TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS MACHIQUES DE PERIJA Y ROSARIO DE PERIJA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
MACHIQUES: ONCE DE MAYO DE 2006
196° y 147°
EXP. 2527
PARTES:
DEMANDANTE: MARIA ELBA MOLINA VILLASMIL, titular de la Cédula de identidad No. 4.592.730, domiciliada en este Municipio Machiques de Perijá del Estado Zulia.
DEMANDADO: OVIDIO JOSE LEIDENZ MENDEZ, titular de la Cédula de identidad No. 3.927.710, del mismo domicilio.
MOTIVO: RECLAMACION DE PENSIÓNES DE ALIMENTOS
SENTENCIA No.111-006.
ANTECEDENTES
En fecha 05-05-1997, se recibió demanda por RECLAMACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTARÍA presentada por la ciudadana MARIA ELBA MOLINA VILLASMIL venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad No. V-4.592.730, y domiciliada en el Municipio Machiques de Perijá del Estado Zulia, asistida por la Abogada en Ejercicio ELENA SOCORRO FLORES, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 14.088, en contra del ciudadano OVIDIO JOSE LEIDENZ MENDEZ, venezolano, mayor de edad, soltero, Militar, titular de la Cédula de Identidad No. V-3.927.710, y del mismo domicilio; a favor de su hijo OVIEL JOSE LEIDENZ MOLINA, acompañando a la demanda copia certificada de Partida de Nacimiento del beneficiario, marcada con el No. 1453, a que hace referencia, se admite la demanda propuesta, se dicta orden de emplazamiento para el demandado, se ordena la notificación del FISCAL VIGESIMO DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA y se libran los recaudos correspondientes, y se remitieron con oficio No.3420- 619, se decretó Medida de Embargo Preventivo sobre el la tercera parte del sueldo mensual devengado por el demandado en el carácter de SUPERVISOR DE PROTECCION INDUSTRIAL, al servicio de la Empresa LAGOVEN, EDIFICIO PRINCIPAL LAGOVEN, MATURIN; la tercera parte de lo que le pueda corresponder sobre vacaciones, caja de ahorro, aguinaldo y cualquier otra cantidad de dinero que pueda corresponderle y el Cincuenta por ciento de las Prestaciones sociales del demandado, en caso de retiro o despido o cualquier motivo que ponga fin a la relación laboral existente entre el demandado y la mencionada EMPRESA, para llevar a efecto la ejecución de la Medida de Embargo se libro oficio para la Empresa LAGOVEN, EDIFICIO PRINCIPAL LAGOVEN, MATURIN, bajo el No. 3420-620. (F.03 al 05)
En fecha 09-06-1997, se recibió una Diligencia suscrita por la abogada en ejercicio ADERMIS RIVERA SANCHEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 46.517, consignado un poder que le otorga el ciudadano OVIDIO JOSE LEIDENZ MENDEZ, a la mencionada abogada, se le dio entrada y se agrego al Expediente. (F.06 al 08)
En fecha 12-06-1997, se recibió escrito de contestación de la demanda constante de TRES (03) folios útiles, y los documentos a que hace referencia, presentado por la abogada en ejercicio ADERMIS RIVERA SANCHEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 46.517, Apoderada judicial de la parte demandante, se le dio entrada y se agrego al Expediente. (F.09 al 39)
En fecha 19-06-1997, se recibió escrito de constante de DOS (02) folios útiles, y los documentos a que hace referencia, presentado por la abogada en ejercicio ADERMIS RIVERA SANCHEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 46.517, Apoderada judicial de la parte demandante, se le dio entrada y se agrego al Expediente. (F.40 al 47)
En fecha 30-06-1997, el Tribunal dicto sentencia definitiva declarando PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA y fijo cuota alimentaria para el beneficiario OVIEL JOSE LEINDEZ MOLINA. (F. 48 Al 49)
En fecha 09-07-1997, se recibió acuse de recibo del oficio No. 3420-620, se le dio entrada y se agrego al Expediente respectivo. (F.50)
En fecha 09-07-1997, se recibió poder otorgado por la ciudadana MARIA ELBA MOLINA VILLAREAL, titular de la Cédula de identidad No. 4.592.730, a la Abogada en Ejercicio ELENA SOCORRO FLORES, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 14.088. (F. 51)
En fecha 15-07-1997, se recibió escrito, presentado por la abogada en ejercicio ADERMIS RIVERA SANCHEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 46.517, Apoderada judicial de la parte demandante, Solicitando al Tribunal ordene la apertura de Cuenta de ahorro a nombre del beneficiario OVIEL JOSE LEINDEZ MOLINA, se le dio entrada y se agrego al Expediente, el Tribunal proveyó de conformidad con lo solicitado y ordeno oficiar al BANCO PROVINCIAL, AGENCIA CINCO DE JULIO, bajo el No. 3420-995, a los fines indicados y asimismo acordó la suspensión de la medida de Embargo decretada y ejecutada en este Juicio. (F. 52 al 53)
En fecha 17-07-1997, se recibió comunicación emanada del BANCO PROVINCIAL, informando la apertura de la Cuenta de ahorro a nombre del beneficiario OVIEL JOSE LEINDEZ MOLINA, se le dio entrada y se agrego al Expediente. (F. 54)
En fecha 17-07-1997, el Tribunal ordeno oficiar a la la Empresa LAGOVEN, EDIFICIO PRINCIPAL LAGOVEN, MATURIN, bajo el No. 3420-1010, participándole la suspensión de medida de Embargo decretada y ejecutada en este Juicio. (F. 55 y 56)

