TSJ Regiones - Decisión

COMISION No. 1561/2006

En horas de Despacho del día de hoy, MIERCOLES QUINCE (15) de MARZO DEL AÑO DOS MIL SEIS (2006), siendo las DIEZ HORAS DE LA MAÑANA (10:00 ), fecha y hora de constitución de este Juzgado Tercero Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada, San Francisco, Mara, Páez y Almirante Padilla de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, para llevar a efecto la MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA, decretada con ocasión de la interposición de RECURSO CPNTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONAL, por ante el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, por parte del ciudadano LUIS ALAIN HERNÁNDEZ CARABALLO, portador de la Cédula de Identidad No. V.- 11.258.292, para ser restituido, con el pago de salarios, así como el goce y disfrute de los demás beneficios laborales a los que tengo derecho, mientras dure el proceso, y a partir de la publicación de la decisión de fecha 09 de diciembre de 2005, al cargo de OFICIAL MAYOR, que detentaba en la SECRETARIA DE DEFENSA Y SEGURIDAD CIUDADANA DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA, órgano en contra de cual ha sido incoado el sancionado recurso contencioso funcionarial, llevado en el expediente No. 9793, nomenclatura correspondiente al Tribunal de la Causa; y donde este Juzgado ha sido comisionado para practicar la medida cautelar arriba indicada, de reincorporación inmediata y pago de su salario, en tal sentido; se trasladó y constituyó este Tribunal Tercero Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada, San Francisco, Mara, Páez y Almirante Padilla de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en la dirección indicada por la parte actora, ciudadano LUIS ALAIN HERNÁNDEZ, debidamente asistido en este acto por su Apoderado Judicial, abogado en ejercicio ALFREDO VARGAS DIAZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 77.747, específicamente en el Despacho del Secretario de Gobierno de la Gobernación del Estado Zulia, cumpliendo estrictamente con el traslado en la sede indicada en el contenido del despacho Comisorio y solicitado por la parte actora, ubicado frente a la Plaza Bolívar en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Seguidamente y una vez presente el Tribunal en el sitio indicado, se procedió a notificar al ciudadano NELSON ENRIQUE CARRASQUERO ACOSTA, portador de la Cédula de Identidad Número V.-3.113.925, con el carácter de SECRETARIO DE GOBIERNO y presente igualmente la abogada MARIA BRACHO, portadora de la Cédula de Identidad número V.-7.788.074, en su carácter de ABOGADA SUSTITUTA DE LA PROCURADURIA DEL ESTADO ZULIA, y a quien se impuso sobre la reincorporación, del ciudadano LUIS ALAIN HERNÁNDEZ, portador de la Cédula de Identidad No. V.- 11.258.292, al cargo de OFICIAL MAYOR, que detentaba en la SECRETARIA DE DEFENSA Y SEGURIDAD CIUDADANA DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA, así como el efectivo pago de su salario a partir de la publicación de la referida decisión de fecha de 09 de diciembre del año 2005, y goce y disfrute de los demás beneficios laborales a los que tenga derecho, hasta tanto sea decidido el fondo de la presente.- En este estado, presente el ciudadano NELSON ENRIQUE CARRASQUERO ACOSTA, antes identificado, en su carácter de SECRETARIO DE GOBIERNO, debidamente asistido en este acto por la abogada MARIA BRACHO, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 40.917, expuso: “Vista la ejecución de la medida dictada por el Tribunal de la Causa en relación al funcionario LUIS ALAIN HERNÁNDEZ, aclaramos en primer término a este Tribunal Ejecutor que la Gobernación del Estado Zulia no esta en actitud de rebeldía y de desconocimiento al cumplimiento o no de la decisión en cuestión, sino por el contrario hay una situación especialísima de orden material que escapa de nuestra voluntad de querer cumplir o no con la presente medida cautelar innominada; constituye un impedimento objetivo y palpable que imposibilita en el orden material el poder cumplir con la ejecución de dicha medida. Asimismo se quiere hacer del conocimiento que la Gobernación