PARTE NARRATIVA
Consta de los autos que la abogada en ejercicio LUZ MARINA ARRIETA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 61.939; actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana NELLY BEATRIZ MUNDARAY, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 8.642.428 domiciliada en el Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, intentó demanda de RECLAMACION ALIMENTARIA, en contra del ciudadano JOSE ANGEL CASTRO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 10.974.350, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, a favor de la niña ANDREINA CASTRO MUNDARAY; siendo el caso que el demandado no cumplía con las obligaciones que tiene para con su hija, quedando totalmente desvinculado de sus obligaciones.
A la anterior demanda se le dio curso de Ley, mediante auto de fecha 04 de Septiembre de 2.003, ordenando la citación del demandado y la notificación a la Fiscal de la Ministerio Público Especializada del Estado Zulia.
Asimismo en fecha 09 de Septiembre de 2003, se ordenó retener el veinte (20%) por ciento del sueldo que devenga el ciudadano JOSE ANGEL CASTRO, como Teniente del Ejercito de la República Bolivariana de Venezuela, igualmente de las utilidades o pensión especial de fin de año que le correspondan al demandado para satisfacer las necesidades materiales y espirituales e la época de navidad, y cualquier otra cantidad que le pueda corresponder anualmente al demandado anteriormente identificado; así como sobre el cien por ciento (100%) de las primas por hijos que pueda percibir, y el veinte (20%) por ciento sobre las primas de antigüedad de servicio, antigüedad, retroactivo, caja de ahorro, prestaciones sociales, fideicomiso, o cualquier otro beneficio que le pueda corresponder al demandado de autos en caso de despido retiro voluntario o cualquier otra causa que de por terminada su relación laboral.
En fecha 01 de Septiembre de 2.003, la abogada en ejercicio LUZ MARINA ARRIETA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 61.939, actuando en nombre y representación de la ciudadana NELLY BEATRIZ MUNDARAY, según Poder que le fuera conferido, por ante la Notaría Pública Séptima de Maracaibo, el día 04 de Septiembre de 2.003, anotado bajo el N ° 80, tomo 68, de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaría, solicitó que le sea entregado el original del PODER, corre inserto en los folios 02 y 03 del presente expediente, y quede certificado en actas.
En fecha 11 de Septiembre de 2.003, este Tribunal provee lo solicitado.
En fecha 03 de Mayo de 2.004, el ciudadano JOSE ANGEL CASTRO DIAZ, parte demandada en el presente juicio, consignó e este acto copias certificadas del acta de matrimonio celebrado entre el mencionado ciudadano y MARIA DE LOS ANGELES CONTRERAS y del acta de nacimiento de la niña MARIA FERNANDA CASTRO CONTRERAS, así como constancia suscrita por el Coronel (Ej.) Oficial Enlace de Guarnición, Rafael Ángel González.
En fecha 27 de Mayo de 2.004, este Tribunal ordenó oficiar al Director de la Comandancia General de las Fuerzas Armadas, a fin de que informen a la brevedad posible sobre el sueldo integral, mensual, utilidades, bono vacacional, primas por hijos, hogar y/o cualquier otro concepto que perciba mensual o anualmente el ciudadano JOSE ANGEL CASTRO, como Teniente del Ejercito, adscrito al Grupo de Artillería 214, “MIGUEL ANTONIO VASQUEZ”, con sede en San Cristóbal del Estado Táchira, incluyendo las deducciones que le hacen al mismo.
En fecha 28 de Julio de 2.004, la ciudadana NELLY BEATRIZ MUNDARAY, asistida en este acto por el abogado en ejercicio JORGE ANTONIO BARRIOS, inscrito en el Inpreabogado bajo el N ° 34.111, consignó en este acto documento revocatorio de Poder, debidamente autentificado por ante la Notaría Pública Séptima de Maracaibo, quedando anotado bajo el N° 76, Tomo 46 de los libros de autentificaciones llevados por esa Notaría.
En fecha 19 de Octubre de 2004, la ciudadana NELLY BEATRIZ MUNDARAY, asistida en este acto por la abogada en ejercicio DIANA L. MARQUEZ E, otorgó PODER APUD – ACTA, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 152 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, a los abogados DIANA L. MARQUEZ E, y ANGEL MELENDEZ RINCON, la primera antes identificada, el segundo inscrito en el Inpreabogado N ° 29.043.
En fecha 16 de Noviembre de 2.004, la abogada DIANA L. MARQUEZ E, actuando con el carácter otorgado en auto, solicitó a este Tribunal se sirva nombrar como Correo Especial a la ciudadana YAMELIS RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad N V – 7.829.358, para que se traslade a la ciudad de Caracas, a las Fuerzas Armadas Nacionales, para cumplir con los fines legales de la boleta de notificación al ciudadano JOSE ANGEL CASTRO.
En fecha 17 de Noviembre de 2.004, este Tribunal ordenó hacerle entrega formal a la ciudadana YAMELIS RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad N V – 7.829.358, de los recaudos de notificación del ciudadano JOSE ANGEL CASTRO, para que el mismo se encargue de tramitar dicha notificación con el alguacil del tribunal correspondiente, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil.
