TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
JUZGADO UNDÉCIMO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
SENTENCIA INTERLOCUTORIA RELATIVA A LA PROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE SECUESTRO Y MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO

EXPEDIENTE: N° 1701-2007
MOTIVO: RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
VISTO: CON SUS ANTECEDENTES

Visto la anterior demanda presentada por la S.M. INVERSIONES MESTRE C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia el 25 de agosto de 1975, N° 20, tomo 19-A, en la persona de su presidente la ciudadana OMAIRA VIELMA, venezolana, mayor de edad, inscrita en el inpreabogado N° 6.230, de este mismo domicilio, representada legalmente por los abogados LUÍS ALFONSO FERNÁNDEZ, KIRA KARITZA MORALES y ROSELIANA CALDERÓN, venezolanos, mayores de edad, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 6.893, 96.828 y 115.750 respectivamente, en contra de la S.M. OFICINA PRINCIPAL C.A. inscrita ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia el 15 de diciembre del 2003, bajo el N° 28, tomo 50-A, en la persona de su presidente el ciudadano FRAY ANTONIO FUENMAYOR PALMAR, mayor de edad, venezolano, titular de la cedula de identidad N° 11.298.016, en relación al juicio de RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, en el que este Juzgado a los efectos de decidir sobre la procedencia de la presente medidas de embargo y secuestro solicitadas el tribunal para resolver, observa:
En virtud de la garantía constitucional “a la tutela judicial efectiva” prevista y sancionada en el artículo 26 de la Constitución Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuela, de donde emana el poder tuitivo de los jueces para proteger a los justiciables, y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
Así mismo, como lo establece nuestra carta magna en su artículo 257:
“El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia (…)”

Como quiera que esta operadora de justicia tiene la obligación de asegurar la integridad de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela; garantizando una justicia imparcial, transparente e independiente;
Entra a decidir conforme a derecho este órgano administrador de justicia sobre la admisibilidad de las medidas solicitadas.
La parte actora en fecha 22 de marzo del 2007 solicitó se le decretase medida de secuestro sobre el bien propiedad de la demandante y medida de embargo preventivo. Posteriormente el 26 de marzo del 2007 el tribunal instó a la solicitante consignar originales o copias certificadas de los documentos de propiedad del inmueble en pugna, la cual lo hizo el 3 de abril del año en curso.
El tribunal para resolver observa lo siguiente:
Establece el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil que el Juez decretará las medidas preventivas, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esto y del derecho que se reclama, de esta forma se colige que son dos los requisitos exigidos para que sea procedente decretar las medidas preventivas, tales como: 1) PERICULUM IN MORA o el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución de la sentencia; y 2) EL FUMUS BONIS IURIS o la presunción del derecho que se reclama.
Asimismo, con respecto a la idoneidad, adecuación y pertinencia de las medidas cautelares, el jurista venezolano, RAFAEL ORTIZ ORTIZ, en su obra “LAS MEDIDAS CAUTELARES INNOMINADAS. ESTUDIO ANALÍTICO Y TEMÁTICO DE LA JURISPRUDENCIA NACIONAL”, indica lo siguiente:
“La idoneidad es la aptitud de la medida cautelar para cumplir su finalidad preventiva, esto es, que se presente de tal manera que puedan precaver la futura ejecución o la efectividad de la sentencia dictada (…)”.

Además es importante acotar, lo sustentado por el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, con respecto al uso del poder cautelar del Juez:
“Este juzgamiento excepcional se justifica por cuanto al poder cautelar del juez no puede ser ilimitado ni absoluto, antes por el contrario, las medidas cautelares no pueden infringir derechos constitucionales en grado de inhabilitar civilmente al ciudadano sobre el cual ellas pesen, ya que las mismas fueron concebidas por el legislador para garantizar la tutela judicial efectiva y, por ende, la seguridad jurídica del justiciable. Esta es la premisa que, en criterio de esta Sala, debe orientar la actuación de todos los jueces de la Republica en el uso de su poder cautelar general.” (Sentencia N° 1662, Sala Constitucional del 16 de junio del 2003).

Establecidas las anteriores consideraciones, pasa este Tribunal en análisis de los requisitos exigidos en el artículo 585 del código de Procedimiento Civil para el decreto de las medidas cautelares, como son la presunción del buen derecho y el peligro en la mora:
El referido artículo consagra dos requisitos esenciales para la procedencia de la medida, conocidos en la doctrina como el Periculum in mora y el fumus bonis iuris.
A este respecto el Tratadista Zuliano Dr. RICARDO HENRIQUES LA ROCHE, en su obra Medidas Cautelares, paginas 187 y siguientes, opina:
"el peticionario de una medida que lo haga por la vía de causalidad, deberá probar respecto a dos materias distintas. Una prueba versara sobre la pretensión de su demanda, sobre las razones por la que intenta la acción, y otra versará sobre las razones por la que embarga, valga decir, sobre el peligro de que por falta de una oportuna aprehensión de bienes no se pueda llevar a cabo la ejecución forzosa. El nuevo Código de Procedimiento Civil, exige ahora, en ambos casos, un juicio de mera probabilidad (summaria cognitio) y por ello la enunciación latina de sendos requisitos debe ser: fumus bonis iuris, y fumus periculum in mora (...)"

