REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
SALA DE JUICIO - JUEZ UNIPERSONAL Nº 4


EXPEDIENTE: Nº 05984
CAUSA: RECLAMACIÓN ALIMENTARIA
PARTES: Demandante: KARINA CHIQUINQUIRÁ BUITRAGO MEDINA
Demandado: DICXON ISLANDER RUIZ QUINTANA

PARTE NARRATIVA

Se inició el presente procedimiento por ante este Tribunal, por solicitud de RECLAMACION ALIMENTARIA incoada por la ciudadana KARINA CHIQUINQUIRÁ BUITRAGO MEDINA, titular de la cédula de identidad No. 16.119.685, asistida por la Abogada en ejercicio ELIDA VÁSQUEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 77.748, en contra del ciudadano DICXON ISLANDER RUIZ QUINTANA, titular de la cédula de identidad No. 13.366.670, a favor y único interés de la niña y/o adolescente (SE OMITEN LOS NOMBRES DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES POR RAZONES DE CONFIDENCIALIDAD).-
En fecha 08 de Septiembre de 2004, este Tribunal admite la demanda y ordena la comparecencia del ciudadano DICXON ISLANDER RUIZ QUINTANA, titular de la cédula de identidad No. 13.366.670, mediante exhorto dirigido al Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira a fin de practicar la misma y la notificación de la Fiscal Trigésimo Cuarta del Ministerio Público Especializado de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. En esta misma se decretaron medidas de embargo preventivas sobre el sueldo y otros conceptos que devengaba el reclamado de autos como Militar Activo de las Fuerzas Armadas Nacionales de Cooperación de la Guardia Nacional, en tal sentido se oficio bajo los Nos. 04-2633, 04-2634 y 06-2635 con objeto de practicar dichas medidas.-
En fecha 15 de Septiembre de 2004, la Alguacil Natural de este Tribunal consigno la Boleta de Notificación del Fiscal del Ministerio Publico el cual fue notificado en fecha 14 de Septiembre de 2004.-
En fecha 07 de Abril de 2005, se ordeno oficiar a la Entidad Financiera Banco Industrial de Venezuela, a lo fines de aperturar una Cuenta de Ahorros en beneficio de la niña y/o adolescente de autos, por la cantidad de Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Veintiocho Bolívares (Bs. 258.228,oo).-
En fecha 13 de Enero de 2006, este Tribunal ordeno cancelar la Cuenta de Ahorros aperturada en el Banco Industrial de Venezuela, en consecuencia ordenar aperturar una nueva cuenta de Ahorros con las cantidades de dinero que contenía la anterior cuenta en la Entidad Financiera Banfoandes.-

PARTE MOTIVA

Este Juzgado después del estudio minucioso de las actas que conforman el presente expediente, observa el contenido del Código de Procedimiento Civil, el cual establece la Institución denominada Perención de la Instancia. Dicho texto jurídico señala que toda instancia se extingue por el transcurso de un (01) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes; asimismo indica que la inactividad del Juez después de vista la causa, lo que se entiende que es solo con relación al fallo de fondo, no producirá la Perención. Ella tampoco tendrá lugar cuando el proceso se encuentra en consulta legal, ante el Juez que conoció de la misma; vale decir, que el efecto de la Perención declarada es la extinción del proceso, por lo que ella no ataca a la acción, y las decisiones que produzca efectos y las pruebas que resulten de los autos, continuaran teniendo plena validez. Simplemente, la Perención finaliza el proceso, el cual no continuara adelante a partir de la declaratoria de la misma. -
En este orden de ideas, tomando en consideración el contenido del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:

Articulo 267. “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención….”

En tal sentido, la Perención tiene lugar cuando el proceso se encuentra paralizado y las partes o no están o han dejado de estar a derecho; tratándose de una relación procesal que no se formó, o que constituido no se llegó a su término final; razón por la cual el comienzo de la paralización es el objetivo principal para que se efectué la Perención y el tiempo que ella dure será el plazo para que se extinga la instancia.-
Por lo tanto, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en sentencia de fecha 01 de junio de 2001, sentó su criterio en relación a la perención en caso especial como es en los casos de Menores, el cual establece:

“La Perención es fatal y corre sin importar quienes son las partes en el proceso, siendo su efecto que se extingue el procedimiento y según el articulo 271 del Código de Procedimiento Civil, en ningún caso el demandante podrá volver a proponer la demanda, antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) después de verificada (declarada) la perención.”