A partir del 17 de Noviembre de 2.004, quedó paralizado el proceso por falta de impulso procesal de la parte actora en este proceso.
Con esos antecedentes, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir con las siguientes consideraciones:
PARTE MOTIVA
I
Examinadas las actas procésales, observa este Tribunal que el proceso está paralizado desde el día 17 de Noviembre de 2.004; discurriendo el tiempo desde entonces sin ningún acto de procedimiento que movilice la relación jurídica procesal con el fin de alcanzar el acto jurisdiccional por excelencia, que es la sentencia definitiva como medio normal de terminación del proceso.
A tal efecto, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”.
De la lectura de este artículo se pude interpretar que toda instancia se extingue por el transcurso de un (01) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento de impulso procesal por las partes.
El efecto de la Perención es la extinción del proceso, por lo que ella no ataca a la acción, y las decisiones que produzcan efectos y las pruebas que resulten de los autos, continuaran teniendo plena validez. Simplemente, la Perención finaliza el proceso, el cual no continuará adelante a partir de la declaratoria de la misma.
El autor argentino Hugo Alsina, explica de forma espléndida la figura de la perención, en su obra titulada Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, segunda edición, IV Tomo, Juicio Ordinario, Ediar Soc. Anon. Editores, Buenos Aires, Argentina, 1961, Pag. 423 a 425, de la siguiente manera:
“1) Concepto.
a) El interés público exige que los procesos no permanezcan paralizados indefinidamente; no sólo porque la subsistencia de la litis es contraria al restablecimiento del orden jurídico, sino porque la relación procesal también comprende al órgano jurisdiccional, y esa vinculación no puede quedar supeditada en el tiempo al arbitrio de las partes, a quienes en materia civil corresponde el impulso del procedimiento.
b) Por eso, así como la prescripción se funda en una presunción de abandono del derecho, la inactividad de las partes importa una presunción de abandono de la instancia. El proceso se extingue, entonces, por el sólo transcurso del tiempo cuando los litigantes no instan su prosecución dentro de los plazos establecidos por la ley. Este modo anormal de extinción se designa con el nombre de perención o caducidad de la instancia, (de perimere, destruir, anular; instancia, impulso, obrar en juicio) y está reglamentado por la ley No. 14.191.
c) Anteriormente se consideraba a la perención como una pena al litigante negligente, pero hoy se admite que cuando las partes dejan paralizado el proceso por un tiempo prolongado, es porque no tienen interés en su prosecución y que desisten tácitamente de la instancia, lo que autoriza al Estado a librar a sus propios órganos de todas las obligaciones derivadas de la existencia de una relación procesal”.
Es decir, que la perención se basa en una condición objetiva, que consiste en el transcurso de un año de inactividad por las partes. Es así como se refleja la intención del legislador, de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente en el tiempo, como también de librar a los Tribunales del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes.
En tal sentido, la Perención tiene lugar cuando el proceso se encuentra paralizado y las partes o no están o han dejado de estar a derecho; tratándose de una relación procesal que no se formó, o que constituido no se llegó a su término final; razón por la cual el comienzo de la paralización es el objetivo principal para que se efectué la Perención y el tiempo que ella dure será el plazo para que se extinga la instancia.
Lo cual conlleva a que el proceso perima y se extinga la instancia por caducidad procesal, habida cuenta que las partes abandonaron la actividad procesal y con ello hicieron cesar el conflicto de intereses, toda vez que los juicios como enfermedad social, deben ser resueltos por la Jurisdicción en su función pública para establecer la Paz con Justicia; mas entonces, al abandonar el mismo las partes, hacen cesar el conflicto en su propia voluntad por autocomposición procesal.
II
El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en sentencia de fecha 01 de Junio de 2001, sentó su criterio en relación a la perención, indistintamente cuáles sean las partes en el proceso, por lo cual podemos incluir a los niños y/o adolescentes, a continuación establece:
“La Perención es fatal y corre sin importar quienes son las partes en el proceso, siendo su efecto que se extingue el procedimiento y según el articulo 271 del Código de Procedimiento Civil, en ningún caso el demandante podrá volver a proponer la demanda, antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) después de verificada (declarada) la perención.”
Asimismo en sentencia de fecha 12 de Mayo de 2003, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ratifica la decisión dictada cuando observa que en presencia del surgimiento de un conflicto entre los derechos constitucionales individuales de los litigantes y el interés superior de los niños y/o adolescentes, a fin de garantizar que los mismos disfruten plena y efectivamente sus derechos y garantías, y debido al principio de subsistencia de la obligación alimentaría, es que la referida Sala como medida de protección integral de los niños y/o adolescentes que otorga el artículo 78 de Nuestra Carta Magna, sostiene el criterio de mantener las medidas decretadas al menos durante tres (03) meses después de decretada la Perención de la instancia, en virtud de que dicha institución “castiga” la negligencia de las partes, sin diferenciar si son niños y/o adolescentes o no, no obstante el efecto de la Perención de la instancia no es extinguir el derecho, sino postergar por espacio de tres (03) meses que se incoe de nuevo la demanda para reclamar el derecho.