del Estado Zulia, acudió y recurrió por ante el Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, a objeto de participarle las causas por las cuales se hacía imposible darle cumplimiento a las sentencias y en esta caso a dichas sentencias, esta circunstancia nos obliga a exponer algunas de las razones de fondo de orden legal que impiden el cumplimiento y la reincorporación inmediata del recurrente en tal caso, es oportuno manifestarle que la administración pública se maneja con la Ley de Presupuesto para cada ejercicio fiscal, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que en el caso del situado constitucional el mismo debe ser distribuido de la siguiente manera: el cincuenta por ciento (50%) para la política de inversión, un veinte por ciento (20%) para el situado municipal y el treinta por ciento (30%) restante para la política de funcionamiento y gastos fijos del personal del ejecutivo regional.- En consecuencia no tenemos disponibilidad presupuestaria que nos permita disponer de los recursos necesarios para poder cumplir con el mandato de la sentencia, lo cual resulta importante señalar que la misma esta orientada en dos aspectos: a) la reincorporación y b) el pago de los salarios, pero es de observar que en ninguna de las sentencias y en el caso sub iudice viene determinada la cuantía ni las estimaciones de pago están incluidas ni fueron determinados por el Tribunal en su oportunidad por no haberse practicado una experticia complementaria que determinase la cantidad la cual estaríamos obligados a cancelar y mal pudieras cumplir con una reincorporación sin pago de salarios caídos o pago de salarios caídos ni la respectiva reincorporación, porque el mandato del Tribunal representa el cumplimiento, reincorporación y pago de salarios. Por disposición expresa de la Ley contra la Corrupción se prohíbe expresamente poder adquirir compromisos por parte de cualquier funcionario sin tener la disponibilidad presupuestaria. Asimismo la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público en su artículo 49 contempla que no se podrán adquirir compromisos para los cuales no existan créditos presupuestarios ni disponer de créditos para una finalidad distinta a la prevista, es de apreciarse el contenido categórico de esta ley para el funcionario que pretenda efectuar un convenimiento sin contar con la disponibilidad presupuestaria, por otra parte se quiere dejar constancia desde el punto de vista económico es necesario señalar: por tratarse del cumplimiento de una obligación de hacer en el escrito emitido al Fiscal General de la República las razones de fondo y las practicas cumplidas por la Gobernación del Estado con el propósito de lograr los recursos necesarios que permitan cumplir con dicha medida, ya que su contenido forma parte de los pasivos laborales, es importante señalar que la Gobernación del Estado es la única que ha cumplido en cuantificar en el país todos y cada uno de los pasivos laborales, pasivos estos que además fueron reclamados por la Gobernación del Estado Zulia, en la Convención de Gobernadores efectuada en Puerto La Cruz en el mes de Junio de 2002, después de los acontecimientos del mes de abril donde el Gabinete económico de la administración central aprobó el pago de esos pasivos, no obstante de haber sido aprobado por el Ministro de Finanzas y su equipo ha sido imposible hacerse efectivo tales pretensiones a pesar de que con posterioridad también fue aprobado por la Asamblea Nacional, pero lo cierto es que hasta el día de hoy, ese dinero no ha entrado a las arcas regionales por la administración central por lo que obviamente carecemos de la disponibilidad presupuestaria para poder cumplirla. Nuestra responsabilidad fue cumplida en gestionar ante los organismos competentes los montos correspondientes para el pago y cumplimiento de la referida decisión, como resultado tuvimos una reducción al mes de diciembre de 2002 del presupuesto en cuanto al situado constitucional y un presupuesto para el 2003 rebajado, y 2004 fue el 53% Política de Desarrollo Social y el 57% para Política de Inversión. En el presupuesto del 2005 tuvimos la situación supra señalada. Asimismo