El fundamento o ratio legis del requisito legal de la presunción grave del derecho que se reclama, radica en la necesidad de que se pueda presumir al menos que el contenido de la sentencia definitiva del juicio será de condena pecuniaria que conlleva la medida.
En cuanto al peligro en el retardo o periculum in mora, opina el citado autor que la otra condición de procedibilidad, peligro en el retardo, exige, como hemos dicho, la presunción de existencia de la circunstancia de hecho que, si el derecho existiera, serian tales que harían verdaderamente temibles el daño inherente por la no satisfacción del mismo.
Observa esta juzgadora que con relación a la medida de secuestro solicitada sobre el bien objeto de litigio la parte actora cumple pormenorizadamente los requisitos de procedibilidad de la misma contenidos en el ya citado artículo 585 ejusdem, dando así cumplimiento a los requerimientos de procedencia, es decir; demuestra el fomus bonis iuris, que le es propio a este tipo de juicio como lo es la acción por Resolución de Contrato, por haber suficiencia en derecho de los documentos base para la procedencia de la medida, cuestión que es una carga del solicitante de la misma, según la jurisprudencia reiterada del tribunal Supremo de Justicia, así como también la demostración del periculum in mora; el cual se ha establecido de manera reiterativa en la doctrina y jurisprudencia patria como la tardanza o morosidad que presuponen los procesos judiciales aunado a las situaciones o condiciones propias a las cuales de momento estén provistas los bienes condicionados bajo tal estado suspensivo, trayendo en si un evidente peligro de que las futuras resultas del litigio de actas queden burladas y sea imposible su ulterior ejecución al reasaltar la urgencia de resguardo del inmueble en pugna, en consecuencia, de lo que se concluye que el solicitante a dado cabal cumplimiento con los extremos legales que confiere el artículo 585 del Código de procedimiento Civil para el proveimiento de la medida cautelar de SECUESTRO DEL BIEN INMUEBLE solicitada.
Con relación a la medida de Embargo Preventivo solicitada por la parte actora, este Tribunal observa una vez analizados los requisitos de procedencia requeridos por el ya referido artículo 585 ejusdem; se evidencia que la demandante no cumple con el requisito del fomus bonis iuris, al no existir documento base para la procedencia de la medida solicitada, en consecuencia sin prejuzgar sobre el fondo de la causa esta Juzgadora declara la Improcedencia de la medida de Embargo solicitada. Así se decide.

DISPOSITIVO DEL FALLO

En consecuencia y con mérito a los argumentos antes señalados este JUZGADO UNDÉCIMO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decreta:

1) LA MEDIDA DE SECUESTRO: Sobre el inmueble situado en la avenida 15 (Las Delicias) con calle 72 del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en el cual constaba de un local comercial distinguido con el N° 10, en el nivel Terraza, del edificio Empresarial Paseo 72, comprendido a su vez entre los siguientes linderos NORTE: 14,94 mts., con el local N° 21 y con fachada norte; SUR: 14,94 mts., con el local N° 11; ESTE: 4,82 mts., con pasillo principal del nivel terraza (Avenida 15) y el OESTE: 4,82 mts., con el local N° 20, el cual le pertenece a la demandante según documento inscrito la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro de Maracaibo Estado Zulia, el 16 de diciembre del 2002, bajo el N° 3, tomo 17, protocolo 1°. Todo de conformidad con el articulo 599 ordinal 7 del Código de Procedimiento Civil, solicitada por la S.M. INVERSIONES MESTRE C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia el 25 de agosto de 1975, N° 20, tomo 19-A, en la persona de su presidente la ciudadana OMAIRA VIELMA, venezolana, mayor de edad, inscrita en el inpreabogado N° 6.230, de este mismo domicilio, representada legalmente por los abogados LUÍS ALFONSO FERNÁNDEZ, KIRA KARITZA MORALES y ROSELIANA CALDERÓN, venezolanos, mayores de edad, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 6.893, 96.828 y 115.750 respectivamente, en contra de la S.M. OFICINA PRINCIPAL C.A. inscrita ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia el 15 de diciembre del 2003, bajo el N° 28, tomo 50-A, en la persona de su presidente el ciudadano FRAY ANTONIO FUENMAYOR PALMAR, mayor de edad, venezolano, titular de la cedula de identidad N° 11.298.016, en relación al juicio de RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

2) IMPROCEDENTE la medida de Embargo Preventivo solicitada por la parte actora sobre bienes propiedad de la parte demandada.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE.

No hay condenación en costas por la naturaleza del presente fallo.
Déjese copia certificada por secretaría del presente fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO UNDÉCIMO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los 9 días del mes de abril del año 2007. Años: 196° de la Independencia y 147° de la Federación.
JUEZ:

ABOG. LOLIMAR URDANETA GUERRERO
SECRETARIA:

ABOG. JAKELINE PALENCIA
En la misma fecha se dictó y publicó el anterior fallo, previo el anuncio de ley dado a las puertas del despacho por el alguacil del Tribunal a las 3:30pm. Se expidió la copia ordenada por secretaria y se archivo en el copiador. SECRETARIA:

ABOG. JAKELINE PALENCIA