REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, veintiocho de marzo de dos mil seis 195º y 147º ASUNTO : KP02-S-2005-015520 Vista la solicitud presentada por la ciudadana Josefina Oviedo, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No.7.374.460 de este domicilio, asistida por la Abogada Angie Cordero, de este domicilio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro.108.686, donde manifiesta se le conceda titulo supletorio de dominio sobre unas bienhechurías que construyó a expensas propias con dinero de su propio peculio, ubicadas en Carrera 5 entre Calles 4 y 5 Nro. 03-73, Pila de Montezuma II de la Parroquia Juan de Villegas del Municipio Iribarren del Estado Lara, sobre un terreno Ejido que mide Diez por veinte metros cuadrados (10x20 mts.2) alinderadas de la siguiente manera: NORTE: María Chiquinquirá Bacaranda; SUR: Blanca Sicares; ESTE: Blanca Reyes y OESTE: Carolina Aguilar. Dichas bienhechurías están constituidas por una vivienda construida por paredes de bloques, techo de zinc, piso de cemento, cuatro habitaciones, sala, comedor, una cocina, un baño, un porche, un garaje, instalaciones eléctricas, aguas servidas cercada toda el área con bloques. El valor invertido es la cantidad de SEIS MILLONES DE BOLIVARES (Bs.6.000.000,oo ) y teniéndose presentes las declaraciones de los testigos Juan de Dios Santana y Wil Fran Triana, antes identificados, éste Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener aprueba la mencionada Justificación y le DECLARA TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO a favor de la ciudadana Josefina Oviedo, ya identificada en las bienhechurías antes descritas en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa, devuélvanse las actuaciones a la parte interesada. La Juez Suplente Especial Abg. Mariluz Josefina Pérez La Secretaria María Fernanda Alviárez MJP/merysa