TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA REGION OCCIDENTAL,
con sede en Maracaibo.

Expediente Nº 9960

MOTIVO: Acción de Amparo Constitucional.

PARTE ACCIONANTE: El ciudadano RAFAEL MORALES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 13.661.327, domiciliada en el Municipio Cabimas del Estado Zulia.

APODERADO JUDICIAL DE LA ACCIONANTE: La abogada en ejercicio MARIA PARRA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 7.839.636 e inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 49.326, carácter que se evidencia en instrumento Poder autenticado por ante la Notaría Pública Segunda de Cabimas, el día quince (15) de diciembre de 2005, inscrito bajo el Nº 29, Tomo 85.

PARTE ACCIONADA: Constructores Eléctricos e Industriales, C.A., (CEICA)

Se da inicio a la presente causa por Acción de Amparo Constitucional, el día veintidós (22) de noviembre de 2005, cuando fue recibido el presente expediente en forma original procedente del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en virtud de la decisión tomada por ese Juzgado en fecha 21 de Diciembre de 2005, la cual ordena la remisión inmediata del presente asunto a este Juzgado Superior, contentivo de la acción de Amparo Constitucional interpuesta por el ciudadano Rafael Morales contra la empresa Construcciones Eléctricas e Industriales, C.A., plenamente identificados.
Ahora bien, estando dentro de la oportunidad legal para pronunciarse sobre la admisibilidad de la presente acción de amparo constitucional, el Tribunal observa que la parte presunta agraviada alega que ingresó a prestar servicios para la Sociedad Mercantil “CONSTRUCTORES ELÉCTRICOS E INDUSTRIALES C.A.” en fecha 22 de Noviembre de 2003, desempeñando el cargo de Pintor, en el área de PDVSA la Salina, devengando como último salario mensual la cantidad de UN MILLÓN VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN BOLÍVAR CON TREINTA CÉNTIMOS (Bs. 1.028.571,30), hasta en fecha dos (02) de abril de dos mil cinco (2005) cuando fue despedido de su labor sin justa causa cuando se encontraba bajo suspensión médica.
Por tal motivo acudió a la Inspectoría del Trabajo de Cabimas, Estado Zulia, con la finalidad de solicitar el reenganche y pago de los salarios caídos. Que en fecha 30 de Junio de 2005 la Inspectoría del Trabajo emitió senda Providencia Administrativa Nº 116-05, mediante la cual se declaró Con Lugar su solicitud.
Igualmente alega la parte presunta agraviada que el día 1° de julio de 2005 la funcionaria del Trabajo Maride Marrero se trasladó a la sede de la patronal accionada con el fin de verificar el reenganche ordenado, dejando constancia de la negativa de la misma a dar cumplimiento a la Providencia dictada. Que la patronal ha desacatado una orden emitida por el órgano administrativo competente, haciendo nugatorio la protección del Estado al trabajo prevista en los artículos 87, 89 y 93 de la Constitución Nacional; por todo lo cual acude con fundamento en los artículos 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales para que se restablezca la situación jurídica infringida y se ordena a la patronal mediante Decreto de Amparo, el cumplimiento de la Providencia Administrativa Nº 116-05, de fecha 30 de Junio de 2005, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Zulia, con sede en Cabimas.

DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO:

Siendo la oportunidad para pronunciarse sobre la admisibilidad de la presente acción de amparo constitucional, observa el Tribunal que la parte accionante acude al Tribunal para denunciar la violación de sus derechos constitucionales al trabajo y al salario por el desacato de la patronal accionada a la Providencia Administrativa Nº 116-05, emitida en fecha 30 de Junio de 2005 por la Inspectoría del Trabajo del Estado Zulia, con sede en Cabimas, a los fines de que éste Juzgado ordene el cumplimiento de la misma y restablezca la situación jurídica infringida.

En tal sentido, es preciso destacar que conforme a lo previsto en los artículos 266 (numeral 1) y 335 de la Constitución Nacional, le corresponde a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ejercer la jurisdicción constitucional, lo cual comprende garantizar –juntamente con el resto de los jueces de la República- la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales. De manera que la Sala Constitucional es el máximo y último intérprete de la Carta Magna, teniendo como una de sus máximas responsabilidades velar por la uniformidad en su interpretación y aplicación. Así, las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República, siendo el caso que ha quedado establecido en decisión de dicha Sala Nº 93, emitida el 06 de febrero de 2001, que cuando un Tribunal no acoja las interpretaciones ya establecidas por la Sala Constitucional, implica una violación e irrespeto a la Constitución, una distorsión de la certeza jurídica y, por lo tanto, un quebrantamiento del Estado de Derecho.

Ahora bien, recientemente la Sala Constitucional emitió una decisión en la cual modifica el criterio sostenido hasta entonces y señala lo siguiente:

“…considera la Sala que es necesario indicar que en las sentencias de esta Sala Constitucional N° 2122 del 2-11-2001 y 2569 del 11 de diciembre de 2001 (caso: Regalos Coccinelle C.A.), se estableció que el acto administrativo tiene que ser ejecutado forzosamente por el órgano emisor, esto es, a través de sus funcionarios o valiéndose de la colaboración de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, si lo considerara necesario, por tratarse de la ejecución de un acto administrativo de desalojo, cuya posibilidad de ejecución forzosa por parte de la Administración es posible, ayudándose de ser necesario, con funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado.

