REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia Maracaibo, veintiocho (28) de julio de dos mil seis (2006) 196º y 147º NUMERO DEL ASUNTO: VP01-L-2005-1429 PARTE DEMANDANTE: JUAN CARLOS GARCIA VILLALOBOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad personal Número V-7.713.951, domiciliado en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo, Estado Zulia. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: MARINEL MARQUEZ, NILZA SANCHEZ, ZORAIDA GONZALEZ y ROGER SOLANO ORTIZ, abogados en ejercicio, de su mismo domicilio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo los Nº 73.494, 79.905, 29.000 y 5.822, respectivamente. PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil PREVENCIÓN 357, C.A.; inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 22 de abril de 1986, bajo el No. 2, Tomo 22-A-Pro, el día 27-05-2003, bajo el No. 43, Tomo 25-A. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: LEDDY BRFAVO FARIA, MARINA DIAZ ZARRAGA y FERNANDO DIAZ ZARRAGA, abogados en ejercicio, de este domicilio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo los Nos.72.903, 47.792, y 14.706, respectivamente. MOTIVO: RECLAMO DE PRESTACIONES SOCIALES: SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA: HOMOLOGACIÓN DE AUTOCOMPOSICIÓN PROCESAL DENOMINADA CONVENIMIENTO A TRAVÉS DE LAS FACULTADES CONCILIATORIAS DEL JUEZ DE JUICIO.- En el juicio que por Prestaciones Sociales tiene intentado el ciudadano JUAN CARLOS GARCIA VILLALOBOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad personal Número V-7.713.951, domiciliado en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo, Estado Zulia (Suficientemente identificado); compareció a la Audiencia de Juicio, Oral y Pública, previamente fijada por éste Tribunal en fecha veintisiete (27) de julio de los corrientes, debidamente representado por los profesionales del derecho, ROGER SOLANO y MARINEL MARQUEZ, abogados en ejercicio, de éste domicilio, y la parte demandada, quien estuvo presente a través de su representante legal MARISELA GONZALEZ debidamente representada por los apoderados judiciales abogados LEDDY BRAVO y FERNANDO DIAZ. La parte demandada a través de sus apoderados judiciales procede a realizar un Ofrecimiento al actor, por la cantidad de TREINTA Y CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 35.000.000,00), de la siguiente manera: La cantidad de OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 8.750.000,00) para ser cancelado el día once (11) de Agosto de 2006; el día once (11) de Septiembre de 2006, la cantidad de OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 8.750.000,00) , el día once (11) de Octubre de 2006, la cantidad de OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 8.750.000,00) y el día once (11) de Noviembre de 2006, la cantidad de OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 8.750.000,00)); donde con el objeto de evitar los gastos y costos que pudieran generarse para las partes, en aras de evitar también el transcurso del tiempo que implica un proceso de ésta naturaleza difícil y costoso; y constatada la existencia de derechos reclamados, litigiosos y contradictorios, susceptibles de ser objeto de una transacción; es por lo que, de mutuo y común acuerdo, a los fines de precaver un futuro y eventual litigio convinieron las partes en dicho pago; dejando expresa constancia que el pago efectuado por la demandada, no implica ni obligación, ni el reconocimiento de derecho alguno de los conceptos reclamados, e igualmente el demandante dejó expresa constancia que con el pago por medio de ese negocio jurídico de parte de la demandada, quedan satisfechas todas y cada una de las diferencias y reclamos existentes entre las partes, acuerdo regulado en los términos y condiciones convenidos por ambas partes; ofreciendo LA DEMANDADA pagar al DEMANDANTE la cantidad de TREINTA Y CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 35.000.000,00); los cuales serán pagados de la manera anteriormente señalada, en las oficinas de la Empresa demandada, compareciendo una de las partes ante este Circuito Judicial del Trabajo a dejar constancia por medio de diligencia respaldada con su respectivo recibo, del cumplimiento de cada una de las cuotas aquí acordadas; hasta completar la cantidad conciliada; declarando EL DEMANDANTE están de acuerdo con dicha cantidad por vía transaccional; que corresponde a la cancelación total y definitiva de las acreencias laborales. El Tribunal para resolver lo hace previo a las siguientes consideraciones: Establece el Artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La Ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de ésta obligación del Estado se establecen los siguientes principios: 1) Ninguna Ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias. 2) Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisit0os que establezca la Ley. 3) Cuando hubiere dudas a cerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad. 4) Toda medida o acto del patrono o patrona contrario a esta Constitución es nulo y no genera efecto alguno. 5) Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra condición. 6) Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo integral. El estado los o las protegerá contra cualquier explotación económica y social. En consecuencia, logrado como ha sido que las partes celebraran el presente convenimiento con la asistencia e impulso de la Ciudadana Juez en la Audiencia de Juicio Oral y Pública, de seguidas se procederá a homologar este medio de autocomposición procesal. Y así queda establecido. DISPOSITIVO: POR LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS, ESTE JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: 1.- SE HOMOLOGA, POR LO QUE SE LE ATRIBUYE EL CARÁCTER DE COSA JUZGADA A LA TRANSACCIÓN LABORAL CELEBRADA ENTRE EL CIUDADANO JUAN CARLOS GARCIA VALBUENA y LA SOCIEDAD MERCANTIL PREVENCIÓN, 357 C.A. (AMBAS PARTES SUFICIENTEMENTE IDENTIFICADAS EN LAS ACTAS PROCESALES). 2.- NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS DADA LA NATURALEZA DEL FALLO DICTADO Y POR HABERLO ASÍ CONVENIDO LAS PARTES. 3.- EL TRIBUNAL SE ABSTIENE DE ARCHIVAR EL PRESENTE ASUNTO, HASTA QUE NO CONSTE EN ACTAS LA OBLIGACIÓN TOTALMENTE CUMPLIDA. Dada, firmada y sellada en la Sala de este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los veintiocho (28) día del mes de Julio del año dos mil seis (2.006) LA JUEZ, MONICA PARRA DE SOTO LA SECRETARIA, MARIA DE LOS ANGELES BOHORQUEZ En la misma fecha, siendo las nueve y veinticuatro (9:24 a.m.) de la mañana, se dictó y publicó el fallo que antecede. LA SECRETARIA, MARIA DE LOS ANGELES BOHORQUEZ