DEMANDANTE: Sociedad mercantil BANESCO, BANCO UNIVERSAL, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 13 de junio de 1977, bajo el No. 1, tomo 16-A-, cuya transformación en Banco Universal consta de documento inscrito en la citada Oficina de Registro en fecha 04 de septiembre de 1997, bajo el No. 63, tomo 70-A, el cual forma parte del expediente de la compañía que se acompaño a la participación que por cambio de domicilio se presentó ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del en fecha 19 de septiembre de 1997, bajo el No.39, tomo 152-A Qto, reformado íntegramente en fecha 21 de marzo de 2002, bajo el No. Cuya acta quedó inscrita en las antes citada Oficina de Registro en fecha 28 de junio de 2002, bajo el No. 8, tomo 676-A Qto, domiciliada en la ciudad de Caracas, Distrito Capital.-
DEMANDADA: Sociedad mercantil EL MUNDO DEL HIDROMATICO, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Segundo del Estado Zulia en fecha 06 de abril de 2001, bajo el No. 6, tomo 2-A, domiciliada en Cabimas, Estado Zulia.-
Ocurren ante este Juzgado el ciudadano OSCAR VELARDE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 5.064.148, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 19.444, domiciliado en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, actuando en su condición de representante judicial de la sociedad mercantil BANESCO, BANCO UNIVERAL, C.A., antes identificada, para demandar por Cobro de Bolívares por Intimación a la sociedad mercantil EL MUNDO DEL HIDROMATICO, C.A., también identificada.- El Tribunal para resolver sobre la admisión de la presente demanda, hace previas las siguientes consideraciones:
La demandante de auto sustenta su acción en un documento de préstamo a interés signado con el No. De crédito 394762 de fecha 29 de julio de 2004, y en donde se puede leer lo siguiente: “Para todos los efectos derivados de la presente negociación se elige como domicilio especial la ciudad de Caracas, a cuyos tribunales las partes se someten, sin perjuicio para El Banco de acudir a cualquier otro que fuere competente de conformidad con la Ley” y siendo que la actora pretende el cobro del mismo sustentando su acción en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil.-
En el proceso monitorio o de intimación, como es conocido en nuestro ordenamiento jurídico patrio, lo relevante del mismo es la emisión de orden de pago emitida por el Tribunal sin contradictorio, es decir, sin el conocimiento previo de la otra parte de la realización de tales actos, pues lo típico del procedimiento es llegar a la creación de un Título Ejecutivo a los efectos de, esta manera, satisfacer los derechos subjetivos de quien interpone la acción; por supuesto, siempre y cuando no surja, en la oportunidad prevista en la ley, la oposición del intimado, pues al presentarse la misma –oposición- la finalidad de simplificación buscada en el proceso habrá, sin más fracasado.-
Ahora, siendo el juicio por intimación del carácter en que está revestido, no indica por ello que el Juez, a quien se le presente la acción a lo fines ya referidos, sea inerte ante la misma, pues es su obligación, y su responsabilidad el estudio y análisis del instrumento presentado a los fines de su admisión, de considerarlo procedente, o su no admisión, de considerar, caso contrario, que no llena los requisitos para acudir por esta vía, pues recordemos que una vez admitida la acción ya no resulta potestativo del Juez el acordar medidas en el proceso, pues debe proceder a dictarlas, entendiéndose que con anterioridad ejerció el control previo sobre el instrumento en el cual se basa la acción.-
Ahora bien el artículo 641 del Código de Procedimiento Civil que a la letra dice “ Solo conocerá de estas demandas, el Juez del domicilio del deudor que sea competente por la materia y por el valor según las normas ordinarias de la competencia, salvo elección del domicilio…..”.-
De la revisión del documento de préstamo, instrumento fundante de la presente acción, se evidencia que escogieron como domicilio “…. especial la ciudad de Caracas, sin perjuicio para el Banco acudir a cualquier otro que fuere competente de conformidad con la Ley…” (Negrillas del Tribunal).-
Dentro del mismo orden de ideas, es puntual para este Sentenciador, traer a colación resolución de la Sala de Casación civil de la Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo, contenido en auto de fecha 13 de enero de 1999, sentencia No. 1, expediente No. 98-101, bajo la ponencia del Magistrado Dr. Alirio Abreu Burelli, donde explica la facultad del demandante de elegir el juez competente por el territorio, entre alguno de los jueces mencionados en el artículo 1094 del Código de Comercio, de la siguiente forma: (…Omisis…) “Del contenido del libelo de demanda se evidencia que la acción interpuesta es de carácter mercantil ordinario, fundamentada en la disposición contenida en el artículo 456 del Código de Comercio, no habiendo el demandante solicitado en ninguna de sus partes que el presente caso se tramitará a través del procedimiento por intimación establecido en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal competente para conocer la acción interpuesta debe determinarse conforme a las normas de competencia establecidas en el Código de Comercio.-
