y signada con el Nº 181, con ponencia de la Magistrado Blanca Rosa Mármol de León, la cual establece en cuanto a la orden de aprehensión, amparada en la excepción del último aparte del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, lo siguiente:

“ En fecha 18 de enero de 2006, la Fiscalía Décima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira solicitó orden de aprehensión urgente y necesaria para los ciudadanos DOUGLAS ROJAS ALAÑA, JAIRO GUILLERMO RANGEL BRICEÑO, DOCARLY LEONARDO ALVAREZ VERGARA y FRANKLIN ALEXANDER MATERÁN AVILA, por su presunta participación en los delitos de ROBO AGRAVADO, ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, VIOLACIÓN, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD, AGAVILLAMIENTO y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO. La representación del Ministerio Público consideró el peligro de fuga y de obstaculización de la investigación, así como el registro de ingresos penales en el Centro Penitenciario de Occidente, y en el Juzgado Primero de Control, cursa la causa N° IJU-756-04, seguida a DOUGLAS JOSÉ ROJAS ALAÑA y DOCARLY ÁLVAREZ VERGARA por robo agravado de vehículo Grand Vitara Sport. Por ello solicitó la aprehensión de los mencionados ciudadanos “URGENTE Y NECESARIA POR VIA EXCEPCIONAL para efectuar los reconocimientos en fila de personas con las víctimas”. Así mismo decretó la RESERVA DE LAS ACTUACIONES. (Folios 1 al 4 pieza 1).

En fecha 19 de Enero de 2006, el Juzgado Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira dictó auto en el que estableció:

“…visto (sic) los fundamentos serios y concluyentes que explana y presenta el Ministerio Público, los cuales se motivarán por auto separado, y por cuanto se dio cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, se autorizó siendo las once y siete minutos de la mañana (11:07 a.m.) al Fiscal Omar Emerjo Mora Rivas, vía telefónica, la aprehensión de los ciudadanos DOUGLAS JOSÉ ROJAS ALAÑA, JAIRO GUILLERMO RANGEL BRICEÑO, ÁLVAREZ VERGARA DOCARLY LEONARDO y FRANKLIN ALEXANDER MATERÁN AVILA, ya identificados.” (Folio 55 P.1).
“…Observa igualmente la Sala, que la solicitud de aprehensión planteada por la Fiscalía Décima Octava del Ministerio Público y la consecuente Orden de Aprehensión dictada por el Juzgado Segundo de Control del Estado Táchira se sustentaron en el carácter excepcional por urgencia y necesidad, con fundamento en la presunta participación de los hoy acusados DOUGLAS ROJAS ALAÑA y DOCARLY ÁLVAREZ VERGARA, en la comisión de varios delitos de robo agravado, violaciones y agavillamiento, considerando tanto el Fiscal encargado de la investigación como el Juez de Control, que se trata de la persecución de crimen organizado y la evidente comisión contínua de dichas modalidades delictivas, fundamentada la aprehensión excepcional por urgencia y necesidad en la parte in fine del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece:

“Artículo 250. Procedencia (De la privación judicial preventiva de libertad). El juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:
1.- Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;
2.- Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible;
3.- Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación.
Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud fiscal, el juez de control resolverá respecto al pedimento realizado. En caso de estimar que concurren los requisitos previstos en este artículo para la procedencia de la privación judicial preventiva de libertad, deberá expedir una orden de aprehensión del imputado contra quien se solicitó la medida.
Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su aprehensión, el imputado será conducido ante el juez, quien, en presencia de las partes y de las víctimas, si las hubiere, resolverá sobre mantener la medida impuesta, o sustituirla por otra menos gravosa.
Si el juez acuerda mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad durante la fase preparatoria, el fiscal deberá presentar la acusación, solicitar el sobreseimiento o, en su caso, archivar las actuaciones, dentro de los treinta días siguientes a la decisión judicial.
Este lapso podrá ser prorrogado hasta por un máximo de quince días adicionales sólo si el fiscal lo solicita por lo menos con cinco días de anticipación al vencimiento del mismo.
En este supuesto, el fiscal deberá motivar su solicitud y el juez decidirá lo procedente luego de oír al imputado.
Vencido este lapso y su prórroga, si fuere el caso, sin que el fiscal haya presentado la acusación, el detenido quedará en libertad, mediante decisión del juez de control, quien podrá imponerle una medida cautelar sustitutiva.
En todo caso, el juez de juicio a solicitud del Ministerio Público decretará la privación judicial preventiva de la libertad del acusado cuando se presuma fundadamente que éste no dará cumplimiento a los actos del proceso, conforme al procedimiento establecido en este artículo.
En casos excepcionales de extrema necesidad y urgencia, y siempre que concurran los supuestos previstos en este artículo, el juez de control, a solicitud del Ministerio Público, autorizará por cualquier medio idóneo, la aprehensión del investigado. Tal autorización deberá ser ratificada por auto fundado dentro de las doce horas siguientes a la aprehensión, y en lo demás se seguirá el procedimiento previsto en este artículo…”. (Resaltados de la Sala).

Es así como en el presente caso, no fue realizado el acto de imputación formal ante la sede del Ministerio Público, en cuanto a los delitos de Robo Agravado, Violación (continuados) y Agavillamiento, por cuanto fue verificada la condición excepcional prevista en el antes transcrito artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, situación que fue debidamente motivada tanto por el órgano encargado de la investigación como por el juzgado de control.

Por ello, la Sala declara SIN LUGAR la presente solicitud de avocamiento, en cuanto a la ausencia del acto de imputación ante la sede del Ministerio Público, por haberse configurado la causal de excepción prevista en el último aparte del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide”.

Este Tribunal de Control, por todo lo anterior, y amparado bajo la decisión anteriormente trascrita, estima que los fundamentos esgrimidos por la Fiscalía del Ministerio Público, son valederos y ajustados a derecho para la procedencia de la orden por excepción solicitada, a tal efecto, se ordena expedir Orden de Aprehensión en contra del ciudadano HIDALGO ANTONIO TINEO SUBERO, ampliamente identificado en autos, de conformidad con lo establecido en los artículo 250, 251 y 252 todos del Código Orgánico Procesal Penal, el cual una vez aprehendido será conducido dentro del lapso establecido en la Ley Adjetiva Penal, ante el Juez de Control, quien en presencia de las partes y de la víctima, resolverá sobre mantener la medida impuesta, o sustituirla por otra menos gravosas, si fuere el caso.
De esta manera queda ratificada la Orden de Aprehensión solicitada por el Ministerio Público y otorgada por vía telefónica por este Tribunal el día 16 de abril de 2008, a las 4:35 horas de la tarde, en virtud de haber presentado dentro de las doce horas siguientes a su solicitud, los fundamentos o elementos de convicción fehacientes, que tuvo en cuenta para solicitar la medida. Líbrese la correspondiente boleta y notifíquese al solicitante.-
El Juez Temporal de Control Nº 2

Dra. Thais Aguilera de Arellano
La Secretaria

Abg. Melissa Suárez

ASUNTO OPO1-P-2008-001494