LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA En su nombre: EL JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA Asunto número VP01-R-2006-000845 SENTENCIA En el juicio de calificación de despido seguido por la ciudadana MIREYA JOSEFINA FERNÁNDEZ, representado judicialmente por los abogados Yamid García, Néstor Palacios, María Villasmil, Nilhsy Castro, Cristina Faneite, Claudia Briceño, Endrina Fernández, María Parra, Juan Barreto, Josefina Moscarella, María Navarro, Lorena Hurtado, Nayibell Urdaneta, Adriana García, Alexis Villarroel, Mariangel Marval, Marianly Perozo, Janmaire Ramírez y Betty Álvarez, contra PDVSA PETRÓLEO, S.A., sin representación judicial acreditada en autos, el Tribunal Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en sentencia interlocutoria del 02 de diciembre de 2006, declaró la perención de la instancia de conformidad con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil y artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Contra esa decisión, la parte demandante interpuso el recurso de apelación previsto en el artículo 161 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Recibido el expediente, se celebró audiencia oral y pública de apelación, donde la parte recurrente expuso sus alegatos y este Tribunal dictó su fallo en forma oral y siendo la oportunidad para reproducir la sentencia en forma escrita, lo hace esta Alzada, previas las siguientes consideraciones: Alega el recurrente que en este caso específicamente, se consignó la copia simple de la demanda en fecha 01 de febrero de 2005, y no fue certificada. Señala la parte recurrente que en el presente caso nunca se dejó de realizar ninguna actuación y por ello nunca se configuró la perención, que en todo caso el procedimiento estaba suspendido hasta que no se notificara. El Tribunal para decidir observa: En el caso examinado, en fecha 01 de septiembre de 2003, el extinto Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo, se pronunció sobre la admisión de la demanda, en el cual ordenó notificar a la accionada, para la contestación de la demanda, así como al Procurador General de la República. Ahora bien, encontrándose la causa en ese estado, el 15 de octubre de 2003, entró en vigencia la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en la Circunscripción Judicial del Estado Zulia (Maracaibo), siendo remitido el expediente al Tribunal Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, el cual se abocó al conocimiento de la causa en fecha 26 de febrero de 2004. El 11 de agosto de 2004, la parte actora solicito se procediera a la elaboración del oficio de notificación al Procurador General de la República, lo cual fue acordado por el Tribunal en fecha 15 de setiembre de 2004, oportunidad en al cual efectivamente se libró el oficio de notificación y se libraron los carteles de notificación a la demandada, designándose como correo especial, al abogado Yamid García Cuadra, apoderado judicial de la parte actora. En fecha 01 de febrero de 2005, la parte expuso mediante diligencia haber los recaudos necesarios para la notificación al Procurador, observando el Tribunal que dicha copia simple no consta en las actas procesales. En fecha 31 de marzo de 2005, la parte actora en virtud de que el Tribunal ordenó la notificación del Procurador General de la República, solicitó se le entregaran las copias certificadas. Asimismo, en fecha 31 de marzo de 2005, solicitó la notificación de la demandada de conformidad con lo establecido en el artículo 126 de Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ratificad dicha diligencia el 26 de septiembre de 2005. Posterior a dicha actuación, en fecha 02 de diciembre de 2005, el Jugado a-quo declaró la perención de la instancia de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil; artículos 201 y 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y, la doctrina de la Sala Constitucional, estableciendo que desde la última gestión realizada por parte del Tribunal en fecha 15 de septiembre de 2004, en donde se ordenó notificar a la parte demandada, al Procurador General de la República y designar correo especial al ciudadano Yamid García, había transcurrido más de un año; sin que las partes hayan efectuado actuaciones de procedimiento, razón por la cual declaró la perención de la instancia. Apelada dicha decisión, de la revisión de las actas que conforman el expediente, evidencia el Tribunal que después de la actuación de la parte demandante de fecha 11 de agosto 2004, no se evidencia ninguna actuación de procedimiento realizada por la parte actora, tendente a impulsar las notificaciones ordenadas por el Juez de la causa, lo cual constituye, como se dijo, una carga de ésta y no del Juez, con lo cual se patentiza la paralización de la causa por falta de impulso procesal de la parte actora, a partir del 11 de agosto 2004. En efecto, se evidencia de las actas procesales que habiéndose abocado el Juez de la causa en fecha 26 de febrero de 