En fecha 31-07-1997, se recibió acuse de recibo del oficio No. 3420-1010, se le dio entrada y se agrego al Expediente respectivo. (F.57)
En fecha 31-07-1997, se recibió escrito, presentado por la abogada en ejercicio ADERMIS RIVERA SANCHEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 46.517, Apoderada judicial de la parte demandante, consignando un cheque de Gerencia del BANCO UNIÓN, por concepto de Pensiones de alimentos para el beneficiario OVIEL JOSE LEINDEZ MOLINA, y solicitando al Tribunal la entrega de recibos originales consignados en el Expediente, se le dio entrada y se agrego al Expediente, el Tribunal proveyó de conformidad con lo solicitado, acordó el deposito del cheque consignado a la cuenta corriente de este Juzgado en el Banco de Venezuela, Agencia MACHIQUES y certificar en actas copia fotostática de los documentos señalados y devolver los originales al solicitante. (F. 58)
Existen en el Expediente desde la fecha 07-08-1997 y 08-10-1997, ambas fechas inclusive, estos en los folios 59 al 61, constancia de depósitos y entregas de las cantidades de dinero consignadas al beneficiario antes nombrado.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
De una revisión exhaustiva a este expediente el Tribunal observa que según consta de partidas de nacimiento acompañadas en el libelo de demanda ya los beneficiarios alcanzaron su mayoría de edad, y que el ofrecimiento de que se trata debe ser analizado a la luz de lo establecido en el Artículo 383, literal b, de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente el cual dispone “La obligación alimentaria se extingue: a) Por haber alcanzado la mayoridad el beneficiario de la misma, excepto que padezca deficiencias físicas o mentales que lo incapaciten para proveer su propio sustento, o cuando se encuentre cursando estudios que por su naturaleza, le impidan realizar trabajos remunerados, caso en el cual la obligación puede extenderse hasta los veinticinco años de edad, previa aprobación judicial”.
Se observa además de las documentales existentes en actas que el beneficiario de la PENSIÓN DE ALIMENTO que dio origen a éste proceso OVIEL JOSE LEINDEZ MOLINA, nació en fecha 21-05-1985, de lo cual se determina que el mismo es mayor de dieciocho años.
PARA RESOLVER AL FONDO SE OBSERVA
Para resolver en la presente causa esta Juzgadora lo hace en estricta observancia del mandato legal que establece el objeto de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, el cual se lee en su Artículo 1: “Esta Ley tiene por objeto garantizar a todos los niños y adolescentes, que se encuentran en el territorio nacional, el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, a través de la protección integral que el estado, la sociedad y la familia deben brindarles desde el momento de su concepción.” ; “Artículo 2. “Se entiende por niño toda persona con menos de doce años de edad. Se entiende por adolescente toda persona con doce o más y menos de dieciocho años de edad”
Establecen estas normas el límite de la competencia en materia de protección con respecto a los individuos que son destinatarios o beneficiarios de esa protección que garantiza la Ley, en este orden de ideas esta juzgadora considera pertinente realizar una serie de análisis doctrinarios y legales a los efectos de establecer su competencia para seguir sustanciando la presente causa
Para DEVIS ECHANDIA, la competencia “es la facultad que cada Juez o Magistrado de una rama Jurisdiccional tiene, para ejercer la jurisdicción en determinados asuntos y dentro de determinado territorio”.
La jurisdicción es el género y la competencia es la especie, ya que por ésta se le otorga a cada Juez el poder de conocer de determinada porción de asuntos. La competencia puede definirse así, legalmente, como la medida de la jurisdicción que ejerce en concreto el Juez en razón de la materia, del valor de la demanda y del territorio.
En este sentido la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicada en Gaceta Oficial No.5.262 extraordinario de fecha Once (11) de Septiembre de 1.998, en su Artículo 70, delimita la competencia de los Juzgados de Municipio de la siguiente forma:
“Los Jueces de Municipio actúan como jueces unipersonales. Los Tribunales de Municipio serán ordinarios y especializados en ejecución de medidas. Los juzgados ordinarios tienen competencia para: 1. Conocer en primera instancia de las causas civiles y mercantiles cuyo interés, calculado según las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, no excedan de cinco millones de bolívares… Las demás que le señalen las Leyes”.
Ahora bien, la materia de la que trata la presente solicitud se encuentra prevista en el Título I, Disposiciones directivas, que establece los lineamientos fundamentales que se deben aplicar al interpretar la Ley Orgánica de Protección del Niño y del adolescente, en el cual de manera genérica se establece el ámbito de aplicación personal, referido al límite de edad que debe tener un individuo para ser objeto de la protección de que se trata.
En este sentido se debe observar que la competencia atribuida a este Tribunal para conocer en materia alimentaria es de carácter especial que se ha hecho en consideración del cúmulo de Trabajo de los Tribunales Especializados y fue atribuida únicamente en lo referente a Niños y Adolescentes.
