REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Ciudad Ojeda EXPEDIENTE N° 6550 PARTE DEMANDANTE: ILVA MERY EVERTSZ DE DÍAZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-7.935.043, domiciliada en la Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: JANET PARRA UGUETO y JOSÉ ÁNGEL MÉNDEZ, venezolanos, mayores de edad e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 34.629 y 11.626, respectivamente. PARTE DEMANDADA: FRANCISCO ALBERTO ARAUJO MÉNDEZ y TERESA DE JESÚS GUERRA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V-4.540.867 y V-7.864.659, respectivamente, domiciliados en jurisdicción del Municipio Lagunillas del Estado Zulia. ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDADA: SIN REPRESENTACIÓN LEGAL. ................ MOTIVO: RESOLUCIÓN DE CONTRATO SENTENCIA DEFINITIVA En fecha dieciséis (16) de Marzo de dos mil seis (2006), fue admitida demanda por RESOLUCIÓN DE CONTRATO, incoada por la ciudadana ILVA MERY EVERTSZ DE DÍAZ, contra los ciudadanos FRANCISCO ALBERTO ARAUJO MÉNDEZ y TERESA DE JESÚS GUERRA, arriba identificados, por ante este JUZGADO DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Ciudad Ojeda, por ser competente para ello, (folios, desde el 01 hasta el 29). Cumplidas como han sido las formalidades legales pasa este Tribunal a dictar su fallo, sintetizando previamente los términos en que ha quedado planteada la controversia, sin transcribir los actos del proceso que constan en autos, por mandato expreso del Ordinal Tercero, del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil vigente. DECISIÓN: Delimitado así el problema corresponde a esta Jurisdicción su pronunciamiento y al efecto observa: El artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de la administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”. Es importante señalar los puntos que destacamos como lo son la justicia gratuita y la prontitud en la decisión correspondiente. Esto es, que la justicia no está sometida a pagos, tasas e impuestos de ningún tipo por parte de los Tribunales de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, con ello desapareció el arancel judicial, y por otro lado la prontitud de la decisión, que nos lleva al principio de la celeridad procesal, obligación que surge para el administrador de justicia que es el Juez, y en el caso de no existir lapsos para responder los pedimentos prevé el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, hacerlo dentro de los 03 días siguientes a la solicitud, con sanciones de orden legal, por el retraso en la decisión o lo llamado retraso judicial. El legislador no sólo exige prontitud al Juez para decidir, sino también exige la celeridad procesal la parte actora, so pena de ser castigado con la Perención de la Instancia, imponiéndole sus cargas correspondientes. Las obligaciones del actor que le impone la ley para evitar la Perención son las siguientes: 1. Presentación de la demanda cumpliendo con los requisitos del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil; 2. Suministrar las copias simples del libelo de la demanda para librar los recaudos de citación; 3. Impulsar el proceso. El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en sus acápites dispone que: “Cuando transcurridos treinta (30) días a contar desde la fecha de Admisión de la Demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la Citación del demandado”. Nos acogemos al criterio sostenido en el fallo dictado por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 28 de Junio de 2.004, en el cual considera que la Perención breve prescrita por el artículo 267 numeral 1 del Código de Procedimiento Civil, no es una disposición abrogada por el principio constitucional de la gratuidad. En consecuencia, la perención breve prescrita por el artículo 267.1 del Código de Procedimiento Civil, no es una disposición abrogada por el principio constitucional de la gratuidad, ya que mantiene su vigencia, se entiende que la carga del actor no es sólo el pago de aranceles judiciales, sino el dejar constancia de haber proveído las fotocopias del libelo e indicando el lugar de ubicación del demandado, es decir el costo del transporte para el traslado del Alguacil para practicar la citación. Aun habiéndose librados los recaudos de citación y entregados al Alguacil, es deber del actor impulsar el proceso para que el mencionado funcionario practique la citación antes de los 30 días en que precluye el lapso de la perención. El legislador previó una sanción muy grave como lo es la PERENCIÓN, la misma está condicionada a que el demandante que no cumpla con las obligaciones que le impone la Ley, debe pues, necesariamente tratarse de una obligación establecida por la Ley, y no puede ser de otra manera, pues toda norma sancionatoria es de interpretación restrictiva; además siendo de extrema gravedad la sanción, como lo es la perención. Ahora bien, para este Sentenciador a determinar si en el caso subjudice se operó la Perención de la Instancia, y del análisis de las actuaciones que se han dejado sintetizadas aparece que la última actuación procesal ocurrida en el presente juicio, fue el auto de Admisión de la demanda, lo que se hizo en fecha 16 de Marzo de 2006, transcurriendo desde esa fecha el término requerido para la Perención de la Instancia, de conformidad con lo establecido en el Numeral 1, del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil vigente, extinguiéndose la instancia por el transcurso de un (01) mes sin haberse ejecutado ningún acto de impulso procesal, lapso que se consumó en fecha 16 de Abril de 2006, por cuanto la parte actora no proveyó las copias fotostáticas simples para librar los respectivos recaudos de citación a los ciudadanos FRANCISCO ALBERTO ARAUJO MÉNDEZ y TERESA DE JESÚS GUERRA. ASÍ SE DECIDE. DISPOSITIVA: Por los fundamentos expuestos este JUZGADO DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Ciudad Ojeda, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el Juicio por RESOLUCIÓN DE CONTRATO, seguido por la ciudadana ILVA MERY EVERTSZ DE DÍAZ, contra los ciudadanos FRANCISCO ALBERTO ARAUJO MÉNDEZ y TERESA DE JESÚS GUERRA. El Tribunal no hace especial pronunciamiento en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, CERTIFÍQUESE Y NOTIFÍQUESE Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dado, Sellado y Firmado en la Sala de Despacho del JUZGADO DEL MUNICIPIO LAGUNILLAS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con sede en Ciudad Ojeda, a los cinco (05) días del mes de Mayo del año 2006. Años: 196° de la Independencia y 147° de la Federación. EL JUEZ, DR. CARLOS RAFAEL FRÍAS EL SECRETARIO, ABG. JHONNY ROMERO A. En la misma fecha se dictó y publicó Sentencia, siendo las nueve de la mañana (9:00a.m).- EL SECRETARIO. “2006, Año Bicentenario del Juramento del Generalísimo Francisco de Miranda y de la Participación Protagónica del Poder Popular”