De esta manera, se debe tener en cuenta, en razón del orden público, que debe existir una excepción a tal imperativo, que no abarca los efectos de la perención consagrados en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil; en el caso que la materia sea de orden público, la Perención declarada no evita que se proponga de nuevo la demanda antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) de la declaratoria de perención. Por cuanto la intención no es perjudicar el Interés Superior del Niño y del Adolescente, tal como lo establece el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en virtud de que los derechos alimentarios de los niños y/o adolescentes no pudieran ejercerse de nuevo durante noventa días.
Por otra parte, la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sostiene el criterio que ha venido acogiendo la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 1102 de fecha 12 de Mayo de 2003, antes citada, en la siguiente forma:
“(…) decretada la perención, el accionante pasados tres meses de la sentencia firme en ese sentido, podría demandar de nuevo las pensiones alimentarias corriéndose el riesgo que el presunto deudor cobrare las prestaciones, si es que ellas se liquidan en ese termino, y se hiciere nugatorio para los menores la obtención de las pensiones. Ante esa posibilidad, la Sala a fin que los menores disfruten plena y eficazmente de sus derechos y garantías, y debido al principio de subsistencia de la obligación alimentaria, que como efecto de la filiación corresponde a los padres, así se haya privado o extinguido la patria potestad, ( articulo 366 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente), y habiéndose fijado judicialmente una pensión provisoria, tendrá como medida preventiva y garantista de la prioridad absoluta que la vigente Constitución ( articulo 78) otorga a la protección integral de los menores (omisis), mantener la medida sobre las prestaciones al menos durante tres meses después que se decretase –si ello fuese así- la perención de la instancia de manera que se incoase de nuevo la acción, no se perjudicará a los menores (omisis).”
Por todo ello, resulta procedente mantener durante tres (03) meses después de quede firme el presente fallo, la pensión de alimentos que este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, decretó mediante las medidas preventivas y asegurativas dictadas en fecha 09 de Septiembre de 2003, ejecutadas sobre sueldo y otros conceptos de naturaleza laboral a los que tenga derecho el ciudadano JOSE ANGEL CASTRO, reclamado alimentario.
En el caso que nos ocupa se puede observar del estudio detallado y minucioso de las actas que conforman el presente expediente que desde la fecha de 17 de Noviembre de 2.004, ha transcurrido más de un (01) año sin que ninguna de las partes realizara algún acto de procedimiento ejecutado o de impulso procesal; es por lo que el presente caso se subsume dentro de los parámetros del contenido del artículo up supra, adicionalmente una vez paralizada la causa y transcurrido el término para que quede extinguida la instancia, conlleva a el Juez a que de oficio o bien a instancia de parte, sea declarada la extinción del procedimiento, es por lo que la presente causa se encuentra perimida; y así se declara.
PARTE DISPOSITIVA
D E C I S I Ó N
Por los fundamentos expuestos, este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 1, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente Juicio de RECLAMACION ALIMENTARIA incoado por la ciudadana NELLY BEATRIZ MUNDARAY, titular de la cédula de identidad No: 8.642.428, en contra del ciudadano JOSE ANGEL CASTRO, titular de la cédula de identidad No: 10.974.350 y en beneficio de su hija ANDREINA CASTRO MUNDARAY.
MANTENER VIGENTE por el lapso de noventa (90) días continuos contados a partir de que quede firme la decisión dictada por este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio Nº 1, las medidas preventivas decretadas, en fecha 09 de Septiembre de 2.003, las cuales recayeron sobre el veinte por ciento del sueldo que devenga el ciudadano JOSE ANGEL CASTRO, como Teniente del Ejercito, adscrito al Grupo de Artillería 214, “MIGUEL ANTONIO VASQUEZ”, con sede en San Cristóbal del Estado Táchira., igualmente de las utilidades o pensión especial de fin de año que le correspondan al demandado para satisfacer las necesidades materiales y espirituales e la época de navidad, y cualquier otra cantidad que le pueda corresponder anualmente al demandado anteriormente identificado; así como sobre el cien por ciento (100%) de las primas por hijos que pueda percibir, y el veinte (20%) por ciento sobre las primas de antigüedad de servicio, antigüedad, retroactivo, caja de ahorro, prestaciones sociales, fideicomiso, o cualquier otro beneficio que le pueda corresponder al demandado de autos en caso de despido retiro voluntario o cualquier otra causa que de por terminada su relación laboral.
No hay costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese, notifíquese solamente a la parte actora. Déjese copia certificada por Secretaría.
Dada, firmada y sellada en la Sala 1 del Despacho del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los veintitrés (23) días del mes de Abril de dos mil siete. 196º de la Independencia y 148º de la Federación.
El Juez Unipersonal N° 1,
Dr. Héctor Ramón Peñaranda Quintero
La Secretaria
Abog. Angélica Maria Barrios.
En la misma fecha, siendo las nueve y cincuenta minutos de la mañana, previo el anuncio de ley a las puertas del despacho, se dictó y publicó la anterior sentencia, bajo el No. 544. La Secretaria.
Exp.: 4071
HRPQ/ 932
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