2004, la parte actora solicitó se procediera a la elaboración del oficio que contenga la notificación al Procurador General de la República y librara los correspondientes recaudos para la notificación de la parte demandada y solicitó se designara correo especial al ciudadano Yamid García, apoderado judicial, a los fines de practicar la notificación de la Procuraduría, lo cual fue proveído por el Tribunal en fecha 15 de septiembre de 2004, cuando se libró cartel de notificación, se entregó al Alguacil y se ofició al Procurador, nombrando al abogado Yamid García Cuadra, apoderado de la parte actora, como correo especial. Ahora bien, del recorrido de la causa, puede observar este Tribunal que habiendo librado el Tribunal de la causa el oficio al Procurador, certificado las copias y nombrado correo especial, la parte actora no impulsó la notificación del Procurador. Se observa además que el designado correo especial, quien a su vez funge como apoderado judicial de la parte demandante, jamás tuvo interés en aceptar el cargo en él recaído y cumplir con el encargo que la misma parte actora solicitó asumir, a pesar de que el Tribunal ordenó expedir una copia certificada del expediente a la parte actora en fecha 09 de febrero de 2005, sin que tampoco impulsara la notificación al Procurador, puesto que aún cuando la parte actora solicitó en fecha 01 de febrero de 2005 una copia certificada del expediente para a su decir impulsar la notificación del Procurador, al ordenarse expedir la copia certificada no realizó ningún acto para que se practicara la notificación, sin que este Tribunal pueda considerar la actuación de fecha 01 de febrero de 2005 como de impulso procesal, puesto que la solicitud y expedición de una copia certificada del expediente no constituye impulso procesal que evite la perención de la instancia, siendo que además la parte actora no impulsó el proceso, puesto que aún cuando manifestó que la copia certificada era para notificar al Procurador, siendo ordenado expedir la copia, no impulsó nada, habida cuenta que ni la persona designada como correo especial, quien a su vez fungía de apoderado judicial, concurrió para cumplir con su misión. En consecuencia, habiendo diligenciado la parte actora en fecha 11 de agosto de 2004, de conformidad con el espíritu, propósito y razón, tanto del legislador adjetivo civil como del laboral, los cuales establecen en las respectivas disposiciones, artículo 267 del Código de Procedimiento Civil y 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el impulso de parte, como elemento cualitativo central a efectos de impedir la perención de la instancia antes de la vista de la causa, dicha diligencia de fecha 11 de agosto de 2004, viene a constituir la fecha que define el inicio del término para computar la extinción de la instancia, para cuya configuración exige la ley el transcurso de un año sin haberse efectuado ningún acto de procedimiento por las partes, quienes debieron imprimirle al proceso el impulso necesario para que llegara al estado de sentencia y al haber transcurrido más de un año sin impulso procesal de la parte demandante, indefectiblemente, en fecha 11 de agosto de 2005 se consumó la perención de la instancia en la presente causa, habida cuenta de que en el proceso laboral la perención opera de pleno derecho, es decir, desde que se consuma el plazo legalmente establecido, sin que se requiera la solicitud de parte ni que medie declaración judicial, bastando únicamente que la causa haya estado inactiva por más de un año, y opera, inclusive en caso de que la inactividad ocurra después de la vista de la causa, por lo que las partes conservan siempre la carga del impulso procesal. Así se establece. Surge en consecuencia, la declaratoria desestimativa del recurso ejercido por la parte demandante, por lo que resolviendo el asunto sometido a apelación, en el dispositivo del fallo se confirmará la decisión recurrida. Así se decide. DECISIÓN Por las razones antes expuestas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, este Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la decisión de fecha 02 de diciembre de 2005, dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución Para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia; que conoció de la demandada intentada por la ciudadana MIREYA JOSEFINA FERNÁNDEZ frente a PDVSA, PETRÓLEO S.A., PERIMIDA la instancia y TERMINADO el juicio intentado por la ciudadana MIREYA JOSEFINA FERNÁNDEZ frente a PDVSA, PETRÓLEO S.A.; en consecuencia SE CONFIRMA el fallo apelado. NO SE CONDENA EN COSTAS PROCESALES a la parte recurrente dada la naturaleza del fallo Publíquese y regístrese. Dada en Maracaibo a seis de julio de dos mil seis. Año 196º de la Independencia y 147° de la Federación. El Juez, Miguel A. URIBE HENRÍQUEZ El Secretario, Francisco J. PULIDO PIÑEIRO Publicada en el día de su fecha a las 13:43 horas, quedó registrada bajo el número PJ0152006000317 El Secretario, Francisco J. PULIDO PIÑEIRO