Y según el Artículo 2 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente “Se entiende por niño toda persona con menos de doce años de edad. Se entiende por adolescente toda persona con doce o más o menos de dieciocho años de edad”, en concordancia con el Artículo 383 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente materializan los parámetros establecidos para el límite de la competencia atribuida a esta juzgadora por haber excedido los beneficiarios el limite en la edad que la Ley Especial establece para pode ser amparado por ella, y no haber realizado ninguna diligencia procesal a los efectos de que se le de continuidad al cumplimiento forzoso de la obligación. De la misma forma se observa que las partes no han realizado ningún acto en el expediente desde el 08 DE OCTUBRE DE 1997 y en este sentido establece el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en su encabezado “Toda Instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes…”. Así mismo el Artículo 269 Ejusdem le da el carácter de Orden público a la misma, por cuanto es irrenunciable por las partes la institución de la perención, opera de pleno derecho y puede ser declarada de oficio por el Tribunal.
Como acto de procedimiento se deben entender todos aquellos actos encaminados a impulsar la instancia, realizados conforme a las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil y en las Leyes Especiales, tal como lo dispone el Artículo 7 Ejusdem, relativas a la forma, lugar y tiempo de los mismos.
De esta manera, el espíritu, propósito y razón del Legislador es de castigar la negligencia de las partes en realizar estos actos procesales que deben cumplir, que además de ser válidos, como reiteradamente lo han establecido en la Doctrina y Jurisprudencia patrias, su propósito evidente debe ser el de gestionar e impulsar el proceso, poniendo fin a la paralización en que se encuentra. En este sentido la sala de casación social en Sentencia No. 956, del Primero de Junio del Dos Mil Uno, consideró que “cuando los términos de Prescripción de los derechos ventilados sean de Un año o menos, vencido un año de inactividad en estado de sentencia, sin impulso del actor, si en el año siguiente al de la prescripción no hay impulso de su parte, se tendrá tal desidia procesal como muestra inequívoca de que los accionantes perdieron el interés procesal en dicha causa, y así se declara”.
Ahora bien de una revisión hecha al presente expediente este Tribunal observa que desde el día 08 DE OCTUBRE DE 1997, las partes no han realizado ningún acto de procedimiento con las características antes señaladas, habiendo transcurrido desde esa fecha hasta la presente más del tiempo legal previsto en la norma adjetiva Civil para que se decrete, tal institución procesal, razón por la cual, es procedente en Derecho. DECLARAR PERIMIDA LA INSTANCIA EN LA PRESENTE CAUSA POR DECAIMIENTO O FALTA DE INTERÉS PROCESAL. ASÍ SE DECIDE.
DISPOSITIVO
Por los fundamentos expuestos, éste JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS MACHIQUES DE PERIJÁ Y ROSARIO DE PERIJÁ DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Machiques, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA PERIMIDO EL PRESENTE PROCESO INCOADO POR RECLAMACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTARIA presentada por la ciudadana MARIA ELBA MOLINA VILLASMIL, en contra del ciudadano OVIDIO JOSE LEIDENZ MENDEZ, a favor del ciudadano OVIEL JOSE LEIDENZ MOLINA, por haber excedido los beneficiarios la edad limite establecida en la Ley Especial de la materia y no haber realizado los actos de procedimiento establecidos para su continuidad en los lapsos establecidos en la normativa legal vigente. ASÍ SE DECIDE.
Actuaron como apoderada de la parte actora, la Abogada en Ejercicio ELENA SOCORRO FLORES, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 14.088, y como apoderada de la parte demandada la abogada en ejercicio ADERMIS RIVERA SANCHEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 46.517.
No se produce condenatoria en costas en la presente causa por la naturaleza de la materia de que se trata.
DADA, SELLADA Y FIRMADA, en la Sala del Despacho del JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS MACHIQUES DE PERIJÁ Y ROSARIO DE PERIJÁ DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en la Población de Machiques, a los ONCE (11) días del mes de MAYO de 2006. Años 196º de la Independencia y 147º de la Federación. REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y NOTIFÍQUESE. Déjese copia certificada de la presente decisión, a los fines de su Archivo, de conformidad con lo establecido en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
LA JUEZA

DRA. CRISTINA RANGEL HERNÁNDEZ

LA SECRETARIA

MARIA AUXILIADORA ROMERO VARGAS

En la misma fecha y previo anuncio de Ley dado por el Alguacil de este Tribunal a las puertas del Despacho, siendo las NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 A.M.) se dictó y publicó el fallo que antecede, quedando anotado bajo el No.111-006, se libraron Boletas de notificación y se hizo entrega de las mismas a la Alguacil.
LA SECRETARIA