Expediente No. 17.375 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA En su nombre: TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DEL ESTADO ZULIA 196° y 147° “Vistos”.- Los antecedentes. Demandante: ALEXANDER JOSÉ PACHECO RODRÍGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No.13.101.499, y domiciliado en la población de Machiques del Estado Zulia. Demandada: sociedad mercantil INGENIERÍA BYC, COMPAÑÍA ANÓNIMA, inscrita en el Registro Mercantil I de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de fecha 10 de junio de 1996, bajo el No.38, Tomo 51-A y su modificación en el mismo Registro de fecha 12 de diciembre de 2000, bajo el No.22, Tomo 57-A, con domicilio en la ciudad de Maracaibo del Estado Zulia. En fecha 22 de julio de 2003, el abogado Ediccio Romero Carmona, inscrito en el Inpreabogado, bajo el No.22.889, apoderado judicial de la parte demandada realiza solicitud de REGULACIÓN DE COMPETENCIA en virtud de la sentencia proferida por el Juzgado del Municipio Machiques de Perijá y Rosario de Perijá de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de fecha 14 de julio de 2003, la cual fue admitida por el extinto Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante auto de fecha 13 de octubre de 2003, para conocer en segunda instancia. PUNTO PREVIO Antes de continuar con la tramitación del presente recurso y, dada la certidumbre que merecen los justiciables al someter sus asuntos a la jurisdicción, resulta necesario hacer un análisis breve pero preciso, sobre la competencia de este Tribunal, para conocer el asunto sometido a su jurisdicción, en virtud de la garantía constitucional a la “Tutela judicial Efectiva”, prevista y sancionada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, toda vez que la incompetencia del juzgador en los casos de orden público, violenta las garantías constitucionales “al debido proceso” y “el derecho de ser juzgado por el juez natural”, tal como lo establece el artículo 49 eiusdem. Prevé el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo siguiente: “La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la Ley. Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias...” (el subrayado es de la jurisdicción) La copiada disposición constitucional es la norma rectora en materia competencial, pues al señalar el origen de la jurisdicción, al propio tiempo nos enseña que el ámbito de actuación de esta última, viene dado por las causas que le sean atribuidas y mediante los procedimientos que determine la Ley. Ahora bien, el caso en examen está referido a la SOLICITUD DE REGULACIÓN DE COMPETENCIA, el cual fue admitido por el extinto Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante auto de fecha 13 de octubre de 2003, por ser el Tribunal competente de acuerdo a lo establecido en el artículo 655 de la Ley Orgánica del Trabajo, que señala: “Los asuntos contenciosos del trabajo cuyo conocimiento, substanciación y decisión no hayan sido atribuidos a la conciliación o al arbitraje o a las Inspectorías del Trabajo continuarán su tramitación en los Tribunales del Trabajo o Juzgados de Estabilidad Laboral previstos por esta Ley. No obstante, serán competentes además por razón de la cuantía los siguientes Tribunales: (omissis) b) De Parroquia o Municipio y Distrito en primera instancia, sobre asuntos hasta por el equivalente a la cantidad de veinticinco (25) salarios mínimos, en la jurisdicción donde existan Tribunales del Trabajo. Parágrafo Primero: De la decisión de un Tribunal de Parroquia o Municipio y Distrito en primera instancia, conocerá en apelación el Tribunal de Primera Instancia del Trabajo…” (el subrayado es de la jurisdicción) Sin embargo, la nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo cambió los procedimientos y la forma como estaban organizados los Tribunales de Trabajo, al establecer en sus artículo 14 y 15, lo siguiente: “Artículo 14. Los Tribunales del Trabajo son: a. Tribunales de Trabajo que conocen en primera Instancia. b. Tribunales Superiores que conocen en segunda instancia. c. Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social “Artículo 15. Los Tribunales del Trabajo se organizarán, en cada circuito judicial, en dos instancias: Una primera instancia integrada por los Tribunales de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, y los Tribunales de Juicio del Trabajo. Una segunda Instancia integrada por los Tribunales Superiores del Trabajo. Su organización, composición y funcionamiento se regirá por las disposiciones establecidas en esta Ley y en las Leyes respectivas.” Asimismo, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece un régimen procesal transitorio particular o especial para las causas que se encuentren en segunda instancia y casación al postular en su artículo 199, lo siguiente: “Artículo 199. Las causas que se encuentren en segunda instancia y casación serán resueltas por los Tribunales Superiores del Trabajo y por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, respectivamente, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley, dentro de los sesenta (60) días siguientes a su entrada en vigencia.” (el subrayado es de la jurisdicción) En atención a las normas ut supra analizadas, la competencia para conocer en segunda instancia a partir de la vigencia de la nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo sería atribuible a los Tribunales Superiores del Trabajo. En este sentido, se ha pronunciado el Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación social, al establecer en sentencia de fecha 25 de agosto de 2004, en el caso Lorena Josefina Soler contra la sociedad mercantil Desarrollos Urbanos de la Costa Oriental del Lago, S.A., lo siguiente: “…el legislador cualifica al órgano jurisdiccional que decidirá las causas que se encuentren en segundo grado de conocimiento, estimando competentes para tales fines a los Tribunales Superiores del Trabajo. Mal puede pretenderse entonces, conteste con el nuevo orden organizacional que los Tribunales de Juicio actúen como Tribunales de Segunda Instancia, toda vez que en el marco del esquema procedimental de la Ley, tal prerrogativa la ostentan de manera exclusiva los Tribunales Superiores del Trabajo –el artículo 14 de la Ley Procesal del Trabajo señala: “Los Tribunales del Trabajo son (…) b. Tribunales Superiores del Trabajo que conocen en segunda Instancia. (…)”. (el subrayado es de la jurisdicción) De manera tal, que tratándose el presente caso de una RECURSO DE APELACION, en contra de una sentencia de primera instancia proferida por un Tribunal de Municipios, la competencia para decidir la presente causa es del TRIBUNAL SUPERIOR DEL TRABAJO DEL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DEL ESTADO ZULIA que le corresponda por distribución, conforme a lo establecido en el artículo 199 de la novísima Ley Orgánica Procesal del trabajo, por lo que al haber sobrevenido una incompetencia por la entrada en vigencia de la referida Ley, este Tribunal debe DECLINAR SU COMPETENCIA en el Tribunal competente, lo cual se determinará de manera expresa, positiva y precisa en la dispositiva de este fallo. Así se decide. DISPOSITIVO Por los fundamentos expuestos y en fuerza de los argumentos vertidos en la parte motiva de esta decisión, este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara: SE DECLINA LA COMPETENCIA para la decisión de la REGULACIÓN DE COMPETENCIA por la parte demandada, ya identificada, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado del Municipio Machiques de Perijá y Rosario Perijá de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de fecha 14 de julio de 2003, en el TRIBUNAL SUPERIOR DEL REGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. En consecuencia: 1) Se remite la presente causa al TRIBUNAL SUPERIOR DEL REGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. Se deja constancia que la parte actora estuvo representada por el profesional del derecho EDITH DE JESÚS ESCOLA, inscrito en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo lo No.13.553, y la parte demandada estuvo representada por el profesional del derecho EDICCIO ROMERO CARMONA, inscrito en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo lo No.22.889. No hay especial condenatoria en costas y costos del presente juicio dada la naturaleza del fallo. PUBLIQUESE, REGISTRESE y NOTIFIQUESE. Déjese copia certificada por secretaría del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo a los trece (13) días del mes de octubre del año dos mil seis (2006).- Años: 196° de la Independencia y 146° de la Federación.- El Juez, NEUDO FERRER GONZÁLEZ La Secretaria, MARILU DEVIS En la misma fecha y previo el anuncio de ley dado por el Alguacil de este Tribunal a las puertas del Despacho, y siendo las tres y quince minutos de la tarde (03:00 p.m.), se dictó y publicó el fallo que antecede; quedando registrada bajo el N° 934-2006. Asimismo, en la misma fecha se libraron las boletas de notificación. La Secretaria, NFG/es.