REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA EXPEDIENTE N° 3745 PARTE ACTORA: DUGLANYS MARGARITA OLIVARES MORALES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 14.950.333, con domicilio procesal en el Escritorio Jurídico Marcano Rojas & Asociados, Edificio EL Universal, Oficina 06, Calle La Ceiba de Ciudad Ojeda, Municipio Lagunillas del Estado Zulia. ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE: JOSÉ MARCANO, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 53.599, y de este domicilio. PARTE DEMANDADA: JASMIN GENARA CASTELLANOS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 12.843.893 y de este domicilio. ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDADA: NEUDO JOSÉ PEROZO JIMÉNEZ, venezolano, titular de la cédula de identidad N° 10.088.355 e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 87.889 y de este domicilio. MOTIVO: EJECUCIÓN DE CONTRATO. SENTENCIA DEFINITIVA La ciudadana DUGLANYS MARGARITA OLIVARES MORALES, asistido por el profesional del derecho JOSÉ MARCANO presentó demanda por EJECUCIÓN DE CONTRATO, en contra de la ciudadana JASMIN GENARA CASTELLANOS, arriba identificados, la cual fue admitida en fecha 14 de marzo de 2003, por este JUZGADO DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Ciudad Ojeda, por ser competente para ello. Cumplidas como han sido las formalidades legales pasa este Tribunal a dictar su fallo, sintetizando previamente los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir los actos del proceso que constan en autos, por mandato expreso del Ordinal Tercero, del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil vigente. DECISIÓN Delimitado así el problema corresponde a esta Jurisdicción su pronunciamiento y al efecto observa: El artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de la administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”. Es importante señalar los puntos que destacamos como lo son la justicia gratuita y la prontitud en la decisión correspondiente. Esto es, que la justicia no está sometida a pagos, tasas e impuestos de ningún tipo por parte de los Tribunales de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, con ello desapareció el arancel judicial, y por otro lado la prontitud de la decisión, que nos lleva al principio de la celeridad procesal, obligación que surge para el administrador de justicia que es el Juez, y en el caso de no existir lapsos para responder los pedimentos prevé el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, hacerlo dentro de los 03 días siguientes a la solicitud, con sanciones de orden legal, por el retraso en la decisión o lo llamado retraso judicial. El legislador no sólo exige prontitud al Juez para decidir, sino también exige la celeridad procesal la parte actora, so pena de ser castigado con la Perención de la Instancia, imponiéndole sus cargas correspondientes. Las obligaciones del actor que le impone la ley para evitar la Perención son las siguientes: 1. Presentación de la demanda cumpliendo con los requisitos 340 del Código de Procedimiento Civil; 2. Suministrar las copias simples del libelo de la demanda para librar los recaudos de citación; 3. Impulsar el proceso. Igualmente, es criterio establecido de la extinta Corte Suprema de Justicia, que la fecha precisa para empezar a contar el lapso de un año (1) año referido a la primera parte del articulo 267 del Código de Procedimiento Civil para provocar la Perención de la Instancia, es la fecha del auto de admisión, fecha ésta que constituye entonces el punto de partida para que el actor cumpla con las obligaciones que impone la ley, para que sea practicada la citación del demandado y constituyendo doctrinariamente el proceso como un conjunto sucesivo de actos, dependen del impulso para que el mismo marche hacia delante y las cuales son actividades procesales circunscritas en un tiempo por el legislador. De la misma manera, la doctrina tiene definido que son tres las condiciones indispensables para que un proceso se extinga con perfección: a) El supuesto básico de la existencia de una instancia. b) La inactividad Procesal. c) El transcurso de un plazo señalado por la ley. El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en sus acápites dispone que: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un (01) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”. Los Artículos 201 y 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo vigente, establecen: Artículo 201.- “Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causas en donde haya transcurrido más de un (1) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el Juez, este último deberá declarar la perención.” Artículo 202.- “La perención se verifica de pleno derecho y debe ser declarada de oficio por auto expreso del Tribunal.” Se observa pues, que tanto el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 267, como la nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en sus artículos 201 y 202, ya citados expresamente, establecen una sanción para la parte actora que no impulse debidamente la causa iniciada y que no es mas que la Perención de la Instancia. ASI SE DECIDE. El Legislador previó una sanción muy grave como es la PERENCION, la misma está condicionada a que el demandante que no cumpla con las obligación es que le impone la Ley, debe pues, necesariamente tratarse de una obligación establecida por la Ley, y no puede ser de otra manera, pues toda norma sancionatoria es de interpretación restrictiva; además siendo de extrema gravedad la sanción, como lo es la perención. Ahora bien, para este Sentenciador a determinar si en el caso subjudice se operó la Perención de la Instancia, y del análisis de las actuaciones que se han dejado sintetizadas aparece que la última actuación procesal ocurrida en el presente juicio, fue la exposición hecha por el alguacil Natural de este Tribunal, en la cual manifiesta que no pudo practicar la Notificación de la ciudadana DUGLANYS MARGARITA OLIVARES MORALES, del auto para mejor proveer dictado por este Despacho en la presente causa, lo cual ocurrió en fecha 20 de octubre de 2005, transcurriendo desde esa fecha el término requerido para la Perención de la Instancia, de conformidad con lo establecido en el Numeral 1, del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil vigente, extinguiéndose la instancia por el transcurso de un (01) año sin haberse ejecutado ningún acto de impulso procesal, lapso que se consumó en fecha 20 de octubre de 2006, sin que conste en actas ninguna actividad de las partes capaz de suspender el transcurso del término de Perención que opera de pleno derecho de acuerdo con el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, por falta de impulso en la Notificación de las partes con relación al auto para mejor proveer dictado por este Despacho en fecha 30 de junio de 2005. ASI SE DECIDE. DISPOSITIVA Por los fundamentos expuestos este JUZGADO DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Ciudad Ojeda, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA de un(1) año por falta de impulso en la Notificación de las partes con relación al auto para mejor proveer dictado por este Despacho en fecha 30 de junio de 2005, en el Juicio por EJECUCIÓN DE CONTRATO, seguido por la ciudadana DUGLANYS MARGARITA OLIVARES MORALES, contra la ciudadana JASMIN GENARA CASTELLANOS. Así mismo se ordena agregar a las actas del presente expediente la Boleta de Notificación librada a la parte demandada en fecha 30 de junio de 2005. El Tribunal no hace especial pronunciamiento en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, CERTIFÍQUESE Y NOTIFÍQUESE. Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1384 del Código Civil y el artículo 72, numerales 3 y 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dado, Sellado y Firmado en la Sala de Despacho del JUZGADO DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Ciudad Ojeda, a los tres (03) días del mes de Abril del año 2007. Años: 196° de la Independencia y 148 ° de la Federación. EL JUEZ, DR. CARLOS RAFAEL FRÍAS EL SECRETARIO, ABG. JHONNY ROMERO A.. En la misma fecha se dictó y publicó Sentencia, siendo las once y cincuenta de la mañana (11:50 a.m.) y se libraron Boleta de Notificación a las partes en la forma ordenada.- EL SECRETARIO,