los recursos proveniente del FIDES y LAEE de 2002 y los de 2003 nunca ingresaron a las arcas regionales todo esto colocó al estado en una situación precaria a los fines de dar cumplimiento a sus obligaciones. Asimismo es conveniente destacar que como se trata de una obligación de hacer para llevar a efecto el cumplimiento de la decisión y dadas las características presupuestarias que se han expuesto en este acto, aunado a la situación fáctica conocida por todos, el presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2006, aún no ha entrado en las arcas regionales, hecho éste que imposibilita de una manera absoluta el cumplimiento de dicho mandato. Sin embargo, es un hecho notorio y conocido por los Jueces Ejecutores, que nuestra Entidad, por vía de hecho ha venido resolviendo en el marco de nuestras posibilidades económicas algunos de estos casos y actualmente se encuentran en vía de negociación otros, los cuales ponemos a disposición del Tribunal de los que podemos mencionar un grupo de funcionarios de la Dirección de Desarrollo Social, Maestros retirados en el Gobierno anterior, honrando aproximadamente en pagos de pasivos laborales, la cantidad de CUARENTA Y NUEVE MILLARDOS, a través del situado y utilizando para ello una política de austeridad. Es importante conocer la situación presupuestaria del Estado Zulia correspondiente al año 2005 sobre la cual nos regimos; discriminación que supra señalada, mas los ingresos derivados por papel sellado y timbres fiscales, que representan un monto de cuatrocientos millones de bolívares y por los intereses en deposito que representan un monto de mil quinientos millones de bolívares, a diferencia del presupuesto de ingreso del año 2003 y 2004, que fue un presupuesto deficitario y recortado. A pesar de ellos hemos sido cumplidores de las obligaciones contractuales y laborales no satisfechas en el ejercicio anterior y en las posibilidades legalmente establecidas, hemos honrado en este ejercicio algunas obligaciones relacionadas con pasivos laborales originadas en razón de sentencias definitivamente firmes, como antes hemos señalados. Siendo muy importante que este Tribunal ejecutor conozca la situación histórica del presupuesto que hemos manejado en el tiempo que nos ha tocado dirigir los destinos de nuestro Estado, el impacto por rebaja del presupuesto de la cual hemos sido objeto los zulianos, en los ejercicios 2000 y siguientes, específicamente resulta importante referenciar el ejercicio 2002, el presupuesto inicial fue de quinientos treinta y cuatro cincuenta y tres millardos en términos generales, y desde el punto de vista de gasto del personal el monto correspondió a Doscientos Ochenta y Cuatro millardos, a este presupuesto corresponde al año 2002, se produjo una primera rebaja de un doce por ciento de ese presupuesto esa rebaja representó un monto de treinta y cuatro millardos setecientos millones de bolívares quedando en consecuencia doscientos cuarenta y nueve millardos setenta millones, pero posteriormente se produjo otra rebaja presupuestaria representada en un ocho por ciento e igualmente se redujo un gasto adicional por conversión de bonos de la deuda pública. De estas cantidades podemos apreciar que en el año 2002 con un presupuesto de doscientos cuarenta y siete millardos cuarenta millones no pudimos cumplir con las exigencias de las sentencias, por ser un presupuesto deficitario, con mayor razón, al tener un presupuesto en el año 2003 de doscientos veinticuatro millardos ochenta millones de bolívares, es decir, treinta y dos millardos setenta millones de bolívares menos que en el 2002 y no obstante el proceso inflacionario y la devaluación de la moneda que corre en el presupuesto del 2003. Este presupuesto deficitario de 2003 se vio afectado también por la necesidad del cumplimiento de las obligaciones contractuales que tenemos adquiridas con todos los trabajadores que representaron un monto de quince millardos cincuenta millones de bolívares y otros beneficios de carácter laboral y contractual que presentan un monto de diecinueve millardos cincuenta millones de bolívares; como se puede apreciar de manera objetiva al