Pero el caso sub-examine, la orden contenida en el acto administrativo del Inspector del Trabajo, es la de proceder al reenganche de los trabajadores antes mencionados, que según se desprende de autos, están amparados por inamovilidad laboral. Por tanto la Sala reitera su criterio al considerar que las Providencias Administrativas deben ser ejecutadas por la autoridad que las dictó, sin intervención judicial, por lo que el amparo no es la vía idónea para ejecutar el acto que ordenó el reenganche. En este sentido, la Sala modifica lo señalado en la sentencia del 20 de noviembre de 2002 (caso: Ricardo Baroni Uzcátegui), respecto a que el amparo sea una vía idónea para lograr el cumplimiento de las Providencias Administrativas provenientes de la Inspectoría del Trabajo.

Además constituye un principio indiscutible en el derecho administrativo la circunstancia de que el órgano que dictó el acto puede y debe el mismo ejecutarlo, recogido como principio general en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Por estar dotado de ejecutoriedad el acto administrativo adoptado en los términos expuestos, no requiere de homologación alguna por parte del juez: y la ejecución de dicha decisión opera por su propia virtualidad.

Ahora bien, a pesar que en el presente caso se produjo por parte de la Gobernación del Estado Yaracuy, un evidente desacato a la Providencia Administrativa, dictada por la Inspectoría de Trabajo, que ordenó el reenganche y el pago de salarios caídos de los trabajadores, los órganos jurisdiccionales no son los encargados de intervenir en la actuación de los órganos de la Administración Pública; excepto que una Ley así lo ordene.

En este sentido se debe hacer referencia al artículo 79 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos: “La ejecución forzosa de los actos administrativos será realizada de oficio por la propia administración salvo que por expresa disposición legal deba ser encomendada a la autoridad judicial.”

En consecuencia, considera esta Sala Constitucional, que el presente acto administrativo, debió se ejecutado por la Administración Pública y de esta manera dar cumplimiento a la Providencia Administrativa antes mencionada, razón por la cual se declara ha lugar a la solicitud de revisión formulada y visto que el fallo impugnado obvió el criterio sostenido por esta Sala, se anula la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y se declara inadmisible el amparo ejercido de conformidad con el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se decide. (Sentencia del 06/12/2005 dictada en el expediente 03-1972, ponencia del Magistrado Dr. JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO)

Es decir, que a partir del 06 de diciembre del 2005 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia modifica el criterio sostenido hasta esa fecha en relación a la vía procedente para los casos como el de marras, estableciendo que conforme al principio de ejecutoriedad y ejecutividad de los actos administrativos, las Inspectorías del Trabajo tienen la potestad (poder-deber) de ejecutar sus propios actos administrativos, sin necesidad de habilitación o intervención del poder judicial, pues pueden hacer uso incluso de la fuerza pública para tales fines a tenor de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. En caso de contumacia, el trabajador debe solicitar a la administración pública que proceda a aplicar la sanción prevista en el artículo 639 de la Ley Orgánica del Trabajo, quedando a salvo la acción ordinaria ante la jurisdicción laboral para logar el pago de las remuneraciones laborales respectivas. Asimismo, si la administración pública se niega a cumplir con la solicitud de ejecución forzosa, podrá el trabajador acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa para ejercer el recurso de ley contra la abstención del órgano competente. Así se establece.-

De manera que, al ser vinculantes las decisiones de la Sala Constitucional en materia de interpretación de las normas constitucionales, resulta forzoso para ésta Juzgadora atender al nuevo criterio y ceñir sus decisiones a las mismas. En consecuencia, éste Tribunal procede a verificar la admisibilidad de la presente acción conforme al novísimo criterio, ya que como se dijo, la parte accionante pretende que mediante decreto de amparo constitucional se ordene a la patronal accionada el cumplimiento forzoso de un acto administrativo, vale decir, de la Providencia administrativa Nº 116-05, dictada en fecha 30 de Junio de 2005 por la Inspectoría del Trabajo del Estado Zulia, con sede en Cabimas siendo inadmisible la acción propuesta a tenor de lo previsto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.-

DECISION:

Por los fundamentos expuestos este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: INADMISIBLE la presente Acción de Amparo Constitucional interpuesta por el ciudadano RAFAEL MORALES en contra de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORES ELECTRICOS E INDUSTRIALES C.A. (CEICA), a tenor de lo previsto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

El Tribunal no hace especial pronunciamiento en costas en virtud de la naturaleza del presente fallo.

PUBLIQUESE, REGISTRESE y NOTIFÍQUESE. Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines legales previstos en los ordinales 3º y 9º del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dada, firmada y sellada en la sala del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, en Maracaibo a los nueve (09) días del mes de Febrero de 2006. Años 195º de la Independencia y 146º de la Federación.
LA JUEZ,
EL SECRETARIO,

DRA. GLORIA URDANETA DE MONTANARI.
ABOG. GASTÓN GONZÁLEZ URDANETA.
En la misma fecha y siendo las nueve y treinta minutos de la mañana (09:30 a.m.) se publicó el fallo anterior.

EL SECRETARIO,

ABOG. GASTÓN GONZALEZ URDANETA.

Exp. 9960
GUM/GGU.

El suscrito Secretario Natural del JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGION OCCIDENTAL, Abog. GASTÓN GONZÁLEZ URDANETA, de orden de este Tribunal certifica: Que las copias que anteceden son traslado fiel y exacto de su original que corre inserto en el expediente N° 9960; juicio por Amparo Constitucional intentado por el ciudadano RAFAEL MORALES en contra de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORES ELECTRICOS E INDUSTRIALES, C.A., de conformidad con lo establecido en los artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1° de la Ley de Sellos.

Maracaibo, nueve (09) de Febrero de 2006.
195° y 146°

El Secretario,

ABOG. GASTÓN GONZALEZ URDANETA.

GGU/aml.
Exp: 9960