A los fines de la solución del presente conflicto de competencia, resulta pertinente pasar a transcribir el contenido del artículo 641 del Código de Procedimiento Civil, referente a los tribunales competentes para conocer sobre los procedimientos de intimación.-
“…Sólo conocerá de estas demandas, el juez del domicilio del deudor que sea competente por la materia y por el valor según las normas ordinarias de la competencia, salvo elección de domicilio…” (Subrayado de la Sala).-
Por su parte, el artículo 47 ejusdem, expresa:
“…La competencia por el territorio puede derogarse por convenio de las partes, caso en el cual la demanda podrá proponerse ante la autoridad judicial del lugar que se haya elegido como domicilio. La derogación no podrá efectuarse cuando se trate de causas en las que debe intervenir el Ministerio Público, ni en cualquier otro en que la ley expresamente lo determine…” (Subrayado de la Sala).-
De las actas que conforman el expediente y de la interposición de la normativa precedentemente transcrita, se pueden evidenciar varios elementos a considerar: 1) La pretensión deducida en el juicio deriva de una obligación contraída por medio de un contrato de venta, suscrito en la ciudad de Barquisimeto; 2) El artículo 641 del Código de Procedimiento Civil hace referencia a una excepción, en relación con la competencia del Juez para conocer de las demandas por vía del procedimiento por intimación y es que en principio sólo conocerá de estas demandas el Juez del domicilio del deudor, salvo que las partes hayan elegido un domicilio, 3) El artículo 47 ejusdem, por su parte, establece que la competencia por el territorio puede derogarse por convenio entre las partes, es decir, que la demanda puede proponerse ante la autoridad judicial del lugar elegido por las partes como domicilio, siempre y cuando en el caso que se trate no sea necesaria la intervención del Ministerio Público.-
De la transcripción del libelo de la demanda, se evidencia que en el presente caso la competencia por el territorio está determinada por el domicilio especial elegido por las partes el cual fue establecido en la ciudad de Barquisimeto, al aceptar el contrato de venta con reserva de dominio y que hace referencia el presente auto.-
En consecuencia, esta Sala considera que de acuerdo a la jurisprudencia precedente transcrita y al convenio de las partes de derogar la competencia territorial y establecerla en la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Barquisimeto, es el Juzgado Tercero del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con sede en Barquisimeto, a quien le corresponda el conocimiento del presente juicio.- Así se decide.- (Sentencia No. REG-01363 de la Sala de Casación Civil del 15 de noviembre de 2004, con ponencia del Magistrado Tulio Álvarez Ledo, expediente No. 04857).-
Considera este Tribunal que es el documento de préstamo antes identificado el documento que exige el pago; ahora bien haciendo el estudio respectivo sobre el citado documento, traduce este Juzgador en la traslativa que el artículo 641 del Código de Procedimiento Civil a lo que se refiere “salvo elección de domicilio”, las mismas establecen un principio claro de elección de domicilio, permitido ello en la propia norma in comento, y en la normativa que rige el procedimiento por intimación es así que observándose claramente que las propias empresas suscribíentes domiciliaron el pagaré en la ciudad de Caracas, tal como el actor deja constancia en el libelo de la demanda, es por ello, que no correspondiéndole a este Tribunal el conocimiento de esta causa, por virtud del territorio y no siendo posible derogar esta competencia conforme lo previsto en el artículo 47 in fine del Código de Procedimiento Civil, así como según lo dispuesto en el artículo 60 ejusdem, el cual permite declarar la competencia por la materia y por el territorio de oficio; este Juzgado se considera incompetente por el territorio para conocer de la presente solicitud.- Así se declara.-
Por los fundamentos ante expuestos, este Juzgado Administrado Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley acuerda: PRIMERO: Se declara INCOMPETENTE para conocer de la presente causa.-
SEGUNDO: Declina su conocimiento a un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas.-
TERCERO: Ordena la remisión del presente expediente con oficio.-
Publíquese y Regístrese.- Déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.-
Dada, sellada y firmada en la sala del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en Maracaibo a los catorce días del mes de febrero de dos mil seis.- Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.-
El Juez
Abog. Adán Vivas Santaella
La Secretaria
Abog. Mariela Pérez de Apollini