Zulia se le deben por parte de la Administración Central los presupuestos 2001, 2002, 2003 y 2004, lo correspondiente a setecientos treinta y cinco millardos de donde se puede apreciar claramente que existe una imposibilidad de orden financiero y presupuestario para cumplir con los pasivos señalados y la Gobernación del Estado Zulia pueda dar cumplimiento en lo inmediato a la reclamaciones formuladas en este acto. En cuanto al presupuesto 2005 el estado Zulia tuvo un déficit de CIENTO CUARENTA MILLARDOS de los cuales el situado asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLARDOS, disponiéndose de un cincuenta por ciento (50%) para la política de Educación Salud y Desarrollo Social de conformidad con el Mandato expresamente establecido por el Constituyente 1999. El resto es decir el cincuenta por ciento (50%) cubre Mantenimiento, Funcionamiento Gubernativo, Servicio Generales; es preciso señalar que de ese cincuenta por ciento (50%) se dispone de TRESCIENTOS TREINTA CINCO MILLARDOS, para pago de Nominas y demás beneficios contractuales que abarca a cincuenta y cinco mil (55) Funcionarios Públicos. En este estado, presente el ciudadano LUIS ALAIN HERNÁNDEZ, parte actora en el presente proceso, debidamente asistido en este acto por el abogado ALFREDO VARGA DIAZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 77.747, expuso: “Vista la exposición de la representación del Estado Zulia, insisto en la REINCORPORACIÓN al cargo de OFICIAL MAYOR en la SECRETARIA DE DEFENSA Y SEGURIDAD CIUDADANA DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA, así como el efectivo pago de su salario a partir de la publicación de la decisión de fecha 09 de Junio del año 2005, y el goce y disfrute de los demás beneficios laborales a los que tenga derecho, hasta tanto sea decidido el fondo de la presente causa.- Pido a este Tribunal cumpla con lo establecido con el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y mediante la ejecución de la medida cautelar innominada decretada, reincorpore a su sitio de trabajo al ciudadano LUIS ALAIN HERNANDEZ. al cargo de OFICIAL MAYOR en la SECRETARIA DE DEFENSA Y SEGURIDAD CIUDADANA DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA, así como el efectivo pago de su salario a partir de la publicación de la decisión de fecha 09 de Junio del año 2005, y el goce y disfrute de los demás beneficios laborales a los que tenga derecho, hasta tanto sea decidido el fondo de la presente causa - Vistas las anteriores exposiciones y siendo que se trata una Jurisdicción (Tribunal Ejecutor), de carácter especialísimo, cuyas facultades están delimitadas de conformidad con lo establecido en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil (CPC), este Juzgado aclara que no tiene materia sobre la cual decidir, por cuanto dicha competencia está atribuida exclusivamente al Tribunal de la Causa; en consecuencia, este JUZGADO TERCERO EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA, SAN FRANCISCO, MARA, PAEZ Y ALMIRANTE PADILLA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, ACTUANDO EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: FORMALMENTE REINCORPORADO AL CIUDADANO LUIS ALAIN HERNÁNDEZ, al cargo de OFICIAL MAYOR, en la SECRETARIA DE DEFENSA Y SEGURIDAD CIUDADANA DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA, así como el efectivo pago de su salario a partir de la publicación de la decisión de fecha 09 de Junio del año 2005, y el goce y disfrute de los demás beneficios laborales a los que tenga derecho, hasta tanto sea decidido el fondo de la presente causa; en consecuencia se declara cumplidos los actos ejecutivos encomendados por el Tribunal de la Causa; de tal manera que se da por cumplida la misión encomendada en los términos conferidos en el respectivo Despacho Comisorio. Siendo la ONCE Y TREINTA HORAS DE LA MAÑANA (11:30 A.M.), terminó el acto, es todo, se leyó y conformes firman.----------
EL JUEZ,

ABOG. EDMUNDO FINOL RINCÓN.

EL NOTIFICADO,

ABOG. NELSON CARRASQUERO
SECRETARIO DE GOBIERNO

LA ABOGADA SUSTITUTA DEL PROCURADOR,
ABOG. MARIA BRACHO.

EL QUERRELLANTE ,

SU APODERDO JUDICIAL

LA SECRETARIA,

ABOG. MARGARITA MEDINA V.