Asimismo en sentencia de fecha 12 de Mayo de 2003, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ratifica la decisión dictada cuando observa que en presencia del surgimiento de un conflicto entre los derechos constitucionales individuales de los litigantes y el interés superior del menor, a fin de garantizar que los menores disfruten plena y efectivamente sus derechos y garantías, y debido al principio de subsistencia de la obligación alimentaría, es que la referida Sala como medida de protección integral de los menores que otorga el artículo 78 de Nuestra Carta Magna, sostiene el criterio de mantener las medidas decretadas al menos durante tres (03) meses después de decretada la Perención de la instancia, en virtud de que dicha institución “castiga” la negligencia de las partes, sin diferenciar si son menores o no, no obstante el efecto de la Perención de la instancia no es extinguir el derecho, sino postergar por espacio de tres (03) meses que se incoe de nuevo la acción para reclamar el derecho.-
De esta manera, se debe tener en cuenta, en razón del orden público, que debe existir una excepción a tal imperativo, que no abarca los efectos de la perención consagrados en el articulo 271 del Código de Procedimiento Civil; en el caso que la materia sea de orden publico, la Perención declarada no evita que se proponga de nuevo la demanda antes que transcurra noventa (90) días continuos (calendarios) de la declaración de perención. Por cuanto la intención no es perjudicar el Interés Superior del Niño y del Adolescente, tal como lo establece el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en virtud de que los derechos alimentarios de los niños y/o adolescentes no pudieran ejercer de nuevo durante noventa días.-
Por otra parte, la Corte Superior del Tribunal del Niño y del Adolescente de la circunscripción Judicial del Estado Zulia, sostiene el criterio que ha venido acogiendo la sala Constitucional del tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 1102 de fecha 12 de mayo de 2003, antes citada, en la siguiente forma:

“(…) decretada la perención, la accionante pasados tres meses de la sentencia firme en ese sentido, podría demandar de nuevo las pensiones alimentarias corriéndose el riesgo que el presunto deudor cobrare las prestaciones, si es que ellas se liquidan en ese termino, y se hiciere nugatorio para los menores la obtención de las pensiones. Ante esa posibilidad, la Sala a fin que los menores disfruten plena y eficazmente de sus derechos y garantías, y debido al principio de subsistencia de la obligación alimentaria, que como efecto de la filiación corresponde a los padres, así se haya privado o extinguido la patria potestad, ( articulo 366 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente), y habiéndose fijado judicialmente una pensión provisoria, tendrá como medida preventiva y garantista de la prioridad absoluta que la vigente Constitución ( articulo 78) otorga a la protección integral de los menores, mantener la medida sobre las prestaciones al menos durante tres meses después que se decretase si ello fuese así- la perención de la instancia de manera que se incoase de nuevo la acción, no se perjudicará a los menores.”

Por todo ello, resulta procedente mantener durante tres (03) meses después de quede firme el presente fallo, la pensión de alimentos que este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, decretó las medidas preventivas y asegurativas dictadas en fecha 08 de Septiembre de 2004, y ejecutada por el Tribunal mediante oficios dirigidos a la Comandancia General de la Fuerza Armada Nacional de Cooperación, Institutos de Previsión Social de las Fuerzas Armadas de Cooperación y a la Caja de Ahorros y Bienestar Social de las Fuerzas Armadas, de los conceptos de naturaleza laboral a los que tenga derecho el ciudadano DICXON ISLANDER RUIZ QUINTANA reclamado alimentario.-
En el caso que nos ocupa se puede observar del estudio detallado y minucioso de las actas que conforman el presente expediente que desde la fecha 08 de Septiembre de 2004, hasta la presente fecha, ha transcurrido más de un (01) año sin que ninguna de las partes realizara algún acto de procedimiento ejecutado o de impulso procesal y por cuanto no se impulso la citación del demandado; es por lo que el presente caso se subsume dentro de los parámetros del contenido del artículo up supra, adicionalmente una vez paralizada la causa y transcurrido el término para que quede extinguida la instancia, conlleva a el Juez a que de oficio o bien a instancia de parte, sea declarada la extinción del procedimiento, es por lo que la presente causa se encuentra perimida. ASÍ SE DECLARA.-

PARTE DISPOSITIVA
DECISION

Por los fundamentos expuestos, este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio- Juez Unipersonal Nº 4, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:
a) LA PERENCION DE INSTANCIA en el presente juicio de RECLAMACION ALIMENTARIA, incoada por la KARINA CHIQUINQUIRÁ BUITRAGO MEDINA, en contra del ciudadano DICXON ISLANDER RUIZ QUINTANA a favor y único interés de la niña y/o adolescente (SE OMITEN LOS NOMBRES DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES POR RAZONES DE CONFIDENCIALIDAD).-
b) MANTIENE EN VIGENCIA por el lapso de noventa (90) días continuos contados a partir de que quede firme la decisión dictada por este Juzgado; las medidas preventivas y asegurativas dictadas por esta Sala de Juicio en fecha 08 de Septiembre de 2004, y ejecutada por el Tribunal mediante oficios dirigidos a la Comandancia General de la Fuerza Armada Nacional de Cooperación, Institutos de Previsión Social de las Fuerzas Armadas de Cooperación y a la Caja de Ahorros y Bienestar Social de las Fuerzas Armadas, en tal sentido ofíciese a los fines de informales de la presente resolución.-
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. Déjese copia certificada por secretaria de conformidad con el artículo 248 ejusdem.-
Dada, firmada y sellada en la Sala N° 4 del Despacho del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los veintinueve (29) días del mes de Junio de dos mil Seis. 196º de la Independencia y 147º de la Federación.-
La Juez Unipersonal No. 4


DRA. ELIZABETH MARKARIAN CHAMI
La Secretaria Accidental


ABOG. LISBETH ZERPA GARCIA
En la misma fecha, siendo las diez (10:00 a.m.) de la mañana, previo el anuncio de ley a las puertas del despacho, se dictó y publicó la anterior sentencia Interlocutoria bajo el No. 143.-
La Secretaria
Exp. 05984
EMCH/angélica